Breve historia del Frente Polisario: Cincuenta años de resistencia

Por Emboirik Ahmed Omar

Han transcurrido cincuenta años desde aquel lejano abril de 1973, cuando un pequeño grupo de patriotas saharauis constituyó en la localidad mauritana de Zuerat el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, más conocido como Frente Polisario, reconocido por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui. Este libro cuenta la historia de su lucha por la independencia y libertad en el Sahara Occidental, todavía hoy amenazadas por la política expansionista de Marruecos. Desde sus inicios y en el transcurso de las décadas, la ciudadanía saharaui ha tenido que hacer frente a fuertes tensiones con España como potencia administradora, a la guerra con Marruecos y Mauritania o la intervención de la aviación francesa. Para Emboirik Ahmed Omar, la ocupación de su país por Marruecos, el incumplimiento de la legalidad internacional sobre el derecho de autodeterminación o la celebración de un referéndum son algunos de los motivos que legitiman la actividad del Frente Polisario como herramienta de la población saharaui para seguir luchando por sus objetivos de independencia y libertad.

Emboirik Ahmed Omar es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Militante del Frente Polisario desde sus inicios, participó activamente en la lucha clandestina contra la ocupación colonial española en el Sahara Occidental. Ha desempeñado distintas funciones, como la de representante y embajador saharaui en Europa y Latinoamérica. Asimismo, ha trabajado en el Ministerio de Educación saharaui. Es autor de varios libros y artículos de opinión.

• Idioma: Español
• Editorial: Los Libros de la Catarata
• Fecha de lanzamiento: 5 jun 2023
• ISBN: 9788413527475

Emboirik Ahmed Omar

Licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y doctor en Ciencias Históricas por esa misma institución. Militante del Frente Polisario desde sus inicios, donde participó activamente en la lucha clandestina contra la ocupación colonial española en el Sahara Occidental. Ha desempeñado distintas funciones en diferentes ámbitos, particularmente en el trabajo diplomático exterior como representante y embajador saharaui en Europa y Latinoamérica. Asimismo, ha trabajado en el Ministerio de Educación saharaui. Es autor de varios libros y artículos de opinión.

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INTRODUCCIÓN

Cincuenta años nos separan de aquel final de abril de 1973, cuando un reducido grupo de patriotas saharauis se reunió en una humilde casa de la localidad mauritana de Zuerat para constituir el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). Dos años después sería reconocido por la Organización de la Naciones Unidas, junto a todos los actores regionales, como el representante indiscutible de los saharauis.

No es inusual encontrar la denominación pueblo polisario para referirse a la población saharaui, lo que revela la simbiosis entre ambos. En realidad, el Frente Polisario constituye el instrumento empleado por los saharauis para defender su derecho a vivir en libertad e independencia, todavía amenazadas por la política expansionista del vecino marroquí, cuyas desmedidas ambiciones territoriales han sembrado la discordia y la inestabilidad en toda la región desde su independencia. Marruecos ha negado a Mauritania su derecho a la existencia como entidad estatal; ha agredido a Argelia en la guerra de las arenas; ha reivindicado el norte de Mali o usurpado la mayor parte del Sahara Occidental.

La presencia histórica del saharaui como pueblo ha sido negada de forma recurrente, por desconocimiento u otros motivos, por académicos y centros de investigación occidentales. El mundo tribal parece haber ejercido una extraña seducción que se ha visto reflejada en las explicaciones sobre acontecimientos históricos actuales en las que prevalece una visión de tiempos pasados, tributaria de una concepción colonial que subestima y excluye a los verdaderos protagonistas en la construcción de un proyecto nacional. La historia escrita se convierte así en un acto de apropiación, que excluye al rebelde como sujeto consciente de su propia historia y solo lo incorpora como elemento contingente en otra historia con otros protagonistas, como señaló Ranajit Guha.

La ciudadanía saharaui ha tenido que hacer frente a difíciles pruebas como la traición de la potencia administrativa (1975), la guerra impuesta por Marruecos y Mauritania (desde 1975) o la intervención de la aviación francesa (diciembre de 1977). Salir victorioso de esos desafíos constituye la prueba eminente de que la construcción de la entidad nacional saharaui ha alcanzado un nivel de madurez, que la gradúa como Estado con capacidad de imponer su existencia e independencia.

El incumplimiento de las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas (desde 1964, el Consejo de Seguridad adopta anualmente una resolución relativa al derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui), a la par que la dejación de responsabilidades, está en el origen de la cuestión saharaui tal como la conocemos hoy. Un ejemplo es el de los firmantes del Acuerdo Tripartito de Madrid, en virtud del cual España entregó el territorio a dos países vecinos y, por tanto, violó todas las leyes internacionales inherentes al proceso de autodeterminación de los territorios no autónomos. España no tenía autoridad para negociar con otros la transferencia de un tercero, el pueblo saharaui, poseedor de derechos internacionalmente reconocidos.

Algunos políticos y antiguos militares españoles manejan el inconsistente argumento de haberse ido porque los saharauis se lo pidieron. Sin embargo, y ante todo, el Gobierno español no se fue de la colonia, sino que la vendió tras firmar unos convenios económicos convertidos —sobre el banco pesquero saharaui y riquezas minerales como el fosfato—, con el paso del tiempo, en buenas intenciones incumplidas.

España, aunque se consideraba incapaz de concluir el proceso de descolonización a través de una consulta a la población, tenía varias opciones para irse dignamente. Podía devolver la tierra a sus dueños, aunque quizás lo más razonable, en ese momento histórico de intereses encontrados, consistía en entregarlo a la ONU para implementar el plan del secretario general. Kurt Waldheim abogaba por implantar una fuerza del organismo internacional encargado de administrar la colonia con la firme decisión de celebrar un referéndum.

La gravedad de la actuación española, a diferencia de otras potencias europeas que cometieron crímenes y desmanes, radica en haber contribuido a que la posibilidad real de hacer desaparecer una comunidad se abriese camino. Cuando, en marzo de 1978, preguntaron en la sede del Parlamento al exministro franquista Antonio Carro Martínez, responsable de la negociación con el monarca Hassan II, lo manifestó con meridiana claridad; Sí, España prefirió pactar con Marruecos y Mauritania a la otra hipótesis [llevar a cabo un referéndum de autodeterminación].

Los gobiernos de la democracia no han enmendado el crimen histórico cometido en nombre de su país por un gobierno nacional, gozando de la complicidad política del ahora monarca emérito.

Los sucesivos gobiernos del Partido Socialista Obrero Español se han mantenido en la misma senda trazada por el gobierno de Carlos Arias Navarro al excusar la política de crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por el poder marroquí contra la ciudadanía saharaui en las zonas ocupadas de la República Saharaui.

Si la negación de los derechos saharauis a la autodeterminación y la independencia, en un primer momento, se podía analizar como una posición política individualizada concerniente solo al Sahara, con sus correspondientes implicaciones en la geopolítica del norte de África, con el paso del tiempo se ha trasformado en una actitud de sumisión, dañando los intereses y la imagen de España. Las declaraciones del presidente Pedro Sánchez calificando de trabajo bien hecho los acontecimientos ocurridos en la valla de Melilla (junio 2022), donde murieron decenas de jóvenes emigrantes africanos, se producen después del envío de la carta al rey de Marruecos el 14 de marzo 2022, en la que reconoce la posición marroquí como solución a la cuestión de la descolonización del Sahara Occidental y se compromete a renovar y profundizar las relaciones privilegiadas entre nuestros dos países hermanos en un espíritu de estrecha concertación y reiterar nuestra determinación de afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación en la gestión de los flujos migratorios.

En la defensa de un falso discurso sobre la necesidad de evitar sufrimientos a las víctimas de la injusticia, aceptando los argumentos del agresor, subyace una intención malsana de justificar a este último. La cuestión saharaui es un enfrentamiento violento entre el pueblo saharaui, a quien ampara la razón de la justicia, y el Gobierno marroquí, exponente de una política de expansión territorial situada fuera de la legalidad internacional, cuyo único basamento es la posesión de la supremacía de la fuerza militar.

Oponerse al derecho inalienable de los pueblos colonizados a la autodeterminación, amparándose en el engañoso argumento de evitar sufrimiento a los saharauis, blanquea la injusticia y se convierte en un inestimable argumento para quienes, como Marruecos, violan la legalidad internacional.

La escandalosa afirmación del exministro de Justicia del Gobierno de Zapatero y actual diputado en Bruselas, Juan Fernando López Aguilar, al ser Marruecos un socio estratégico se le debe defender tragando sapos y culebras, nos llena de inquietud por lo peligroso e irracional de este argumento. Que un catedrático de Derecho cubra con la alfombra de los intereses del Estado la violación sistemática de los derechos humanos resulta inquietante. La condena a cadena perpetua de activistas saharauis por defender pacíficamente su derecho a la autodeterminación, reconocido por Naciones Unidas, Unidad Africana y países no alineados, entre otros, o contemplar a periodistas marroquíes encerrados en las mazmorras de la monarquía, víctimas de falsas acusaciones, es aberrante, políticamente criminal e inmoral.

El voto de López Aguilar y su grupo parlamentario contra una resolución exhortando al Gobierno marroquí a respetar los derechos de los periodistas y otros presos políticos, cuando los servicios de seguridad marroquíes están siendo acusados de corromper a parlamentarios europeos, pone en entredicho la credibilidad del organismo legislativo continental, y plantea más que una duda razonable sobre la intencionalidad de este tipo de procedimientos.

El 2007, Marruecos comunicó a las Naciones Unidas su decisión de solo aceptar la autonomía como solución definitiva a la cuestión saharaui, cerrando cualquier referencia a acuerdos firmados con anterioridad con el Frente Polisario relativos a la realización de un referéndum de autodeterminación. Esta decisión, al vaciar de contenido todos los acuerdos previos, abrió un camino de incertidumbre, que concluyó con el reinicio de las hostilidades y la ruptura del alto al fuego.

De todo el contenido del Plan de Arreglo firmado por las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos, solo se ha podido cumplir la creación de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para un Referéndum en el Sahara Occidental), cuya razón de existencia, como su nombre indica, es llevar a cabo el referéndum.

El Consejo de Seguridad, de quien se espera imponga a las partes el cumplimiento de los acuerdos, acogió con beneplácito la iniciativa marroquí, calificándola como una solución justa, seria, duradera, realista, mutuamente aceptable. Al adoptar esta resolución, el Consejo cambió las reglas en mitad del proceso: optó por satisfacer los deseos de Rabat, negando a los saharauis sus derechos legítimos.

La Resolución 1514 del Consejo de Seguridad, adoptada el 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, dictamina: Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, en virtud de este derecho determina libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Al aceptar la propuesta marroquí, se deja de lado la cuestión de la naturaleza de su descolonización, regulada por resoluciones como la que acabamos de mencionar, para reubicarla en un contexto geopolítico nuevo en el que se envía un mensaje que vincula la solución a la correlación de fuerzas. Así, quien tenga la capacidad material para vencer, impondrá la solución. Este despertar brutal a la lógica inexorable de la realpolitik nos lleva a la conclusión de aceptar la derrota o continuar aspirando a la victoria utilizando cualquier medio, como se desprende de las recomendaciones perversas del Consejo de Seguridad. La solución no vendrá del respeto a la justicia, sino de quien tenga la fuerza para imponerla. De este modo, los miembros del Consejo, responsables del mantenimiento de la paz, se escoran hacia la política de agresividad e inestabilidad.

Este panorama político tiene su complemento en la MINURSO, la única misión de paz que no contempla la vigilancia y supervisión del respeto a los derechos humanos por la oposición de Marruecos. Esta permisividad desprotege a los activistas saharauis, decenas de los cuales están en prisión condenados a largas penas, entre ellas varias cadenas perpetuas por reivindicar pacíficamente sus derechos políticos y