Historia de Gibraltar y su relación con España

Por Octavio Sánchez-Machuca

Gibraltar. La colonia, la presencia británica en territorio español, uno de los más fiables indicadores de la auténtica dimensión de España en el contexto internacional. Sin que podamos remediarlo, su nombre evoca situaciones y soluciones de otros tiempos a un conflicto de intereses entre potencias, en un punto de la geografía peninsular cuya importancia estratégica se ha valorado con mayor prontitud y decisión desde el extranjero antes que por su legítimo gobierno.

Frontera del mundo clásico, escenario de leyendas y batallas, encrucijada de continentes y mares, el Peñón ya constituía un referente geopolítico antes que la invasión musulmana le dejara su impronta nominativa. Para bien y para mal, la bahía que se extiende a sus pies ha sido la gran puerta de entrada desde África hacia Europa y viceversa. Aventureros y científicos, piratas y corsarios, flotas pesqueras y escuadras de combate, han diseminado su presencia sobre el entorno gibraltareño para entrelazar los albores de la Humanidad con el mundo actual, el pasado con el presente, la causa y el efecto.

• Idioma: Español
• Editorial: Lid Editorial
• Fecha de lanzamiento: 3 may 2018
• ISBN: 9788417797652

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1. INTRODUCCIÓN

Gibraltar. La colonia, la presencia británica en territorio español, uno de los más fiables indicadores de la auténtica dimensión de España en el contexto internacional. Resulta difícil hallar una veta inexplorada en un asunto que durante décadas ha generado estudios, críticas y sentimentalismos en los sectores académicos y políticos españoles, y que a día de hoy mantiene su capacidad de atracción mediática. Sin que podamos remediarlo, su nombre evoca situaciones y soluciones de otros tiempos a un conflicto de intereses entre potencias, en un punto de la geografía peninsular cuya importancia estratégica se ha valorado con mayor prontitud y decisión desde el extranjero antes que por su legítimo gobierno.

Frontera del mundo clásico, escenario de leyendas y batallas, encrucijada de continentes y mares, el Peñón ya constituía un referente geopolítico antes que la invasión musulmana le dejara su impronta nominativa. Para bien y para mal, la bahía que se extiende a sus pies ha sido la gran puerta de entrada desde África hacia Europa y viceversa. Aventureros y científicos, piratas y corsarios, flotas pesqueras y escuadras de combate, han diseminado su presencia sobre el entorno gibraltareño para entrelazar los albores de la Humanidad con el mundo actual, el pasado con el presente, la causa y el efecto.

Para el correcto entendimiento teórico que se desarrollará en España sobre la cuestión de Gibraltar a partir de finales del siglo XVIII, resultará preciso conocer qué interpretación de la realidad se ha realizado en cada instante desde el Estado, pieza clave para entender las actitudes y procedimientos derivados de las decisiones gubernamentales hasta cristalizar en la que podría considerarse como una de las más antiguas políticas de Estado mantenidas por los gobiernos de España durante tres siglos consecutivos.

Con la conjugación de los hechos históricos y los sucesos que en los alrededores del Peñón se produjeron en el instante en que se inicia este estudio —la guerra hispano francesa contra Gran Bretaña que comenzó en 1779, setenta y cinco años después de la ocupación angloholandesa de Gibraltar—, unidos a la particular interpretación que de los mismos se realizaron durante la dictadura del general Franco, y que transformaría la existencia de la colonia en instrumento de cohesión interna ante las diversas crisis sociopolíticas que debió enfrentar el régimen, comenzaría un periodo de influencia estatalista cuya secuela cultural y política provocaría la interiorización de una versión sesgada por parte de la sociedad española, provocada por la manipulación del gobierno, sin otro fin que intentar cohesionar a la población entorno a su líder durante los duros años de posguerra y autarquía.

Para entender los efectos del franquismo sobre la percepción del problema de Gibraltar y reconocer la vigencia de sus medidas, a pesar de los lustros transcurridos desde la instauración de la democracia, no hay más que comprobar cómo la postura oficial de los diversos gobiernos ha mantenido la inercia en el enfoque de la cuestión, así como la evolución de las dos naciones involucradas, tradicionales aliados/enemigos en el contexto europeo.

Consolidada por los avatares históricos como terreno de indiscutible valor militar para la metrópoli, a lo largo de trescientos años, Gibraltar se convertiría en el mejor exponente sobre la dispar situación de los litigantes, e interesada excusa de disfunciones bilaterales cuando alguno de los dos gobiernos ha considerado oportuno. El paso del tiempo modificaría, de forma sustancial, la capacidad negociadora de ambas naciones, pero sin que se detectara en este transcurso la menor y necesaria actualización de la política española sobre la colonia.

La interpretación de las necesidades políticas unidas al progreso ideológico y sus respuestas aplicadas a las estrategias empleadas por Madrid y Londres desde el inicio del conflicto, han ocasionado y establecido, en la práctica, una relación bilateral desequilibrada desde el siglo XIX en favor de Gran Bretaña, cuya mayor capacidad económica, fortaleza militar y práctica política, le ha permitido imponer su superioridad cada vez que España ha tratado de romper la situación creada a partir del Tratado de Utrecht.

La inesperada y virulenta decadencia experimentada por España con Carlos IV, durante cuyo reinado se produjo la enorme contradicción de ser país invasor al tiempo que país invadido, desencadenó un frenético proceso de devaluación política nacional que obligó a los dirigentes políticos a dirigir su mirada al interior y relegar a un segundo plano el mundo exterior, asumiendo con ello las consecuencias de abandonar la esfera internacional en el punto más álgido de la carrera expansionista de los países occidentales.

La inexistencia de un pensamiento estratégico, una línea de actuación desde el Estado que conjugara dirección política y económica, pasaría factura a corto plazo. El recurso a la improvisación y explotación del ingenio que durante su época dorada situaron a España en la cúspide internacional, quedaría anulado por la imprevisión organizativa, incapacidad política, conservadurismo ideológico y el mantenimiento de una organización postestamental que, a finales del siglo XIX, situaba al país más próximo al siglo anterior que al venidero¹.

El problema de España no hallaba su origen en el exterior, en el natural movimiento independentista que amenazaba sus últimas posesiones ultramarinas, ni en el poderoso imperialismo sobre el que galopaba Gran Bretaña. La causa de sus percances se encontraba en su interior, en lo más profundo, en la ausencia de un concepto de Estado cohesionado donde cupiera el atomizado universo sociopolítico nacional. Sería entonces, coincidiendo con la mengua española, cuando Gran Bretaña, por méritos propios, alcanzaría el objetivo que anhelase desde el siglo XVII y por el que desde entonces había apostado: ocupar el puesto de primera potencia mundial gracias a su anticipada Revolución Industrial, su defensa del liberalismo, una sólida estrategia política y la indiscutible eficacia de la Royal Navy.

La interpretación de esta opuesta circunstancia entre España y Gran Bretaña encontraría eco en el análisis que sobre Gibraltar realizarían los gobiernos de la Restauración, por ser estos los que influirían en la percepción del asunto hasta la insurrección africanista de 1936. Del todo que comprendía España a finales del XVIII —gran potencia próxima a la hegemonía, poseedora de una reserva económica sin par llamada América—, se sumió de forma encadenada en el drama de 1898, el infierno de la Guerra Civil y el castigo de una dictadura, el último escalón de un hundimiento nacional sin parangón.

Durante el reinado de Carlos III, contemplado desde la visión de una gran potencia segura de su capacidad para imponer su fuerza en cualquier teatro de operaciones mundial, Gibraltar dejó de ser un objetivo cuya reconquista era posible en cualquier instante —y en absoluto imprescindible para unos intereses nacionales que se expandían en ultramar—. Apenas cien años más tarde, se erigía como una desgraciada lacra que España padecía por su manifiesta impotencia general. Baste para definir el grado de debilidad del momento, la única opción que ofrecía el gobierno canovista ante la presencia británica en territorio nacional: convivir con ella tratando de desvincularla de toda acción que pudiera ser interpretada por Londres como acto hostil.

Incluido el tramo de la II República, durante el cual la prudencia recomendó mantener la sobriedad de la Restauración sobre la materia, la permanencia de la colonia en el sur español se instalaría dentro de unos parámetros de obligada normalidad, motivado por la aplastante superioridad británica frente a las exiguas posibilidades políticas y militares españolas.

De manera cíclica, y más guiados por impulsos patrióticos que por aportaciones plausibles, el debate sobre Gibraltar, en el mundo político nacional, se trabaría entre exposiciones tan sentidas como inútiles que en nada contribuirían a modificar el estatus de la plaza. A nivel social, la capacidad de movilización que podría generar la presencia de una potencia extranjera en suelo español, se diluía ante la complicada realidad del país. Demasiadas guerras, demasiada pobreza, demasiada calamidad durante demasiado tiempo.

Gibraltar y sus aledaños se habían transformado en una suerte de oasis para la subsistencia en unas latitudes que, finalizado el primer tercio del siglo XX, aún permanecían olvidadas por un Estado que exigía permanentes esfuerzos a cambio de nada. La colonia se había convertido en el destino de los desfavorecidos de gran parte del país, ya fuera como punto de embarque para emigrar a América o para instalarse a su abrigo, convencidos de que, aun soportando la discriminación hacia los españoles existente tras sus murallas, la presencia británica proporcionaba un modo de vida más llevadero que el que podrían encontrar en sus lugares de origen.

Sin embargo, la reactivación de las propuestas de Floridablanca relativas a Gibraltar, provendría de la utilización interesada llevada a cabo durante el franquismo, época en la que, como se ha comentado con anterioridad, se recurría al contencioso con Gran Bretaña cuando resultaba preciso culpar a alguien de las miserias nacionales. Siglo y medio después de su elaboración, las medidas de presión diseñadas por el jefe de gobierno de Carlos III se aplicarían a rajatabla amparadas en el Artículo X del Tratado de Utrecht, sentando las bases de una política de Estado a mediados del siglo XX fundamentada en un plan de acción elaborado en el XVIII. La presión fiscal y aduanera sobre los habitantes de la colonia, el mantenimiento del perímetro exclusivo de la fortaleza como zona británica, el acecho militar desde el entorno o el control de las naves con escala en su puerto, son propuestas del conde de Floridablanca.

En su contra, la aplicación del realismo político por parte de las principales potencias mundiales, en el contexto de la Guerra Fría, imposibilitaría que la intención española de recuperar el territorio usurpado avanzara más allá del plano teórico. A pesar de contar con el respaldo de Naciones Unidas y de poseer incontestables argumentos jurídicos, la situación política de España bajo la dictadura del general Franco, imposibilitaba el menor cambio, ya que carecía de capacidad económica y militar, y apoyos internacionales.

La posterior transformación de España en un Estado democrático y su lógica integración en Europa y en los ámbitos políticos y militares correspondientes, tampoco contribuirían a modificar la situación, entreviéndose, bajo tales circunstancias, una tendencia a la inmutabilidad mientras Madrid no dispusiera de los recursos necesarios para que Londres se planteara considerar un cambio, posibilidad que la inesperada llegada del Brexit podría materializar.

Llegados hasta aquí y contemplado someramente el espacio temporal objeto de estudio, la finalidad principal de este trabajo es identificar el origen, causas y efectos de la política de Estado sobre Gibraltar. El amparo en viejas medidas para solventar viejos problemas en contextos sociopolíticos evolucionados, conlleva inevitablemente el fracaso por ineficacia e ineficiencia. España ha cambiado; Gran Bretaña ha cambiado y Gibraltar, también.

El inmovilismo que ha caracterizado la realidad colonial del Peñón se ha mantenido paralelo al posicionamiento español de finales del siglo XIX y su perduración en el XX, situación que nos remite al lugar que ocupaba España en el escalafón internacional y al mantenimiento de una errada política sobre Gibraltar, como demostraría el hecho de que durante el periodo de mayor actividad negociadora hispano británica, solo se produjeran resultados que, con gran dosis de optimismo, podrían definirse como esperanzadores para los intereses españoles.

El problema —para España— de Gibraltar, es un asunto que por su complejidad necesita una disección multidisciplinar. La persistencia de una colonia en el espacio de la Unión Europea, donde colonizador y colonizado comparten pertenencia y objetivos, es suficiente aberración política como para que los Estados implicados, junto a la decisión ejecutiva de la propia Unión Europea, zanjaran la cuestión sin mayor retraso.

Si a ello unimos la participación de ambas naciones en múltiples organizaciones supranacionales, la profundidad de las relaciones bilaterales y las resoluciones de Naciones Unidas sobre la descolonización, favorables a la tesis española, resulta evidente que la argumentación británica, en defensa del mantenimiento de tan irregular situación, carece de base legal y apoyo internacional. Sin embargo, la práctica política demuestra que los Estados dilatan al máximo la alteración de cualquier situación que les beneficie aun conscientes de que terceros actores padezcan daños colaterales derivados de la misma. Será en este sentido donde el Derecho Internacional encuentre uno de sus mayores retos a solventar, ya que las relaciones internacionales están presididas por el egocentrismo de las potencias de alto nivel, aquellas que dominan el escenario internacional apoyadas en su alcance político, económico y militar, en detrimento de las naciones con menos capacidades.

Asumida e identificada la práctica de la Real Politik, la aproximación que se pretende con este estudio es argumentar las razones por las que distintos gobiernos españoles, aún bajo las más opuestas circunstancias políticas e ideológicas, han desarrollado un mimetismo absoluto a la hora de enfrentarlo. Se intentará también eliminar las lagunas advertidas sobre la cuestión de Gibraltar en cuanto a la interpretación de su evolución, detectadas tras el análisis histórico, bibliográfico y documental, donde la menor crítica al posicionamiento estatal ha permanecido desplazada del debate político por cuestiones como el desconocimiento real del problema y la manipulación de los hechos.

En cuanto a la dificultad del objeto de estudio, es necesario señalar que, debido a la repercusión política de la cuestión a nivel nacional, las referencias bibliográficas y el material a utilizar son escasos y, en su mayoría, sujetos a una directriz ideológica definida que sitúa e intenta explicar el origen del problema en el marco de la Guerra de Sucesión. Históricamente es cierto, no así la traducción del hecho de que las fuerzas angloholandesas no cedieran la fortaleza al archiduque Carlos y quedara desde el primer instante bajo el control de la corona británica, como si en las guerras el interés de los Estados quedara fiscalizado de forma efectiva por un código legal, ético o moral supranacional, que les impidiera ejecutar sus decisiones.

Si existe una constante en la acción exterior española detectable desde el siglo XIX, esa es la búsqueda de una solución al contencioso de Gibraltar con más o menos brío, mayor o menor decisión. Independientemente de la definición de política de Estado, entendida esta como una serie de acciones complejas desarrolladas por un gobierno dirigidas a la consecución de un objetivo de interés nacional, las repercusiones de la realidad colonial en el sur peninsular conllevarían varias consecuencias añadidas al lógico deseo de reintegración de un territorio que le pertenece. No es casualidad que la inmovilidad iniciada en el siglo XVIII se mantenga en beneficio de la metrópoli y su colonia, y perjudique al Estado que padece tan anacrónica situación entrado el siglo XXI, si bien el deterioro político español a finales del XVIII y todo el XIX, contrastaría con la progresión británica durante este último siglo, para romper el equilibrio de poder existente previamente.

Gibraltar, como problema en sí, no desempeñaría un rol preponderante en el nuevo panorama bilateral, si bien se transformaría en testigo directo del mismo. Desde su pérdida en 1704, la plaza ha generado una corriente de actividad política en los gobiernos de España que excede por completo su importancia como enclave urbano. En la actualidad, Gibraltar carece de valor más allá de lo cultural o turístico para los intereses reales españoles, ya que su progresión económica, consecuencia directa de una espesa mezcla de contrabando, aportaciones británicas, conversión en paraíso fiscal y el honrado trabajo de buena parte de sus habitantes, tampoco resultaría llamativo si no se comparase con el diferente nivel de vida existente entre ambos lados de la frontera.

En cuanto a Gran Bretaña, el único y exclusivo valor que la colonia mantiene es su ubicación geoestratégica, la misma que le permite poseer una base militar con puerto y aeropuerto a las puertas del Mediterráneo, desde donde desplegar su influencia hacia el norte de África, Oriente y Atlántico sur, principalmente. Partiendo de esta realidad, de los seis kilómetros cuadrados de territorio gibraltareño, los que en realidad aprecia Londres se concentran en los empleados por su despliegue militar. El núcleo urbano desarrollado constituye un agregado sin valor estratégico para el Estado que lo cobija —no así para sus adversarios, quienes pueden interpretar la ciudad como el talón de Aquiles de la seguridad nacional—, además de ser una carga económica y política, por lo que desde un punto de vista práctico, la ciudad podría resultar completamente prescindible para Londres.

El posicionamiento español sobre la cuestión es claro e inequívoco, y también tradicional. Desde el instante en que España pierde su estatus como potencia mundial y se transforma en un país incapaz de imponer una política exterior audaz, queda sometida al mayor impulso británico en esta cuestión, resultando posible identificar dos características principales que definen la práctica política de Madrid y Londres sobre Gibraltar:

1.  Absoluta preeminencia británica en las negociaciones, derivada de la inercia histórica y la realidad coexistente.

2.  Dependencia española en los contactos, efecto del punto anterior.

Incluidas las cesiones aceptadas por el gobierno británico en la búsqueda de un punto de encuentro entre ambos Estados, lo cierto es que el gobierno español aún es incapaz de imponer por sí solo, ningún criterio de peso. Incluso en la actualidad, en pleno proceso de negociación del Brexit, Londres mantiene el control en los contactos bilaterales, impone su ritmo y, por tanto, domina a su interlocutor.

En cuanto a su repercusión en la política nacional, el grado de importancia que se le concede a la cuestión de Gibraltar encuentra mayor repercusión en España que en Reino Unido, si bien, para el común de la sociedad española, la existencia de la colonia británica no se encuentra entre sus principales preocupaciones. En todo caso, resulta de interés considerar que la presencia británica en territorio español ha generado un inquietante paralelismo en la orilla sur del Estrecho, una suerte de caja de Pandora que podría provocar un importante movimiento desestabilizador en Ceuta y Melilla. La más que posible entrada en juego de Marruecos en una zona tan delimitada y sensible para las tres naciones implicadas, supone una variable a considerar a la hora de planificar cualquier negociación relativa a Gibraltar, ya que afecta directamente a las capacidades españolas y a las relaciones con Rabat, principal socio y aliado de España fuera de la Unión Europea, cuyo valor añadido se ha visto incrementado en los últimas décadas gracias a su implicación en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Con estos ingredientes —superioridad de hecho británica basada en su solidez como potencia, superioridad de derecho española pero carente de los instrumentos coercitivos necesarios, y la eventual integración en la ecuación de Marruecos—, parece evidente que la evolución de la situación colonial es uno de los principales retos para el gobierno de España, habida cuenta de la necesidad de acabar con una realidad anacrónica, pero sin perder de vista las consecuencias que un cambio en el estatus gibraltareño provocaría en la zona.

El presente estudio se ha efectuado a partir del análisis de las acciones políticas llevadas a cabo por los gobiernos españoles en tres periodos correspondientes a tres siglos consecutivos, lo que permite la formulación de hipótesis y generalizaciones desde el seguimiento e interpretación de situaciones que se extraen de la Historia, o emplearlas como medio de acceso a las conclusiones, al entender que cada Estado y su sociedad son el resultado de un desarrollo histórico concreto². Con ello se ha pretendido hallar un hilo conductor con la suficiente fiabilidad como para resistir el paso del tiempo, puesto que lo dilatado del periodo objeto de estudio —tres siglos—, así lo requería. La certeza y seguridad que provee la documentación consultada, ha permitido establecer tres grandes etapas en la historia de España distribuidas entre los siglos XVIII, XIX y XX, cada uno con sus características y vicisitudes propias que refuerzan la idea de una política de Estado determinada, más allá del paso del tiempo. La elección de cada una de estas etapas, obedece a la especial incidencia del problema de Gibraltar sobre la realidad sociopolítica española del momento.

Así, resulta natural que el primer gran apartado lo constituya el instante en que se adoptaron las grandes líneas de actuación que conformarían la actual política de Estado que, como tal, supera barreras cronológicas, culturales e ideológicas. Su origen se encontraría en el famoso artículo décimo del Tratado de Utrecht (1713), aunque no sería hasta la finalización de la guerra hispano británica (1779-1783), cuando el gobierno español se posicionara sobre la colonia cuestión que, a la postre, habría de resultar una decisión profundamente errónea pero entendible bajo las circunstancias políticas del momento.

Al inicio del último cuarto del siglo XVIII, España se consolidaba como mayor potencia en extensión territorial y compartía el dominio del mundo occidental junto a Gran Bretaña y Francia, por lo que la traducción que de la realidad geopolítica se realizaba desde Madrid partía de una posición de absoluto privilegio y seguridad, fundamentada en su capacidad política, económica y militar.

El segundo periodo objeto de estudio, llegaría impregnado por el espíritu restaurador de finales del XIX, cuando desde el gobierno español se trataba de frenar por todos los medios, el avance de una decadencia nacional, afianzando la estabilidad de una dañada metrópoli a costa de desligarla de los principales centros de poder internacionales. Hasta entonces, España se había visto convulsionada por la inestabilidad política interna y la pérdida de influencia externa provocada por la pérdida de gran parte del imperio americano.

Respecto a la situación creada por la presencia británica en Gibraltar, convertida por entonces en colonia de la principal potencia mundial, de poco espacio de maniobra dispondría España como nación en crisis. El abandono de las relaciones exteriores impulsado por los conservadores liderados por Cánovas del Castillo, conllevaría la sumisión al empuje británico en los alrededores del Peñón ante la reconocida imposibilidad de contrarrestarlo por vía diplomática y, mucho menos, recurriendo a la fuerza. Sería también en este periodo cuando el problema colonial traspasaría los límites establecidos en la frontera terrestre que separaba el istmo de Gibraltar. El asentamiento de una importante población de aluvión a las mismas puertas de la colonia provocaría la fundación de un núcleo urbano en suelo español orientado, en exclusiva, a la prestación de servicios al vecino británico, hasta el punto de llegar a convertirse en un barrio extramuros de la urbe gibraltareña, abriendo un nuevo foco de problemas políticos, sociales y económicos al Estado.

El tercer momento histórico objeto de estudio atraviesa tres décadas de severa inestabilidad sociopolítica que culminaría en una guerra civil, máximo exponente de la decadencia de una nación. El sinuoso perfil que procura la realidad española hasta el inicio del conflicto apenas ofrece datos novedosos sobre la cuestión de Gibraltar, máxime si se considera la gravedad de la situación internacional y la extrema sensibilidad de la realidad española. Solo será en el marco de la Segunda Guerra Mundial cuando Gibraltar recupere el interés del gobierno y se transforme en uno de los principales baluartes del nacionalismo estimulado por Franco, esgrimiendo una explosiva amalgama de razones históricas, legales y realidades manipuladas sin el menor rubor por el Estado.

La desaparición del régimen franquista conllevaría el advenimiento y afianzamiento de la democracia tras un modélico proceso transitorio, que permitirá relanzar el país hacia el futuro y recuperar parte de la perdida posición internacional, sin obviar, en ningún instante, el anacronismo gibraltareño aunque sin lograr ningún cambio en dicha situación.

1 Arno J. Mayer, La persistencia del antiguo régimen: Europa hasta la Gran Guerra, Madrid, 1984.

2 G. Pasquino et al., Metodología de la investigación política, Alianza, Madrid, 2000, p.69.

2. EL INICIO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO (1779-1783)

Las tres jóvenes juntaron espontánea e instintivamente sus manos, y alzando con insolente soberbia la cabeza, gritaron:

—¡Viva el rey! ¡Viva la religión!

Benito Pérez Galdós, La segunda casaca.

2.1 LA INCAPACIDAD DE REFORMULACIÓN DEL IMPERIO

El enfoque de las siguientes páginas es el de proporcionar una visión global de las principales variables políticas, sociales, económicas y militares que influyeron en el gobierno de España durante el periodo correspondiente al Gran Sitio de Gibraltar (1779-1783), para entender cómo afectaron a la adopción de una línea de acción determinada y en base a qué razones, en un delicado momento de transición de un modelo de Estado absolutista a otro liberal que se desarrollaba en Europa y que lideraban Gran Bretaña y Francia.

La corriente de pensamiento liberal que recorría el continente alcanzaba la península e influía en la toma de decisiones del gobierno español, afectando tanto las correspondientes al monarca como a sus ministros. La duda que dominaba a estos actores determinaría la originalidad ilustrada nacional, atraída por los postulados teóricos extranjeros antes que por su puesta en práctica. Para ellos, la ejecución política del gobierno español se sustentaba en el mantenimiento del reparto de poderes aplicado desde Carlos I, que tanta gloria y riqueza había proporcionado, cuya única adaptación para la necesaria modernización socioeconómica del país exigía el incremento de la autoridad del rey en detrimento de la nobleza y el clero. El nuevo orden nacional se lograría concentrando el poder en el vértice superior de la pirámide sociopolítica siguiendo un movimiento ascendente, del todo contrario al objetivo democrático planteado por los pensadores ilustrados extranjeros. En este sentido, una de las aportaciones españolas a la Ilustración habría de ser un disgregado y antitético cuerpo teórico en el que, aceptadas las certezas relativas a la Economía y sus positivos efectos sobre el bienestar social, estas deberían compartir presente y futuro con el incremento del poder de la corona y el aún influyente binomio Nobleza/Clero. Liberalismo combinado con absolutismo, materialismo unido a espiritualismo y razón compartiendo espacio con religión, materializarían una tercera vía española al proceso ilustrado, constituyendo la viva muestra del antagonismo que residía en el seno de un Estado que pretendía ganar altura sin desprenderse de sus más pesados lastres.

La burguesía y el pueblo permanecerían apartados del proceso —por su propio bien— de las ingratas labores de gobierno, interpretadas desde el paternalismo de una España intervencionista, monopolista y tradicionalista, desconfiada de la posible unidad de acción