La erosión de la democracia

Por Claudio Fuentes

La erosión que hoy evidencian nuestras instituciones, nuestro sistema político y nuestra democracia no se generó de golpe ni en un año o dos. En este libro Claudio Fuentes describe, de manera sucinta y sin ambigüedades, cada uno de los eslabones-reformas inoculadas al sistema desde el retorno a la democracia, nos explica su relevancia y nos aporta cuáles pudieron ser —o simplemente fueron, a la luz de los resultados— las motivaciones de los actores que ejecutaron esas transformaciones institucionales. MÓNICA GONZÁLEZ. Premio Nacional de Periodismo
El argumento que desarrolla este libro es simple y controversial. El autor explica que uno de los factores que motiva la actual crisis de representación del sistema político chileno son las reformas establecidas una vez restaurada la democracia. ¿Los representantes democráticos erosionando al propio sistema democrático? Así es.
A partir de un análisis detallado de una serie de cambios institucionales ocurridos desde 1990 a la fecha, en este volumen se va detallando cómo esos cambios han ido afectando al proceso político: reducción del mandato presidencial, normas para controlar la colusión, normas para regular conflictos de intereses, fortalecimiento de los poderes del Tribunal Constitucional, establecimiento del voto voluntario, procesos de participación ciudadana y tantas otras reformas que, paradójicamente, han incrementado la brecha entre representantes y representados.
¿Es posible superar este circuito vicioso de reformas que erosionan y no profundizan la democracia? Estas interrogantes se discuten y reflexionan aquí y su lectura ilumina vivamente la comprensión de los álgidos cambios sociales que recorren Chile.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 5 dic 2019
• ISBN: 9789563247619

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madre.

Prólogo

Nunca hemos compartido ni un almuerzo ni una comida. Ni siquiera un simple café. Jamás hemos discutido uno de sus textos frente a frente, mirándonos a los ojos. No somos amigos. Y, a pesar de ello, hemos dialogado —y también discutido— durante mucho tiempo a través de sus columnas. Claudio como el autor y yo como su editora en Ciper. Por eso puedo decir que lo conozco. Los editores aprendemos a conocer a nuestros autores: sus pasos de ganso para maquillar áreas que no conocen bien o que no desean que se vean, sus debilidades y, por cierto, sus virtudes. Y ahora, releyendo algunos de esos textos, me doy cuenta de que nuestro diálogo fue mucho más allá de la edición de las columnas que periódicamente Claudio Fuentes publicó en Ciper.

Lo que Claudio Fuentes me aportó fue un continuo y magnífico telón de fondo para las preguntas que me acechaban permanentemente mientras dirigía las investigaciones de Ciper y nuestro equipo ya estaba sobrepasado por esa erupción de corrupción y múltiples irregularidades que emergían por doquier: cómo fue posible que un forado deliberado en la ley provocara tanto daño a la ciudadanía; cómo no percibimos la descomposición acelerada en ciertos sectores, que provocaba más y más estallidos de corrupción; y, la más importante, ¿por qué los hechos de corrupción más graves en que están involucrados la clase política y el gran empresariado salen rápidamente de la agenda y terminan en la impunidad? 

Mi pregunta constante respecto a cómo apuntar al meollo de lo que nos estaba corroyendo tenía su respaldo en la columna que Claudio Fuentes me anunciaba con una cadencia que iba a la par de los hechos que me impactaban. Era una forma de constatar que no estaba errada, que había que seguir en esa senda, y una lección de humildad.

Sí, porque desde su primera columna a Claudio Fuentes le pedí explicaciones por afirmaciones que me parecían no bien sustentadas, otras que me faltaban, preguntas que me surgían y conceptos o datos que, a mi juicio, se necesitaban. Creo que siempre lo hice en tono cordial, y él siempre se mostró llano a replicar de inmediato.

Lo que me impactó fue que su humildad iba a la par de un estudio sin tregua sobre los tópicos que le interesaban, además de su sentido de urgencia. Sí, había en sus respuestas urgencia en publicar su trabajo. No había asomo alguno de ganarle la carrera a otro académico. Sin dramatizar, y sin jamás desplegar parafernalia para llamar a los ciudadanos a no perderse su nuevo trabajo, su urgencia era que iba constatando, casi masticando, el deterioro de nuestras instituciones, de esa democracia que tanto esfuerzo y muertos nos costó recuperar. Y allí sentía que mi empatía fluía a mil por hora.

Era la misma urgencia que venía experimentando yo a medida que con el magnífico equipo de Ciper profundizábamos en los casos de corrupción en Chile.

Su afán de hurgar ahí, en la esencia del forado que hoy exhibe nuestra institucionalidad, la mostró con su libro El fraude (Hueders, 2013). Allí hiló datos, testimonios y cifras para mostrar cómo el plebiscito del 11 de septiembre de 1980 que organizó el dictador Augusto Pinochet fue un hito importante de este entramado que nos encapsula y aprisiona. Bien lo sabía Eduardo Frei Montalva, y así lo alertó fuerte y claro en el teatro Caupolicán. Y le costó la vida.

Pero volvamos a este libro, una de cuyas virtudes es que los demócratas no pueden culpar de ninguno de estos desaguisados ni a Pinochet ni a sus partidarios. Aquí solo corresponde mirarse al espejo. Grandes espejos (del techo al suelo, como los cristales que hizo instalar en 1983 Lucía Hiriart en los baños destinados para ella y su marido, allí justo frente al wáter, en la residencia búnker que se hizo construir en Lo Curro. En esa mansión cuya construcción de lujo en tiempos de hambre y cesantía ocasionó tal oprobio que ellos nunca pudieron ocuparla).

Porque la erosión que hoy evidencian nuestras instituciones, nuestro sistema político y nuestra democracia no se generó de golpe ni en un año o dos. En este libro Claudio Fuentes describe, de manera sucinta y sin ambigüedades, cada uno de los eslabones-reformas inoculadas al sistema desde el retorno a la democracia, nos explica su relevancia y nos aporta cuáles pudieron ser —o simplemente fueron, a la luz de los resultados— las motivaciones de los actores que ejecutaron esas transformaciones institucionales. 

La crisis de representatividad es tema de análisis y de urgencia para Fuentes, quien incluye aquí una de las críticas más agudas que ha hecho Juan Pablo Luna a los partidos de la centroizquierda y su rol en la crisis que vive el sistema político: Durante los años noventa y 2000 los partidos se desarraigaron de la sociedad chilena, generando, en primera instancia, una ‘crisis de baja intensidad’ (…). Al desarraigarse socialmente, la clase política (y especialmente la centroizquierda) perdió presencia organizacional en las bases, lo cual se evidencia con claridad en el desalineamiento progresivo de federaciones estudiantiles y otros movimientos relevantes, como el ya debilitado sindicalismo o las organizaciones mapuche.

El capítulo sobre el cambio del período presidencial de seis a cuatro años y sus perversos efectos sobre el sistema institucional es apasionante. Aquí Fuentes se sale del coro monocorde en alabanzas a Edgardo Boeninger, el constructor de la nueva democracia. Señalaba Boeninger que un mandato más corto conduce a programas moderadamente ambiciosos, que no pretendan dar vuelta todo lo existente, que es la tentación cuando el período es más largo (HL 20.050, p. 2093). Fuentes concluye: "De este modo, el efecto esperado de los períodos presidenciales acotados era precisamente evitar cambios estructurales del modelo económico, político y social. La brevedad favorecería el statu quo".

Y se pregunta: ¿Cómo nadie previó (en 2005) la inmediatez en las políticas públicas y el congelamiento de las élites que genera esta simple reforma? ¿O acaso se trata de efectos buscados por quienes negociaron esta transformación?.

Paso ahora a esa histórica sesión de la Cámara de Diputados del 16 de mayo de 2003, cuando por primera vez nuestro Congreso reguló el financiamiento de la política. Inolvidable. Cómo no recordar qué mal trabajo hicimos los periodistas —yo por cierto incluida— al ni siquiera otear la trampa que se estaba tejiendo. Dejo a Claudio Fuentes relatar:

El acuerdo estableció entregar un subsidio o aporte estatal a las campañas electorales en relación con los votos obtenidos en la última elección; establecer límites a las donaciones que hacían los privados, que por cierto eran elevadísimos; permitir el aporte de las empresas y de individuos a las campañas electorales; y establecer un sistema de donaciones anónimas, reservadas y públicas. Las donaciones reservadas las recibiría el Servicio Electoral, quien a su vez se las entregaría en forma fraccionada a las respectivas candidaturas. Se permitió, además, que las donaciones de empresas descontaran impuestos, no así las de personas naturales. El proyecto no establecía sanciones penales en caso de vulnerarse la ley; tampoco se establecía un principio de transparencia antes de realizado el acto electoral. De hecho, la información global de los aportes solo se daría a conocer nueve meses después de efectuado el acto electoral. Se estableció también una cláusula de prescripción de eventuales delitos electorales doce meses después de realizada la elección. 

La regulación claramente favorecía a las empresas, y las empresas obviamente apoyarían a los sectores de derecha. Con el correr de los años se comprobaría que los límites establecidos eran extremadamente altos, que las empresas utilizaban principal y casi exclusivamente la figura de las donaciones reservadas y anónimas para apoyar candidaturas, que la mayoría de los aportes los recibía la derecha, y que los incentivos para recibir dineros del mundo privado eran tan altos que se cometerían irregularidades incluso existiendo la ley. Nunca se verificó una violación a los límites, por cuanto el Servicio Electoral no tenía capacidades para controlar la rendición de cuentas de cientos y hasta miles de candidaturas. El resultado evidentemente institucionalizó y favoreció el aporte de grandes empresas en forma reservada o anónima a los partidos políticos.

Y recojo la voz que ese día Claudio Fuentes guardó: 

Me preocupan los contratos fraudulentos. Todos sabemos que una de las principales formas de transferir recursos son los contratos fraudulentos. No hablo de donación, sino de contrato fraudulento. Esto no puede ser considerado solo un delito tributario como sucede hoy. Aquí el delito es intervenir en política con plata privada (…). Considero que aprobar todo lo anterior implica un costo muy alto, pero lo acepto como parte del acuerdo político. Aquí hubo un peaje o algo fuerte que pagar para lograr este acuerdo. 

Eso fue lo que dijo el entonces diputado socialista Carlos Montes en aquella histórica sesión. Suena hoy como el coro a aquella frase que lanzó Rosa Luxemburgo y que quedó para siempre martillando en los oídos de quienes amamos la libertad: Quien no se mueve, no siente las cadenas.

¿Los demócratas erosionando al propio sistema democrático?, se pregunta en alguna parte de su libro Claudio Fuentes. Y se responde: Así es. De esta forma, nos abre la puerta para leer, masticar y analizar. Gran puerta es la que aquí se abre. Hay que traspasarla.

Mónica González

Premio Nacional de Periodismo

Cuando las instituciones no funcionan

Si la miseria del pobre es causada, 

no por las leyes de la naturaleza, sino por las instituciones, 

grande es nuestro pecado.

Charles Darwin

Una democracia requiere instituciones para funcionar. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo necesita ciertas reglas que orienten el modo de proceder, pues de otra forma se produciría una situación de anarquía. De esta manera, los sistemas políticos establecen protocolos para debatir y tomar decisiones, normas para establecer las mayorías y regulaciones para controlar el poder. 

Piense usted en las reglas que regulan una asamblea legislativa cualquiera. Si esta asamblea de más de un centenar de congresistas debatiera cada uno de los proyectos de ley incluyendo sus miles de artículos, se transformaría en un espacio simplemente ingobernable. Para racionalizar el tiempo y permitir que todas las expresiones políticas se manifiesten, el Congreso establece un procedimiento —una regla— para decidir sobre cada proyecto. Se definen comisiones permanentes encargadas de analizar los proyectos en particular, se establecen mecanismos de integración de esas comisiones para velar por la adecuada representación de las fuerzas políticas, se determinan procedimientos de votación, se regula incluso el modo en que se llevará a cabo cada debate en la sala de sesiones. Un reglamento establece quién dará la palabra, cómo un congresista se dirigirá a la sala, cuántos minutos podrá hablar, cuántas veces podrá hablar por cada proyecto. La norma explica el lugar desde donde el congresista puede hablar del proyecto en la sala. Incluso se regula la forma en que cada parlamentario debe terminar su intervención: con un he dicho. 

La democracia, entonces, regula una infinidad de temas que ordenan la vida republicana para permitir que en el gobierno de los muchos sea factible tomar decisiones. La complicación de todo esto es que las reglas no son neutras. Cada una de ellas afecta relaciones de poder, favorece a ciertos grupos sobre otros. Y, por lo mismo, cualquier regla tiene efectos —positivos y negativos— en el funcionamiento del sistema democrático. 

El argumento que pretendo desarrollar en este libro es simple: uno de los factores que explican los problemas que experimenta hoy el sistema político chileno —la llamada crisis de representación— se debe a las regulaciones establecidas una vez restaurada la democracia. 

¿Los demócratas erosionando al propio sistema democrático? 

Así es. 

Analicemos el argumento por partes. Primero, no sostengo que las reformas institucionales promovidas desde el retorno de la democracia determinen todos y cada uno de los problemas del sistema político chileno actual. De hecho, múltiples estudios han detectado una serie de factores que explican el debilitamiento del sistema de representación tradicional: élites desconectadas de la ciudadanía, abusos de poder y corrupción, ausencia de proyectos programáticos coherentes, congelamiento de los liderazgos en los partidos tradicionales, exceso de expectativas de las nuevas clases medias, falta de inclusión de los sectores postergados, y un extenso etcétera. 

No pretendo rebatir aquellos argumentos que seguramente forman parte de la explicación para la crisis de representación que percibimos en Chile. Los problemas de la democracia chilena muy probablemente se explican por una multiplicidad de factores. Lo que intentaré hacer aquí será agregar un elemento que es endógeno, que forma parte del propio sistema democrático, y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en nuestros días. 

Una vez recuperada la democracia, los representantes de la voluntad popular comenzaron a modificar normas e instituciones y, al ir haciéndolo, fueron afectando al conjunto del sistema. Argumentaré que tales transformaciones en las reglas del juego han impactado en diferentes momentos y grados a la democracia en sí misma. La orientación de estas reformas institucionales ha ido erosionando la democracia. 

Segundo. Lo anterior implica asumir que existe una crisis de representación. Esta cuestión también ha sido debatida extensamente. La baja ostensible en los niveles de participación electoral, el descrédito de los partidos políticos, la muy baja credibilidad de las instituciones de representación, los constantes escándalos de corrupción han generado una fuerte brecha entre la ciudadanía y sus representantes. Señalaré que este debilitamiento se debe, en parte, al modo en que las reformas institucionales se han ido desplegando. Algunas reformas cruciales han provocado un efecto negativo en la convivencia democrática. Mostraré cómo varias de las reformas establecidas han provocado mayor distancia de la ciudadanía respecto de las instituciones de representación. 

Tercero. El argumento tiene una temporalidad definida: las reformas posdictadura. Aquí