El proceso fallido: La dinámica constituyente en Chile 2020-2022

Por Claudio Fuentes, Javier Sajuria (autor), Catalina Valdés Merino (autora) y Varios autores

En este libro se estudia en detalle el fallido experimento chileno de reemplazar la Constitución. Son muy pocos los casos en el mundo donde una Convención Constituyente ha fallado en su propósito y de ahí la importancia de examinar las diversas dimensiones de este complejo proceso en su origen y desarrollo. El texto se aleja de explicaciones simplistas, buscando comprender tanto la dinámica ocurrida al interior de la Convención como lo sucedido en la opinión pública, las redes sociales, y en la esfera política. ¿Cómo se compara el caso de Chile respecto de otros procesos en el mundo? ¿Qué factores explican que el proceso haya fracasado? ¿Cómo fueron cambiando los estados de la opinión pública durante el proceso? ¿Cómo operó la desinformación en las redes sociales? ¿Qué podemos aprender de los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuál fue la influencia de los actores internacionales en el proceso? ¿Qué podemos inferir de los resultados electorales del plebiscito de salida? Sus contenidos se ven fortalecidos por la pluralidad de puntos de vista, basados en una robusta y novedosa evidencia que nos permite comprender la actual dinámica sociopolítica chilena.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 19 may 2023
• ISBN: 9789564150185

Vista previa del libro

FUENTES, CLAUDIO (Editor)

El proceso fallido

La dinámica constituyente en Chile 2020-2022

Santiago, Chile: Catalonia, 2023

316 p.; 15 x 23 cm

ISBN: 978-956-415-017-8

ISBN Digital: 978-956-415-018-5

320 CIENCIA POLÍTICA

Diseño de portada: Amalia Ruiz Jeria

Corrección de textos: Hugo Rojas Miño

Diagramación interior: Salgó Ltda.

Impresión: Salesianos Impresores S.A.

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).

Primera edición: abril, 2023

ISBN: 978-956-415-017-8

© Claudio Fuentes (Editor), 2023

© Editorial Catalonia Ltda., 2023

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl - @catalonialibros

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

[e-mail]

ÍNDICE

Prólogo

La Convención Constitucional de Chile en perspectiva comparada

Rodrigo Espinoza Troncoso

El proceso fallido.

La dinámica constituyente a dos niveles

Claudio Fuentes S.

Se nos rompió el amor: Cambios en la opinión pública

durante el proceso constituyente

Javier Sajuria y Emilia Saffirio Palma

El proceso constituyente desde la subjetividad

Sergio España Ramírez y Claudio Fuentes S.

Desinformación y redes sociales en el proceso constituyente

Patricio Durán y Tomás Lawrence Mujica

La representación de lo indígena en la Convención Constitucional.

Actores clave y sus interacciones en Twitter

Francisca Carril Cares, Rocío Yon

El proceso constituyente más participativo de la historia

Paola Díaz

El rol de los actores internacionales en la discusión constitucional

Carlos Quiñenao Godoy

La experiencia de Plataforma Contexto en el proceso constituyente

Karen Gaona Ynsfran y Catalina Valdés Merino

Narrativas versus hechos:

Verificando interpretaciones con los datos territoriales del resultado del plebiscito de 2022

Nicolás Valenzuela Levi

La historia continúa:

La reacción de las élites a un proceso fallido

Claudio Fuentes S.

Acerca de los autores(as)

Prólogo

Reemplazar una Constitución es un proceso excepcional, que ocurre con muy poca frecuencia. En Chile, desde 1833 a la fecha se han promulgado solo tres constituciones, lo que lo constituye en una excepcionalidad en el contexto latinoamericano. En todos los casos, la dinámica ha sido traumática. En 1833 comenzó a regir una Constitución luego de una guerra civil que dejó a los vencedores (el sector conservador) a cargo de definir las nuevas reglas del juego. La Constitución de 1925 es también fruto de un período turbulento en la política chilena. De hecho, esa Carta Fundamental recién pudo ponerse en práctica a partir de 1932. La Constitución de 1980 fue impuesta por una dictadura que, inmediatamente después del golpe de Estado, estableció una comisión especial para redefinir las reglas de la convivencia social y política del país.

El momento constituyente actual es el producto inmediato del estallido social que se desencadenó en octubre de 2019. El incremental ciclo de protestas sociales que se inició en 2005-2006 culminó en una aguda confrontación social que llevó a los actores políticos a buscar una respuesta institucional al descontento acumulado. Pero también es reflejo de una aguda crisis de representación del sistema político que fue desconectando a las élites y a la ciudadanía. Progresivamente los partidos políticos tradicionales perdieron la capacidad de canalizar demandas sociales. Aunque a nivel comparado Chile mostraba partidos fuertemente institucionalizados, la micropolítica territorial mostraba lógicas desinstitucionalizadoras.

Este volumen se ocupa de analizar lo ocurrido a nivel político y social durante el proceso constituyente. Nos interesó explorar este momento excepcional en la política chilena buscando explicar lo ocurrido en 2021 y 2022. Desde esta perspectiva, el presente estudio no se centra en el debate de contenidos constitucionales, sino más bien respecto de las dinámicas sociales, políticas e institucionales que rodearon a este proceso. Pensamos que es relevante reflexionar sobre el modo en que se ha desenvuelto la dinámica política, pues nos habla del actual estado de las cosas en la sociedad. El descrédito de los partidos, los altísimos niveles de fragmentación, el surgimiento de una política de identidades, la relevancia adquirida por las redes sociales, las dinámicas participativas son reflejo de una sociedad en evidente transformación. Se trata de un momento crítico y de ahí la importancia de realizar este escrutinio analítico.

En el primer capítulo, Rodrigo Espinoza ofrece un análisis del proceso constituyente chileno en perspectiva comparada. Sostiene que se trató de un proceso con características únicas e innovadoras en términos del sistema de elección de representantes como de las reglas internas de decisión. De hecho, ciertos aspectos de este proceso como la paridad y la representación de pueblos indígenas han sido destacados internacionalmente y ambas definiciones se proyectaron para el nuevo proceso constituyente que se inició inmediatamente después del triunfo del rechazo en septiembre de 2022.

Luego, Claudio Fuentes ofrece una explicación para el fracaso de intentar establecer una nueva Constitución en Chile. Sostiene que para explicar la dinámica constituyente debemos poner atención a dos arenas: la arena política constituyente donde se generó la propuesta de nueva Constitución y la arena social donde finalmente se rechazó el texto. En la arena política constituyente es importante tener en cuenta la excepcionalidad en la composición de la Convención Constitucional de Chile (en adelante CC) y en determinadas reglas que desincentivaron alcanzar compromisos que luego fuesen ratificados por toda la sociedad. En la arena social importa observar la secuencia de desconfianza social y distanciamiento político que terminó generando condiciones para el rechazo. El argumento central desarrollado acá es que ciertas condiciones políticas e institucionales hicieron que la Convención nublara su vista a las dinámicas políticas y sociales presentes en la sociedad y que imposibilitaron alcanzar un compromiso que se proyectara al conjunto de la sociedad.

A continuación, Javier Sajuria y Emilia Saffirio nos entregan un interesante estudio del modo en que las percepciones sociales fueron desplegándose durante el proceso constituyente. Los estudios de opinión pública realizados por Espacio Público e Ipsos nos muestran el modo en que la ciudadanía se fue desencantando del proceso hasta que se rompió el amor. Sugieren los autores que uno de los factores que explican este fenómeno es que, en la visión de la opinión pública, la Convención hizo precisamente lo contrario de la expectativa original de buscar acuerdos y producir un diálogo constructivo. En el capítulo siguiente, Sergio España y Claudio Fuentes analizan el modo en que las percepciones sociales evolucionaron a través del proceso, pero ahora utilizando un instrumento de grupos focales (focus groups) con hombres y mujeres que se reunieron cada dos o tres meses durante los dos años del proceso. Las conclusiones son muy similares a las obtenidas por Sajuria y Saffirio, dado que se evidencia un discurso que va desde la esperanza hasta la incertidumbre y la decepción. El ideal de un proceso constituyente que implicara el encuentro y acuerdo entre diferentes no se cumplió.

Los dos capítulos siguientes ponen atención en la importancia de las redes sociales como parte del proceso. Patricio Durán y Tomás Lawrence ofrecen un fundamentado análisis del modo en que se desplegaron las campañas de desinformación durante todo el proceso constituyente, incluyendo las técnicas y estrategias para la difusión de noticias falsas. Sostienen los autores que esta dinámica acompañó el proceso desde antes del plebiscito de entrada y que se mantuvo hasta su final. Aunque la desinformación no puede atribuirse como la única causante del rechazo, los autores nos advierten que un aprendizaje importante de este caso se refiere a la necesidad de desarrollar herramientas para que la ciudadanía pueda distinguir entre información fidedigna y desinformación, así como proteger su entorno comunicativo para que pueda tomar una decisión con información veraz e idealmente con las desinformaciones y manipulaciones reducidas a un mínimo. La masividad que adquirieron las campañas de desinformación nos advierte que estas últimas constituyen un fenómeno que se mantendrá en la escena política, y respecto de las cuales, por otro lado, la democracia deberá desarrollar estrategias para protegerse, incluyendo la educación ciudadana en este campo.

Por su parte, Francisca Carril y Rocío Yon analizan el modo en que se discutió y utilizó la plataforma de Twitter en lo concerniente al debate sobre los pueblos indígenas y su reconocimiento en la Constitución. Concluyen las autoras que lo que se advierte en esa red social es una tendencia a la polarización de definiciones políticas, que parecieran tensionar y reproducir las asimetrías de poder entre el Estado y los pueblos indígenas. La relevancia de las redes sociales en el proceso político no puede desconocerse y se hizo muy evidente en esta ocasión para poner temas en la discusión pública, para fomentar determinados posicionamientos e incluso para generar presiones hacia los constituyentes en determinados momentos críticos del debate constituyente. Twitter, en este sentido, funcionó como una cámara eco de los intereses que querían ser proyectados en la esfera pública.

Paola Díaz nos brinda un detallado análisis de los mecanismos de participación ciudadana que se generaron durante el proceso constituyente. Por cierto se trata de la experiencia de participación ciudadana más significativa de la historia constitucional de Chile, toda vez que es primera vez que se ensayan mecanismos tan intensos de participación. No obstante, los tensionamientos iniciales con el gobierno de turno, los problemas burocrático-administrativos iniciales, la amplitud de mecanismos y el corto tiempo para ejecutarlos afectaron en algunos casos las posibilidades de una mayor intensidad en la participación ciudadana. Con todo, algunas experiencias como la iniciativa popular de norma y las audiencias públicas ciudadanas fueron esfuerzos que, de hecho, serán replicados en el proceso constituyente que se realizará en 2023.

Una dimensión muy poco explorada en este tipo de procesos es la incidencia de los actores internacionales en un proceso que tiene un acento nacional. Carlos Quiñenao nos ofrece en su capítulo una sistematización de la influencia directa e indirecta de actores internacionales. El caso de Chile fue visto por distintos protagonistas de la esfera internacional, tales como embajadas, instituciones internacionales, fundaciones e individuos que participaron activamente de los debates que se daban en Chile. La dinámica global/local respondería a redes de conocimiento preestablecidas que posibilitaron la colaboración y apoyo para el desenvolvimiento del proceso.

Luego, Karen Gaona y Catalina Valdés nos explican la experiencia de la Plataforma Contexto durante el proceso constituyente. Plataforma Contexto fue un esfuerzo interinstitucional liderado por la Universidad Diego Portales, el que buscó generar insumos para un proceso constituyente informado y ciudadano. En su artículo se sistematiza el modo en que el equipo de Plataforma Contexto fue diseñando una estrategia de incidencia, los inconvenientes que debió sortear y las lecciones que se desprenden de tal experiencia.

En el siguiente capítulo, Nicolás Valenzuela nos entrega un revelador artículo que evalúa los resultados electorales del plebiscito, cuestionando una serie de hipótesis que se han hecho a partir de tales resultados. Valenzuela confirma la ventaja del rechazo a nivel de regiones, comunas agrícolas y rurales, mujeres y donde se realizaron más retiros de las AFP. Al mismo tiempo, descarta por ejemplo la pérdida de votos de Boric de segunda vuelta, que los sectores acomodados tendieron a votar apruebo, y que el apruebo no pudo concitar apoyos entre los grupos de menores ingresos. Sostiene, además, que el supuesto de que a mayor población indígena mayor apoyo al rechazo es equívoco, pues fue todo lo contrario. Además, indica que en las periferias metropolitanas tendió a irle mejor al apruebo; lo mismo con las personas mayores y los sectores de clase media.

En el artículo final, Claudio Fuentes analiza las principales orientaciones del nuevo proceso constituyente. Advierte el autor que el proceso que recién finalizó careció de un vínculo más fuerte entre la arena política constituyente y los incumbentes, mientras que el que se inicia está dominado por los incumbentes, por lo que el desafío principal para ellos será conectar (o reconectar) con una ciudadanía que desconfía de las instituciones, de los partidos y de las élites en general.

El editor de este volumen agradece a todos los y las autoras que se comprometieron con este volumen y que aportan innovadoras miradas sobre el proceso político chileno. Agradecemos también el apoyo de diversas instituciones para poder materializar este trabajo. En primer lugar a la Universidad Diego Portales, que ha brindado apoyo al trabajo del Laboratorio Constitucional durante ya casi diez años. El editor de este volumen pudo concretar este libro gracias a la beca Federico Gil como profesor visitante otorgada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). El editor agradece especialmente a Evelyne Huber, Jonathan Hartlyn y Lars Schoultz por su apoyo y comentarios a parte de este trabajo. Además, agradece al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Parte de esta obra se realizó en el marco del proyecto Fondecyt 1210058, por lo que se agradece su apoyo. La sistematización de información durante el proceso constituyente se pudo realizar gracias al aporte de la Fundación Ford y del Women’s Equality Center.

Finalmente, agradecemos también el encomiable trabajo de edición de Catalonia. Esperamos que este volumen sea un aporte a las intensas discusiones que rodean los intentos por definir las reglas que nos permitirán convivir pacífica y democráticamente.

Claudio Fuentes S.

Chapel Hill, North Carolina

Febrero, 2023

La Convención Constitucional de Chile

en perspectiva comparada

Rodrigo Espinoza Troncoso

Introducción

El proceso constituyente de Chile —pese a que culminó con el rechazo a la propuesta de nueva Constitución— no solo tuvo características únicas dentro de su propia historia nacional, sino que también enmarcó otros hitos a nivel global que lo sitúan como uno de los procesos más democráticos y pluralistas a nivel internacional, a pesar de su resultado. Por ejemplo, por primera vez en la historia la ciudadanía tuvo la posibilidad de escoger en un plebiscito de entrada el órgano encargado de la redacción de la propuesta de nueva Constitución¹. Asimismo, la Convención Constitucional —órgano escogido para la redacción de la nueva Constitución— contó con representación paritaria asegurada en su resultado,² integración de los pueblos originarios, cuotas para personas con discapacidad y representantes independientes que pudieron competir en listas o de forma individual. Las reglas de selección de los 155 representantes siguieron el criterio de proporcionalidad, cuyo resultado impactó en una nomenclatura de sectores políticos bastante diversa, al punto de que ningún grupo tuvo por sí mismo la fuerza suficiente para aprobar propuestas de contenidos, ni la fuerza para vetar. Si a esto último se suma que el umbral de aprobación de normas fue de dos tercios, todos los grupos no tuvieron mayores opciones que negociar, tanto para aprobar propuestas como para rechazarlas.

Las singularidades del proceso chileno ameritan un examen en comparación con otras experiencias internacionales, sobre todo pensando en el posicionamiento de la Convención Constitucional de Chile a la luz de las distintas experiencias a nivel regional y mundial. El objetivo del presente capítulo consistirá en evaluar de forma comparada el posicionamiento de la CC en contraste con otras experiencias comparadas en base a sus reglas a partir de seis dimensiones: (i) sistema de selección de representantes, (ii) existencia (o no) de representación plural, (iii) umbral para la aprobación de normas, (iv) existencia o no de representación paritaria, (v) integración de grupos étnicos mediante asientos reservados y (vi) participación ciudadana. Los casos seleccionados para el presente estudio (además de Chile) serán Colombia, Bolivia, Venezuela, Islandia y Sudáfrica. Posiblemente el caso de Islandia sea el más controversial, debido a que fue un proceso que no culminó con la aprobación de una nueva Constitución (al igual que Chile). Sin embargo, el proceso de Islandia sentó las bases para un modelo ampliamente participativo que ha servido como imagen a seguir para procesos posteriores, incluyendo el de Chile, tal y como se explicará en páginas posteriores.

El argumento central del capítulo consiste en que el formato de composición y reglas de la Convención Constitucional de Chile es un paso adelante para los procesos constituyentes en materia de representación y participación, pudiendo ser un modelo exportable para futuros casos, especialmente en países democráticos.

El capítulo se compone de cuatro secciones, incluida la introducción. La segunda sección abordará la discusión y dimensiones a evaluar. La tercera abordará la comparación entre casos de estudio y la cuarta sección corresponderá a un balance de la experiencia comparada.

Discusión teórica

Los procesos constituyentes ocurren bajo circunstancias bastante particulares, como transiciones a la democracia o bajo autoritarismo; como parte del cierre de un proceso de independencia, la superación de una guerra civil, cambios en la balanza de poder, o como respuesta a una crisis política, social, cultural o económica (Elkins et al., 2009). Bajo dichas condiciones, es posible señalar que los procesos constituyentes difícilmente reúnen las características asociadas a la definición que los considera como momentos históricos democráticos, inclusivos, reflexivos y altamente participativos (Ackerman, 1991). Por lo tanto, los procesos constituyentes ocurren bajo condiciones que atentan contra el buen diseño de una nueva Constitución (Elster, 1995). Sin embargo, existen casos en los que es posible reunir dichas características, incluso bajo una crisis profunda, en la que un órgano redactor no solo tiene la posibilidad de recoger a distintos representantes que reflejen la voluntad popular para otorgarle al país un nuevo conjunto de reglas, sino que también incorporar a actores sustantivos, como grupos postergados de la sociedad, y a la propia ciudadanía.

Dentro de los distintos órganos redactores de una nueva Constitución se ubican las asambleas constituyentes,³ cuya principal característica consiste en ser un cuerpo cuya principal misión es la redacción de una nueva Carta Fundamental (PNUD, 2015; Elster et al., 2018). De un total de 405 constituciones estudiadas a nivel global a partir 1789, el 25% de estas incluyó el formato de Asamblea Constituyente (AC) (Ginsburg et al., 2009), por lo que podría catalogarse como un mecanismo inusual, principalmente si la experiencia se acota a procesos constituyentes en democracia (Negretto, 2018). Por otro lado, no todas las experiencias bajo este mecanismo son homogéneas, sino que todo lo contrario, ya que existe variación importante en cuanto a los modelos que dicho formato ofrece, sobre todo dentro de la experiencia latinoamericana, región del mundo caracterizada por ser la que ha utilizado con mayor frecuencia este mecanismo. Asimismo, la variación puede trasladarse a otras instancias, como a las propias legislaturas, pudiendo estas concentrar funciones legislativas y también el poder constituyente, tal y como ocurrió en los casos de Brasil para la redacción de su actual Constitución (1988) y también en Sudáfrica (1996).

Dentro del contexto de las asambleas constituyentes, este modelo no ha estado exento de controversias en ciertas oportunidades al entrar en conflicto con la legislatura, intentando traspasar su mandato legal e incluso han interferido en las funciones legislativas o judiciales, principalmente en lo que se refiere a la experiencia latinoamericana. En el marco de dichas prácticas, se pueden encontrar los procesos que llevaron a las actuales constituciones de Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) (Negretto, 2018). El caso más llamativo es el de Venezuela, proceso que no solo estuvo controlado por un único partido, sino que además la Asamblea Constituyente cerró la legislatura, concentrando poderes constituyentes y legislativos (Bejarano y Segura, 2020). Este contraste conduce inherentemente a la noción de la existencia de al menos dos tipos o modelos de asambleas constituyentes: aquellas que solo concentran poderes constituyentes versus un segundo modelo donde se añade la concentración de atribuciones legislativas.

No obstante lo anterior, los órganos constituyentes, sean asambleas o legislaturas que concentren dicha función, también se pueden evaluar en torno a otras dimensiones, como el grado de pluralismo en su composición, la inclusión de grupos históricamente excluidos como las minorías étnicas, la incorporación de las mujeres, instancias de participación ciudadana y las reglas de decisión dentro del órgano. La evaluación en torno a estos elementos podría considerarse como algo importante, sobre todo dentro de procesos constituyentes en democracia, pensando principalmente en la necesidad de legitimar el proceso. Por otro lado, la literatura ha sido enfática en señalar la inclusividad de un proceso constituyente como una de las principales variables de contexto, no solo para la durabilidad de las constituciones, sino que también para una implementación exitosa pensando en su desempeño como variable de resultado (Elkins et al., 2009; Ginsburg y Huq, 2016). De forma complementaria, el consenso entre las élites y la participación ciudadana han mostrado ser variables relevantes a la hora de determinar factores explicativos que inciden positivamente sobre la democratización futura una vez que se implementa la nueva Constitución (Eisenstadt et al., 2017; Negretto, 2020; Negretto y Sánchez-Talanquer, 2021).

En sociedades no occidentales étnicamente fragmentadas, los procesos constituyentes mediante órganos electos por la ciudadanía han servido como plataforma para canalizar institucionalmente conflictos históricos de carácter racial y cultural; mientras que en sociedades occidentales aspectos como el reconocimiento de la religión y el idioma oficial juegan un rol clave, generando peligros potenciales, llevando incluso al fracaso del proceso si es que no son debidamente tratados (Lerner, 2011 y 2016; Bysarya, 2016; Murray, 2020). En América Latina, desde la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, con la llegada de la democratización, comenzó una fuerte movilización social en aras del reconocimiento de derechos humanos, culturales, medioambientales, de participación y de igualdad, los que dieron vida a lo que se conoce hoy como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tendencia que sustentó sus rasgos más distintivos a partir de la Constitución colombiana de 1991 (Nolte y Schilling-Vacaflor, 2012), cuyo modelo definió una oleada de cambios constitucionales por medio de asambleas constituyentes, tal y como ocurrió en los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, aunque estas experiencias contaron con resultados disímiles en cuanto al impacto del proceso sobre la democratización posterior, principalmente en el caso venezolano (Escudero, 2021).

De forma complementaria, nuevas y crecientes demandas ciudadanas han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas democráticos ante las exigencias de su entorno. Parte de estas demandas están centradas en la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la igualdad política entre hombres y mujeres en la esfera pública y privada. Estas demandas se han cristalizado en procesos constituyentes recientes, aunque con distinto resultado. El primero de ellos podría considerarse el de Islandia, que nace a raíz del estallido social conocido como la revolución de las cacerolas, a causa de la mala evaluación por parte de la opinión pública a la forma como los partidos políticos manejaron la crisis económica desatada el año 2008. Aquella Asamblea Constituyente estuvo conformada por 25 integrantes, en su gran mayoría independientes. Como innovación en materia de participación, se realizó un gran cabildo con 950 ciudadanos electos al azar previo a las sesiones de la Asamblea Constituyente para deliberar sobre la Constitución. En paralelo, el proceso de Islandia aprovechó al máximo las nuevas tecnologías de la información, utilizando el sitio web de la asamblea y sus correspondientes redes sociales para recibir iniciativas provenientes de la ciudadanía. Sin embargo, tras un plebiscito consultivo no vinculante, el Parlamento hasta el día de hoy no ha aprobado la propuesta de nueva Constitución (Landermore, 2015; Gylfason, 2018).

En Chile, el giro participativo/deliberativo ocurrió para el fallido proceso constituyente de Michelle Bachelet que transcurrió entre los años 2015 y 2018. En dicho proceso se celebraron consultas individuales, encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y regionales (Soto y Welp, 2017). Sin embargo, a causa del estallido social de 2019 y el crecimiento sostenido del movimiento feminista, Chile se sumergió en un nuevo proceso, cuyo mecanismo escogido por la ciudadanía fue una Convención Constitucional, que en concreto cumple las mismas funciones de una Asamblea Constituyente (Espinoza y Flores, 2022). Dentro de las novedades, la Convención Constitucional fue el primer órgano constituyente con representación paritaria en el mundo. En materia de participación, la CC recibió iniciativas populares de norma. La Convención debió debatir obligatoriamente estas iniciativas, siempre y cuando contaran con un umbral mínimo de firmas, tema que será abordado con posterioridad.

Tal y como se puede observar, las asambleas constituyentes tienen como principal finalidad la redacción de una nueva Constitución. A pesar de ser un mecanismo no muy frecuente y que es más propio de los cambios constitucionales en América Latina, estas pueden variar en cuanto a sus atribuciones (cerrar o no la legislatura), ser útiles para canalizar institucionalmente conflictos históricos en sociedades fragmentadas y también para responder a las nuevas demandas ciudadanas por más participación y representación para grupos marginados como minorías étnicas o para impulsar la igualdad política entre hombres y mujeres. Del mismo modo, la era de la información ha abierto una ventana de oportunidades para la incorporación de nuevas tecnologías de información como espacio de participación ciudadana, aspecto que sin duda marca un punto trascendente respecto a cómo abordar el desafío de la participación en las democracias modernas en procesos tan importantes como los cambios constitucionales.

En base a los elementos señalados y a la luz de la reciente experiencia constituyente en Chile, se abre una ventana de oportunidad para poder evaluar el proceso en comparación con otras experiencias internacionales. La evaluación se realizará en base a 6 dimensiones tal y como aparece explicado en la Tabla 1: (i) sistema de selección de representantes, (ii) existencia (o no) de representación plural, (iii) umbral para aprobación de normas, (iv) existencia o no de representación paritaria, (v) integración de grupos étnicos mediante asientos reservados y (vi) participación ciudadana. Los casos de estudio suman un total de seis: Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Islandia y Sudáfrica. La selección de estos casos no solo se justifica porque todos ellos, excepto Sudáfrica,⁴ se realizaron mediante el sistema de Asamblea o Convención Constituyente, sino que además porque permite extender el análisis comparativo fuera de América Latina, incorporando experiencias tanto en Europa como en África, aportando a un análisis no solamente regional, sino que también entre distintas regiones del mundo.

Tabla 1.

Dimensiones a evaluar y casos de estudio

Fuente: Elaboración propia.

La selección del caso de Islandia tal vez sea la decisión más controversial al no ser un proceso que culminó con una nueva Constitución (al igual que Chile). Sin embargo, el presente capítulo evalúa el trabajo de los órganos constituyentes, lo que no hace exigible como regla de selección de casos una nueva Constitución. En ese sentido, Islandia sí cumple con el requisito, sumado a que contribuye a la discusión como una experiencia reciente en Europa, junto con las novedades que trajo para su época el proceso.

Adicionalmente, el argumento del presente capítulo tiene relación con que la experiencia chilena es una de las más pluralistas, representativas y participativas, dado que la Convención Constitucional contó con condiciones de pluralismo, umbrales de votación supramayoritarios, representación en igual cantidad de hombres y mujeres, la asignación de un porcentaje importante de escaños reservados (donde también aplicó la regla de paridad), junto con importantes innovaciones en materia de participación ciudadana, tal y como se verá en la próxima sección. Por tanto, la experiencia constituyente de Chile podría considerarse como un producto exportable en múltiples aspectos para futuros procesos en otros países.

Evaluación de las experiencias constituyentes

Sistema de selección de representantes

En primera instancia, la Convención Constitucional de Chile escogió a 155 integrantes a lo largo del país mediante un sistema de representación proporcional D’Hondt con listas abiertas. El país electoralmente se dividió en 28 distritos de diverso tamaño, oscilando entre 3 y 8 representantes dependiendo de la zona.⁵ En el caso de Colombia, la Asamblea Constituyente contó con un total de 74 representantes, cuyas candidaturas compitieron bajo el sistema de distrito único nacional mediante reglas de selección en base al principio de proporcionalidad. Del total, 70 fueron elegidos mediante votaciones populares, mientras que los cuatro restantes fueron miembros designados sin derecho a voto, pero con derecho a voz (Bejarano y Segura, 2020).

En Bolivia, la Asamblea Constituyente encargada de la redacción de la Constitución de 2009 integró un total de 255 representantes, mediante un sistema proporcional distribuyendo sus asientos en múltiples distritos.⁶ En Venezuela se implementó un sistema electoral de mayoría relativa con diversos distritos para la selección de los 131 representantes encargados de la redacción de la Constitución de 1999 (Bejarano y Segura, 2020; PNUD, 2015).

En lo relativo a las experiencias fuera de América Latina, Islandia contó en primera instancia con 25 representantes electos democráticamente bajo el sistema de voto único transferido. No obstante, la elección del año 2011 fue anulada por orden de las cortes al existir diversos vicios de procedimiento durante el día de