Desigualdad, legitimación y conflicto: Dimenciones politicas y culturales de la desigualdad en América Latina

Por Mayari Castillo

La lectura de estos textos nos anuncia que en este siglo XXI, la tendencia ha sido la de naturalizar y ocultar los complejos mecanismos a través de los cuales nuestro sistema instala y legitima las desigualdades en nuestras sociedades. Algo ocurrió en el debate académico e intelectual, que por mirar y escuchar al sujeto, descuidó la pregunta por los mecanismos sociales, políticos y económicos de la desigualdad. Este libro constituye un esfuerzo por reposicionar la mirada en aquellos mecanismos que instalan —a menudo de manera violenta—, la desigualdad al interior de nuestras sociedades y sujetos latinoamericanos”.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
• Fecha de lanzamiento: 18 nov 2019
• ISBN: 9789568421472

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26).

Desigualdad y conflicto

Pobres organizados. Conflicto, participación y liderazgos piqueteros en Argentina

Maricel Rodríguez Blanco

Introducción

Este artículo se propone analizar el rol de los liderazgos en la acción colectiva y la conformación de organizaciones piqueteras a fines de los años noventa en Argentina. Las preguntas que orientaron nuestra investigación son cómo y por qué grupos de excluidos, en su mayoría conformados por desocupados, pasan a movilizarse en nombre de un ‘nosotros’, de un discurso común en el marco de los conflictos con los gobiernos desde 1996, año de nacimiento de las principales organizaciones piqueteras, hasta la actualidad¹ .

En otros términos, este artículo aborda la cuestión de la representación de estos grupos de piqueteros confinados a los márgenes del espacio público y sin un lugar en la estructura social, puesto que han perdido sus empleos, su inserción en el mercado de trabajo y, con ello, el acceso a la seguridad social, a la salud y a la educación. Mostraremos que, en el marco de las profundas transformaciones de la estructura social argentina, uno de los elementos explicativos fundamentales en el análisis de estos procesos políticos de movilización o conflicto social es el rol de los líderes en la construcción de los marcos de referencia² o marcos ideológicos de la acción colectiva.

Doctoranda en sociología en l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA/ EHESS, Francia) y la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina). Socióloga, UBA y Magíster en Estudios Políticos, EHESS. El trabajo de investigación que da lugar a este artículo se inscribe en el marco de mi tesis doctoral sobre Ciudadanía, régimen político y movilización social: acciones colectivas, liderazgos y organizaciones piqueteras en Argentina, dirigida por el Prof. Philippe Urfalino y el Prof. Hugo Quiroga. Mail de contacto: [e-mail].

Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación realizado gracias al financiamiento de una beca doctoral anual del Programa ALEARG (DAAD/ ME), de cooperación entre Argentina y Alemania. Agradezco los comentarios de los colegas doctorandos del Coloquio de sociología, presidido por el Prof. Sergio Costa en el Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin, en una de cuyas sesiones fue discutido este trabajo. 26 de agosto de 2010.

Paradójicamente, la literatura académica sobre la acción colectiva y los movimientos sociales no ha enfatizado en el tema del liderazgo. Una excepción es la propuesta planteada por Diani y Klandermans precisamente para dar cuenta de la dimensión organizativa de la movilización contra una visión de la misma como espontánea. Las acciones colectivas no nacen de un vacío, ni se explican por la privación relativa de sus protagonistas o por el cúmulo de frustraciones de cierto grupo social, sino que surgen de la acción o del trabajo de representación que realizan ciertas figuras, los líderes, a partir de movilizar tradiciones políticas y capitales militantes. Estos autores pusieron así el acento en el rol jugado por las redes en la organización de los movimientos sociales.

En este artículo describiremos y analizaremos las características de estos liderazgos, en términos de su carrera militante, es decir, los criterios de selección de los líderes, los recursos por ellos movilizados y, finalmente, los criterios de legitimidad de su autoridad. Klandermans y Oegema (1987) han puesto en evidencia la dimensión estratégica del ‘trabajo político’ efectuado por los líderes, de difusión de un discurso explicativo y normativo. El pasaje a la acción colectiva supone un trabajo sobre las representaciones que otorga un lenguaje al descontento. Así, el sentimiento de sufrimiento individual, evocado por todos los miembros de las organizaciones piqueteras, encuentra una explicación social y política en la retórica de los líderes y, por ende, un principio y una justificación para actuar colectivamente. La experiencia de la desocupación vivida individualmente y tolerada socialmente se vuelve solo entonces intolerable³ . Este acto de dotar de un lenguaje de protesta a individuos hasta entonces aislados socialmente significa transformar el malestar vivido en injusticia, suscitando un escándalo público. El discurso de los líderes piqueteros permite inscribir la acción en una historia y una memoria, aunque siempre en disputa. Facilita también la justificación de la existencia de las organizaciones y de su actuación colectiva, que tiene como objetivo, en un principio, desafiar, presionar, denunciar y vetar a las autoridades consideradas responsables.

La ausencia de la cuestión del liderazgo en la literatura sobre la protesta social

A pesar de la existencia de una prolífica literatura sobre la protesta y los movimientos sociales y, específicamente, de numerosos análisis sobre las organizaciones piqueteras (Svampa y Pereyra, 2003, Delamata, 2005, Pérez, Pereyra y Schuster, 2008, entre otros), el rol del liderazgo en relación con la acción colectiva de protesta, en efecto, no ha sido suficientemente tratado. Creemos que esta ausencia, en el caso argentino, se funda en una desconfianza respecto del liderazgo y, en general, en una sospecha acerca de los procesos de institucionalización de estas organizaciones piqueteras, lo cual coincide con el discurso de muchas de ellas.

En efecto, el proceso de institucionalización de las organizaciones piqueteras ha sido percibido por la literatura académica como un proceso paulatino de pérdida de autonomía de las organizaciones⁴ . Sin embargo, constatamos en nuestra investigación que la cuestión de la autonomía de las organizaciones piqueteras ha sido siempre muy conflictiva, desde el nacimiento mismo de aquellas hacia fines de los años noventa.

Tanto en los discursos académicos como en los discursos de los miembros y líderes de las propias organizaciones, parece como si estas se constituyeran espontáneamente, desde sus bases y con independencia de partidos políticos y de sindicatos: se afirma que los líderes son elegidos por las bases, que las decisiones se toman en asamblea y que dichas organizaciones son ‘autónomas’. Algunos autores hablan incluso de ‘nuevas gramáticas políticas’, de renovación de los lenguajes políticos, refiriéndose a la dinámica asamblearia⁵ como expresión de una nueva forma de toma de decisiones no delegativa. Existe un consenso en la literatura sobre el tema en torno de la existencia de esta dimensión ‘asamblearia’ que sería a la vez novedosa e inherente a estos grupos (Svampa y Pereyra, 2003).

Esta caracterización de las organizaciones piqueteras conlleva, a nuestro juicio, dos problemas para el análisis: por una parte, al considerar las organizaciones como portadoras de un modelo alternativo, estos análisis impiden una descripción y explicación de los mecanismos y procesos conflictivos por los cuales se constituyen las organizaciones y logran perdurar en el tiempo. Que todas ellas sean financiadas, desde su inicio, de un modo u otro, por el Estado federal, o bien por organismos internacionales, es un dato fundamental que pone en cuestión la idea de ‘autonomía’ de las organizaciones. Creemos entonces que la dimensión de la organización ha sido rápidamente dejada de lado frente a la movilización, como si esta se produjera de modo espontáneo. Por otro parte, esta visión sobre las organizaciones piqueteras tiende a sobredimensionar la autoorganización de los desocupados. Basta realizar un trabajo de observación en estas organizaciones para constatar que los líderes no son elegidos por las bases y que no hay poder de revocación del mandato, aunque su rol es, sin embargo, fundamental en varios sentidos. Algunos de ellos son: la articulación de las voluntades de individuos que no tienen a priori una voluntad en común, la construcción de una identidad colectiva, la elaboración de las demandas públicas dirigidas a los gobiernos, la estrategia de la organización, la contribución a la construcción de un marco de referencia o marco ideológico según el cual se interpreta el contexto de la acción, etcétera.

Como dijimos al principio, todo liderazgo es sospechado, y ello obedece también a una concepción moral del liderazgo como manipulación de los individuos. Abundan en este sentido los análisis de las organizaciones piqueteras en clave de clientelismo y de cooptación. Se sostiene aquí que se trata de individuos con necesidades básicas insatisfechas y que por ese motivo son fácilmente manipulados por sus líderes, que buscan ampliar sus bases de apoyo. Si bien, en efecto, una de las motivaciones principales de los líderes es la de ampliar las bases de apoyo de sus organizaciones, a fin de lograr la obtención de mayores recursos, ello no agota el vínculo que se construye en relación con las bases. Reducir este vínculo a una relación de manipulación de la voluntad, además, supone considerar que los individuos que constituyen las organizaciones carecen de capacidad de elegir y de decidir. Intentamos mostrar aquí que, al contrario de lo que se supone habitualmente, estos individuos pueden también rechazar las propuestas de la organización, puesto que no dependen exclusivamente de ella para su supervivencia⁶ .

¿A qué se debe entonces esta interpretación acerca de los procesos de constitución de organizaciones de base territorial nacidas de la contestación social, en la que la autonomía de estas organizaciones aparece como deseable y los liderazgos como tales son condenados? Sostenemos aquí que esta interpretación se funda en una percepción moral de las organizaciones a las que se atribuye una voz y una identidad ‘alternativa’; por ejemplo, al llamado modelo neoliberal. Así, las organizaciones son consideradas portadoras de una verdad o, dicho de otro modo, de un modelo de sociedad y de política alternativo al dominante. Por otro lado, estos discursos, tanto académicos como de los actores piqueteros mismos, expresan una transformación de las formas de legitimación de los liderazgos, punto sobre el cual volveremos más adelante.

Entonces, para aportar a la descripción empírica de las lógicas de movilización de las organizaciones piqueteras privilegiamos en este artículo el rol de los dirigentes, de origen sindical o partidario, en la constitución pública y territorial de las organizaciones a partir de la activación de redes preexistentes, de la elaboración de representaciones sobre la protesta y de la tarea de organizar a los pobres.

Inestabilidad política y reformas económicas: la génesis de la protesta piquetera

Para poder comprender la acción de protesta y el rol de estos liderazgos es necesario mencionar brevemente las características del contexto de reformas e inestabilidad política en que aquellas se sitúan. La década de los noventa ha sido para la Argentina una de grandes transformaciones. Tres procesos la atraviesan: 1. La reforma del Estado, que conllevó una transformación del modo de intervención del Estado social en el sentido de un abandono progresivo de su rol de garante de derechos sociales y políticos; 2. La estabilización de la economía luego de años de hiperinflación y las reformas económicas estructurales que se implementaron (aunque sus bases habían sido instaladas antes de la última dictadura militar en Argentina) y que produjeron como consecuencia el aumento del desempleo y de las desigualdades sociales, y 3. La debilidad de las instituciones representativas para expresar las demandas de un mundo social cambiante, cuya capacidad de negociación, otrora en manos de los sindicatos, estaba siendo al mismo tiempo debilitada a causa de la descolectivización de los reclamos.

Esta serie de procesos tuvo como correlato directo la transformación del rol y de las responsabilidades de los gobiernos provinciales y del estado nacional. Las relaciones entre el Estado y las provincias fueron severamente afectadas. Estas reformas tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo de movimientos de protesta en algunas provincias, como Neuquén, Salta, Corrientes, Jujuy, entre otras.

Dentro del conjunto de reformas establecidas por Carlos Menem, la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, que reducía las expensas públicas (eliminando casi los subsidios a las provincias, es el caso del subsidio al azúcar en las provincias azucareras como Jujuy y Salta, o el tabaco en Misiones), se articuló a la Ley de Reforma del Estado que sentó las bases para un proceso de privatización de empresas estatales. Las privatizaciones incluyeron una amplia gama de empresas, como las aerolíneas, la telefónica, el subterráneo, los trenes, los medios de comunicación, el agua, la electricidad, la extracción y la producción ligada a empresas de gas y petroquímicos y a aquellas ligadas a la manutención y extensión de obras públicas, como las rutas. A lo largo del país, los subsidios regionales y los beneficios industriales fueron eliminados o modificados y el ministro de economía Domingo Cavallo dio cauce a lo que se llamó ‘la convertibilidad’ (un peso era igual a un dólar), lo cual tuvo un fuerte impacto en la competitividad regional.

A pesar de la paridad peso-dólar y de la estabilización de la moneda y del PNB, al menos hasta 1998 (luego de años de hiperinflación), el desempleo creció de manera exponencial en estos años, especialmente luego de 1995. La economía se abrió a las importaciones extranjeras, proceso cuyos inicios se remontan a la última dictadura militar (1976-1983). Los servicios públicos en el área de la salud y la educación fueron descentralizados y traspasados a la órbita de responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y, por lo tanto, los niveles de pobreza también aumentaron y se habló entonces de una transformación profunda, cualitativa, de la sociedad argentina.

En efecto, en 1995 el desempleo ascendía a 18,4%, luego descendió a 13,7% en la segunda mitad de 1997. Este año resultó ser clave en cuanto a la movilización social, ya que se producen casi cincuenta piquetes o cortes de ruta simultáneamente en todo el país, de los cuales quince transcurren en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. Bajo amenaza constante de Gendarmería, en el marco de un gran desprestigio y estigmatización (por ser consideradas ilegales en cuanto a la forma del corte de ruta), las protestas que ocurren durante el mes de mayo, del 19 al 31 en la provincia de Jujuy, tienen como resultado la renuncia de gobernadores y la respuesta de las autoridades nacionales y provinciales. No sin negociaciones, tensiones, avances y retrocesos, los gobiernos deciden responder con puestos de trabajo precarios y subsidios varios a la pobreza.

Sin embargo, dichas respuestas resultan insuficientes para paliar la gravedad de la situación social. En la segunda mitad de 2001, y como anticipando los acontecimientos de diciembre de 2001, la tasa de desempleo alcanzó nuevamente 18,3% según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Las consecuencias de las políticas económicas de los años noventa produjeron entonces una de las situaciones sociales más graves de la historia argentina.

El proyecto democrático que se desarrolló en Argentina desde 1983, lejos de traer consigo un crecimiento económico que permitiera enfrentar las desigualdades sociales, no hizo sino profundizarlas. Según un informe de la ONU, en 2005 la Argentina era uno de los países más desiguales de América Latina. La tasa de desempleo es uno de los indicadores de este proceso. La pobreza, como sabemos, no puede medirse de modo unidimensional. Si observáramos, por ejemplo, el ámbito de la salud, de la educación, del acceso a los servicios públicos o la cuestión de la vivienda, podríamos notar la misma evolución en la dirección de una profundización de la brecha entre ricos y pobres.

Las provincias argentinas menos desarrolladas, con una economía centrada en el sector servicios y un empleo público elevado, como Jujuy, fueron escenario de conflictos diversos que tuvieron consecuencias políticas y económicas. En las ciudades provinciales en donde el Estado era el principal empleador, como la ciudad de San Salvador de Jujuy, y en las que toda la actividad económica giraba en torno a alguna empresa estatal, como en Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, o en Tartagal y Mosconi en Salta, con la empresa nacional de exploraciones petrolíferas YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), las consecuencias de estas medidas fueron dramáticas para la estructura ocupacional.

Es en este marco que aparecen las primeras organizaciones piqueteras. Los conflictos por ellas protagonizados desafiaron la legalidad y pusieron en cuestión la frontera entre los, cada vez más numerosos, excluidos del mercado de trabajo y la minoría incluida, mientras interrogaban a la sociedad argentina en su conjunto. La pregunta que uno podría dejar formulada es la de saber de qué modo una sociedad puede tolerar el crecimiento de las desigualdades y las injusticias que de allí derivan, y cuáles son los límites de esa tolerancia.

Volviendo a las consecuencias de las reformas en las provincias, sedes de los conflictos durante toda la década de los noventa, es necesario señalar que existieron paliativos o elementos amortiguadores de dichos conflictos. En efecto, si bien las provincias se empobrecieron, el ex Presidente Carlos Menem generó un sistema de reparto de recursos del gobierno nacional a las provincias, lo cual fortaleció el sistema clientelar o de patronazgo. Su propósito era asegurarse el control de los gobernadores, de modo de evitar que la grave situación social tuviera consecuencias que lo condenaran a nivel electoral.

Siguiendo a Susan Stokes, podemos decir que, de todas formas, esta manipulación del gasto con fines de control que producen las autoridades argentinas hacia fines de los años noventa, con el objetivo de ganar al votante, no asegura la fidelidad de los que son beneficiados con dicho gasto. Según su análisis, "a veces tales gastos incrementaron el apoyo electoral hacia el gobierno oficialista local, pero otras veces no tuvieron ningún efecto o hasta disminuyeron el apoyo electoral. De ahí los peligros electorales del gasto. Este último resultado nos lleva a reconsiderar teóricamente los tradeoffs o lo que llamamos la movilización negativa que puede resultar del patronazgo y el clientelismo" (Nazareno, Stokes y Brusco, 2006, 1). Este control a través del gasto no pudo evitar, sin embargo, las crisis políticas provinciales.

En efecto, a nivel del sistema político, la fragmentación del peronismo que afectó a la élite gobernante y los conflictos sociales cada vez más importantes provocaron la renuncia de ocho gobernadores desde los años ochenta, originando una inestabilidad política que justificaba los rumores de una intervención federal a la provincia, lo que nunca ocurrió.

En síntesis, luego de la apertura democrática de los años ochenta⁷ , la década de los noventa significó una serie de cambios que abrieron un nuevo espacio de ‘oportunidades políticas’, lo que permitió a diversos sectores manifestarse públicamente, principalmente a los movimientos piqueteros. Sobre la protesta social se operaron también una serie de cambios. Marina Farinetti (1999) en ¿Qué queda del movimiento obrero? señala cuáles han sido algunos de estos cambios: el conflicto laboral se desplaza del área industrial al sector público, hay una disminución de reclamos por aumentos salariales, un crecimiento de la cantidad de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, una reducción del total de huelgas, un incremento del número de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva, y un aumento de la frecuencia de las protestas en las provincias, las que colocaron en el centro del debate público los temas relativos al desempleo y a las consecuencias que en general tuvo la política económica de ajuste.

Recursos y ‘participación’ en las organizaciones piqueteras

En las organizaciones piqueteras participan individuos en su mayoría desocupados, quienes son movilizados por líderes, también desocupados, pero que –a partir de ciertos recursos políticos específicos– se sitúan en una relación desigual respecto de los miembros de las bases y asumen el rol de representantes, que puede declinarse de diferente modo, como veremos más adelante. Pero nos interesa en principio señalar que dichas organizaciones son la expresión de transformaciones sociales profundas de la sociedad argentina.

En Argentina, la exclusión de una buena parte de la población del mercado de trabajo, como consecuencia de las reformas mencionadas antes, determinó la pérdida de los derechos políticos y sociales que habían sido conquistados durante los dos primeros gobiernos de Perón (1946-1952 y 1952-1955). En este sentido, las organizaciones piqueteras se nutren de las trayectorias de individuos en situaciones de pobreza y exclusión, otrora integrados a una ‘clase obrera’ como actor político protagónico de los conflictos sociales. Podríamos decir entonces que si bien las organizaciones piqueteras son heterogéneas ideológicamente, como lo han señalado M. Svampa y S. Pereyra (2003), muestran un elemento en común, que es precisamente una experiencia vivida, la de la exclusión, en dos sentidos: exclusión del mercado de trabajo formal y exclusión del ámbito institucional de la representación política.

Estas organizaciones crecen gracias a los recursos principalmente aportados por el Estado (aunque hay algunas que reciben financiamiento de las ONG) y establecen relaciones ambiguas con las formas clásicas de articulación política, cuestionando a las principales fuerzas de este carácter que han dividido tradicionalmente el campo político argentino: el Partido Justicialista y el Partido Radical.

Así, desde el inicio de las protestas en Jujuy, las autoridades nacionales respondieron con una serie de Planes de Emergencia Laboral (PEL) y de planes de empleo a escala nacional, que tuvieron diferentes características y nombres como, Plan Trabajar I, II y III o, más recientemente, Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados implementado por el gobierno de Duhalde en 2002⁸ , con el fin de detener la protesta y paliar en parte los efectos dramáticos de la crisis del 2001.

Si bien dichos planes fueron presentados como herramientas destinadas a combatir el desempleo y a permitir la inclusión social de las poblaciones excluidas, eran limitados en su alcance y solo se destinaron a dos millones de desocupados, lo que representaba apenas la mitad del total de la población afectada, dejando fuera de su alcance a familias pobres que no cumplían con los requisitos. Además, en cuanto a su aplicación, se trató de un subsidio otorgado de forma temporaria, por solo unos meses⁹ . En conclusión, si bien el Estado, a través de sus organismos de gobierno, dio una serie de respuestas a las demandas sociales, estas estuvieron lejos de resolver la grave situación. Se trató más bien de paliativos cuya función fue la de subsidiar la pobreza.

Estos recursos del Estado en un principio los distribuyeron las municipalidades. Luego, en la medida en que las organizaciones piqueteras fueron reconocidas como actor social y político, y dependiendo de la presión ejercida sobre las autoridades provinciales y nacionales (a través de la metodología de protesta del corte de ruta), los recursos fueron también distribuidos por ellas, así como por otras organizaciones sociales no gubernamentales y confesionales.

Si, por un lado, la afluencia de recursos a las organizaciones logró neutralizar en parte sus acciones violentas y directas, ello obligó a aquellas piqueteras a competir entre sí por la obtención de dichos recursos. Así, estas tuvieron, desde su aparición, un rol de ‘mediadores’ entre las bases de desocupados y las autoridades estatales, tanto locales como nacionales. Son estas las que reclamarán desde un inicio el control de los planes y ayudas estatales, hasta ese entonces distribuidos y administrados, como dijimos, por las municipalidades.

Si observamos el orden interno de los grupos piqueteros, especialmente en el caso de las grandes organizaciones como la CCC (Corriente Clasista y Combativa) o la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), la participación en las asambleas y en los piquetes o cortes de ruta, así como en sus actividades, es condición para acceder a los recursos. Así, para poder obtener un ‘plan’, los individuos tienen que sumar puntos interviniendo en las actividades, y deben respetar las normas de disciplina de cada organización. La participación está lejos entonces de poder ser definida en términos del liberalismo clásico como una decisión libre. Los individuos están en cierta medida obligados a participar, y acceden a ello, en principio, siguiendo la promesa de obtener un plan o subsidio más tarde.

Este es un punto paradójico de la participación en la organización, ya que, en muchos casos, el cumplimiento de los requisitos de pertenencia a esta entra en tensión –para algunos de sus miembros– con la posibilidad de encontrar trabajo. Esta tensión podría resumirse del siguiente modo: el discurso de los líderes de la organización habla de una lucha de más largo aliento, política, cuyos ‘enemigos’ están identificados. En cambio, para los miembros restantes de las bases, la organización es una etapa provisoria en sus intentos por salir de la situación de desempleo. La categoría de ‘lealtad’ y de traición son fundamentales en este caso: la partida de la organización motivada por la búsqueda de trabajo es vista como una traición a aquella, como una suerte de free rider que define sus objetivos siguiendo su interés personal.

Esta norma de justicia definida por la organización misma, según la que los individuos que más participan tienen más derecho a obtener un plan o un subsidio, genera una lógica contradictoria. Muchos de los miembros de esta se vieron en un momento dado en la disyuntiva de participar del organismo organización (esto es: de sus asambleas, cortes de ruta, etcétera) o bien de trabajar, por lo general, realizando pequeñas labores en el sector de servicios o en la construcción, llamados –en el vocabulario local– ‘changas’.

En efecto, es el caso de Juan, quien pertenecía a la CCC desde el año 2002. En el 2007, cuando yo estaba en el último tramo de mi trabajo de campo, se presenta en una de las asambleas generales de la organización. Hacía varios meses que Juan no estaba yendo a las actividades. Había dejado entonces de participar de las asambleas. Esto se explica porque Juan había obtenido una changa¹⁰ , luego de la cual decide volver a la organización. Se presenta en una asamblea general para explicar su situación, que es así ‘juzgada’ por todos sus compañeros. J.C. Alderete, líder de la misma, explica que ellos son ‘tolerantes’ frente a los compañeros cuando estos, por una razón u otra, no pueden cumplir con las obligaciones de la organización.

Esta ‘tolerancia’, que nosotros llamaremos flexibilidad, transforma las fronteras identitarias de la organización en canales fluidos. En períodos electorales, por ejemplo, es sabido que una buena parte de los miembros ‘trabajan’ para los punteros y candidatos de los partidos políticos locales. Este trabajo consiste en ayudar a realizar las tareas necesarias para la campaña, ya sea realizando pintadas en las paredes, distribuyendo propaganda, etc. La asistencia a los eventos políticos ligados a la campaña electoral de ciertos candidatos no es incompatible –aunque parezca paradójico– con la asistencia a las asambleas y la participación en las organizaciones piqueteras. Se establece así un movimiento entre la participación en esta y las demás posibilidades laborales, siendo la organización un recurso último.

La flexibilidad da lugar a lo que llamamos en otro artículo ‘identidades volátiles’ o ‘flotantes’ (Rodríguez Blanco, 2002b, 26 y 34), y resulta una dimensión fundamental de la constitución de las organizaciones. Sin embargo, esta flexibilidad presenta ciertas diferencias según cuál observemos y según la provincia. En efecto, la debilidad en términos de cantidad de miembros, de capacidad de negociación y de recursos disponibles de algunas de estas como la CCC (en ciertos momentos y localidades), o bien de los MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados), los obliga a tener una estrategia más permisiva respecto de la participación de sus militantes. Dicho de otro modo, las consignas menos permisivas y menos flexibles de ciertas organizaciones han jugado un rol contrario a la movilización, favoreciendo la expulsión de sus miembros.

En el caso de la organización Tupac Amaru de Jujuy (que forma parte de la CTA), en cambio, su fuerte poder de negociación con las autoridades provinciales la sitúa en un sitio más confortable desde el cual no es necesaria una estrategia flexible respecto de sus miembros¹¹ . Siendo que ella dispone de recursos, de capacidad de negociación, y se ha transformado en los últimos años en una verdadera fuente de empleo, las posibilidades de que alguno de sus miembros decida irse o cambiar de organización son ínfimas. De todas maneras, en efecto, cada cual tiene una disciplina diferente que no podremos profundizar aquí.

Finalmente, el análisis de estos incentivos selectivos y de los requisitos

o exigencias de participación de la organización nos permite extraer algunas conclusiones respecto de la noción misma de ‘participación’. Participar en estas significa estar presente en todas las actividades que la aquella propone. Esta presencia es la que otorga el derecho luego a percibir recursos. El aumento de la capacidad de movilización de estas organizaciones tiene una incidencia directa en el incremento de su poder de veto o impedimento, de presión y de su poder de negociación. En la próxima sección analizaremos el rol de los líderes en la gestión de recursos, en la movilización y en la representación de los piqueteros.

Naturaleza de los liderazgos piqueteros: origen social, carrera militante y criterios de selección de los líderes

Una vez evocado el sentido de la participación dentro de las organizaciones piqueteras, analizaremos las características de los líderes. ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué tipo de carrera militante han realizado? ¿Cuáles han sido sus roles en la organización de los piqueteros?

Con el objetivo de dar cuenta de la naturaleza del liderazgo, identificamos los criterios de selección de los líderes, sus orígenes y carreras militantes y sus vínculos al interior de las organizaciones. En cuanto a los motivos por los que los miembros de estas aceptan las propuestas y promesas de sus líderes para participar en ellas, aspecto que no podremos profundizar aquí, diremos que hemos constatado el estrecho vínculo con las situaciones de miseria y de pobreza por la que estos individuos atraviesan. Sin embargo, diremos también que la permanencia en su interior no se explica solo por razones de necesidad, sino por motivos simbólicos: la organización representa, en efecto, una seguridad y una contención para los individuos y sus familias en situaciones de vulnerabilidad.

Si observamos comparativamente las trayectorias de los líderes de las diferentes organizaciones, notaremos que todos han tenido experiencias de militancia política y/o sindical y todos –con algunas excepciones– han sido trabajadores asalariados en la industria, quedando desocupados entre los años 1980 y 1990. ¿El hecho de ser desocupados favoreció a estos líderes para llegar a los liderazgos? Podemos decir que no, puesto que es gracias a sus recursos organizativos (facilitados en buena medida por su pertenencia a redes políticas) y a su capital militante que logran organizar a la población desocupada, pero constatamos que el haber sido desocupados y entonces ‘iguales’ a los miembros de las bases, resulta un argumento esencial que otorga legitimidad a los líderes, precisamente en momentos de crisis. Los casos que presentamos aquí ilustran bien esta idea, a la que volveremos en detalle en el próximo punto. Sin embargo, lo que permitió que sus liderazgos tuvieran continuidad en el tiempo fue más bien el hecho de mostrar el conocimiento de las ‘necesidades de la gente’ y cierta eficacia en la resolución de sus problemas.

Seguir las trayectorias militantes o ‘carreras militantes’ de los líderes piqueteros de ‘primera línea’ nos permite entonces ilustrar dos cuestiones: 1. que los líderes piqueteros comparten una experiencia de vida ligada a la desocupación, que los acerca a sus bases movilizadas, 2. que los líderes tienen largas trayectorias de compromiso militante, heterogéneas, pero que, en todo caso, los distingue de las bases, puesto que, en su mayoría, ellos jamás tuvieron experiencia militante alguna. Entre las diferentes trayectorias reconocidas, se destaca aquella de la militancia sindical; por ejemplo, en el caso de la CCC y de la CTA, así como de la organización Tupac Amaru, dentro de la CTA, cuyos líderes tienen historias de larga militancia en el movimiento obrero, en su vertiente sindical. Otros líderes de organizaciones piqueteras buscan ser reconocidos como ‘delegados’ y no como representantes de los desocupados. Así, ellos se afirman en oposición a lo que consideran la ‘política formal’ o partidaria. Su historia militante los liga a movimientos barriales, algunos muy vinculados a la universidad o a movimientos de derechos humanos, como es el caso de los MTD, aunque existen variantes, dado que es un espacio sumamente heterogéneo. Finalmente, hemos constatado la presencia de liderazgos vinculados a partidos políticos de izquierda minoritarios y antielectoralistas, como el PCR (Partido Comunista Revolucionario), presente dentro del movimiento obrero sindical y del movimiento de desocupados a través de la CCC.

El análisis del origen social de los líderes que protagonizaron la protesta piquetera muestra, entonces, que se trata de orígenes políticos y carreras militantes ciertamente diversos. Mientras Carlos Santillán viene del sindicato de empleados municipales SEOM y de una militancia dentro del PCR, así como Carlos Alderete, quien proviene también de una militancia partidaria en el Partido Comunista Revolucionario y de la militancia en el contexto de las luchas obreras en Córdoba en los años sesenta, otros líderes llegan a establecerse a la cabeza de organizaciones piqueteras luego de trayectorias ligadas a redes políticas peronistas. Es el caso de Milagro Sala, dirigenta de la organización Tupac Amaru, quien llega a la protesta de desocupados sin haber sido nunca obrera ocupada (recordemos que se trata de una provincia con un nivel bajo de industrialización, contrariamente a Buenos Aires), habiendo tenido algunos puestos en la municipalidad gracias a sus contactos con las redes políticas peronistas, alimentados desde el inicio de su militancia, a los 18 años, en el PJ (Partido Justicialista). Su relación con un sector de este partido, opuesto a la fracción dominante liderada por el ex Presidente Carlos Menem, la llevó a desarrollar una lucha muy marginal dentro de la CTA, que, como dijimos, es un sindicato sui géneris que se escindió de la CGT (Central General de Trabajadores), y que aunque no tiene estatuto jurídicamente reconocido de sindicato, conserva una estructura sindical y cuenta actualmente con un reconocimiento público importante. Es dentro de esta estructura que Milagro Sala se ocupa de gestionar un programa estatal llamado ‘Copas de Leche’, cuyo propósito era la distribución de leche entre la población más desfavorecida de los barrios jujeños, en el marco de las actividades organizadas por el área social de la CTA. Esta actividad le permitió a Milagro Sala acumular un capital organizativo importante y un conocimiento concreto de la situación social en los barrios, que se agregó a la experiencia propia de pobreza y marginalidad. Otros líderes menos conocidos en la escala nacional, pero con fuerte trabajo territorial como Héctor ‘Toti’ Flores, encuentran sus orígenes en el Movimiento al Socialismo (MAS) y en su contacto con el Movimiento de Comunidades Eclesiales de Base, que se desarrolla en América Latina, principalmente en Brasil y en Argentina, durante los años sesenta y setenta. Su trabajo en el movimiento de desocupados lo acercó al movimiento de derechos humanos, que marcó a la Argentina en la década de los ochenta. Una característica común a estos liderazgos es el cuestionamiento a la clase política y a las formas representativas partidarias y sindicales existentes, razón por la cual no pueden ser reducidos a liderazgos sindicales, sin bien, en muchos casos, los sindicatos de procedencia tienen peso en la organización.

Una característica común a estos líderes es que en casi ningún caso han vuelto a insertarse en el mercado de trabajo. El rol de líderes de las organizaciones piqueteras se ha vuelto un verdadero trabajo subsidiado por el Estado. Algunos de ellos, sin embargo, han vuelto a la actividad político-partidaria y se han sumado al juego político-electoral, como es el caso de un dirigente del MTD de La Matanza, de militancia ligada al MAS, que se presentó a elecciones locales como diputado dentro de un partido de centro recientemente creado y liderado por Elisa Carrió con un discurso de transparencia y de denuncia de la corrupción. Es el caso también de Luis D’Elía, líder de la FTV (Federación de Tierra y Vivienda), ligada a la CTA y al peronismo, quien, en el gobierno de Néstor Kirchner, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social. La experiencia de estos líderes en los movimientos de desocupados supuso la adquisición de recursos, de capital organizativo y la alianza dentro de redes políticas con movimientos de derechos humanos y partidos políticos. Sin embargo, es su larga trayectoria política previa lo que les facilitó llegar a ocupar puestos políticos.

En cambio, otros líderes han rechazado sistemáticamente las ofertas de ocupar cargos políticos. Estos líderes, en general de largas carreras militantes, que no han vuelto a reinsertarse en el mercado de trabajo, independientemente de sus preferencias políticas, se han transformado en verdaderos gestores de recursos y pilotos de las organizaciones piqueteras, motivados por acrecentar el poder de movilización de aquellas. Podemos decir entonces que se han profesionalizado y adquirido una experiencia y saberes, al tiempo que las