El Chile que se viene: Ideas, miradas, perspectivas y sueños para el 2030

Por Ricardo Lagos y Oscar Landerretche

Se escucha entre los políticos de hoy, sin duda, golpeados por la crisis que enfrenta nuestro sistema democrático, la frase "Faltan Ideas". Uno se ve tentado a creerlo. Se Repite tanto esa frase que a veces se puede llegar a pensar que es verdad, que no hay mentes jóvenes con ideas frescas y con la disposición a cambiar Chile. Elaborando este libro, he descubierto que esto es falso, que estams llenos de juventud, ideas, he descubierto que es falso, que estamos llenos de juventud, ideas, talento, convicciones, ganas y energía.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 13 may 2013
• ISBN: 9770363241068

Vista previa del libro

LAGOS, RICARDO; LANDERRETCHE, OSCAR (editores)

Causas perdidas / Ricardo Lagos y Oscar Landerretche (editores) Santiago, Chile: Catalonia, 2011

ISBN: 978-956-324-106-8

ISBN Digital: 978-956-324-163-1

Diseño de Portada: Guarulo & Aloms

Ilustración de Portada e Interior: Guillo

Editor de textos: Luis San Martín Arzola

Dirección Editorial: Arturo Infante Reñasco

Diagramación: Sebastián Valdebenito 

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.

Primera Edición: Diciembre, 2011

ISBN: 978-956-324-106-8

ISBN Digital: 978-956-324-163-1

Registro de Propiedad Intelectual Nº 211.657

© Fundación Democracia y Desarrollo

© Ricardo Lagos – Oscar Landerretche (editores)

© Catalonia Ltda., 2011

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl - Twitter: @catalonialibros

Índice de contenido

Portada

Créditos

Índice

El Chile que se viene

Introducción

Ricardo Lagos | Chile 2030: siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad

Hacia una democracia 2.0

Enzo Abbagliati | Medios sociales y ciudadanía: ¿una nueva democracia?

Claudio Fuentes | Una comunidad de iguales: reformas políticas para Chile 2030[1]

Daniel Brieba | Chile hacia un sistema electoral 2.0

De la gradualidad a la revolución en educación

Dante Contreras | Desigualdad y políticas educacionales: desde la ley de subvención preferencial a una subvención escolar pública

Cristian Bellei | La educación pública que Chile necesita

Miguel Crispi | La marcha larga: el desafío político de la reforma de la educación superior

Martha Kluttig | Wikimaestros: desde la marginalidad hacia el protagonismo docente

Hacia una sociedad de garantías y obligaciones

José Roa | La revolución de los derechos de los consumidores

Claudia Peirano | Un borrador de un sueño: Chile, el mejor lugar para crecer

Aldo González | Nueva institucionalidad para la protección del consumidor financiero

Chile nodo y las mejores ciudades para vivir

Andrés Gómez-Lobo | Perros vagos, gigantografías y otros males modernos

Pablo Bello | @señorajuanita: conectividad, democracia, calidad de vida y desarrollo

Nicolás Valenzuela-Levi | La ciudad igualitaria: las políticas urbanas que vienen

La población como motor del desarrollo

Jorge Contesse | El permanente desafío constitucional: reconocimiento de pueblos indígenas y derechos colectivos

Enrique Calfucura | Empoderamiento, emprendimiento local y desarrollo de los pueblos indígenas

Mauricio Jélvez | El capital político y el capital social como ejes de la nueva política de desarrollo

Marcela Ríos | Mujeres e igualdad: la promesa pendiente[1]

Crecer quebrando la tendencia en la distribución del ingreso

Daniel Hojman | Política industrial: desarrollo inclusivo con la innovación como bien público

Oscar Landerretche | Reforma tributaria: girando el modelo de desarrollo hacia lo humano[1]

Andrea Repetto | Un trato laboral: de la lógica del conflicto a la lógica de la negociación[1]

Chile, potencia de energías renovables

Alejandro Gutiérrez | Chile, plataforma de energía: distribuida, inteligente y limpia

Marcelo Mena | El desafío ambiental y el sueño de la ciudad sustentable

Alex Godoy | Una nueva forma de evaluar políticas, a la altura de lo que queremos ser

Marcela Angulo | Eficiencia energética como una política pública permanente

Conclusiones

Oscar Landerretche | El Big Bang

Notas

El Chile que se viene

Ideas, miradas, perspectivas y sueños para el 2030

Ricardo Lagos y Oscar Landerretche

Editores

Se va a empezar a insinuar en la agenda las demandas y necesidades de aquellos sectores medios, de aquellos que al dejar atrás la pobreza, buscan tener un horizonte mejor. Y empezaremos a escuchar por todos lados: si ya quedaron atrás los días más duros, quiero seguir avanzando y lograr un mundo mejor para mis hijos. Y es aquí donde la de- manda educacional pasará a ser un tema central; Tendremos exigencias crecientes por una educación de calidad, con recursos adecuados y donde disminuya la brecha entre el sistema público y el privado.»

Ricardo Lagos, Diario Clarín, Argentina, Septiembre 2, 2007

Introducción

Chile 2030: siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad 

Ricardo Lagos

Ricardo Lagos es abogado de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la Universidad de Duke. Fue Pre- sidente de la República de Chile entre el 2000 y el 2006. Antes de eso fue ministro de Educación (1990-1992) y de Obras Públicas (1994-1998). Ha sido enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Durante largos años desempeñó una destacada carrera académica desarrollada como Secretario General de la Facultad Lati- noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), como académico asociado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el Programa Regional de Empleo de Naciones Unidas (PREALC). Posteriormente, y previo a su carrera ministerial, desarrolló una dilatada carrera política que incluyó participar en la fundación y dirección de la Alianza Democrática, el Partido por la Democracia y la Concertación de Partidos por la Democracia. En la actua- lidad preside la Fundación Democracia y Desarrollo desde donde dirige un conjunto de proyectos académicos y se encuentra asociado al Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown.

Hace varios años un lúcido Primer Ministro francés, señalando eventos que ocurrirían a futuro, me dijo: «En política tres meses es un larguísimo plazo, en los que es difícil prever lo que puede ocurrir». He pensado en él porque ahora, poco tiempo después del documento «2030» que se entregó a la opinión pública a través de la red en el Quinto Poder, vemos que estos han sido cinco meses muy extensos. El panorama de Chile es otro. Ha cambiado fuertemente. Surgió una protesta, que primero fue estudiantil pero que luego abarcó otros sectores de la sociedad, en donde quedó de manifiesto un malestar que no tenía una expresión política clara, sino que reflejaba el sentir profundo de un país, de una sociedad que parecía entender que no había una orgánica política que pudiera interpretar y canalizar sus demandas cabalmente. La marcha de aquellos que iban tras un lienzo que decía «El pueblo unido avanza sin partidos» era un llamado de alerta y de atención muy profundo para el país que queremos construir entre todos.

Por eso el documento de hoy es distinto, en el sentido de que refleja el mismo conjunto de desafíos, los cuales, sin embargo, son cada vez más urgentes de abordar. La deslegitimación institucional que se ha producido ha sido muy grande y la necesidad de reconectar con este nuevo Chile que emerge se hace cada vez más imperioso. Hace algunos meses, cuando se lanzó la primera versión de este documento, hablaba de siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad; y por ende, en el texto se ponía el énfasis en la distribución del ingreso como hilo conductor de la próxima fase política. Hoy, cuando todos hablan con tanta fuerza de cómo la actual distribución del ingreso en Chile es injusta, inmoral y otros epítetos similares que cruzan el espectro político, quisiera creer que estamos en condiciones de avanzar con seriedad en este tema y con medidas concretas. No siempre existieron estas condiciones… veremos si las actuales permiten cambios concretos. Cuando uno lleva suficiente tiempo en política, tiene la memoria como para recordar que no siempre hubo tanto entusiasmo con estas ideas.

Esto significa que en lo político surge la imperiosa necesidad de discutir profundos cambios institucionales o bien enfrentar el desafío de una nueva Constitución construida a partir de los cambios que se han logrado. Las protestas estudiantiles significan que en el ámbito de educación se requiere una reformulación y un renovado sentido de urgencia. Las protestas ambientales, las que se han articulado, por ejemplo, en torno al rechazo de un proyecto hidroeléctrico, muestran que se hace más necesario que nunca un entendimiento sobre qué tipo de política energética queremos a futuro. Las manifestaciones por la diversidad muestran que nuestra institucionalidad requiere ajustes urgentes. De ahí entonces que este texto introductorio tenga algunas modificaciones respecto del que lanzamos como borrador hace algunos meses. Si alguien se toma el trabajo de leer ese documento original, notará que preveíamos lo que podía ocurrir; lo que no previmos es que ocurriría tan pronto. Saquemos entonces, también tentativamente, algunas enseñanzas de un conjunto de elementos que nos demuestra que aquello que puede parecer como consenso, institución o sentido común, puede dejar de serlo rápidamente.

En mi concepto, este no ha sido solo un gran movimiento estudiantil en demanda de una mayor calidad y equidad en la educación. Detrás del movimiento están padres y apoderados, están los profesores, hay miles y miles de ciudadanos, hay toda una emergente clase media que tras veinte años de desarrollo ininterrumpido ha dejado atrás la línea de pobreza bajo la cual vivían y que ahora, por cierto, se plantean nuevos objetivos que implican nuevas demandas ciudadanas. Esta nueva clase media tiene un mayor nivel educacional, se siente mucho más empoderada, más segura de sí misma y quiere ser escuchada más que antes por los poderes públicos; cree tener algo que decir sobre la nueva sociedad chilena que emerge y pide –corrijo–, exige a sus dirigentes que la escuche. Para muchos de ellos, la movilidad social, esto es, la posibilidad y capacidad de ascender socialmente, es algo normal, obvio, esperable en un país decente. Esperan que sus hijos tengan un mejor futuro que el que ellos han tenido en sus vidas y, por sobre todo, que enfrenten condiciones que les permitan a ellos labrar su futuro y no simplemente asumir las consecuencias del lugar en la escala social en donde han nacido.

Esta nueva sociedad chilena demanda una mayor participación en los procesos de diseño, deliberación y decisión de los asuntos públicos. ¿Tenemos la institucionalidad adecuada para escucharlos? Por cierto que no. Es por eso que a ratos, cuando la solución del conflicto no parece avanzar, la élite no parece escuchar y se empieza a notar la frustración entre los que protestan, los actores sociales y los voceros de los movimientos, que comienzan a hablar de la necesidad de cambios en las reglas de juego democráticas, de plebiscitos y consultas ciudadanas, de iniciativa popular de ley y sistemas electorales proporcionales. Pero claro, nuestra institucionalidad solo contempla algunos pocos de estos mecanismos en situaciones excepcionales o en el ámbito municipal. ¿Cómo daremos cuenta de esta necesidad?

Esta clase media tiene claro que no es homogénea, pues se entiende a sí misma como heterogénea. Hoy aceptamos que hay diversas maneras de ver lo que es el núcleo familiar, así como también aceptamos la diversidad étnica que compone nuestra sociedad. Pero lo más importante es que esta emergente clase media acepta la diversidad como parte de la riqueza de Chile, de su identidad como nación; no la considera extraña, no se siente amenazada por sector social alguno, se siente partícipe del país como un todo. Por eso en los censos vemos cómo se proclaman y se reconocen como miembros de las etnias originarias de nuestro país. Por eso vemos en el renacer de la identidad regional en varias partes del país. Por eso vemos el resurgimiento y sofisticación de expresiones culturales, musicales y artísticas de profunda raigambre popular que atraviesan a todos los sectores sociales. Solo unos pocos quedan que insisten en refugiarse en su tribu. Los demás son un país. ¿Cómo damos cuenta de esta nueva realidad?

Son entonces estos nuevos sectores medios, culturalmente abiertos, sofisticados en sus prácticas de consumo, complejos en sus gustos, globalizados en su mirada, orgullosos de su raigambre popular, tolerantes en sus costumbres y cambiantes en sus orientaciones políticas y religiosas, los que están comenzando a cambiar Chile. Lo que vemos en la calle no es una movilización en función de una política pública, es el renacer del pueblo de Chile.

¿Y qué decir entonces de los hijos de estos sectores emergentes? ¿Qué decir de esos jóvenes, que son los que están en las calles? Están allí porque sienten que no tienen otra forma de ser escuchados, porque sienten que existe un país real y concreto que no se refleja en sus instituciones, su repartición del poder y sus procesos políticos. Sienten que el país les pertenece y que lleva demasiado tiempo en manos ajenas.

Es lo que ha sucedido tantas veces en nuestra América Latina, cuyos pueblos sienten cada cierto tiempo que tienen que salir a protestar con los pies, caminando, conscientes de que su movilización para ser escuchada requiere ser decidida y pacífica, conduciéndose sin violencia pero sonando fuerte, vehemente y controlada la vez. Tantas veces ese delicado equilibrio ha sido un desafío para nuestro pueblo. Lo es nuevamente. Ahí están esas fotos que han dado la vuelta al mundo de jóvenes enfrentando a encapuchados, valientemente representando lo que sienten las grandes mayorías. Enfrentando a los encapuchados como ciudadanos, sin organizaciones militantes como las que existieron antaño, a cara descubierta y con el sentido del honor cívico en el rostro.

Este entonces es un mundo distinto. Es lo que está en el trasfondo de las inmensas manifestaciones de protesta que se suceden desde Nueva York a Madrid, desde Roma a Berlín, desde Atenas a Israel. Es que así como hay una Primavera Árabe, aparentemente hay una nueva Primavera de los Pueblos en los países de ingresos medios y más avanzados, una ciudadanía que señala que no le gusta cómo la sociedad está organizada, y la forma cómo está resolviendo la crisis económica.

El telón de fondo es un mundo en donde aparecen injusticias muy flagrantes junto a beneficios demasiado grandes, concentrados en muy pocas manos. ¿Qué explica que en Estados Unidos haya surgido un movimiento con el título del 99%? Muy simple. El otro 1% dispone aproximadamente del 24% del ingreso de la economía americana. En 1970 ese mismo 1% disponía solo del 10% de la economía americana. Es un enorme aumento en la concentración del ingreso gracias a las políticas neoliberales y la desregulación del sector financiero, que es de donde surge esa mayor concentración. Esta es la razón por la cual, antes de las movilizaciones estudiantiles, señalamos con fuerza la necesidad de lograr una mejor distribución de ingreso. Era y es el imperativo de equidad que debía necesariamente pasar y traspasar todas las políticas públicas de aquí en adelante. De un modo un poco implícito, el año 1990 se pensó, ingenua e incorrectamente, subestimando la fuerza del mercado vis-à-vis la de las políticas sociales, que disminuyendo la pobreza se mejoraba también la distribución del ingreso. Por el contrario, Chile ha demostrado que se puede bajar la pobreza en cifras muy significativas, y al mismo tiempo mantener la misma distribución después de veinte años.

Creo que se está en presencia de un cambio epocal que determinará cómo se organizarán las sociedades futuras para satisfacer estas nuevas demandas. Si no se logra, este malestar de tantos actores se continuará expresando, como ahora, coordinadamente a través de la red y de plaza en plaza. Internet es la plataforma tecnológica para que estos movimientos se organicen, surjan y protesten. Es improbable que esto decaiga pronto.

¿Cuántos de nuestros dirigentes y líderes políticos realmente reconocen que existe esta nueva realidad o comparten nuestro diagnostico? ¿Cuantos de nuestros dirigentes y líderes han superado el cómodo cinismo respecto de lo que pasa en las calles y se dan cuenta de que los cambios sociales están para quedarse? A pesar de todo lo que ocurrió, siento que no tantos, cuando menos no suficientes para que estemos seguros de que los movimientos sociales se materializarán en cambios políticos.

Por eso es que los siete desafíos propuestos en marzo de este año se han vuelto más urgentes que nunca. Si planteamos entonces poner el sistema electoral como primer aspecto a ser reformado, ahora es imperativo. Si planteamos entonces hacer una gran reforma educativa, ahora se ha vuelto una exigencia para el desarrollo de Chile que no puede sino enfrentar este desafío. Y para aquellos que sostienen que faltan ideas y que este tipo de planteamientos son slogans: digámoslo con claridad, que este es un texto de ideas y no de slogans, y sólido en sus argumentos. Solo quisiera decir que a seis meses de publicado el ensayo original, nadie todavía ha cuestionado la relación estrecha que hay entre distribución de ingreso en los países más avanzados, con las condiciones económicas y sociales en dichos países. A mejor distribución, mejores indicadores sociales y económicos. A peor distribución, peores indicadores sociales y económicos. Y hoy Chile, al igual que el resto de los países de América Latina, tiene una mala distribución. Nadie desea que seamos un poco más ricos, pero que en este proceso de crecimiento no hemos sido capaces de ir modificando desde ahora la distribución de ingreso para estar entre aquellos países que por tener mejor distribución tienen mejores condiciones de vida… Eso no queda en duda. Y ese es el desafío y la opinión pública tiene que tener claro donde están las opciones políticas y prioridades públicas de unos y de otros. En último término eso es la política. Aprender a distinguir unos de otros.

Lo que ocurrió en Chile llama a los dirigentes políticos, sean de Gobierno u oposición, a una introspección profunda sobre qué nuevos caminos vamos a ofrecer a los ciudadanos. En lo personal, esperaría que la coalición que condujo a Chile durante veinte años y que supo encabezar una transición ejemplar, pueda estar a la altura de su historia para conducir, con ideas y acciones, esta nueva transición a la que Chile está llamado, y que es demandada por el sentir más profundo del alma nacional, expresado en el esfuerzo político y en la convicción de los jóvenes de Chile.

Quisiera señalar mis agradecimientos a tantos que enviaron sus comentarios a la primera versión de este texto. Sus puntos de vista ayudaron a enriquecer el documento que sigue. Pensar en las ideas que deben conducir esta nueva fase de desarrollo es un esfuerzo colectivo de muchos que tienen el interés de Chile como el norte de su pensamiento. Siempre ha sido cierto –pero hoy cobra particular relevancia– la premisa de que las ideas para conducir lo público son el resultado de reflexiones colectivas. No siempre hemos sido fieles a este principio, pero una parte central de lo que nos está diciendo la ciudadanía es que ya no será posible desviarnos de él.

Los autores que participan de este volumen han hecho un esfuerzo por presentar temas nuevos al debate público, o presentar temas antiguos de una forma nueva. Algunos de ellos han tratado de ser deliberadamente provocadores, especialmente cuando han tenido a su cargo temas que han sido postergados por mucho tiempo. Evidentemente que como editor no comparto todos y cada uno de los temas, puntos de vista o soluciones que han planteado los distintos autores. Coincido con la mayor parte de lo que ellos plantean, pero no en todo. En eso consiste la conversación pública que debemos tener hoy, honesta, franca, directa, sin necesidad de simular consensos que no existen. Y es por eso que si bien ahora este texto está impreso, tiene que seguir siendo considerado como un documento en proceso de elaboración, tal como lo planteamos en marzo. Los cambios que se introducen son resultado de lo que ha ocurrido en estos meses y de los comentarios que se han recibido. Bienvenido los cambios que lo perfeccionan. Así esperamos contribuir a los debates que Chile necesita.

El porqué del imperativo de más igualdad

En los próximos diez o doce años, Chile será un país desarrollado, si es que nos limitamos a entender por «país desarrollado» el que ha alcanzado un ingreso por habitante de 20 mil dólares por año. Los que vienen serán también años positivos para muchos de nuestros vecinos en América Latina. El motor de la economía china, como se ha dicho, seguirá empujando el crecimiento de la región: cuando China crece un punto porcentual adicional, países como el nuestro aceleran su crecimiento en al menos un 0,3 - 0,4%. Ello significa que si China sigue creciendo a un ritmo de 10% anual, tenemos garantizado un crecimiento del orden del 4%, como resultado de nuestra capacidad de exportarles bienes básicos. Esto, sin duda, establece una base importante para el proceso de crecimiento. Pero no confundamos crecimiento económico con desarrollo: tenemos que definir hoy qué tipo de sociedad queremos construir en Chile durante los próximos veinte años, y abordar, ahora, los cambios necesarios para sentar las bases de ese futuro. Nadie lo hará por nosotros y no se producirá solo como resultado del crecimiento económico al que nos induzca China o cualquier otra fuente de demanda que venga el mundo.

Al menos desde la revolución industrial, las sociedades han depositado su confianza en que un aumento en la producción de bienes acarreará mayor bienestar y mejores condiciones de vida para sus integrantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, prácticamente se universalizó como medida estándar del bienestar económico, y el crecimiento en sí se transformó en el objetivo final de las políticas de desarrollo. Esto se sustentaba en la fuerte correlación que existía entre el ingreso per cápita y otros indicadores de bienestar. Sin embargo, hoy, por primera vez, constatamos que en los 30 países más ricos del mundo el crecimiento de la economía ya no implica, necesariamente, una mejora en los indicadores sociales, de salud o de educación.

Claramente, la relación directa entre crecimiento económico y mejoramiento en los indicadores sociales es nítida en las primeras etapas de desarrollo, pero una vez que se alcanza la valla de 20 mil dólares de ingreso anual por habitante, lo central pasa a ser la distribución del ingreso. Es la distribución del ingreso la que explica los avances y retrocesos de los países ricos, no el ingreso por sí mismo. La Figura 0.1 muestra como dos indicadores de bienestar cambian en su sensibilidad frente al ingreso per cápita cuando se supera cierta barrera.¹

Gráfico 0.1 Ingreso per cápita, expectativas de vida y felicidad humana

Fuente: Wilkinson y Pickett (2009).

Si analizamos la relación entre ingreso por habitante y esperanza de vida, países con un ingreso de entre mil y tres mil dólares (Zimbabwe, por ejemplo), presentan una esperanza de vida de poco más de 40 años; países cuyo ingreso por habitante se acerca a los ocho mil dólares (como El Salvador), tienen una esperanza de vida de 71 años: los indicadores mejoran en relación directa con el aumento del ingreso por habitante.

Sin embargo, como ya hemos anotado, dicha relación tiende a desaparecer –o por lo menos se vuelve mucho más suave– cuando se sobrepasan los 20 mil dólares de ingreso por habitante. Así, la esperanza de vida en Estados Unidos es inferior a la de Japón, a pesar de que Estados Unidos tiene un ingreso superior. Más notable aún: países como Grecia o Nueva Zelanda, cuyo producto corresponde a la mitad del de Estados Unidos, tienen una esperanza de vida superior.

La situación es similar con otro indicador, el llamado «Índice de Felicidad Humana», si examinamos la relación entre el bienestar económico y cuán feliz o poco feliz se siente la población de un determinado país.

Sin duda, los valores, la cultura y el marco de referencia identitario de cada sociedad influyen en la forma en que se aprecia la abundancia o la carencia de bienes materiales. Pero también es cierto que la correlación entre ingreso y medidas objetivas o percepciones de bienestar es muy clara y directa en los primeros estadios de desarrollo económico: por cada aumento del ingreso por habitante, la población alcanza un mayor grado de satisfacción o «felicidad». Luego, a partir precisamente del momento en que se alcanza un ingreso por habitante de 20 mil dólares, la correlación entre ingresos y felicidad desaparece. La felicidad o infelicidad ya no está determinada tan centralmente por el ingreso, sino que se vincula con otros factores como, por ejemplo, la cohesión social, y por cierto, asociadas a ella, una alta movilidad social, igualdad de oportunidades y acceso a la educación. Todos asuntos que dependen, básicamente, de una distribución del ingreso más igualitaria. A la larga, el nivel de cohesión social tiene que ver, necesariamente, con una sociedad más igualitaria, donde las diferencias entre los niveles de ingresos se han atemperado.

La pregunta, entonces, es qué tipo de distribución de ingreso quiere tener la sociedad chilena si aspiramos a ser un país desarrollado en los próximos 10 o 12 años. ¿Queremos realmente convertirnos en una sociedad más igualitaria? ¿Trataremos el objetivo distributivo como un tema que no resulta relevante hoy y que veremos cómo resolver más adelante? ¿Haremos como que el problema de la distribución del ingreso es algo que se solucionará solo a medida que el país alcance mayores niveles de ingreso?

A medida que nos acercamos a la barrera de los 20 mil dólares por habitante, será la distribución de ingresos la que incida con mayor fuerza sobre los indicadores de salud, educación y esperanza de vida, entre otros. Los países más igualitarios del mundo desarrollado tienen menos homicidios por cada 10 mil habitantes que otros países más desiguales; países más igualitarios tienen un menor porcentaje de la población en prisiones, exhiben un menor consumo de drogas y, en general, tienen mayores oportunidades de vida que los países más desiguales. Las cifras son demasiado evidentes como para no plantearse, desde ahora, cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para alcanzar esa situación.

¿De qué estamos hablando concretamente? ¿Dónde deberíamos poner nuestra mirada? ¿Cuál debiera ser nuestro objetivo? Probablemente debiera ser parecernos a países donde el 20% de la población perteneciente al quintil más alto tiene un ingreso promedio de, a lo más, entre 4 y 5 veces el promedio del quintil más pobre. Una realidad muy diferente a la de Estados Unidos o Singapur, donde el quintil más rico tiene un ingreso 8,5 o 9 veces mayor que el quintil más pobre (Figura 0.2). Y a partir de este diferencial, buena parte de los indicadores sociales que se han mencionado pasan a correlacionarse de una manera muy elevada (al respecto, ver Figura 0.3, que muestra diagramas de Wilkinson y Pickett (2009) ilustrando la correlación entre desigualdad de ingresos y una variedad de indicadores de salud, convivencia cívica y problemas sociales).

Gráfico 0.2 Distribución del ingreso entre países desarrollados

Fuente: Wilkinson y Pickett (2009).

Implicancias para Chile: no todos los caminos conducen a Roma

Gracias al crecimiento de los últimos veinte años, hoy Chile tiene casi 15 mil dólares por persona en paridad de poder de compra. El ingreso por habitante aumentó a un ritmo muy superior al del promedio de América Latina, lo que deja al país en una excelente posición para «alcanzar» a los países ricos. Entre 1990 y 2010, la pobreza se redujo desde un 40% a un 11%, o 15% de la población según el indicador que se use para medirla (el de Naciones Unidas o el del Gobierno). Mejoró también significativamente la distribución de ingreso, en tanto el 20% más rico tiene un ingreso promedio 14 veces mayor que el ingreso promedio del 20% más pobre. Sin embargo, gracias a una política social destinada a focalizar el gasto en los grupos de ingreso más bajos, esta desigualdad se reduce a 7,8 veces, en lugar de 14. Es, sin embargo, todavía alta si la comparamos con la media de los países ricos. Además, en la Figura 0.2 no se incluye el efecto de las políticas sociales de esos países, de modo que podemos decir que la política social en Chile logra que la distribución del ingreso llegue a ser la que tienen los países más desiguales de entre los desarrollados, antes de que apliquen su política social.

Gráfico 0.3 Correlaciones entre desigualdad e indicadores de salud, comportamiento cívico y problemas sociales

Fuente: Wilkinson y Pickett (2009).

Gracias, precisamente, a la política social, ha sido posible mejorar la distribución del ingreso exclusivamente por la vía de subsidios a los más pobres. Hasta ahora, lamentablemente, Chile tiene el triste récord de una distribución de ingresos que no solamente no es mejorada por la estructura tributaria, sino que levemente empeorada².

Por ello es importante, en esta nueva etapa, entender que un nuevo pacto fiscal resulta indispensable para mejorar la distribución del ingreso y aumentar, simultáneamente, los ingresos del Estado, de modo de satisfacer la creciente demanda de bienes públicos de una sociedad que aún no ha alcanzado el desarrollo. Este es el desafío mayor que tenemos por delante. Agostini (2008) calcula que si Chile llega a los 20 mil dólares, debiera estar en 25 o 27% de impuestos sobre el PIB, como es hoy Nueva Zelanda o Portugal, que se encuentra más cerca del 30. Este nuevo pacto fiscal debe implicar una reforma tributaria profunda, que permita, ahora sí, mejorar la distribución de ingresos después de impuestos. Ese es, sin duda, el desafío mayor.

Chile enfrenta hoy una nueva etapa. Debemos dar un salto cuantitativo y de largo plazo, y definir políticas de Estado en un conjunto de materias. La sociedad tiene que ser convocada para consensuar, más allá de las diferencias políticas, un conjunto de temas que expresan los grandes desafíos del futuro. La situación general de Chile hoy es distinta, y muchos de los instrumentos y herramientas que veníamos utilizando han alcanzado su límite, como ocurre, por ejemplo, con los subsidios fiscales. Es el momento de cambiar de mirada.

En síntesis, Chile tendrá que enfrentar al menos siete desafíos en los próximos veinte años. Ellos son: 1) reformar profundamente su democracia; 2) implementar un cambio revolucionario en su sistema educativo; 3) avanzar en forma muy decidida hacia una sociedad de garantías y obligaciones; 4) avanzar en la infraestructura de conectividad y en calidad de vida urbana; 5) implementar políticas que coloquen a la población como el principal motor del proceso de desarrollo; 6) sostener tasas aceleradas de crecimiento quebrando la tendencia en la distribución de ingreso; y 7) colocar a las energías renovables en el centro de nuestra estrategia de desarrollo. En muchos de estos asuntos, por cierto, podríamos tomar caminos muy diversos, con resultados muy diferentes. Siempre hay opciones y no todo los caminos conducen a Roma; por ello necesitamos abordarlos con una mirada de largo plazo y teniendo claras las consecuencias de las decisiones que se adopten. Necesitamos traducir sus implicancias para la vida cotidiana del ciudadano común.

Los siete desafíos

Cuando el crecimiento económico resultaba fundamental para sacar a millones de compatriotas de la pobreza, asuntos como los que ahora vemos con tanta claridad parecían lejanos e incluso secundarios. Algunos de los temas que hoy nos aparecen como imperativos se sentían un lujo reservado para países de mayor nivel de desarrollo. Hoy, en vísperas de acceder a una sociedad más rica, se hace indispensable definir qué forma queremos que adopte esa sociedad: y ello debe hacerse considerando no solo lo económico, sino asuntos tan diversos como el sistema político institucional, las nuevas tecnologías, las consecuencias de las migraciones o la matriz energética. Precisamente porque fuimos capaces de disminuir drásticamente la pobreza de millones de chilenas y chilenos, es que estamos en condiciones de abordar nuevas tareas.

Primero: hacia una democracia 2.0

Sin más y mejor democracia, las posibilidades de abordar los otros seis desafíos se reducen drásticamente. La calidad de la política, entendida como la capacidad de construir acuerdos de largo plazo en beneficio del país, es clave para el éxito de cualquier empresa colectiva.

En una sociedad democrática los individuos son iguales en derechos y deberes, y el voto no depende de la capacidad de consumo. El desarrollo es la ampliación creciente de las libertades, de las posibilidades y de los derechos de las personas. No hay dictaduras progresistas; no hay progreso sin democracia.

La democracia, en último término, es la existencia de un sistema institucional que permita a los ciudadanos deliberar y decidir respecto de cuáles son los bienes públicos que se debe garantizar a toda la población, en qué magnitud se han de entregar y cuales serán las definiciones estratégicas del tipo de sociedad que se desea. La voluntad ciudadana toma esas decisiones a través de las instituciones de la democracia, y es esa voluntad ciudadana la que en el largo plazo se constituye en el bien común que debe ser cautelado por las instituciones del Estado.

La democracia representativa, que garantiza nuestras libertades, debe abrirse a esta nueva realidad para fortalecerse. Esta es una tarea de los partidos políticos, del parlamento y de los gobiernos. La democracia debe cambiar sus prácticas, reconstruir su legitimidad política y cultivar valores éticos ante los ojos de los ciudadanos.

Estamos frente a una nueva sociedad, como se dijo al principio: una que exige más participación. Tenemos que desarrollar una democracia más inclusiva, que esté a la altura de las expectativas de esa nueva sociedad. El andamiaje político que emerge en los 90 está obsoleto, desgastado, y ahora tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en un nuevo sistema institucional que responda a las exigencias de nuestros tiempos. Nuestra ciudadanía reclama un Estado más empoderado y activo que no sea «subsidiario», sino que obedezca al mandato ciudadano, disponiendo de las herramientas para hacerlo. Para lo anterior se requieren a lo menos seis cambios profundos en nuestra institucionalidad política:

Primero: en 2010, en un libro que se escribió con motivo del Bicentenario (Lagos, 2010), señalé en sus conclusiones finales: «…es evidente que Chile debe plantearse si la Constitución que hoy tenemos es suficiente para abordar la totalidad de los temas que aparecerán con fuerza mañana. Aquí entonces surge un asunto central que dice relación con el carácter que la Constitución chilena da al Estado, según sea este un ente subsidiario que juega un rol solo cuando el sector privado no lo hace, o bien es más activo y puede actuar sin perjuicio de lo que hagan los privados. Este es un tema profundo que la sociedad chilena desea que solo los privados puedan tomar en sus manos determinadas áreas para su desarrollo, o, ¿pueden asimismo los ciudadanos resolver qué ámbitos requieren también una participación activa del Estado para, en representación de los intereses de la mayoría, poder satisfacer las exigencias de esta? Un tema que requiere un debate serio porque en este punto la actual Constitución no ha sido objeto de una discusión acorde con su magnitud, pues cuando se establecieron dichas normas imperaba un sistema autoritario, y una vez terminado este había puntos más importantes, como los famosos enclaves».

Tal como señalé en el texto recién citado, hay que abordar este tema, y, con mayor razón, luego de la gran crisis financiera mundial que devino en económica el 2008, que obligó, como señalamos en el mencionado texto, a que la Política –con mayúscula– procediera a resolver y conjurar los efectos de esa crisis para que no se expandiera y terminara en una Gran Depresión como la de 1929. Nadie discute, en consecuencia, la necesidad de un rol activo, protagónico por parte del Estado en la construcción de una sociedad. Este es el primer tema a abordar en el debate constitucional.

Segundo: necesitamos enfrentar la pregunta de si vamos a continuar con el sistema presidencial actual, evolucionar hacia un sistema parlamentario o implementar una mezcla de ambos. Es bastante evidente que la debilidad relativa del parlamento en el proceso político chileno genera grandes riesgos para la sostenibilidad de nuestra democracia. No es de extrañar la debilidad del sistema de partidos actual en un sistema parlamentario marginado como el que tenemos. La expresión más clara de la irrelevancia del parlamento en el sistema actual es lo que ha ocurrido recientemente con cuatro senadores integrando el gabinete del Presidente de la República y teniendo hoy, en consecuencia, cuatro senadores designados por las directivas partidarias. Es evidente que los senadores involucrados consideran secundario su rol como tal frente a la posibilidad de participar como ministros del poder ejecutivo. Esto es un trastocar del espíritu de lo que planteaba la Constitución del 2005. Allí la directiva tenía la función de resolver a quién reemplazaba cuando el senador o diputado moría o estaba inhabilitado. Nunca se supuso que se volvería tan frecuente renunciar a un curul para desempeñar una cartera. Si esta tendencia tiene visos de continuar sería deseable, entonces, devolver la decisión de los votantes, ejecutando elecciones complementarias para los cargos parlamentarios vacantes, como se hacía en la Constitución previa al Golpe de Estado.

Tercero: los estudiantes en sus demandas originarias señalaron, con razón, la importancia de reformar el sistema electoral binominal. Esta demanda, según encuestas recientes, tiene la aprobación mayoritaria de los chilenos (Encuesta CERC, septiembre 2011). Como es obvio, los estudiantes han tenido que concentrarse en sus propias demandas y este tema tan fundamental ha quedado prácticamente abandonado. Por ello, he señalado reiteradamente³ que la Concertación y demás fuerzas opositoras deben hacer de este tema un tema central para enfrentar al Gobierno. Este aspecto no requiere mayor discusión porque se lleva discutiendo 23 años. No es antojadizo decir que la razón por la cual no se ha avanzado nada en este tema es porque se opone la derecha. Ahora es cuando la Concertación, fiel a los valores con los que se constituyó, debe tener un planteamiento claro y nítido ante el país, y emplazar al Gobierno aquí y ahora a sentarse a conversar. La legitimidad de nuestro sistema político así lo exige; no hacerlo implicará que todas las coaliciones políticas terminen con diputados y senadores designados por las coaliciones políticas y que la ciudadanía observe, una vez más, largas discusiones sobre cupos y ofertas de candidatos, diseñadas para garantizar resultados, deteriorando aun más el interés de los votantes como resultado de la falta de competencia.

Cuarto: hacer una revisión de los reglamentos de quórum y de súper mayorías involucrados en los diferentes tipos de reformas legales. Esto es esencial, porque hoy en día, en la práctica, estos quórum consagran un veto de las minorías, que hacen prácticamente imposible a un Gobierno electo con mayorías razonables poder ejecutar el programa para el cual fue elegido. Esta suerte de veto de la minoría durante 20 años ha hecho una contribución importante a deslegitimar el sistema político chileno.

Quinto: la necesidad de tener un estatuto de los partidos políticos para asegurar una adecuada representación de los mismos⁴. Y para ello han surgido voces que señalan la necesidad de tener elecciones primarias, públicas, abiertas y vinculantes, e implementar medidas para garantizar una democracia interna al interior de los partidos políticos, entendiendo que estos pertenecen a la ciudadanía toda, lo que implica crear una superintendencia de partidos políticos que vele por la forma en que se administran, y asimismo establecer un financiamiento público adecuado de los partidos para que estos puedan desempeñar adecuadamente sus tareas.

Sexto: establecer la posibilidad de celebrar plebiscitos vinculantes sobre temas de interés nacional. Se debiera permitir que un número significativo de ciudadanos tengan iniciativa legislativa y el poder de derogar leyes vía plebiscito llamado al efecto. La iniciativa para que los ciudadanos puedan derogar leyes aprobadas por el Congreso es de vital importancia en una democracia participativa, y para ello el plebiscito debe ser vinculante. Por cierto, para solicitar un plebiscito de esta magnitud se debe requerir un número elevado de firmas de ciudadanos que lo pidan y, realizado el plebiscito, este deberá ser válido solo cuando un porcentaje significativo de los que tienen derecho a votar participen efectivamente en él. Qué importante sería para los parlamentarios saber que si deciden legislar en contra de la mayoría comunitaria entre sus representados, estos tienen la capacidad de derogar lo que hayan acordado los representantes.

Estas modificaciones son muy profundas, y por ello muchos hablan de la necesidad de una Asamblea Constituyente. A lo mejor, como una forma de lograr la necesaria discusión ciudadana, debiera explorarse esta posibilidad. Lo que ocurre es que aquello puede tomar un largo tiempo y tal vez es más expedito implementar los cambios sobre la base de un acuerdo amplio sobre los puntos señalados, avanzando de inmediato. Por lo demás, si ello ocurriere así, nada impide que tras esos acuerdos concretos de reforma institucional pueda abrirse posteriormente un debate serio y calmado sobre una nueva constitución. Lo que está claro es que tras las protestas de un país que se siente empoderado, pero a la vez insatisfecho con la forma como está organizada nuestra sociedad, este tema es urgente. Después de todo, en esta reforma se juegan las reglas democráticas para dirimir cada una de las otras demandas y/o desafíos que trae el futuro.

Estas cinco grandes modificaciones a nuestra institucionalidad deben hacerse con el telón de fondo de un desafío global que no es solo para la democracia chilena, sino que para todas las democracias del mundo. Esta nueva tendencia con mayores estándares de participación ciudadana es lo que llamamos la Democracia 2.0.

El gran cambio que se produjo en Internet durante los últimos 10 años fue cuando la red pasó en su versión 1.0, en que usuarios eran espectadores de los contenidos ofrecidos, a la versión 2.0, en que los usuarios generan los contenidos (Facebook, Wikipedia y, modestamente, El Quinto Poder). El quiebre entre estos dos momentos de la red fue la «crisis.com». Del mismo modo, hoy la política sufre una «crisis.com». La nueva plataforma tecnológica comunicacional ha cambiado la política, y así lo vemos en todo el mundo. Los jóvenes, en particular, reclaman nuevas formas de participación y de democracia continua, más allá de las elecciones. Reclaman dejar de ser espectadores y convertirse en generadores de contenidos.

Por más de un siglo, nos acostumbramos al esquema en que los mensajes tenían dos extremos: en uno estaba el emisor, en el otro, millones de consumidores ávidos por recibir el mensaje. En el siglo XIX, todo político quería tener un diario; en la primera mitad del siglo XX, una radio; y en el último tercio de este, un canal de televisión: el objetivo era llegar al máximo de ciudadanos posible. Hoy, emisores y receptores se confunden en la red. Mañana, gobiernos y partidos, ciudadanos y militantes, podrán intercambiar opiniones y consultarse cotidianamente. Será otra forma de hacer política. Hay que prepararse para ello.

Este es el tema que Enzo Abbagliati aborda en su artículo «Medios sociales y ciudadanía ¿Una nueva democracia?», donde analiza las consecuencias previsibles, pero también las muchas oportunidades que presentan las nuevas tecnologías y redes sociales para hacer efectivo el desarrollo de una democracia más participativa y con ciudadanos que, usando estas tecnologías, hacen escuchar su voz. De igual manera, es esta ciudadanía la que Claudio Fuentes revisa en su artículo «Una comunidad de iguales: reformas políticas para Chile 2030.» Allí Fuentes pasa revista al desafío que significa para la sociedad chilena el que la ciudadanía hoy valora de manera pobre la actividad política, y no solo eso, sino que además valora pobremente el mecanismo de acción colectiva en términos generales. Su hipótesis sobre este decaimiento de la valoración ciudadana de la actividad pública le obliga a pensar en la necesidad de establecer un nuevo estatuto de derechos políticos y ciudadanos como parte de nuevo contrato social (a la Rousseau). Daniel Brieba, en su análisis del sistema electoral 2.0, profundiza en los problemas que este presenta y se plantea dos opciones: una, que sería un sistema electoral con mayor proporcionalidad, lo que considera optimo para un país como Chile, que siempre ha tenido un sistema de múltiples partidos; y dos, lo que él considera una reforma más realista –dadas las restricciones de la realidad política– pero insuficiente, que sería una forma de dar un primer paso para abandonar el sistema binominal, avanzando en la dirección de tener una cierta proporción de parlamentarios electos por este peculiar sistema y otros por un sistema proporcional. Personalmente, creo que tras tantos años a la espera de un cambio hay que atreverse a lo menos a intentar llegar al ideal, para satisfacer a una ciudadanía que así lo demanda.

Segundo: de la gradualidad a la Revolución en educación

Dije en marzo del 2011:

«Un país cohesionado es aquel en donde todos tienen la percepción, o incluso la certeza, de que independientemente de la cuna en que nacieron, todos los niños dispondrán de un sistema educacional que les asegure igualdad de oportunidades. Si por igualdad de oportunidades entendemos la posibilidad de acceder a educación de calidad más allá de la capacidad de pago de cada uno, tenemos aquí una tarea todavía pendiente, no obstante lo mucho que se ha avanzado.

»Todos coinciden en que esta es la gran batalla que debemos seguir dando, pero para darla hay que entender que se trata de un camino de largo aliento, donde nada se inventa de la noche a la mañana, y que la única forma de avanzar es estableciendo, como país, objetivos en el largo plazo.

»Comencemos por reconocer los avances de estos 20 años (Brandt, 2010). Los datos de la prueba PISA son claros. En 2000, un 52% de los estudiantes chilenos obtenía resultados considerados «adecuados»; la cifra se elevó a 63% el año 2006; y a 69% el año 2009. ¿Y qué dice la OCDE cuando analiza los resultados de la prueba PISA? (OECD, 2010). Dice que estos avances se explican por el Programa de las 900 Escuelas que introdujo el principio fundamental de discriminación en educación para avanzar en calidad: dar más donde hay menos. El mismo criterio que se aplicó con el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, iniciado también en la década de los 90. Respecto de las mejoras hacia el año 2009, buena parte de ellas es resultado de la Jornada Escolar Completa que se ha venido implementando en los últimos años a partir de su establecimiento en 1996. En consecuencia, es a partir de estos datos que tenemos que avanzar y mejorar.

»Otro informe reciente, de McKinsey (Mourshed, Chijioke