Chile 1970-1973: Mil días que estremecieron al mundo

Por Franck Gaudichaud

Al ritmo de las luchas colectivas que marcaron el gobierno de Salvador Allende, este libro muestra el desarrollo y radicalización del movimiento obrero, las formas de autoorganización y los repertorios de acción utilizados. Aborda también los debates y estrategias de la izquierda chilena, estudia las relaciones complejas, a veces tensas y contradictorias, que mantienen entonces el movimiento popular, las organizaciones partidarias, los sindicatos y el gobierno. Este enfoque, centrado en la historia de los cordones industriales y las diversas formas de "poderes populares constituyentes" urbanos que surgieron en la periferia de Santiago y en algunas de las grandes ciudades del país, permite renovar nuestra comprensión de este episodio fundamental de la historia del siglo XX. Este libro abre también nuevas pistas de interpretación de los eventos que condujeron -hace ya más de cuarenta años- al fin trágico de la Unidad Popular con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

• Idioma: Español
• Editorial: LOM Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 21 mar 2017
• ISBN: 9789560008244

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71).

Primera parte

El Chile de la Unidad Popular

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud. [...] Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.

Programa de la Unidad Popular,

17 de diciembre de 1969, Santiago de Chile

Capítulo 1

¿Un Estado de compromiso? Los fundamentos

de las relaciones entre movimiento obrero, partidos y Estado

Las relaciones entre los partidos políticos y el Estado, la evolución del movimiento sindical, las condiciones socioeconómicas así como la estructura de la clase obrera son elementos que, en parte, explican el particular modo en que se articularon las luchas sociales durante la Unidad Popular¹. Nos proponemos revisar, a grandes rasgos, los fundamentos del movimiento social urbano chileno, sus orientaciones políticas, su estructuración sindical y su nivel de organización.

La verdadera génesis del proletariado chileno se sitúa a mediados del siglo XIX y está directamente vinculada a la economía de enclave y al desarrollo del capitalismo minero dependiente². Las mutuales constituyen la forma inicial de organización obrera. En 1854 se funda la Sociedad Tipográfica de Socorro Mutuo, y como lo demuestra Manuel Barrera en su estudio histórico sobre las huelgas en Chile, la clase obrera adquiere rápidamente una práctica de acción directa y organizada, multiplicándose huelgas y conflictos, a veces violentos³. La primera gran ola de huelgas se produce en la estela de lo que Sergio Grez ha llamado la «regeneración del pueblo», que se desarrolla hasta fines del siglo XIX: las formas «primitivas de revuelta», rebeliones y bandidaje social son, poco a poco, remplazados por la huelga general⁴. En esta época, los obreros dejan su «marginalidad total» para intervenir directamente en la escena política nacional. Nuevas organizaciones aparecen.

Desde la creación de las Mancomunales y de las Sociedades de Resistencia a fines del siglo XIX hasta el surgimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT) en febrero de 1953, el movimiento obrero se constituyó en un actor nacional esencial en el desarrollo histórico chileno gracias, principalmente, a un movimiento sindical poderoso⁵. Su historia está también marcada por una permanente oscilación entre períodos de autonomía, de independencia y de subordinación a las instituciones estatales y a los partidos políticos que en ellas participan, así como por diversos momentos de alianzas parciales o de oposición frontal con ciertas fracciones de las clases dominantes⁶. Históricamente, los dos principales partidos «obreros» fueron el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que siempre buscaron canalizar y dirigir la fuerza de transformación social que entonces encarnaba, a sus ojos, el proletariado (sobre todo la clase obrera de la minería y de la gran industria), intentando orientar al movimiento obrero en función de sus objetivos del momento⁷. La actividad de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), en 1918-1919, puede ser sin duda descrita como una experiencia de poder popular constituyente. Producto de la miseria social en la que viven en ese entonces las capas populares (organizan «marchas del hambre» contra el alza del costo de la vida), la AOAN es también la prueba de la capacidad de organización de clase frente al Estado oligárquico⁸. Luis Vitale identifica, por su parte, varios otros ejemplos embrionarios de este tipo en el curso de los siglos XIX y XX. Finalmente, citemos las diferentes formas de autoorganización popular que aparecieron durante la ocupación de Puerto Natales en enero de 1919, o durante la llamada «República socialista» (4 al 16 de junio de 1932). Aunque ésta sólo dura algunos días, en los «comités revolucionarios» se pueden efectivamente identificar expresiones latentes de poder popular constituyente⁹.

Más allá del detalle de los eventos, subrayemos que en esta época se inicia un nuevo período histórico¹⁰:

En los años 20 se abre una nueva fase en que se pretende conjurar el fantasma de la insurrección popular promoviendo una legislación integradora que exige al mismo tiempo un auto control del capital sobre sí mismo. […] El conflicto social pasa a ser regulado por la potencia soberana del Estado. El proceso político que se inicia entonces tiene un carácter claramente preventivo. Se puede hablar de un ciclo político de larga duración que se extiende desde 1920 hasta 1973, caracterizado por la centralidad del Estado en el proceso económico¹¹.

La llegada de los gobiernos del Frente Popular permite una industrialización parcial llamada de «sustitución de importaciones». Las clases dominantes se revelan capaces de unificarse en torno a este Estado, instalando instituciones bastante flexibles para representar sus intereses (el «Estado emprendedor» descrito por los historiadores Pinto y Salazar). Al mismo tiempo que incorporan algunas fracciones del movimiento obrero, otras quedan excluidas¹². Así, los numerosos ciclos de brutal represión en contra de los trabajadores (las «grandes masacres») hacen parte de la memoria colectiva chilena: de Santa María de Iquique en 1907 a Puerto Montt en 1969. Sin embargo, si el régimen político chileno no es –sin duda– el de una «dictadura militar permanente¹³» sólo se puede hablar de un «Estado de compromiso» si no se le confunde, como lo hacen varios autores, con una «especie de democracia de consenso», ubicada fuera del tiempo histórico¹⁴. Como lo destaca José Benado Medvinsky, el «Estado de compromiso» chileno es principalmente una herramienta de control social –en manos de una burguesía industrial hegemónica– gracias especialmente a la entrega de ciertas concesiones económico-sociales hacia fracciones reducidas y específicas de las clases dominadas¹⁵. Es decir que el famoso «Estado de compromiso», invocado por numerosos analistas al momento de comprender el sistema político chileno y su excepcional estabilidad constitucional en comparación con otros países del Cono Sur (Bolivia por ejemplo), representa un equilibrio inestable y transitorio entre sectores dominantes y fracciones de las capas medias y obreras. En efecto, las elites chilenas lograron mantener la continuidad del Estado «liberal-oligárquico» (instaurado a mediados de los años veinte), institucionalizando parte de las reivindicaciones del movimiento sindical (y reprimiendo otras), marginando sistemáticamente al campesinado (y su sed de reforma agraria) e intentando incorporar en este «consenso» a las organizaciones partidarias de la izquierda, con el fin de perpetuar el modelo de enclave de capitalismo minero y enfrentar con éxito las múltiples movilizaciones de los trabajadores, de los campesinos y de los de «abajo». Gabriel Salazar ha subrayado, con razón, la presencia permanente de la violencia estatal y del autoritarismo en todo este periodo, pero también de una violencia popular disruptiva como forma de resistencia, característica del régimen republicano chileno, muy lejos del lugar común de una democracia pacífica o consensual¹⁶. Desde otra perspectiva, Gómez Leyton afirma:

En el Chile del siglo XX (1920-1973), la democracia no fue el régimen político predominante. Cuando éste existió no fue pacifico ni estable. Por lo tanto, no tuvo la duración que las ciencias sociales nacionales como extranjeras le atribuyen. […] El régimen democrático pleno en Chile tuvo una corta y agitada duración. Sostenemos que la democracia chilena existente entre 1958 y 1973 y no antes; fue una democracia eminentemente subversiva, por ende, conflictiva, inestable y con importantes grados de violencia política¹⁷.

Es a partir del período de Frentes Populares que los partidos políticos de izquierda y sindicatos obreros entran decididamente en la arena institucional e inician una política alternando negociación y lucha en contra de las clases dominantes del país. Esta integración truncada se desarrolla en diferentes fases, entre independencia y colaboración abierta, y pasando de la participación a la exclusión en los gobiernos sucesivos. En este contexto, las relaciones Estado-movimiento obrero están marcadas por un fenómeno de péndulo, en donde se mantienen varios ciclos de represión política y de movilizaciones colectivas, llevadas a cabo por las capas sociales descontentas o excluidas de ese famoso «Estado de compromiso». A partir de 1953, año de la creación de la Central Única de Trabajadores (CUT), el sindicalismo y el movimiento obrero se encuentran en un posicionamiento de oposición e independencia de clase relativa, en un contexto nacional de ascenso de los conflictos sociales, de inflación económica y de fuertes enfrentamientos ideológicos, con la Guerra Fría como telón de fondo. Bajo la dirección de Clotario Blest, cristiano revolucionario sin filiación partidaria, la CUT adopta posiciones radicales (especialmente el uso masivo del arma de la huelga general)¹⁸. De hecho, desde los primeros meses de su existencia, la CUT tiene que reafirmar su voluntad de autonomía frente al nombramiento de uno de sus dirigentes como ministro del Trabajo del gobierno del ex dictador

Carlos Ibáñez (1952-1958). Siguiendo los estatutos, el dirigente sindical es llamado a abandonar su puesto de dirección en la CUT¹⁹.

A comienzo de los años sesenta, el movimiento obrero chileno se encuentra, a pesar de todo, en una relación de fuerzas bastante más desfavorable que lo que había conocido durante los quince años precedentes²⁰. Es en ese contexto que el período de independencia «excepcional» (aunque siempre relativa) de la CUT llega a su término: en 1961, el PC reafirma su control sobre la Central para dirigirla, con los socialistas y la Democracia Cristiana (DC), hasta el golpe de Estado de 1973: los partidos de la izquierda refuerzan así su posición de dirección en la CUT²¹. El nuevo fracaso en las elecciones presidenciales de 1964 del candidato de la izquierda (Salvador Allende) apoyado por la CUT y la elección de Eduardo Frei (democratacristiano), acentúa la oposición entre el movimiento sindical y el gobierno²². Desde 1966, se asiste a una reestructuración del movimiento social, especialmente del proletariado urbano industrial y los sectores obreros ligados a la minería, los asalariados de la función pública (educación), los empleados del sector bancario, el movimiento estudiantil, el de pobladores y un movimiento campesino en plena expansión. En efecto, durante el gobierno de Frei, se registra un aumento de alrededor de un 125% de la cantidad de afiliados a los diferentes sindicatos. En esta coyuntura se acelera la descomposición del proyecto populista democratacristiano. Se trata de una época en que el conjunto de partidos obreros exalta las conquistas sociales de la revolución cubana en oposición a la llamada «revolución en libertad» de los democratacristianos, enmarcada directamente en el plan previsto por la administración Kennedy para contener el avance de la ola revolucionaria que entonces agita a América Latina. El plan «desarrollista» de la Democracia Cristiana promueve un conjunto de reformas importantes, que demuestran claramente el mayor peso que tiene la burguesía industrial en el seno de las clases dominantes, ya que se trata también de estimular ciertas ramas de la industria a través de la fusión con capitales extranjeros. Implica, además, la instalación de medidas destinadas a responder al estrangulamiento estructural que vive la economía chilena y también a una demanda social en aumento: «chilenización» del cobre, reforma agraria, programa de construcción de viviendas, reforma educacional…

Desde esta época, se puede ver el desfase creciente entre la dirección del movimiento obrero y las prácticas de luchas en la base, que tienden a desbordar al conjunto de los aparatos de representación y de mediación social tradicionales. Rápidamente, el gobierno opta por la represión abierta con, por ejemplo, el intento de aplastamiento de la huelga general del 23 de noviembre de 1967 organizada para oponerse al proyecto de reajuste salarial (5 muertos y varias centenas de heridos), o con la violencia policial en contra de los pobladores. En ese contexto, las formas que toma la acción reivindicativa del movimiento sindical se modifican cualitativa y cuantitativamente. En efecto, se produce un claro cambio de rumbo y la huelga se impone sobre la negociación colectiva. Se registran 723 huelgas legales en 1965, cifra que alcanza 1.142 en 1967 para disminuir a 977 en 1969. Otra señal importante es que se asiste a un salto cualitativo en la relación entre acciones legales e ilegales por parte de los huelguistas. En los primeros años de la década, la proporción de huelgas ilegales sobre el total de los conflictos es de un 72,6% (lo que en parte, deja en evidencia el carácter arcaico de la legislación laboral), y este porcentaje alcanza el 89,2% a comienzos del gobierno de Allende²³. Por otra parte, a partir de 1968, se manifiesta una importante tendencia hacia prácticas innovadoras de la huelga, con ocupación de fábricas e interrupción de caminos. La clase obrera minera e industrial sigue siendo predominante en estas acciones de protesta, pero son los campesinos y los obreros de la construcción los que se muestran más activos²⁴.

Podemos hablar, entonces, de una discontinuidad, incluso de una ruptura, en las formas que adquiere la lucha de clases a partir de 1964. Como lo destaca el sociólogo Manuel Antonio Garretón, es la legitimidad misma del sistema capitalista dependiente la que está en crisis en esta época²⁵. Estas consideraciones nos llevan a presentar de manera más precisa la situación de la clase obrera, objeto del siguiente capítulo.

1 Vitale, Luis, Interpretación marxista de la historia de Chile, Santiago, PLA, 1967. Obras generales sobre este tema: González Casanova, Pablo (coord.), Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Siglo XXI, 1984; Alba, Víctor, Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Ed. Limusa Wiley, 1964; Godio, Julio, Historia del movimiento obrero latinoamericano, México, Ed. Nueva Imagen, 1980, 2 tomos.

2 Vayssière, Pierre, Un siècle de capitalisme minier au Chili:1830-1930, Paris, Ed. du CNRS, 1980.

3 La importancia de la huelga tiene un significado sociológico de primer orden, ya que determina, en parte, la constitución del grupo obrero en tanto clase, llevándolo a posicionarse colectivamente en relación a los patrones y al Estado (Barrera, Manuel, «Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile», Santiago, Ceren, n°9, septiembre 1971, pp. 119-155).

4 Grez, Sergio, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile 1810-1890, Santiago, Ril, vol. XIII, 1997.

5 Barría, Jorge, Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, Santiago, Insora, 1963; Frías, Patricio, Construcción del sindicalismo chileno como actor nacional, Santiago, CUT-PET, Vol. I, 1993, y Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, Santiago, LOM ediciones, 1999.

6 Milos, Pedro; Garcés, Mario, Cuadernos de historia popular: serie Historia del movimiento obrero, Santiago, Cetral/CEAL, n°12, 1983.

7 Angell, Alan, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, México, Era, 1974.

8 De Diego, Patricio ; Peña, Luis; Peralta, Claudio, La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: un hito en la historia de Chile, Santiago, Sociedad Chilena de Sociología, 2002.

9 Vitale, Luis, ¿Que es el poder popular?, (folleto), Santiago, Sembrando, 1994, e Interpretación marxista de la historia de Chile, op. cit.

10 Julio Pinto y Gabriel Salazar hablan de Estado «nacional-desarrollista», que surgiría a partir de 1938 con el triunfo electoral de Pedro Aguirre Cerda (Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile, Santiago, LOM ediciones, 1999, Tomo I, p.

Comentarios para Chile 1970-1973

[Matias Nuñez · Calificación: 1 de 5 estrellas]

El comunismo es el peor cancer de la humanidad , lean.