De frontera natural a límite político: La demarcación de la Puna de Atacama (1881 - 1905)

Por Macarena Ríos Llaneza

"Materia de discordia entre cóndores y zorros" fue la expresión que el geógrafo inglés, Thomas Holdich, utilizó para referirse a la Puna de Atacama, una meseta desértica que se disputaron Chile y Argentina a fines del siglo XIX. Si bien la altiplanicie atacameña era considerada como un espacio hostil, el contexto del conflicto fronterizo entre ambos países transformó la visión negativa que se tenía sobre la Puna de Atacama, pasando de ser una geografía adversa a un objeto de disputa por el valor estratégico que se le atribuyó. Este libro explica cómo se fijó el límite chileno-argentino en la Puna de Atacama entre 1881 y 1905, indagando en la forma en que la cordillera de los Andes, entendida originalmente como una frontera natural, fue dando paso a la definición de un límite político basado en líneas rectas. El litigio por la Puna de Atacama se transformó en una controversia por el conocimiento debido a la necesidad de identificar cuál era la "verdadera" cordillera de los Andes. Un saber que adquirió las características de flexible y moldeable a los intereses nacionales de uno y otro país. El problema fronterizo en la Puna de Atacama constituye un ejemplo de la configuración del territorio que permite reflexionar sobre el carácter social y cultural de este, y sobre uno de sus elementos principales, como lo son los límites internacionales. Un caso histórico que pretende mostrar que, antes que realidades fijas e inamovibles, los deslindes también han sido construcciones sociales dinámicas, discutidas y modificadas a lo largo de la historia.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones UC
• Fecha de lanzamiento: 12 abr 2019
• ISBN: 9789561423879

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I. La frontera escrita: el Tratado de 1881 y la disputa por la Puna de Atacama

El Tratado firmado por Chile y Argentina en 1881 estableció como línea fronteriza entre ambos Estados la cordillera de los Andes de norte a sur, hasta el paralelo 52°S, fijando el límite por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividan las aguas y pasando por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro²⁴. El acuerdo determinó la cordillera de los Andes como límite internacional, confirmando el papel de deslinde fronterizo que se le había atribuido a esta realidad natural desde el inicio de la vida independiente de Chile y Argentina. Sin embargo, al mismo tiempo que se aceptaban los Andes como frontera internacional, se reconocía la pluralidad de la cordillera andina y los distintos criterios geográficos que debía seguir el trazado del deslinde fronterizo: las cumbres más elevadas y la divisoria de las aguas.

La firma del acuerdo internacional, que pretendió poner fin a la disputa territorial que durante décadas arrastraron los dos países, constituyó —contradictoriamente— una forma de diluir el intento de establecer un límite preciso, apareciendo entonces las múltiples posibilidades de deslinde que podían proyectarse en la geografía andina. La interpretación argentina del tratado priorizó las altas cumbres como criterio de demarcación, mientras la tesis chilena defendió la divisoria continental de las aguas. Las distintas lecturas del acuerdo significaban la posibilidad de extender la soberanía de cada país y tanto en el caso chileno como en el argentino, es posible apreciar cómo ambos estados, una vez firmado el tratado, implementaron prácticas diplomáticas que les permitieran sustentar sus tesis de demarcación, entre las cuales se contó el aplazamiento, la omisión del conocimiento geográfico y el uso de la imprecisión de las disposiciones legales.

Luego de la Guerra del Pacífico, una nueva área de disputa surgió entre Chile y Argentina: la Puna de Atacama. La meseta, que hasta entonces constituía un territorio sujeto a soberanía boliviana, había sido ocupada militarmente por el Estado chileno, al mismo tiempo que el Gobierno boliviano cedió a Argentina la posesión de la altiplanicie. La Puna de Atacama se constituyó en un nuevo problema en la historia del litigio chileno-argentino, y ambos países firmaron distintos tratados con Bolivia, los cuales no solo tuvieron como objetivo asegurar su dominio sobre la altiplanicie desértica, sino también confirmar la defensa del criterio de demarcación que cada uno venía sosteniendo. Así, tanto Chile como Argentina trasladaron a sus negociaciones con Bolivia las mismas prácticas que ya habían utilizado para la firma del Tratado de 1881.

Ha sido un lugar común en el estudio de la definición del límite chileno-argentino la idea de que los demarcadores se llevaron la sorpresa de que el Tratado de 1881 no se correspondía con la realidad natural: las altas cumbres no coincidían con la divisoria de las aguas²⁵. Sin embargo, el conocimiento geográfico existente en la época sobre la cordillera, el estudio de las negociaciones que dieron origen al tratado, junto con los distintos pactos firmados por Chile y Argentina con Bolivia, son reflejo de que para entonces las características geográficas de los Andes eran conocidas y que la omisión de las condiciones del cordón andino, y por lo tanto la contradicción en la que incurrió el pacto, fue una decisión interesada antes que un descuido. Para el nombramiento de los peritos en 1890 ya eran conocidas las imprecisiones del tratado y se encontraban delineados los criterios geográficos defendidos por los Estados chileno y argentino.

Explicar de qué manera la cordillera de los Andes se configuró como el límite oriental chileno, particularmente en la zona septentrional; mostrar el problema fronterizo chileno-argentino; analizar la expansión de Chile hacia el oriente luego de la Guerra del Pacífico y el litigio por la meseta atacameña, y explicar las negociaciones y acuerdos firmados tanto por Chile y Argentina, como los pactos de estos estados con Bolivia, son algunos de los objetivos de este capítulo. Así, se pretende mostrar cómo el conflicto fronterizo chileno-argentino se transformó en una disputa por la defensa de distintos principios geográficos. Un debate en el que participaron políticos, diplomáticos y hombres de ciencia que, a través de diferentes prácticas, intentaron utilizar la cordillera de los Andes según las pretensiones territoriales de los países a los cuales representaban.

Un deslinde imaginario. El Tratado de 1881 y las contradicciones geográficas

La disputa fronteriza entre Chile y Argentina se inició por la posesión de territorio en la zona sur, particularmente por el Estrecho de Magallanes. En 1843 el Estado chileno materializó sus ambiciones de ocupar el canal mediante la fundación del Fuerte Bulnes²⁶. Esta iniciativa respondió a las expectativas que entonces existían sobre el Estrecho, sitio que se consideraba estratégico para promover la apertura de una nueva vía comercial que asegurara a Chile una posición favorable en el comercio internacional; un proyecto que se presentaba como una prevención frente a una posibilidad que ya tomaba fuerza, la de conectar el Atlántico con el Pacífico por medio del istmo de Panamá, y que significaba desplazar la vía del cabo de Hornos, considerada larga, riesgosa y costosa. La iniciativa promovida en Chile incluía el poblamiento y el establecimiento de una línea de vapores, condiciones que no solo mejorarían la navegación y favorecerían el contacto de este país con el resto del mundo, sino que también promoverían el desarrollo de otros emplazamientos chilenos, entre los que se contaban Valparaíso, pues el puerto adquiriría más protagonismo, Concepción, por la explotación y comercio del carbón, y Valdivia y Chiloé, por el fomento de la actividad agrícola. De esta manera, se concluía el porvenir de Chile está en el sud de su territorio²⁷.

El Gobierno de Chile, atendiendo a las posibilidades que significaba la apertura de esta ruta comercial, envió una comisión para evaluar la navegación de vapores en el Estrecho; un estudio que advirtió sobre las dificultades que tendría el Estado chileno para otorgar privilegios de navegación en todo el canal, pues no toda la extensión de este se encontraba bajo su soberanía. El informe de la comisión reveló las contradicciones que ya existían respecto a los deslindes internacionales, pues mientras la Constitución chilena estipulaba que el límite sur lo constituía el cabo de Hornos, y por lo tanto el Estrecho era parte del territorio chileno, el deslinde oriental de Chile estaba fijado en la cordillera de los Andes, por lo que solo quedaba bajo su dominio la zona comprendida entre el cordón andino y la boca occidental del Estrecho. El resto del canal pertenecía al dominio de la Confederación Argentina, espacio que, a juicio de la comisión evaluadora, los argentinos dominarían con mayor facilidad que la haría Chile, porque tienen pueblos en la Patagonia, tierra colindante con el mismo Estrecho.

Sin embargo, a pesar de las advertencias de la comisión evaluadora, en su informe esta sugirió una posibilidad para hacer efectivos los límites meridionales que Chile estableció en la Constitución: la posesión efectiva del territorio. Este mecanismo, que aún no se llevaba a cabo, significaba si no el único, por lo menos el más respetable de los títulos que se podrían alegar, allegado el caso de una ocupación extraña²⁸. La fundación del Fuerte Bulnes respondió así a estas prevenciones y confirmó el interés del Estado chileno por ejercer soberanía en el extremo sur.

En 1847 se efectuó el primer reclamo argentino que denunció el intento del Gobierno de Chile por trascender sus deslindes orientales. En la nota que dirigió el encargado de RR.EE. de la Confederación Argentina, Felipe Arana, al ministro chileno Camilo Vial, denunció que el emplazamiento se situaba en territorio argentino, ubicándose en la parte central de la Patagonia. Además, el asentamiento se contradecía con los límites que Chile había determinado en su propia Constitución —la gran cadena de los Andes—, que no solo constituía los deslindes políticos, sino también los límites naturales, que habían sido reconocidos a Chile a lo largo de toda su historia²⁹. El reclamo argentino dio origen a un ir y venir de notas entre los representantes de ambos países, en las que los argumentos estuvieron centrados en los derechos de posesión sobre el Estrecho e islas adyacentes, según los títulos que se habían heredado de la época de la dominación