Reflexiones jurídicas sobre el proceso de paz

Por Jaime Bernal Cuéllar, Jairo Parra Quijano, Humberto Sierra Porto y 4 más

Un grupo de académicos liderados por los profesores Jaime Bernal Cuéllar y Jairo Parra Quijano realizaron unas reuniones de reflexión, discusión y trabajo sobre el proceso de paz. El propósito de estas jomadas es comprender, desde cada una de sus especialidades (derecho internacional, constitucional, penal y privado, incluyendo por supuesto el procesal), las numerosas complejidades y la contradictoria información que se ha generado con ocasión del proceso de paz. El presente documento intenta hacer una exposición clara de este hecho estableciendo un orden temático que facilite su entendimiento para los ciudadanos interesados en comprender cómo funcionará el proceso político-jurídico que diseña el Estado como producto de las negociaciones en La Habana.

La primera parte del escrito examina dos grandes temas: 1. Las etapas del proceso de paz: negociación, suscripción, refrendación, verificación internacional e implementación; y 2. El debate sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz. La segunda parte de la obra apunta a examinar y sistematizar los seis puntos negociados en La Habana: reforma agraria integral; participación en política; fin del conflicto armado; problema de las drogas ilícitas; víctimas; y refrendación, verificación e implementación.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Externado
• Fecha de lanzamiento: 1 abr 2016
• ISBN: 9789587726756

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Reflexiones jurídicas sobre el proceso de paz / Jason Alexander Andrade Castro [y otros]. - Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2016.

282 páginas; 21 cm.

ISBN: 9789587725469

1. Proceso de paz -- Aspectos jurídicos – Colombia 2. Diálogos de paz – Colombia 3. Negociación – Colombia 4. Solución de conflictos -- Aspectos jurídicos – Colombia 5. Control de drogas y narcóticos – Colombia 6. Conflicto armado – Colombia 7. Plebiscito – Colombia 8. Salud pública – Colombia -- Programas I. Andrade Castro, Jason Alexander II. Universidad Externado de Colombia III. Título

303.66 SDCC 21

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP

Septiembre de 2016

ISBN 978-958-772-546-9

ISBN EPUB: 978-958-772-675-6

© 2016, JAIME BERNAL CUÉLLAR, JAIRO PARRA QUIJANO,

HUMBERTO SIERRA PORTO, ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA,

LUISA FERNANDA CALDAS BOTERO, JASON A. ANDRADE CASTRO,

LAURA SOFÍA ZAMBRANO SALAZAR

© 2016, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

© 2016, INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL

Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá

Teléfono (57-1) 342 02 88

[e-mail]

www.uexternado.edu.co

Primera edición: septiembre de 2016

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Composición: Marco Robayo

Diseño de EPUB por:

Hipertexto

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

CONTENIDO

Presentación de la obra: objetivos, método y orden

PRIMERA PARTE LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DEL PROCESO DE PAZ

1. ETAPAS DEL PROCESO DE PAZ: NEGOCIACIÓN, SUSCRIPCIÓN, REFRENDACIÓN, VERIFICACIÓN INTERNACIONAL E IMPLEMENTACIÓN

1.1. Reflexiones generales sobre el procedimiento acordado

1.2. La fase de negociación

1.2.1. Coexistencia de normas habilitantes

1.2.2. La Agenda de la negociación

1.3. Suscripción y refrendación democrática de los Acuerdos de Paz

1.3.1. Aspectos generales

1.3.2. Los mecanismos constitucionales y estatutarios ad hoc diseñados para refrendar los Acuerdos de Paz

1.3.3. La Sentencia C-379 de 2016

1.3.4. Reflexiones sobre el contenido y los efectos del plebiscito luego de la sentencia de la Corte Constitucional

1.4. Suscripción de los Acuerdos de Paz: cese al fuego y de hostilidades bilateral, verificación internacional, concentración y dejación de armas

2. EL DEBATE SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TEXTOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ

2.1. Los Acuerdos de Paz como norma política (y jurídica sólo en parte)

2.2. Los Acuerdos de Paz como norma jurídica

2.2.1. Los Acuerdos de Paz como norma cuasi-constitucional

2.2.1.1. La jerarquía constitucional: los Acuerdos de Paz como parámetro de validez acotado material y temporalmente

2.2.1.2. La rigidez constitucional: la posibilidad de modificar los Acuerdos de Paz

2.2.1.3. Los Acuerdos de Paz como norma excepcional y transitoria. La lógica de los estados de excepción

2.2.1.4. Carácter abierto o cerrado de los Acuerdos de Paz como norma jurídica

2.2.2. Los Acuerdos de Paz como norma de derecho internacional con eficacia interna

2.2.2.1. Los Acuerdos de Paz comprendidos como acuerdo especial de derecho internacional humanitario

2.2.2.2. Fines y contenidos de los acuerdos humanitarios

2.2.2.3. Fines y contenidos de los acuerdos especiales de derecho internacional humanitario

2.2.2.4. Los acuerdos humanitarios y el sistema de fuentes del derecho internacional

2.2.2.5. Los Acuerdos de Paz son parcialmente acuerdos humanitarios

2.2.2.6. Los Acuerdos de Paz entendidos como bloque de constitucionalidad

2.2.2.7. La eficacia jurídica de entender los Acuerdos de Paz como expresión unilateral de voluntad internacional

2.3. Algunas conclusiones sobre la naturaleza jurídica los Acuerdos de Paz

SEGUNDA PARTE CONTENIDO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ

1. APROXIMACIÓN GENERAL

1.1. Causas del conflicto vs. puntos de la Agenda General

1.2. ¿Por qué es diferente este proceso de paz?

1.3. La justicia transicional: un debate no concluido

2. ACCIONES, REFORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DERIVADAS DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA

2.1. Acciones, reformas y acuerdos de ejecución inmediata

2.1.1. Cese al fuego y de hostilidades –bilateral y definitivo–, dejación de armas y garantías de seguridad (Punto 3, Fin del Conflicto)

2.1.1.1. Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades

2.1.1.2. Reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político

2.1.1.2.1. Reincorporación política

2.1.1.2.2. Reincorporación económica y social

2.1.1.2.3. Reincorporación para los menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC

2.1.1.2.4. Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social

2.1.1.2.5. Garantías para una reincorporación económica y social sostenible

2.1.1.2.6. Otros recursos para proyectos de reincorporación económica

2.1.1.3. Acuerdo sobre garantías de seguridad

2.1.1.3.1. Pacto Político Nacional

2.1.1.3.2. Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

2.1.1.3.3. Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales

2.1.1.3.4. Integración de un cuerpo élite

2.1.1.3.5. Garantías de seguridad para funcionarios judiciales que vayan a desempeñar estas funciones del Acuerdo

2.1.1.3.6. Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política

2.1.1.3.7. Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios

2.1.1.3.8. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales

2.1.1.3.9. Implementación de un mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servidores de vigilancia y seguridad privada

2.1.1.3.10. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción

2.1.1.4. Consideraciones finales

2.1.2. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP (Punto 5, Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto)

2.1.2.1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

2.1.2.2. Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

2.1.2.3. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP )

2.1.2.3.1. Aspectos generales

2.1.2.3.2. Reglas aplicables a las amnistías e indultos

2.1.2.3.3. Reglas aplicables a los tratamientos especiales diferenciados para los agentes del Estado

2.1.2.3.4. Régimen de libertades

2.1.2.3.5. Órganos que integran el componente de justicia

2.1.2.3.6. Reconocimiento de verdad y responsabilidad

2.1.2.3.7. Funciones de los órganos que integran el componente de justicia

2.1.2.4. Tribunal para la Paz

2.1.2.5. Sanciones aplicables en la Justicia Transicional

2.1.3. Implementación, verificación y ratificación (Punto 6, Implementación, Verificación y Refrendación)

2.1.3.1. Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final y de Resolución de Diferencias

2.1.3.2. Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos de Paz

2.1.3.3. Medidas para garantizar la implementación de los Acuerdos de Paz

2.1.3.4. Implementación normativa de los Acuerdos de Paz

2.1.3.5. Ratificación

2.2. Acciones, reformas, acuerdos y políticas públicas de ejecución mediata

2.2.1. Tierras. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral –RRI – (Punto 1, Política de Desarrollo Agrario)

2.2.1.1. Metodología y punto de partida

2.2.1.2. Principios

2.2.1.3. Componentes de la Reforma Rural Integral

2.2.1.3.1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva

2.2.1.3.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET )

2.2.1.3.3. Planes nacionales para la Reforma Rural Integral

2.2.1.3.4. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral

2.2.1.3.5. Sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación

2.2.2. Participación política: apertura democrática para construir la paz (Punto 2, Participación Política)

2.2.2.1. Metodología y socialización

2.2.2.2. Componentes del Acuerdo sobre participación política

2.2.2.1.1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en especial para los partidos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final

2.2.2.1.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles

2.2.2.1.3. Medidas efectivas para promover mayor participación política de todos los sectores

2.2.3. Solución al problema de las drogas ilícitas (Punto 4, Drogas)

2.2.3.1. Aproximación general a esta problemática

2.2.3.2. Objetivos

2.2.3.3. Actores concernidos en la solución de esta problemática

2.2.3.4. Componentes de la solución al problema de las drogas

2.2.3.4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS )

2.2.3.4.2. Programas de prevención del consumo y salud pública: Programa Nacional de Intervención Integral Frente al Consumo de Drogas Ilícitas

2.2.3.4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos

Conclusiones

PRESENTACIÃN DE LA OBRA: OBJETIVOS, MÉTODO Y ORDEN

Los procesos políticos, por regla general, no se desarrollan ordenadamente. Si bien se pretende establecer una metodología, unas lógicas de trabajo, la dinámica de aquellos que concluyen en acuerdos, o en normas jurídicas, como sucede con el actual proceso de paz, requieren esfuerzos muy grandes de análisis para poder comprender de manera amplia e integral el contexto general y los aspectos puntuales que contienen. Las negociaciones adelantadas por el Gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, cuya culminación tuvo lugar el pasado 24 de agosto con la suscripción del texto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, los Acuerdos de Paz), no son la excepción a los procesos constitucionales y legislativos que tienen lugar de manera ordinaria en nuestro país. La producción de normas en Colombia, e igual sucede en este caso con la elaboración de los Acuerdos de Paz, regularmente está llena de vacíos y ambigüedades ¹ . Existe un consenso en los temas centrales y finales de las voluntades de ambas Partes, pero a partir de allí son muchos los aspectos incluidos en el texto de los Acuerdos de Paz sobre los que no hay absoluta claridad en cuanto a contenidos y alcances, y esto, producto de las suspicacias y prevenciones internas, genera y generará muchas discrepancias, pudiendo conllevar eventuales prolongaciones o reapariciones de conflictos.

La dinámica que se adelantó en la elaboración de los diversos acuerdos, que desembocaron en la suscripción de los Acuerdos de Paz, sólo puede ser comprendida si se conjuga la necesaria dimensión política con una de carácter técnico-jurídico. Los imperativos de la política conducen a un juego de propuestas que en muchos casos son eso, alternativas que se expresan con el propósito de ver cuál es la reacción de la contraparte en la mesa de negociaciones y cuál la de la opinión pública. Este complejo contexto de lógicas políticas y la demanda de un rigor jurídico que dé coherencia a los resultados de las negociaciones generan particulares requerimientos para quienes abordamos el estudio académico de este proceso de paz. Quizá la más importante de las exigencias derivadas de la naturaleza de este proceso es de orden hermenéutico. Se requiere una interpretación sistemática, que tenga en cuenta las finalidades últimas y las distintas variantes y componentes de la negociación política. Sólo de esta forma se puede desentrañar, de manera adecuada, el alcance de lo acordado. Una lectura eficaz en este caso debe permitir que haya soluciones, no entrabamientos, y que se permita una armonía entre el ordenamiento constitucional ordinario y los contenidos de los Acuerdos de Paz.

La primera idea que se quiere destacar se refiere a la necesidad de que todos los colombianos nos apropiemos del proceso de paz. No sólo por lo obvio, pues nos afecta, nos involucra a todos, sino porque independientemente de los propósitos inmediatos relacionados con el cese de actividades violentas de las FARC, las discusiones, los debates y la concreción de los Acuerdos de Paz son una excelente oportunidad para que retomemos y reflexionemos sobre los temas y problemas esenciales o fundamentales tanto de la sociedad como del Estado colombiano.

Colombia requiere renovar, revitalizar el espíritu de la Constitución de 1991. Volver a lo importante, replantearse los aspectos que impiden que los beneficios en materia de derechos y de bienestar lleguen a todos. Para lograr comprender de manera racional un procedimiento tan complejo como el del proceso de paz se requiere un análisis detallado de los distintos puntos acordados y de los aspectos sociales, políticos y económicos que completan los elementos integrales de este gran rompecabezas que son y han sido los factores generadores de violencia en nuestro país. El debate sobre el alcance del proceso de paz es una excelente oportunidad para trabajar en las reformas pendientes de nuestro sistema político. Debemos hacer coincidir el proceso de paz con los problemas estructurales. Los puntos de los Acuerdos de Paz son puntos de partida para iniciar un gran debate nacional, aquí está su importancia, pero esto no significa que los contenidos de los Acuerdos abarquen todo. La sociedad colombiana no puede limitarse a lo allí previsto; debe aprovechar ese impulso para hacer las transformaciones de fondo que se requieren en nuestro sistema político y nuestra sociedad.

El proceso de transformación es, y debe ser, independiente; ha de ir mucho más allá de lo acordado en La Habana. En cualquier caso, en la historia colombiana es la primera vez que un pacto de paz con grupos al margen de la ley trata temas de fondo. Como se dijo, es importante aprovechar este impulso. Que las temáticas de los Acuerdos de Paz no abarquen todas las necesidades esenciales de transformación (v.gr., acceso a servicios públicos esenciales, propiedad de los medios de comunicación, reforma integral a la justicia, sistemas educativo y de salud, etc.) nos obliga a trabajar en esos aspectos.

El proceso, o mejor aún los Acuerdos de Paz, han generado muchísimas dudas sobre cómo deben ser entendidos y puestos en práctica; ¿cuál es el alcance de los aspectos acordados?, ¿cómo deben interpretarse los distintos temas de cada uno de los Acuerdos?, y por otro lado, ¿cómo se van a implementar los Acuerdos?, ¿cómo se van a incorporar los distintos temas objeto de los Acuerdos en el sistema de fuentes colombiano?, ¿los Acuerdos son de aplicación directa o requieren de normas de trasposición?, ¿cuál es el papel que va a cumplir la Corte Constitucional?, y ¿qué lecciones podemos aprender de las experiencias foráneas?

A las anteriores dudas puntuales, que se refieren al contenido y al procedimiento que se debe seguir como consecuencia de los Acuerdos de Paz, debemos adicionar los problemas estructurales que generan inseguridad jurídica en nuestro derecho y en nuestra organización estatal. Dentro de estos cabe destacar: (i) Los déficits de seguridad jurídica derivados de un texto ambiguo y lleno de vacíos (lo que es propio de nuestra cultura pero también de todo proceso de paz). El alcance y la forma de incorporación de los Acuerdos de Paz son aspectos que generan una profunda incertidumbre jurídica en la opinión pública colombiana. Y uno de los factores generales de esa falta de certeza lo constituye la textura, el estilo de redacción de los Acuerdos; son muchos los aspectos en que hay ambigüedades, vacíos o silencios que necesitan ser completados, precisados o simplemente resueltos. La ausencia de certidumbre, derivada de la textura de los Acuerdos, será un problema grande para el sistema político y el funcionamiento gubernamental. Y, (ii) Las dificultades en términos de seguridad jurídica que se generan por el diseño institucional de la Rama Judicial. En los otros ámbitos de actuación estatal, Congreso y Ejecutivo, existe una actuación articulada. Esta situación es muy diferente cuando se trata de lograr posiciones homogéneas producto de decisiones judiciales. Esto es así por la naturaleza de la actividad judicial, fundada en la autonomía e independencia, y debido a la manera como se diseñaron y funcionan las distintas jurisdicciones que integran la Rama Judicial colombiana.

Los problemas de seguridad jurídica en nuestro Estado son evidentes, y probablemente se agravarán al momento de tomar decisiones sobre los distintos temas de los Acuerdos de Paz, tanto por la lógica del error-corrección de estos como por las dificultades de coherencia que preexisten en nuestro ordenamiento institucional.

El aporte de la academia, y en particular de los juristas, es indispensable en tanto, más allá de las innegables dimensiones política y sociológica de los Acuerdos de Paz, al final siempre es preciso utilizar y expresarse en términos jurídicos: de normas jurídicas, de fuentes del derecho. El derecho no lo es todo, pero es muy difícil lograr acuerdos, en las condiciones actuales, sin una concreción normativa, y sin una articulación procesal e institucional. El aporte de los expertos en derecho es esencial, indispensable. El derecho como instrumento para resolver conflictos, para plasmar compromisos es una condición sine qua non para lograr que las buenas intenciones, que animan tanto al Gobierno como a la guerrilla, se hagan realidad.

Quizá sea la ausencia de un trabajo serio y adecuadamente articulado en materia jurídica lo que ha originado muchos de los factores de desencuentro en nuestro país ² . La labor de los profesionales del derecho debe ser valorada y apreciada en su real dimensión. Lo anterior no significa que los Acuerdos de Paz puedan ser considerados como un proceso judicial más, o que todos sus contenidos se comprendan en términos de categorías judiciales. Nada más peligroso que un sector de la sociedad se apropie, de manera exclusiva y excluyente, de un proceso de paz que, por definición, es y debe ser necesariamente incluyente. Pero entendiendo esto, que los Acuerdos de Paz van más allá de lo jurídico y que lo jurídico es en buena parte instrumental, no podemos pasar al otro extremo, esto es, desconocer la evidente necesidad de concreción normativa y judicial de los mismos.

El rechazo a la juridificación extrema de los Acuerdos de Paz es perfectamente compatible con la utilización amplia, racional y adecuada del derecho, de su hermenéutica y de los principios procesales.

Un grupo de académicos liderados por los profesores Jaime Bernal Cuéllar y Jairo Parra Quijano hemos realizado una serie de reuniones de reflexión y trabajo sobre el proceso de paz. El propósito de estas jornadas ha sido el de comprender, desde cada una de nuestras especialidades (derecho internacional, constitucional, penal y privado, incluyendo por supuesto el procesal), las complejidades y, en ocasiones, aun la contradictoria información generada en torno al proceso de paz, por el Estado, por las FARC y por distintos sectores de opinión, con ocasión de las negociaciones de La Habana.

El presente documento intenta hacer una exposición clara del proceso de paz, estableciendo un orden temático que facilite su entendimiento para los ciudadanos interesados en comprender cómo funcionará el proceso político-jurídico que se está diseñando por el Estado como producto de las negociaciones en La Habana. Por ser un texto-resumen de reflexiones diversas y no siempre coincidentes de quienes participamos en las ya mencionadas reuniones de trabajo, en la explicación o presentación de algunos de los temas se plantean distintas alternativas de comprensión y definición de los alcances. Creemos que esta diversidad de posturas hermenéuticas derivadas del Acuerdo Final, como también del método empleado a lo largo de las negociaciones, es precisamente lo más importante de comprender por todos los colombianos.

Un proceso político que tiene que ser concretado jurídicamente no puede ser comprendido de manera unilateral, totalitaria o maniquea. Nos hemos encontrado con una dificultad de fondo en nuestro trabajo de asimilación del proceso de paz: la explicación de lo que ha sucedido y se ha acordado en La Habana está, por regla general, construida desde los sesgos ideológicos y los intereses partidistas, y esto impide una actitud racional y objetiva y una claridad de miras. Es precisamente por ello que los debates que se realicen sobre las propuestas y alternativas políticas que generen los Acuerdos de Paz deben trascender la lógica gobierno-oposición. El análisis y el posicionamiento político y jurídico de los Acuerdos, en general, y de cada uno de los aspectos que los integran, deben ser abordados con un alto grado de objetividad y con fundamento en intereses de Estado.

La primera parte del escrito está destinada a examinar dos grandes temas: (i) las etapas del proceso de paz: negociación, suscripción, refrendación, verificación internacional e implementación, y (ii) el debate sobre la naturaleza jurídica de los Acuerdos de Paz.

La segunda parte de la obra apunta a examinar y sistematizar los seis puntos negociados en La Habana: (1) reforma agraria integral, (2) participación en política, (3) fin del conflicto armado, (4) problema de las drogas ilícitas, (5) víctimas y (6) refrendación, verificación e implementación. No se trata de un examen detallado de los numerosos aspectos regulados en los Acuerdos de Paz, sino de una primera aproximación a los diversos temas, asumiendo, desde ya, el compromiso de profundizar, en el futuro, en ellos.

Así las cosas, en tanto que en la primera parte las principales preocupaciones de los autores apuntaron al examen de la elaboración, incorporación, jerarquía y efectos en el ordenamiento jurídico de los Acuerdos de Paz, en la segunda el análisis se enfocó en los retos que comporta la implementación de lo acordado, en la difícil articulación entre las nuevas y numerosas instituciones judiciales y políticas creadas en los Acuerdos, y las ya vigentes.

Esta obra pretende ser punto de partida, que no de llegada, sobre unos temas que impactarán profundamente, en los próximos años, no sólo el mundo del derecho, sino el quehacer político e institucional colombiano. De allí que este texto aspire a convertirse en un elemento de reflexión para los diversos actores judiciales, sociales, culturales y políticos implicados en la construcción de la paz en Colombia.

PRIMERA PARTE LA CONSTRUCCIÓN JURÝDICA Y POLÝTICA DEL PROCESO DE PAZ

1. ETAPAS DEL PROCESO DE PAZ: NEGOCIACIÓN, SUSCRIPCIÓN, REFRENDACIÓN, VERIFICACIÓN INTERNACIONAL E IMPLEMENTACIÓN

1.1. REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ACORDADO

Las negociaciones de La Habana, no obstante el gran esfuerzo de racionalización de los miembros de la mesa de negociación, han generado una dinámica muy compleja en lo referente a un iter, un orden claro de las actuaciones que se deben realizar durante el proceso de negociación, y con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz. Los pasos que se surtieron hasta antes de la firma definitiva de los referidos Acuerdos tuvieron una evolución muy accidentada, pues se elaboraron reformas constitucionales como el Marco Jurídico para la Paz, y se tramitó el proyecto de ley estatutaria por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado –el cual fue revisado por la Corte Constitucional en Sentencia C-784 de 2014–, así como el proyecto de ley estatutaria para la realización del plebiscito para la paz; y simultáneamente, en la mesa de negociación se han acordado aspectos que difieren de las reglas establecidas por el Congreso en las mencionadas reformas constitucionales y estatutarias.

Este diálogo entre las decisiones del Estado, por medio de los poderes constituidos, y los puntos de acuerdo en La Habana se expresó en el trámite del Acto Legislativo 01 de 2016 (Acto Legislativo para la Paz), llamado de atajo o vía rápida (fast track), en el que hasta el último momento se han previsto modificaciones por exigencias de la mesa de negociación.

De manera general, y para efectos de una fácil comprensión, el proceso de paz puede seccionarse en las siguientes fases o etapas: negociación, suscripción y cese bilateral al fuego, concentración y dejación de armas, refrendación (de manera simultánea a las anteriores), verificación internacional, y finalmente, implementación.

1.2. LA FASE DE NEGOCIACIÓN

1.2.1. Coexistencia de normas habilitantes

Una revisión del ordenamiento jurídico colombiano evidencia la