Legislación de archivos
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Legislación de archivos - Vicent Giménez-Chornet
Legislación de archivos
Vicent Giménez-Chornet
Director de la colección: Javier Guallar
Diseño de la colección: Editorial UOC
Diseño de la cubierta: Natàlia Serrano
Primera edición en lengua castellana: septiembre 2017
Primera edición en formato digital (epub): marzo 2018
© Vicent Giménez-Chornet, del texto
© Javier Guallar, de la edición
© Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL) de esta edición, 2017
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
http://www.editorialuoc.com
Realización editorial: dâctilos
ISBN: 978-84-9116-991-8
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita de los titulares del copyright.
Autor
Vicent Giménez-Chornet
Profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia, área de Documentación, miembro del Comité 50 de Documentación de AENOR y ha sido archivero en el Archivo del Reino de Valencia.
A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO
Este libro te interesa si quieres saber:
Por qué se debe legislar en archivos.
Qué normativa jurídica existe en España que deben cumplir los archivos.
Cómo trata el legislador cuestiones de actualidad como el archivo único, la transparencia, la digitalización o el acceso a los documentos.
Qué exige la normativa para la gestión de los archivos digitales.
Qué trabajos técnicos archivísticos quedan regulados jurídicamente.
Cómo desarrollar el trabajo en un archivo en un contexto normativo de obligado cumplimiento.
Índice
A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO
INTRODUCCIÓN
Capítulo I. DEBERES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. El archivo
2. La digitalización
3. Los servicios
4. La accesibilidad
5. La transparencia
6. La red telemática y la interoperabilidad
7. Sistema archivístico español
Capítulo II. MARCO JURÍDICO DE LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA
1. Definiciones
1.1. Documento y expediente
1.2. Ciclo vital de documentos
1.3. Metadatos
2. Clasificación
3. Descripción archivística
4. Conservación, preservación
5. Valoración documental
6. Personal
EPÍLOGO
Bibliografía
INTRODUCCIÓN
¿Por qué se debe legislar sobre archivos? En el contexto español, cuando hablamos de archivos nos referimos tanto al continente —los edificios o instalaciones de unas entidades— como al contenido —los documentos. La normativa jurídica abarca predominantemente la regulación de los documentos y trata de las entidades fundamentalmente cuando se regulan aspectos de transferencias documentales.
Se podría cuestionar si en un país hace falta que exista una regulación legislativa de los documentos producidos por las organizaciones o las personas en el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, la realidad es que desde épocas históricas los estados han regulado la custodia, organización y consulta de los documentos que producían los diferentes organismos públicos.
En este sentido, podemos afirmar que siempre ha habido un interés por regular la custodia de los documentos para que el Estado pudiera disponer de las evidencias o testimonios pertinentes en los momentos en que los necesitara. No disponer de estas evidencias supondría poner en peligro cuestiones como los derechos de los organismos, la memoria de los hechos, la propiedad de las cosas o las relaciones entre las personas u organismos. Por ello, en nuestra sociedad actual, hay razones suficientes para que los estados regulen la custodia de los documentos desde un prisma más amplio que contempla los derechos de los ciudadanos en un estado democrático. La falta de regulación puede desembocar en una opacidad de las administraciones públicas, lo que nos acercaría a los regímenes totalitarios.
No todas las cuestiones referentes a los archivos y a los documentos de los archivos necesitan de una normativa legal; también puede haber normas o estándares de buenas prácticas para garantizar o alcanzar los requisitos que las leyes demandan. Nos referimos a normas que diferentes organismos internacionales publican para asegurar la eficiencia en la gestión documental (ISO, el Consejo Internacional de Archivos, etc.).
Entre las cuestiones que debería abordar un gobierno en el ámbito legislativo destacamos las siguientes:
regular sistemas
regular los servicios
proteger la documentación pública: conservación y custodia
proteger la privacidad
regular la valoración documental
regular la accesibilidad y la trasparencia
regular el marco legal de una política nacional de información
regular la red telemática y la interoperabilidad
regular el estatuto de los trabajadores de los archivos
La ausencia de un marco legal en estas cuestiones no implica que no se puedan realizar de facto los asuntos mencionados, pero puede provocar un caos conflictivo entre los posibles intereses de las partes —usuarios/ciudadanos contra la Administración pública/empresas— que no se podrán dirimir con eficacia en los órganos competentes —desde órganos administrativos hasta tribunales de justicia.
Sin embargo, hay cuestiones que no hace falta que sean reguladas por una norma jurídica, pero que son imprescindibles de llevar a cabo si se quiere que los archivos sean eficientes y no meros depósitos de documentos que se volverán ilocalizables en un período de tiempo corto, bloqueando o perjudicando derechos y trámites administrativos posteriores.
Las cuestiones más importantes que describen los estándares internacionales hacen referencia a:
Organización: las cuestiones relacionas con la clasificación del fondo o fondos documentales y su ordenación.
Descripción: el análisis documental con normas de descripción archivística e identificación de la localización de los documentos con los metadatos pertinentes.
Recuperación de la información: sistema de búsqueda de los documentos.
Visualización: diseño en el tratamiento de la información, especialmente de la búsqueda y de la presentación de resultados en bases de datos electrónicas.
A pesar de que estas cuestiones son más técnicas que jurídicas, el poder legislativo sí que ha regulado un marco jurídico básico para que se desarrollen estos temas de gestión archivística.
Capítulo I
DEBERES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Los estados y las administraciones públicas, del presente y del pasado, siempre han regulado de alguna forma la gestión de los documentos que genera su Administración y se han interesado por que estuviesen bien organizados en sus archivos. No es nada incongruente. La necesidad de asegurar que dichos documentos sirviesen en un futuro de prueba, testimonio o evidencia para resolver asuntos venideros siempre ha sido una razón de peso primordial que