Existen distintas plataformas digitales, como la del Sistema de Administración Tributaria (sat), que buscan que el ciudadano cumpla con sus obligaciones de manera más sencilla, clara y económica (en términos de tiempo y recursos). Sin embargo, en muchas ocasiones la información incluida en estas plataformas no es clara. ¿Cuál es tu opinión acerca de las herramientas digitales que intentan facilitar la realización de trámites, toda vez que generan consecuencias jurídicas?
Eso tiene que ver con un concepto: ciudadanía digital. Tenemos que partir de la base de que el Derecho es un sistema de normas jurídicas que regula la actuación y la convivencia del ser humano en sociedad y que también norma la actuación del Estado frente al gobernado. El Derecho digital, como una rama transversal, regula la interacción del ser humano y del gobierno con la tecnología. Los gobiernos de casi todos los países —y más por la pandemia—han tenido que trabajar y desarrollar plataformas de Gobierno digital.
En México ya existían plataformas gubernamentales desde hace tiempo, así el acuerdo por el que se abrogó el diverso mediante el que se creaba la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, para crear un nuevo organismo, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información. Esto es de sumo interés porque el Gobierno ha entendido la necesidad de esas plataformas. Se trata de un recurso que facilita y eficientiza el trabajo del gobierno, pues implica menos gasto. Es mucho más sencillo tener una plataforma digital que una instalación física a la cual uno acuda y realice su trámite con la consecuente pérdida de tiempo en traslado, atención y demás. También minimiza la corrupción, porque un algoritmo no es corruptible; es decir, se cumple con lo que está establecido algorítmicamente o no, y si no se cumple, no se le puede decir a la computadora: “Oye, pues ahí te dejo para el refresco, pero bríncate el trámite”.
