Todavía no: Justicia, democracía y transición en América Latina

Por Maira Ixchel Benítez Jiménez, Ana Guglielmucci, Laura Langa Martínez y 8 más

Este libro se pregunta por qué no ha sido posible la justicia en los países latinoamericanos, que afrontan nuevas olas de amnesia, impunidad, represión y violencia sin que las heridas del pasado hayan sido reparadas aún. Los capítulos exploran cuales han sido las secuelas de las apuestas programáticas de justicia transicional, mas allá de los límites del derecho y la institucionalidad, para reconocer los cambios producidos en los lenguajes, las practicas, los sentidos, las estrategias, los repertorios políticos y la vida de la gente que, con gran capacidad creativa y de resistencia, anhela superar el pasado violento y conseguir paz en sus territorios.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Pontificia Universidad Javeriana
• Fecha de lanzamiento: 5 ago 2022
• ISBN: 9789587817447

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PRÓLOGO

México se encuentra hoy en una encrucijada; enfrenta una de las crisis más graves de derechos humanos que se ha vivido en todo el continente latinoamericano en el último siglo. Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’ en el 2006 las cifras oficiales de personas desaparecidas han superado los ochenta mil y los desplazados internos van en aumento, al igual que los feminicidios —otra categoría de cuerpos desaparecidos o borrados que se disparó en estos años—. A lo largo del territorio mexicano, la complicidad y responsabilidad directa de las autoridades de Estado en estos hechos ha quedado más que clara. Al mismo tiempo, durante este periodo de profundización del modelo neoliberal global las desigualdades de clase, raza y género se han acentuado brutalmente, siendo las graves violaciones de derechos humanos una expresión de violencias estructurales y sistémicas profundas. La crisis económica mundial desatada por el Covid-19 en febrero de 2020 seguramente agravará la lucha por los recursos, vulnerando aún más los cuerpos y vidas de personas que por mucho tiempo han sido desechables para el sistema.

¿Cómo se puede encarar esta crisis sin precedentes de violencia e impunidad en México? ¿Qué lecciones dejan las experiencias de otros países de América Latina que han enfrentado crisis de violencia y graves violaciones de derechos humanos? ¿Será que estas experiencias nos pueden servir como guías acerca de qué hacer o no?

La justicia transicional se ha expandido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un campo de saber-poder transnacional que cubre una enorme variedad de iniciativas y contextos. Su inicio en América Latina se da en las transiciones de gobiernos militares a gobiernos electos del Cono Sur en los años ochenta, e involucra una serie de mecanismos como comisiones de la verdad, amnistías, juicios penales y distintas medidas de reparación. Los mecanismos y aprendizajes del Cono Sur se adaptaron luego para los finales de los conflictos armados internos en El Salvador, Guatemala, Perú y últimamente en Colombia, generando una enorme diversidad de perspectivas y procesos. Dos aspectos se destacan en este largo abanico de casi cuatro décadas de experiencias de justicia transicional en América Latina: primero, la creciente insistencia en la necesidad de poner las experiencias y demandas de las víctimas en el centro del diseño de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; y, segundo, la imprescindibilidad de mecanismos de justicia transicional que transformen, o por lo menos plantean transformar, las agudas condiciones de desigualdad y violencias estructurales que posibilitan (y en sí constituyen) graves violaciones de derechos humanos.

¿Cuáles son entonces las perspectivas de los aprendizajes regionales sobre la justicia transicional para aplicar en México? ¿Es posible desarrollar medidas de justicia transicional en ausencia de una transformación evidente del régimen o de la cultura política? Ciertamente la captura de los mecanismos del Estado por la macrocriminalidad (algo muy marcado a escala local) o, según otra óptica analítica, la mutación de las fuerzas que detentan el poder estatal hacia perpetradores directos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, ha sido un rasgo muy marcado en la realidad nacional desde 2006. Sin embargo, la reproducción de estructuras de corrupción y violencia estructural es algo de larga data en las formaciones del Estado mexicano. El capital simbólico de la ‘Cuarta Transformación’ del gobierno de Manuel López Obrador (electo en el 2018) parece hasta ahora insuficiente para revertir estas tendencias históricas, que se reflejan en una infinidad de pactos de corrupción e impunidad a nivel municipal y estatal.

Sin embargo, lo que nos muestra la experiencia de otros países de América Latina es que en toda ‘transición’, ya sea del autoritarismo a la democracia o de la guerra a la supuesta paz, hay muchos elementos de continuidad. Los autoritarismos encuentran sus expresiones en la democracia electoral, y el cese de los conflictos armados no necesariamente se traduce en menos violencia para los más desprotegidos. Entonces, es evidente que los procesos transicionales no necesariamente implican cambios o fracturas políticas profundas ni el fin de las violencias.

A pesar de estas continuidades históricas y de las condiciones de violencia actual, los autores de este libro insisten en que las iniciativas de justicia transicional centradas en las perspectivas de las víctimas (y que ponen el dedo en la llaga de las desigualdades y violencias estructurales) pueden ser detonadores importantes de nuevos horizontes políticos. Al final de cuentas, esta es la apuesta de la justicia transicional ya no vista desde los cálculos políticos de quienes detentan el poder, sino desde las perspectivas de vida de los que sufren en carne propia el entrecruce de múltiples violencias.

Como nos relatan algunos capítulos de este libro, hasta ahora las experiencias de justicia transicional en México no han generado muchas esperanzas. El fallido experimento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) durante el gobierno de Vicente Fox, más el perfeccionamiento de los simulacros de reforma institucional para seguir preservando la impunidad, han generado sospechas justificadas de las víctimas frente a las políticas oficiales de justicia transicional. Tristemente se revela que experiencias como las comisiones de la verdad para Guerrero y posteriormente para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 han seguido la misma ruta de simulacros e impunidad.

Como subrayan algunos de los autores, el Estado mexicano tiende a administrar o gestionar distintos grupos de víctimas a través de políticas focalizadas (para los desplazados, las víctimas de feminicidio, los desaparecidos, etc.), en vez de investigar a fondo las circunstancias de las violaciones o enfrentar sistemáticamente los factores estructurales que producen y reproducen las violencias. Así, las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se convierten en el quehacer de una infinidad de comisiones, instancias, protocolos y procedimientos de un sistema político cuya médula central por un siglo ha sido el clientelismo. En palabras del sociólogo Javier Auyero (2013), se convierten en ‘pacientes del Estado’, personas en su mayoría pobres y sin poder, sujetos a los procesos burocráticos y administrativos de programas asistencialistas, forzados a esperar eternamente resultados que pocas veces se dan.

En otras palabras, en México la gestión de las víctimas se ha convertido en un modo de seguir garantizando la impunidad. De esta manera, las políticas de justicia transicional impuestas ‘desde arriba’ se pueden entender como la continuación de formas de dominación históricas. Al mismo tiempo, lo que nos demuestra la experiencia en América Latina es que las alternativas mediante el sistema de justicia penal ordinario tampoco se ven muy alentadoras. La justicia penal tiende a fijar responsabilidades individuales por las graves violaciones de derechos humanos, obviando factores estructurales y sistémicos, y en contextos donde la impunidad está tan arraigada son excepcionales los casos emblemáticos que alcanzan condenas.

Como sugiere este libro, los mecanismos de justicia transicional pensados desde otras ópticas pueden ofrecer rutas y oportunidades para imaginarnos a futuro justicias en plural: efectivamente, estas pueden constituirse en una especie de contramapeo frente a las narrativas oficiales de los agravios y daños tejidos desde arriba, lo que nos lleva a entender las injusticias encarnadas en sus diversos contextos históricos y geográficos. La esperanza es que estos ejercicios puedan dibujar nuevos imaginarios de justicia, tanto para los cuerpos como para los territorios que, como nos han insistido los pueblos indígenas organizados, también son víctimas de múltiples violencias.

El reto sin duda es saber cómo combinar las ventajas que pueden ofrecer los mecanismos de justicia transicional, entre ellos las posibilidades de investigar a fondo los agravios y de establecer patrones sistemáticos de violaciones graves de los derechos humanos y los factores que los fomentan. Se trata así de mandatar procesos de justicia extraordinarios y ejemplares con formas de verdad, justicia y reparación que satisfagan en alguna medida las demandas de las víctimas. Además, como nos demuestra el reciente ejemplo de Colombia explorado en el capítulo de Laura Langa Martínez, otro reto es asegurar que las pocas victorias logradas por las víctimas mediante la justicia penal ordinaria no sean borradas en nombre de la justicia transicional oficial que, a final de cuentas, siempre ofrece nuevas fórmulas de castigo para algunos y borrón y cuenta nueva para otros.

En vez de gestionar impunidad, una justicia transicional transformadora debería detonar procesos que tengan un impacto real en la vida de los que siempre sufren las violencias y violaciones de derechos humanos, y que les dote de reconocimiento y dignidad. En este sentido, son centrales las disputas sociales sobre las narrativas y memorias del pasado, y sobre las representaciones de la violencia social, económica y política. Actualmente, como nos demuestra Maira Ixchel Benítez en su capítulo sobre Guatemala, pareciera que estamos frente a un backlash frente a una (tal vez breve) época donde la lucha por los derechos humanos y en contra de la impunidad llevó a condenar a algunos militares y políticos en América Latina por su papel en graves violaciones. Ahora ellos se reinventan y se reivindican como defensores de la nación, en una nueva iteración de la posguerra fría. Sin embargo, también es un momento en donde las personas categorizadas por el paradigma de la justicia transicional como víctimas están reivindicando sus historias de lucha y subjetividades políticas, enfocándose no solo en los agravios y daños que sufrieron, sino también en sus sueños y horizontes políticos. La lucha por la memoria es finalmente una lucha por los sentidos, entendimientos y horizontes. Como nos recuerda Ana Guglielmucci, aquí las formas de nombrar y archivar la violencia son formas de aprehenderlas y eso moldea no solo el pasado, sino el presente y el futuro. Por eso, las iniciativas de las víctimas y de distintas instancias de la sociedad civil en América Latina han centrado sus esfuerzos en la construcción y reivindicación de la memoria, lo que significa no solo archivos de dolor, sino también de esperanza.

A lo largo del continente, las demandas por verdad, justicia y memoria han sido una constante en los movimientos de víctimas y de derechos humanos, los que han mostrado gran tenacidad y creatividad en perseguir sus demandas a lo largo de décadas. Este libro se enfoca en las experiencias de la justicia transicional en América Latina, subrayando la importancia de las iniciativas de justicia construidas ‘desde abajo’ o más bien desde las subjetividades de los que sufren la violencia y luchan por la justicia. Claramente, los testimonios pueden ser usados para muchos fines políticos, tal como nos demuestra el capítulo sobre la lucha de Luz María Bernal, madre de un joven ejecutado extrajudicialmente y presentado como ‘falso positivo’ en Colombia y quien se convirtió en una de las caras más reconocidas de las víctimas en las pláticas de paz en La Habana. En ese sentido, es innegable el papel que ha jugado el testimonio de las víctimas en las luchas contra la impunidad y las violencias estructurales en América Latina. Todo depende del contexto y de nuestra capacidad de escucha, empatía, solidaridad y acción.

La pregunta de fondo es si las violencias estructurales y cotidianas, las violencias extremas y las violencias normalizadas se pueden reparar mediante paradigmas de justicia transicional. A lo mejor debemos debatir y tratar de solventar las injusticias y violencias en otros registros fuera de este campo de saber-poder, es decir, en otras arenas de debate y acción política. Hasta el momento la justicia transicional no hace eco en la gran mayoría de organizaciones de víctimas o de la sociedad civil en México. En este momento, sus luchas siguen siendo fragmentadas y localizadas, pero, como subraya este libro, es en esta diversidad de experiencias que se están construyendo otros paradigmas y rutas de búsqueda de justicia.

Rachel Sieder

Ciudad de México, 29 de marzo 2020

INTRODUCCIÓN

Carolina Robledo Silvestre

Ana Guglielmucci

Juan Pablo Vera Lugo

Es difícil establecer si América Latina ha avanzado en los procesos de transición hacia la democracia y la paz cuando enfrentamos hoy conflictividades que ponen en profundo riesgo la igualdad social y la dignidad humana en nuestra región. Por esto es fundamental cuestionarse si hemos transitado hacia algo después de tantos intentos por promover la justicia transicional o si todavía no hemos logrado ese prospecto del futuro imaginado (Castillejo, 2017, p. 1). Este libro intenta responder estas preguntas mirando reflexivamente hacia el pasado y el presente, aunque también se plantea la necesidad de ubicar la mirada colectiva en el futuro, como una apuesta a tan diversas y múltiples perspectivas de transformación que se producen en el contexto latinoamericano.

La justicia transicional es un sistema de significados y prácticas que ha reordenado el imaginario y la cultura política en vías de una consagración simbólica de la democracia y los valores asociados al Estado de derecho. Esto ha sido posible a partir de leyes, instituciones, lenguajes y formas de lucha empaquetadas en un sistema global de tratamiento del pasado violento que ha viajado por diferentes contextos, promoviendo el interés de intelectuales, activistas, funcionarios públicos y comunidades que luchan por la exigencia de sus derechos.

Como proyecto intelectual pragmático, la justicia transicional ha puesto la responsabilidad sobre los hechos en el centro del tratamiento de los crímenes, implicando el desarrollo de un sistema de justicia penal (Fletcher y Weinstein, 2015), lo que quizá haya limitado la perspectiva de lo que es y puede ser la transición si se le dota de contenido propio o se imagina a partir de otros lenguajes que superen el corsé del derecho y de la justicia penal.

Se trata de una invención social producida en Occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuyo aterrizaje —y reinvención— en América Latina se produce en el marco de los procesos de ajuste de cuentas con el pasado dictatorial del Cono Sur, especialmente en Argentina, Chile y Perú (Aspen Institute, 1989). Como mecanismo global, la justicia transicional solo se hizo posible a la par de un proceso geopolítico de consenso en torno a lo inaceptable de no hacer algo frente a la devastación social a gran escala producida por la violencia bélica.

Dos principios han acompañado este proyecto social: la idea de que los Estados deben tener en cuenta el pasado en el que se cometieron los crímenes y de que los errores cometidos por los líderes de los regímenes, bajo los cuales estos tuvieron lugar, deben ser considerados como comportamiento criminal (Fletcher y Weinstein, 2015). En términos formales, se trata de un conjunto de aproximaciones judiciales y no-judiciales por el que las sociedades intentan hacer frente a un legado de graves violaciones de derechos humanos, al momento que pasan de un periodo de conflicto armado y de opresión a un periodo de paz, democracia y respeto hacia las reglas de un estado de derecho (ICT, 2007).

En general, se pueden distinguir cuatro objetivos de esta caja de herramientas (Viaene, 2013) que gradualmente ha logrado imponer sus conceptos en los debates y agendas sobre democratización, justicia y reconstrucción social en América Latina (Viaene, 2013): 1) la justicia (el deber de sancionar, de investigar y del debido proceso); 2) la verdad (el deber de recordar y el derecho a saber); 3) la reparación del daño; y 4) la no repetición. En algunas experiencias también se ha incluido, no sin tensiones, la reconciliación entre las partes del conflicto o entre víctimas y perpetradores.

Este sistema ha sido estudiado y reformulado por diversas disciplinas entre las cuales han dominado el derecho y la ciencia política, interesadas en aplicar, evaluar y teorizar en torno al paradigma de la justicia transicional, haciendo de este un campo en extremo abstracto, general, legalista, y con una visión de arriba hacia abajo (Viaene, 2013, p. 89). Una de las consecuencias de este dominio disciplinario ha sido la centralidad que ocupan los crímenes y graves violaciones de derechos humanos como forma clasificatoria de la realidad, relegando un fondo histórico de violencias estructurales que no se acotan a tal tipificación.

Otras perspectivas, menos dominantes, se han interesado por producir una crítica a este movimiento teleológico (Castillejo, 2017), cuestionando los supuestos fundamentales que pretenden dar respuesta a la violencia masiva y la reconstrucción de las sociedades (Fletcher y Weinstein, 2015). Esta corriente no solo se propone ‘localizar’ la justicia transicional o imaginar una justicia transicional desde abajo, sino también problematizar el paradigma dominante atendiendo a otras ontologías y lógicas culturales profundas que promueven ideas y prácticas diversas de justicia y transformación social (Viaene, 2013; Bell, 2009; Lambourne, 2009). Estudiosos de este paradigma se han interesado sobre todo por adaptar el discurso global de la justicia transicional a las particularidades históricas, culturales y de género de las poblaciones afectadas, poniendo en el centro a los sobrevivientes como protagonistas de los procesos (Crosby y Lykes, 2019).

En este marco epistemológico se sitúa esta obra colectiva que reúne experiencias y reflexiones de México, Colombia, Argentina, Guatemala y Nicaragua, países que han transitado en diferentes escalas por procesos de justicia transicional, o que pretenden hacerlo, y que comparten en común la persistencia de la violencia y de la impunidad. Se trata de un conjunto de reflexiones críticas en torno a los procesos de justicia transicional promovidos en estas geografías o, de su ausencia (como el caso de Nicaragua), así como sobre las formas en que se apropia y se reconstruye el paquete global de la justicia transicional desde contextos profundamente diversos.

¿De qué nos curamos?

Desde el fundamento dominante de la justicia transicional, la violencia es sinónimo de violaciones a los derechos humanos, tipificados en crímenes individuales o colectivos cometidos por el Estado o en el marco de conflictos armados. A partir de esta gramática encontramos en América Latina una manifestación bastante diversa de conflictos que implican pérdidas humanas masivas, prácticas de violencia sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, masacres, desplazamiento y reclutamiento forzado, aspectos asociados al carácter militar de la guerra.

Estas violencias no pueden pensarse de manera singular o ser segmentadas en periodos de tiempo concretos, pues sus manifestaciones son continuas, dinámicas y bastante complejas. Se trata también de atrocidades contenidas en el marco de guerras globales y condiciones geopolíticas que rebasan el territorio nacional y moldean tanto las formas que adquiere la violencia como las respuestas que se ofrecen para enfrentarla.

Por ejemplo, no es posible comprender los procesos de violencia política que se establecieron en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, y que después animarían los primeros procesos de justicia transicional en la región, sin mirar los aspectos geopolíticos que los propulsaron, en particular la Guerra Fría y la política norteamericana de externalización de la guerra, aún vigente.

En su enfrentamiento al comunismo, los Estados Unidos se atribuyeron la misión de garantizar universalmente la propiedad privada y el modelo de desarrollo capitalista por medio de su estrategia de ‘seguridad nacional’. Una de las operaciones mejor documentadas a través de la cual se hizo posible este proyecto fue el Plan Cóndor, instituido en Chile en 1975 y con la participación de militares de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El Plan Cóndor tuvo sus raíces en la ola de golpes abiertamente apoyados por la CIA y por Usaid (US Agency for International Development)¹ en los años sesenta y setenta y en la generalización de medidas represivas contra las amplias movilizaciones armadas y civiles que combatían la dominación norteamericana en la región y luchaban por la instauración del socialismo y de regímenes democráticos².

El modelo dictatorial característico de la época fue un gobierno militar basado en la doctrina de seguridad nacional, iniciado en Guatemala (1954), luego en Brasil (1964) y diseminando posteriormente por gran parte del continente gracias al apoyo logístico, tecnológico y financiero de los Estados Unidos³: Bolivia (1964), Argentina (1966 y 1976), Chile y Uruguay (1973).

Este modelo de control militar y económico norteamericano sobre América Latina no cesó en este periodo. El Plan Colombia, iniciado en el año 2000, y la iniciativa Mérida de 2008 en México consolidan en estos países la recurrente presencia de tropas militares norteamericanas en la región y la promoción de políticas de seguridad de tolerancia cero, antiterrorismo y guerra contra las drogas. Dicho control militar sigue respondiendo a la necesidad de monopolizar económicamente los recursos y de contener las capacidades organizativas que rechazan la dominación, el colonialismo y la desigualdad.

En las últimas décadas, los intentos de profundizar las políticas neoliberales en América Latina han contribuido a la expansión de este modelo militar, en un proceso que se ha bautizado como neoliberalismo de guerra. Un tipo de práctica colonialista que tiene en el centro una política de empobrecimiento y saqueo del mundo (González Casanova, 2002).

El neoliberalismo de guerra, profundizado a partir del 11 de septiembre de 2001 (Sader et al., 2006), ha implicado la extensión de un sistema social represivo que abarca reformas limitativas de los derechos y de las libertades democráticas, al tiempo que otorga mayor poder e impunidad al accionar de las fuerzas policiales y el incremento de la violencia estatal y paraestatal. Impulsado a través de un movimiento global hacia la securitización, este proyecto de seguridad implica la criminalización de la pobreza y de la protesta social, la intensificación de las economías extractivistas y el despojo de los recursos comunes.

Ya sea localizando al enemigo en las expresiones del terrorismo, el narcotráfico o el crimen, esta ideología de la seguridad reposiciona el carácter estructural de la violencia de Estado como una cuestión global que encuentra en la privatización y la propagación de los aparatos militares —estatales y privados— uno de sus rasgos característicos (Davis, 2017, p. 29).

Los procesos de macrocriminalidad en México son una manifestación de este modelo de guerra irregular que ha costado miles de vidas, desapariciones, desplazamientos forzados y despojos colectivos en de la disputa permanente por los recursos naturales, los territorios y los cuerpos. Se trata de un sistema de guerra que reconfigura radicalmente la geografía política, social y económica de América Latina, no sin encontrar fuertes resistencias en movimientos sociales que enfrentan el proceso de concentración de la riqueza, militarización, paramilitarización y despojo sistemático. Al mismo tiempo, impone grandes retos para pensar la justicia y los procesos de transición en el presente y el futuro latinoamericano.

El paquete latinoamericano

América Latina ha sido un continente pionero en la aplicación de enfoques de justicia transicional desde los años ochenta hasta la fecha. Durante este tiempo, se han establecido comisiones de la verdad, instrumentos de reparación a las víctimas y, en algunos casos, juicios para sancionar a los responsables.

En la región han existido al menos diez comisiones de la verdad, un número mucho mayor de iniciativas oficiales y no oficiales de memoria y, en al menos ocho países, se han desarrollado procesos penales en contra de perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Recientemente se han producido también iniciativas de justicia especial para hacer frente a la corrupción como un mal que lesiona profundamente la democracia y produce otras formas de violencia. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un ejemplo de ello. También se han implementado medidas de justicia transicional en contextos de macrocriminalidad, como la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa en México, temática que es desarrollada en este libro en el capítulo de Érika Liliana López.

Todas estas iniciativas de justicia transicional promueven la responsabilidad estatal en la procuración de medidas satisfactorias para las víctimas, de modo que este se encuentra en el centro de las exigencias y de las soluciones para la transición, siendo uno de los aspectos más críticos imaginar un horizonte político más allá de sus márgenes. Además, el paradigma de la justicia transicional sostiene algunos supuestos, necesarios de señalar para dar marco a las reflexiones que continúan en esta obra. La justicia transicional asume que:

•Los conflictos suceden en un tiempo acotado y es posible diseccionar la historia para ser tratada en partes a través del derecho. De allí se desprende la idea de que hay un punto de inicio y un punto final de la violencia que pueden ser observados y tratados como periodos autocontenidos.

•Existen sujetos y colectividades que son víctimas y victimarios y se distancian moralmente uno del otro como entidades opuestas. Esto anima las clasificaciones morales y un tipo de esencialismo binario para entender cómo ocurre y cómo se repara la violencia.

•El daño es reparable y el conflicto superable, por lo que la justicia transicional implica que es posible hacer una clausura de los procesos de sufrimiento social.

•La justicia transicional se propone regresar al estado anterior al daño causado, sin considerar que ese estatus pueda ser menos deseable porque hizo posible la violencia.

•La transición no es posible si alguno de los componentes de la ‘caja de herramientas’ falla: justicia, verdad y reparación deben considerarse complementarios, asumiendo que su realización es un deseo universal.

•La justicia transicional es una promesa de futuro, que puede ocluir la continuidad de ciertas formas históricas de violencia estructurales que subyacen a sus manifestaciones más extremas.

Dada la complejidad y diversidad de trabajos que han sido desarrollados en este campo de estudios, nuestro interés radica en reunir algunas aproximaciones críticas sobre el devenir de esta ola de justicia transicional en Latinoamérica, privilegiando los trabajos basados en la inmersión y la cercanía con la experiencia propia de las comunidades.

Este interés se manifiesta en un ejercicio de mirarnos al espejo y explorar cuáles han sido las secuelas de los procesos de justicia transicional, más allá de los límites del derecho, para reconocer los cambios producidos en los lenguajes, las prácticas, los sentidos, las emociones, las estrategias y los recursos que han circulado en torno a procesos tan heterogéneos y sinuosos.

Este ejercicio se formula desde un contexto de nuevas conflictividades, marcado por la precarización de las condiciones de vida, la lucha por los derechos colectivos e individuales, la represión de las disidencias, la defensa del territorio, nuevas olas de desaparición forzada y asesinatos selectivos y la consolidación de un proyecto de militarización en gran parte de nuestra región. Ante este panorama que lesiona profundamente el bienestar de quienes habitamos América Latina, nos preguntamos por las herencias de la justicia transicional, sus promesas pedagógicas de no repetición y abrimos la pregunta sobre otras alternativas para pensar futuros posibles más justos y menos violentos.

Las y los autores que han decidido colaborar con este libro tienen una importante trayectoria de investigación en diferentes disciplinas de las ciencias sociales y el derecho; algunos se han comprometido personalmente con los procesos de justicia transicional y todos sostienen un análisis crítico basado en sus propias experiencias y un material empírico de enorme profundidad.

Algunas de las preguntas que alientan esta iniciativa y con las cuales esperamos despertar el interés de quien se acerca a este libro son: ¿está en decadencia el proyecto de justicia transicional? ¿Estamos frente al ocaso del derecho y, por lo tanto, de este sistema? ¿Qué tipos de violencia enfrentan los países postransicionales? ¿Qué justicias y qué verdades ofrecieron los mecanismos de transición? ¿Qué formas alternativas de justicia emergen desde América Latina por fuera del marco transicional? ¿Cómo cambió la ola transicional a los movimientos sociales de nuestra región? ¿Cuál ha sido el posicionamiento de la academia y cuáles los desafíos que se le presentan para pensar la justicia? En las siguientes secciones intentaremos reflexionar sobre estas preguntas a la luz de lo que nos ofrecen las contribuciones de cada capítulo y nuestras propias observaciones.

Instituciones y burocracias transicionales

La institucionalización de la justicia transicional ha tenido efectos paradójicos en Latinoamérica. Por un lado, la apropiación de las prácticas, discursos e instituciones de la justicia transicional ha permitido la movilización de reclamaciones de víctimas, grupos y organizaciones que se han politizado, y al mismo tiempo ha delineado los límites de la imaginación política por medio de su lenguaje y posibilidades. Por otro lado, las institucionalidades emergentes, si bien han permitido la apertura de discursos públicos sobre la violencia, los responsables y las víctimas, han terminado al servicio de la relegitimación del Estado y las estructuras de poder que la verdad, la justicia y la reparación esperan transformar.

La justicia transicional ha desarrollado diferentes instituciones características: las legales, como fiscalías y tribunales; las de memoria, como museos, archivos y memoriales; los centros de reparación administrativa (individual y colectiva); las instituciones forenses; y las instituciones para la desmovilización y la reincorporación de excombatientes. Sin embargo, rara vez la justicia transicional ha transformado o afectado las instituciones históricas del Estado. Pocas veces se han realizado purgas en instituciones militares o de policía. Excepcionalmente se han hecho reformas constitucionales que derivan en aperturas burocráticas. De manera que los principios transicionales suelen ser incorporados dentro del aparato político e institucional vigente sin grandes transformaciones estructurales.

Los discursos legales y los regímenes jurídicos de la justicia transicional han emergido como dispositivos expertos que reorganizan la experiencia de las personas y las comunidades. Estos dispositivos jurídicos se han materializado en políticas públicas y burocracias que modulan los discursos de las personas mediante la clasificación de hechos y comportamientos y de la generalización de las narrativas de violencia. Usualmente, estas instituciones necesitan de saberes expertos como el derecho, la antropología forense, la historia, la economía, la psicología social, entre otros, para el desarrollo de dispositivos de explicación, racionalización y mediación de las experiencias y relatos de dolor colectivo e individual. Estas instituciones desarrollan diferentes procedimientos y estrategias para implementar y evaluar sus mandatos, como la tipificación (tipos de hechos y patrones de victimización), la segmentación (poblacional o enfoque diferencial) o la priorización (según criterios de escasez de recursos), transformado la experiencia en un relato político, económico o cultural global.

La institucionalización de la justicia transicional así realizada selecciona, excluye, silencia y recalca ciertos legados y narrativas sobre la violencia política. La burocratización de la justicia transicional transforma las experiencias de dolor, búsqueda de justicia y politización de las personas y comunidades en itinerarios burocráticos que demandan años y crean expectativas generalmente incumplidas. Como lo demuestran algunas de las contribuciones de este libro, la justicia transicional no ha resuelto la frustración de las personas y