La democracia en México

Por Pablo González Casanova

En esta obra, considerada ya clásica dentro de la literatura sociológica mexicana, el autor somete a un lúcido, riguroso examen, las estructuras económicas, sociales y políticas del país. Dice González Casanova: “Uno de los objetos de este estudio es mostrar que la estructura del poder que tenemos es parte del tipo de país en que vivimos... Y de es

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones Era
• Fecha de lanzamiento: 20 jun 2020
• ISBN: 9786074452839

Pablo González Casanova

Pablo González Casanova (Toluca, 1922) es doctor en sociología por la Universidad de París. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1970 a 1972) y director del Instituto de Investigaciones Sociales. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Autor prolífico de medio centenar de libros y numerosos artículos, ha recibido el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigaciones en Ciencias Sociales y doctorados honoris causa por las universidades de Colima, Guadalajara, Montevideo, Autónoma de Puebla, La Habana y Central de Venezuela.

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PALABRAS PRELIMINARES

A la primera edición

El tema que tratamos, el método que seguimos para desarrollarlo y las actitudes posibles del lector nos invitan a escribir estas palabras aclaratorias, que pueden ser útiles para una lectura sin tropiezos.

Este estudio no es apologético ni escéptico. No se pretende en él decir que en México la democracia es un hecho acabado, o lamentar las frustraciones de una idea universal. Se trata de comprender un comportamiento extraño –a pesar de ser tan nuestro– y de comprenderlo luchando contra la opacidad, la risa, el juego y el odio políticos, que impiden su comprensión. Además se trata de ver la relación de este fenómeno con el problema que más nos preocupa y más directamente está vinculado a una democracia efectiva, que es el desarrollo del país.

Los lectores que busquen encontrar en este libro razones para su escepticismo o para su entusiasmo se sentirán seguramente defraudados, y hallarán una irritación desagradable si lo único que buscan son argumentos, datos y juicios, que confirmen sus prejuicios, o sus fobias. Los escépticos van a encontrar datos optimistas, los apologistas motivos de crítica, no porque hayamos buscado el justo medio, o porque hayamos querido ser eclécticos y escoger de aquí y allá, en un falso afán de objetividad, sino porque estamos plenamente convencidos que el fenómeno mismo que estudiamos, que la sociedad civil en que vivimos son terriblemente contradictorios y tienen un dinamismo, un movimiento de columpio entre lo que nosotros interpretamos como bueno y malo, como alentador y deprimente, como éxito o fracaso, como cumplimiento del deber, o pecado político.

El camino que hemos seguido en la elaboración del estudio nos obliga a hacer dos aclaraciones sobre la forma de leerlo. El estudio tiene un flujo constante y va de niveles abstractos a niveles concretos, encierra datos que se corrigen y ajustan mutuamente. Conviene que el lector suspenda sus juicios definitivos en el curso de la lectura, porque al volver de las páginas puede encontrarse con datos y juicios complementarios para la explicación de un fenómeno eminentemente variable, y que sólo se entiende en sus variaciones totales.

Un afán de objetividad nos lleva al principio a una mera descripción del poder y por momentos éste parece una entidad metafísica. Sin embargo, conforme el lector avance en la lectura advertirá, según pensamos, cómo el poder se integra a una realidad social y cultural mucho más amplia, con la que está relacionado, y de la que forma parte. Uno de los objetos del estudio es precisamente mostrar que la estructura del poder que tenemos es parte del tipo de país en que vivimos, parte de nosotros como sociedad nacional, parte de las clases y los estratos que la integran. Y de esa realidad, de esa sociedad nacional, se desprenden también las ambiciones, los ideales y con ellos las críticas y el dinamismo hacia formas distintas de gobierno y sociedad civil.

El estudio es muy breve para un fenómeno tan amplio y complejo. Sugiere la necesidad de ir más al fondo de las cosas, de no descansar exclusivamente en las estadísticas oficiales, de hacer estudios de campo, sondeos, informes, monografías sobre la situación política de México, que nos precisen el panorama y nos lleven a elaboraciones y análisis más rigurosos y objetivos. Su intento es también éste: alentar la investigación científica de los problemas políticos nacionales, pues mientras no tengamos una idea clara, bien informada de la vida política de México, ni las ciencias sociales habrán cumplido con una de sus principales misiones, ni la acción política podrá impedir serios e inútiles tropiezos.

El carácter científico que pueda tener el libro no le quita una intención política. Todo él está hecho recordando que durante la etapa armada de la Revolución Mexicana perdimos un millón de vidas humanas, y que en ese mismo periodo y en la década de los veintes emigraron casi setecientos mil mexicanos al extranjero.*

Reconocer nuestra realidad, acabar con los fantasmas que nos asustan, con las simulaciones, con la retórica y la propaganda que nos enajenan, con la falsa idea de que la mejor manera de amar a México es ocultar sus problemas; buscar así una acción política que resuelva a tiempo, cívica, pacíficamente, los grandes problemas nacionales es el principal objetivo político que buscamos, sintiéndonos como nos sentimos corresponsables y partícipes del gran movimiento que se inició en 1910 y que, una y otra vez, lucha por salir del eterno retorno y alcanzar sus metas.

Quiero agradecer en especial al Sr. Calixto Rangel Contla y a la señora Esperanza Burguete de Fabila, el auxilio que me prestaron en la recopilación de los datos cuando fueron mis alumnos en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Sin su ayuda y sin la de muchos otros estudiantes esta labor tediosa, y el tiempo escaso de que disponíamos, habrían retrasado considerablemente la realización del trabajo. Igualmente deseo agradecer al Dr. Frank Brademburg el haberme facilitado algunos de sus estudios sobre la política mexicana. En fin, quiero agradecer a mi hermano Henrique y a Guillermo Haro la lectura del manuscrito y las observaciones que me hicieron.

San Jerónimo Lídice, 1963.

Post Scriptum a la primera edición: Terminamos de escribir este libro en mayo de 1963.

A la segunda edición

Después de ocho meses de publicada se agotó la primera edición de este libro. En general tuvo mejor acogida de la que esperábamos, siendo un tema tan controvertible. De las críticas algunas nos han sido particularmente útiles para aclarar conceptos que se prestaban a confusión o errores de análisis. A las correcciones hemos agregado algunos datos estadísticos e históricos más recientes que los de la primera edición.

Agradecemos a la señora Ramona Ham López de Martínez la ayuda que nos prestó en la recopilación de los nuevos datos estadísticos.

Y agradecemos muy particularmente al profesor Jorge Basurto la colaboración que nos prestó al revisar y corregir los textos de acuerdo con los nuevos datos.

[1967]

EL PROBLEMA

Al hablar de desarrollo económico implícita o explícitamente pensamos en un incremento del producto nacional real o del producto per capita, y también en una distribución más equitativa del producto. Todo país desarrollado tiene un producto mayor y una mejor distribución del producto. En ningún caso un país desarrollado deja de reunir ambas condiciones.

Cuando hablamos de desarrollo económico pensamos también implícita o explícitamente en un aumento de los niveles de vida de la población –de su nutrición, de su salud, de su indumentaria, de su educación. Pero hay más, al hablar de desarrollo económico estamos refiriéndonos, querámoslo o no, a un fenómeno mucho más amplio que el simple crecimiento del producto, o la sola mejoría de los niveles de vida; a un problema de orden moral y político. El término desarrollo económico es sucesor y heredero de otros como Civilización o Progreso, quizás menos técnicos pero más comprensivos, que apuntaban expresamente a la misma idea que supone el término desarrollo económico; a un tipo de moral igualitaria, que está en el trasfondo de toda ética social desde el siglo XVIII, y en la base de toda actividad política –pacífica o violenta– desde que en ese mismo siglo se inicia, en forma sostenida, la revolución de las grandes expectativas populares.

La teoría del desarrollo económico es en gran parte una de las más recientes respuestas a esta presión moral y política de las masas. Pero por razones técnicas e ideológicas, suele olvidar en qué radica esencialmente el origen del problema del desarrollo y su solución; reduce su análisis al crecimiento del producto; a lo más, a su distribución; y descuida la vinculación de estos fenómenos con el campo político y social, aunque ocasionalmente lo recuerde.

En efecto, para que se logre el desarrollo, o lo que éste realmente significa –aumento y redistribución del producto– se requiere pensar en términos no sólo de política económica –y dentro de los límites tradicionalmente asignados a la política económica–, sino en términos de ciencia política y de sociología económica. Esto es, se necesita pensar radicalmente no sólo con las categorías que usa el economista, sino con las categorías que usa el político, aquellas que lo inducen a tomar decisiones en materia de inversiones, gastos, salarios, mercados; decisiones que para frecuente desesperación del economista no corresponden a sus modelos de desarrollo, apartados por lo común de los problemas políticos reales, operantes.

Como hecho curioso en la evolución de la ciencia económica, puede decirse que hasta hoy sigue encerrada en sus límites tradicionales, no obstante las reiteradas experiencias que deberían haberla hecho salir de ellos hace mucho tiempo. Los esfuerzos realizados –sobre todo en la última década– para romper este aislamiento –Myrdal, Baran, Ackermann, Perroux– son relativamente escasos y, en general, cuando se habla de la necesidad de vincular la economía con la sociología o la ciencia política, no se pasa de decir una serie de lugares comunes, que sólo deberían ser el punto de partida para el análisis científico del desarrollo como fenómeno integral, económico y político, social y cultural.

Cualquier observador del estado actual de la ciencia del desarrollo podrá fácilmente advertir qué poco se han utilizado los instrumentos de investigación y análisis más refinados para estudiar e interpretar concretamente las asociaciones y relaciones de los distintos elementos que constituyen este fenómeno. En la literatura científica del desarrollo, todavía son relativamente escasos los estudios concretos, aunque sean elementales. Sólo entre los dirigentes, los ideólogos, los políticos suelen encontrarse análisis de situaciones particulares, en que se consideran los aspectos políticos del desarrollo de una manera expresa, y como el fondo mismo, como la esencia del problema.*

Y esto que decimos del desarrollo económico y de la ciencia del desarrollo en términos generales, podemos decirlo con referencia a México. Aquí, cuando hablamos de desarrollo sólo implícitamente pensamos que se trata a la vez de un proceso de crecimiento del producto, de distribución del producto, de aumento de los niveles de vida, y de respuesta política a la moral igualitaria y a la política igualitaria de las grandes masas; en suma, de un fenómeno tan político por lo menos como puede serlo económico; de un fenómeno que debemos analizar –con métodos refinados o sencillos– en todas sus relaciones, y no sólo en sus aspectos económicos.

Con estos supuestos, los problemas del desarrollo económico de México que intentamos abordar en este ensayo, nos llevan a terrenos aparentemente insólitos. ¿En qué forma la estructura del poder de un país como México condiciona y limita las decisiones en materia de desarrollo económico, o deriva en decisiones que corresponden propiamente a medidas de simple crecimiento económico? ¿Hasta qué punto es posible modificar la estructura del poder para lograr el desarrollo económico?

Los mismos problemas se podrían plantear empleando el término democracia, en cuyo caso nos preguntaríamos ¿hasta qué punto el tipo de democracia que hay en México condiciona y limita el desarrollo económico, y hasta qué punto podemos alcanzar una democracia que logre el desarrollo? Pero por ser la palabra democracia un término cargado de valores y mucho más persuasivo que comprensivo procuraremos emplearlo con reserva, dejando su análisis para la parte final del estudio, en que podremos comunicar su contenido con una mayor precisión. En todo caso, el análisis de la estructura política del país nos permitirá alcanzar un concepto operante de la democracia en México, que sirva para estudios más profundos y claros de los problemas que implica.

Dejando así en forma provisional los dos objetivos esenciales –democracia y desarrollo– para más tarde, y tomando como puente de acceso para su estudio la estructura del poder, advertimos que el análisis de ésta requiere considerar por lo menos tres fenómenos principales:

I. La relación de la estructura política formal –de los modelos teóricos y jurídicos de gobierno– con la estructura real del poder.

II. La relación del poder nacional –de la Nación-Estado– con la estructura internacional.

III. La relación de la estructura del poder con la estructura social, con los grupos macrosociológicos, con los estratos, con las clases.

Si en cualquier estudio sobre las decisiones políticas en materia de desarrollo económico es necesario hacer estos tres tipos de análisis, en el caso de los países subdesarrollados o en proceso de desarrollo la necesidad es todavía mayor por varias razones.

1. Los modelos teóricos de gobierno o las instituciones constitucionales tienen un carácter formal que corresponde a un funcionamiento sui generis, particularmente imprevisto por los modelos teóricos occidentales, o por los ideólogos y legisladores que los imitaron e implantaron.

En toda ciudad, en toda nación es fácil advertir las grandes diferencias y contrastes entre las normas ideológicas o jurídicas y la realidad política. No se necesita mucha agudeza para ver las diferencias. Pero en nuestros países los contrastes son mucho mayores y tienen una densidad especial. Por un proceso de imitación, típico de la universalización de Occidente, importaron o importan desde el siglo XIX estos modelos y constituciones, y los imponen en una realidad no europea, llamada bárbara o salvaje por los propios europeos, en la que cobran un movimiento inesperado, opaco ante la conciencia occidental.

Mientras en Europa los modelos teóricos y legislativos son el resultado de un contacto directo, creador, entre la experiencia y el pensamiento político y legislativo, de donde resultan instrumentos y técnicas propios, en nuestros países la creación tiene como mediador un pensar ajeno del que nos apropiamos por imitación y ajuste. Los instrumentos y técnicas propios se incrustan y operan en las ideas, en las constituciones, y las hacen tener una vida simbólica, civilizada-salvaje, occidental-tropical, que va desapareciendo conforme nos apropiamos de nuestra propia existencia, conforme nos desarrollamos. En la legislación hay un proceso semejante a aquél de tipo religioso en que se ocultan los ídolos bajo los altares, con la misma psicología del perseguido, del idólatra.

Incluso hoy, tras el genio legislativo de los constituyentes de 1917, y tras la creación de modelos e instituciones derivados de nuestra propia experiencia histórica y política, quedan en el conjunto de la Constitución una serie de instituciones raras ideadas en Europa o Norteamérica. Tienen aquí, como en otros países subdesarrollados, una función programática, utópica y ritual de que carecen en sus lugares de origen y que se enlaza bárbaramente con la seguridad nacional, las instituciones vernáculas y la política realista.

Estas circunstancias hacen urgente la labor de confrontar en la vida diaria los modelos y formas jurídicos ortodoxos, oficiales, con la realidad. Todo ciudadano de estos países adquiere el hábito de comparar el modelo ortodoxo y la realidad pagana, en que vive, peca o ve pecar, y se obsesiona, se enferma moral e intelectualmente de comparar. La comparación es parte de su retórica o de su crítica, de su satisfacción o de su ira.

En nuestro país también estamos acostumbrados a comparar las ideas y modelos jurídicos con la realidad. Generalmente hacemos la comparación con un dejo de amargura, o con una actitud irónica, con una risa de tropiezo. Es obvio que esta actitud –producto de una larga frustración jurídica– impide con frecuencia una observación que nos permita el análisis sistemático de nosotros mismos como seres políticos, y del país como un país en que el derecho público y los modelos teóricos tienen un extraño y raro comportamiento, que merece una investigación sin angustia, objetiva.

2. En cuanto a la necesidad de relacionar el poder nacional –de la Nación-Estado– con la estructura internacional, es también apremiante en estos países, que desde su advenimiento a la vida independiente han vivido, como problema vital, el de la expansión, penetración o dominio de las grandes potencias sobre las pequeñas naciones.

No nos referimos al problema como imperialismo en tanto que este término está cargado de otro tipo de valores y nos hace perder la perspectiva del poder nacional. Nos referimos a lo que Perroux llama el efecto de dominio de las grandes naciones y las grandes empresas; a la dinámica política de la desigualdad que afecta el complejo total de las economías nacionales y de la fuerza contractual del Estado, que hace pesar sobre estas naciones la amenaza de quedarse como naciones aparentes, sin política propia. Este problema vital y empíricamente evidente corresponde a un fenómeno casi físico, de fuerza, presión y política, que los propios ideólogos del imperialismo no pueden negar ni tachar de retórico o de metafísico. Sale de la polémica, comprende los procesos políticos de estas naciones, y aunque no los explique en su totalidad, explica su comportamiento y la forma de incrementar la fuerza contractual del Estado.

Los ideólogos e investigadores de las pequeñas naciones tienen dos importantes objetivos: de un lado denunciar a las grandes potencias en cuanto las dominan y explotan, de otro, descubrir y aumentar las fuerzas nacionales, y ver cuáles son los obstáculos que se les oponen y cómo pueden salvarlos. Es este último problema el que aquí particularmente nos interesa, y el más importante quizás, desde un punto de vista práctico, cuando en las actuales condiciones históricas de México se quiere lograr una modificación de la realidad, favorable a la nación y al incremento de la capacidad de negociación del Estado mexicano.

3. En cuanto al análisis de las relaciones entre la estructura política y la estructura social –propio de todo estudio científico del Estado, y en lo particular de la sociología política–, es un análisis que se hace apremiante en nuestros países, en los que la estratificación, la movilidad, las clases y grupos sociales, son notablemente distintos a sus correlatos de las sociedades metropolitanas.

En las ciencias sociales, como en el terreno jurídico, hemos tendido a aplicar a nuestra realidad, de un modo automático, las categorías y conceptos europeos que se fundan en la experiencia política de Europa. Parece haber sido más fácil a nuestra mente –en sus circunstancias– forzar el comportamiento de los hechos para que se ajusten a los modelos de los países dominantes, que hallar nuestros modelos. Y aunque esta situación desaparece ya del panorama intelectual, con los procesos de independencia cultural y política de los países subdesarrollados, los caminos concretos de investigación apenas forman brechas.

Nuestros países –subdesarrollados, pobres, coloniales o semicoloniales– se parecen mucho más entre sí de lo que se parecen a los países metropolitanos. En todo caso, las generalizaciones que comprendan a unos y otros deberán suceder a las generalizaciones que se deduzcan de la experiencia de los propios países pobres. Acabar con los últimos vestigios de colonialismo intelectual –con disfraz conservador o revolucionario– e intentar un análisis de las relaciones entre la estructura política y la estructura social, con categorías propias de los países subdesarrolla dos, es de vital importancia para el análisis de las instituciones políticas de México.

LA ESTRUCTURA DEL PODER

CAPITULO I

LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO

Modelo y realidad

El texto constitucional de México –como el de los demás países latinoamericanos– se inspira en las ideas de la Ilustración Francesa y de los constituyentes de Filadelfia. Las ideas de Rousseau sobre la soberanía popular, las de Montesquieu sobre la división y equilibrio de los tres poderes y las de los contrapesos y balanzas del poder estatal, a que se refiere Madison en El Federalista, son el fundamento teórico-jurídico de nuestras constituciones políticas.

En la realidad, la estructura del gobierno y las decisiones políticas van por caminos distantes de los modelos ilustrados del siglo XVIII y principios del XIX. No es por intermedio de éstos como se puede entender su funcionamiento real y sus significados más ricos. Los partidos, el sufragio, las elecciones, los tres poderes, la soberanía de los estados federales, y en general todo el aparato de la democracia tradicional operan en tal forma que las decisiones políticas nada o poco tienen que ver con los modelos teóricos de la lucha de partidos que institucionaliza el cambio del poder, o con el equilibrio y control de unos poderes por otros, o con una federación de estados libres y soberanos. La dinámica política, la institucionalización del cambio, los equilibrios y controles, la concentración y distribución del poder hacen de los modelos clásicos elementos simbólicos que recubren y sancionan una realidad distinta.

I. ELECCIONES Y CAMBIO DE PODER

Desde 1929 en que se funda el partido del gobierno, éste no ha perdido nunca una elección presidencial, una elección de gobernador, una elección de senador. Hasta antes de la elección presidencial de 1964 el partido había llevado al poder a seis presidentes, a casi 200 gobernadores, a 282 senadores,¹ cifra que aumentó a partir de entonces por el triunfo de la totalidad de candidatos postulados por el PRI para esos puestos en las citadas elecciones de 1964. Y los partidos de oposición no sólo han carecido de la fuerza real e institucional necesaria para ganar uno solo de esos puestos, o para obligar pacífica e institucionalmente a que sean reconocidos sus triunfos, sino que muchos de ellos presentan características esencialmente distintas de las que corresponden a un partido en el terreno teórico o