Desde principios de 2019, órganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, encabezados por la Sedena, documentaron los pactos que la delincuencia organizada hizo con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y casi la mitad de los municipios del estado para controlar la entidad. Los supuestos vínculos del gobernante con grupos ilegales fueron identificados desde su gestión como presidente municipal de la capital, Cuemavaca.
Documentos de inteligencia de la Sedena, parte de los miles de correos electrónicos hacheados por el colectivo Guacamaya, revelan que desde 2019 el Ejército dio seguimiento a Blanco ante la posibilidad de que estuviera coludido con el Comando Tlahuica, célula del grupo Los Rojos.
Según declaraciones de funcionarios y miembros de la delincuencia organizada, la Sedena documentó que aparentemente Blanco pactó con el Comando Tlahuica para darle el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y el territorio de Cuernavaca.
Este municipio, según documentos de inteligencia de la Secretaría de Marina, está en pugna por ser el punto de reunión en la ruta de la droga proveniente de Guerrero y su ingreso al Estado de México y a la Ciudad de México, además de estar situado sobre el poliducto Añil-Cuemavaca, donde los grupos delincuenciales roban el hidrocarburo.
En febrero de 2019, recién iniciado el mandato de Blanco, el Comité Interinstitucional de Inteligencia (CII) –formado por la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal– realizó una radiografía de la entidad.
“Las estructuras delictivas que mantienen presencia en la
