El Estado y los partidos políticos en México

Por Pablo González Casanova

Esta recopilación de ensayos, ampliada y revisada desde su quinta edición, cubre ahora un lapso que va de 1976 a 1985. De esta manera, contiene una dimensión de largo alcance que amplía el ciclo que se había iniciado con el libro pionero del mismo González Casanova: {La democracia en México}.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones Era
• Fecha de lanzamiento: 20 jun 2020
• ISBN: 9786074452822

Pablo González Casanova

Pablo González Casanova (Toluca, 1922) es doctor en sociología por la Universidad de París. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1970 a 1972) y director del Instituto de Investigaciones Sociales. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Autor prolífico de medio centenar de libros y numerosos artículos, ha recibido el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigaciones en Ciencias Sociales y doctorados honoris causa por las universidades de Colima, Guadalajara, Montevideo, Autónoma de Puebla, La Habana y Central de Venezuela.

Vista previa del libro

Pablo González Casanova

El Estado y los partidos políticos en México

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

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El Estado y los partidos políticos en México

Primera edición: 1981

ISBN: 978-968-411-150-9

Edición digital: 2013

eISBN: 978-607-445-282-2

DR © 2013, Ediciones Era, S. A. de C. V.

Calle del Trabajo 31, 14269 México, D. F.

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Índice

Nota preliminar

Discurso por la democracia

¿A dónde va México? (En el sexenio 1982-1988)

El espectro monetarista

El espectro de las formas

El espectro moralista

La verdadera elección

Pensamiento reaccionario

Corrupción por consenso cómplice

Opciones democráticas

La sucesión presidencial

La correlación de fuerzas y el sistema

El Estado: dominación desigual y combinada

Una complicación: la lucha de sectores y clases

Perspectivas de una nueva izquierda

La cultura política en México

Lo mismo distinto

Irritar, tolerar, corromper

El rastro de la violencia

Decir o no decir

Relajo y vejación

La vigencia seoreta

El horizonte ideológico

Los lenguajes históricos

La expropiación del otro

El regreso del liberalismo

Kant en Querétaro: la ley y la trampa

Ontología de la transa

La ley al enemigo y el enemigo sin ley

Las huellas del futuro

El desarrollo económico y social

La nación y el Estado

El territorio y la población

El capital y el trabajo

Empresas públicas y empresas privadas

El desarrollo y los niveles de vida

Crisis, política y petróleo

El partido del Estado y el sistema político

1. Política y poder

2. Partido único y partido del Estado

3. Política de masas

4. Prolegómenos de la especificidad

5. Las experiencias de masas, poder y partidos de los inicios de la Revolución Mexicana a 1929

6. Partidos y experiencias de masas de 1917 a 1929 en que se funda el partido del Estado

7. El Partido Nacional Revolucionario

8. El Partido de la Revolución Mexicana

9. El Partido Revolucionario Institucional

10. El sistema político: partidos y elecciones

11. Crisis y reconstrucción del sistema político

12. La crisis del sistema: alternativas

13. Partidos políticos en México: algunos datos básicos (1985)

El sistema político partidos y elecciones

La crisis del sistema político: situación

La crisis del sistema: alternativas

La reforma política y sus perspectivas

Críticos y partidarios

Izquierda y clase obrera

Línea de acción y autonomía de clase

Política y monopolios

Izquierdistas y revolucionarios

Lucha democrática y lucha revolucionaria

El Estado y las masas

El partido del Estado y sus funciones

El poder del PRI y el poder de las masas

El poder, el presidente y el PRI

La carrera política y el reclutamiento de cuadros

Intermediarios, mediadores y mediatizadores

Cooptación o captación de la oposición

La lucha ideológica

La represión

La lucha por una política de masas

El futuro inmediato de la sociedad y el Estado

Neocientíficos y neomalthusianos

El futuro socialista

Las luchas intermedias

La lucha actual y las tendencias

Si los neofacistas ganaran

La posibilidad antifascista

Hacia un nuevo sistema político y sindical

Posdata del futuro

Referencias bibliográficas

Nota preliminar

En esta nueva edición ampliada sobre El Estado y los partidos políticos en México, hemos mantenido la idea de presentar los trabajos en un orden exactamente contrario al que fueron publicados. Me parece que leerlos en forma retrospectiva, da un sentido de actualidad y génesis al contenido de las distintas proposiciones, y permite ver cómo lo que se afirma hoy es en buena medida confirmación o re-visión de lo que se dijo ayer.

El primer texto corresponde al discurso leído en Palacio Nacional el día 19 de diciembre de 1984, con motivo de la entrega del Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, por el presidente de la República. El segundo, ¿A dónde va México?, apareció publicado en cuatro partes, del 19 al 22 de diciembre de 1982. La primera tenía el título general del ensayo, la segunda se titulaba El espectro monetarista, la tercera El espectro de las formas y la cuarta El espectro moralista. El tercer texto corresponde a un ensayo que apareció el 30 de mayo de 1982, en el periódico Uno más Uno, sobre La verdadera elección, esto es, sobre la que parece ocurrir por debajo o al lado de las meras formas. El cuarto ensayo, La sucesión presidencial en 1982, fue publicado del 30 de agosto al 20 de septiembre de 1981, en el periódico Uno más Uno en cuatro partes; la primera tenía también el título general del ensayo, y las demás se titulaban: El Estado: dominación desigual y combinada, Una ausencia: la lucha de clases y Perspetivas de una nueva izquierda. El quinto ensayo, que aquí se publica con numerosas correcciones, apareció en septiembre de 1981 en la revista Nexos y se refiere a La cultura política en México. Los demás, siguen el orden de aparición que ocuparon en la edición anterior. El texto sobre El desarrollo económico y social salió en 1980, y el del Futuro inmediato de la sociedad y el Estado salió en 1976. De aquél hay una versión abreviada en Scientific American, Éste fue escrito en 1976 y publicado en Nueva Política. Los otros dos aparecieron en 1979 y 1978, respectivamente: el del Partido del Estado y el sistema político en Nexos y el de la Reforma Política y sus perspectivas en Sábado. A ellos se añadió un trabajo inédito sobre El Estado y las masas que fue escrito en estos años.

El ensayo que ahora publicamos de El partido del Estado y el sistema político es una versión actualizada hasta 1985. En la actualización de este texto colaboró el profesor Jorge Cadena, a quien queremos expresar nuestro agradecimiento. Todos los ensayos tienen una cierta unidad entre sí y con La democracia en México. Su diferencia teórica con el viejo libro parece darse por una argumentación que hoy pone mayor énfasis en la lucha de clases y en la lucha por la autonomía e independencia de las organizaciones proletarias y populares. En cuanto al contenido los nuevos ensayos ahondan y precisan problemas del Estado y del tiempo, que no fueron tema central entonces o que entonces no tenían existencia. Así, hoy destacamos más la vinculación de la lucha democrática y nacional con la revolucionaria y socialista, aunque con todas teníamos y tenemos igual compromiso.

Pablo González Casanova

Instituto de Investigaciones Sociales

Ciudad Universitaria, enero de 1986

Discurso por la democracia

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Al recibir el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía una de las felicitaciones que más me alegraron fue la de aquéllos que sintieron que con el premio también se les premiaba a ellos, en una especie de declaración de respeto a su posición independiente y crítica. Su entusiasmo evidente, su seguridad calurosa, me parecieron encerrar por lo menos dos significados, el que ellos mismos vieron de ganar o consolidar espacios políticos, y el que corresponde a un Estado que en gran parte es heredero de una cultura de la tolerancia extraordinaria, la juarista.

En cualquier caso me pareció que al decir estas palabras debería hablar de la democracia, en especial de un nuevo concepto de la democracia que está surgiendo en América Latina, y que no sé si estamos entendiendo bien, y que es importante entender como intelectuales, o como líderes, o como hombres de Estado. Y de eso nuevo, o que me parece nuevo, querría hablar un poco aquí.

El problema de la democracia en México no es sólo del sistema político. Es también un problema del Estado. Lo mismo ocurre en América Latina, el problema de la democracia no es nada más un problema político, sino un problema de poder. Y curiosamente eso, el Estado Mexicano lo entiende bien cuando se refiere a lo nuevo en América Central, pero no siempre parece entenderlo con la misma profundidad cuando se refiere a lo nuevo en México; y es necesario entenderlo, porque si nuestra política exterior es una de las más avanzadas y progresistas, una de las más creadoras para abrirle paso al siglo XXI, a ninguno cabe duda que hay una contradicción entre esa política y la que en el interior del país no logra las mediaciones necesarias para que la soberanía del pueblo mexicano se exprese más concretamente en el sistema electoral, en el gubernamental, en la cultura, y en la política económica con justicia social, fenómenos todos a los que nos referimos con entusiasmo simbólico y con escepticismo práctico, como si la soberanía popular fuera un símbolo respetable y una práctica ilusoria para el sentido común.

¿En qué consiste una democratización real, en México? ¿Consiste en que haya alternancia de partidos? ¿Consiste en que los tres poderes tengan soberanía? ¿En que las entidades federativas sean soberanas? ¿En que disminuya el presidencialismo y se busquen otras fórmulas igualmente ejecutivas, pero más democráticas? ¿Consiste en incrementar el respeto al pluralismo ideológico y al pensamiento crítico? Sí, en parte sí, pero sólo en parte.

Nuestra democratización sigue planteándonos en primer lugar dos problemas reales en relación al Estado-Nación, el de ser un Estado contra la intervención extranjera imperialista, y el de ser un Estado contra la ruptura del orden constitucional. Un Estado antintervención y un Estado antigolpe es el primer objetivo democrático. Inmediatamente después toda democratización plantea el problema del pluralismo ideológico por una parte, y por otra el respeto a las llamadas etnias, a los llamados indios, a los mexicanos colonizados. Ambas son tareas democráticas esenciales: aquélla en cualquier país del mundo, ésta en los países de origen colonial. Pero el problema no queda allí. La democratización de la sociedad y el Estado plantea la necesidad de que el pueblo trabajador participe en el poder del Estado, en la producción y en los frutos del desarrollo, enfrentando una sociedad no sólo dividida en clases sino en sectores de clase, en que los marginados de las clases trabajadoras son una realidad lacerante sin organizaciones, sin derechos reconocidos, sin servicios ni prestaciones sociales, con salarios inferiores al mínimo, con hambre, con altas tasas de morbilidad y mortalidad, con poca esperanza de vida.

Aun la inclusión de los elementos anteriores parecería sin embargo insuficiente. Lo nuevo en México y en América Latina no es la combinación de la democracia electoral y de la participación, sino la forma en que la combinación ocurre sobre la base de una exigencia real y maravillosa: el pueblo quiere el poder. Y si eso suena terriblemente ingenuo es, sobre todo, terriblemente exacto. La lucha por la democracia hoy es una lucha por el poder. No basta con mejorar los sistemas políticos. Lo que el pueblo está exigiendo con sus organizaciones más directamente representativas y lúcidas es mejorar los sistemas de poder y su posición en ellos. No quiere sólo espacios políticos en un vacío de poder. Quiere por lo menos una parte del poder. A veces se conforma con ir tomando parcelas, territorios de poder. Y cuando se le niegan —como ocurrió en Nicaragua— quiere todo el poder y lo obtiene —como en Nicaragua. Con tregua o sin tregua quiere el poder, como en El Salvador o en Chile.

En México el problema se plantea en los organismos de masas del Estado, y fuera de ellos en los partidos de la izquierda y en los múltiples movimientos de colonos, de campesinos pobres, de indios, de gremios, de obreros avecindados, de municipios. En todos los movimientos sociales surge el clamor de un nuevo tipo de negociación que respete su autonomía y su soberanía en el interior del Estado y fuera del Estado.

Elecciones, descentralización, pluralismo, límites del presidencialismo, ninguno de esos objetivos tiene significado alguno si no aceptamos la democracia con todas sus consecuencias, dejando que ganen no sólo el PAN o el PDM cuando ganen, sino también el PSUM, el PMT, el PRT, el PPS, el PST y todos los partidos o coaliciones que intentan representar al pueblo trabajador en su proyecto popular, democrático y socialista, a menudo heredero de las posiciones más radicales de la Revolución Mexicana.

Aceptar la democracia con todas sus consecuencias es no quedarse en la abstracción de la democracia para las facciones de las clases dominantes.

Aceptar la democracia con todas sus consecuencias es aceptar el diálogo y la negociación con las bases de los sindicatos y centrales obreras, campesinas, gremiales.

Aceptar la democracia con todas sus consecuencias es permitir que el legislativo discuta a fondo los proyectos de ley, y que las decisiones mayoritarias se tomen en su seno tras escuchar el pensamiento de la minoría parlamentaria y las argumentaciones del Congreso del Trabajo.

Aceptar la democracia con todas sus consecuencias es realizar un nuevo tipo de política, que funde cualquier teoría de la seguridad nacional en el apoyo del pueblo, sin cacerías de brujas ni mitos anticomunistas, anticubanos o antisoviéticos que velen la cuestión social.

Los gestos del imperio son hoy los de una minoría que intenta cambiar la correlación de fuerzas con su obstinada firmeza, a riesgo de un nuevo Vietnam que se empeña en no prever.

Nosotros hemos de enfrentar la soberbia de la política imperial con el respaldo de la mayoría del pueblo y de la mayoría de las naciones. Para eso, lejos de caer en los argumentos falaces de la vieja o la nueva guerra fría, con serenidad y firmeza debemos promover la defensa nacional con una política económica, con una política de comunicaciones y cultura, y con una política de poder que constituyan una formidable alternativa a cualquier intento de desestabilización del régimen constitucional.

En la actual crisis no habrá ningún proyecto democrático sólido sin una política económica que proteja el consumo, la producción y el empleo del pueblo mexicano en un programa nacional de desmercantilización del alimento, el vestido, la medicina y la vivienda para las grandes masas. Al efecto será necesario democratizar la política económica reorientando la política fiscal, la política de inversiones y gastos, de exenciones y subsidios, de crédito a la producción y distribución de artículos y servicios de consumo popular.

La comunicación y la cultura son elementos fundamentales de sobrevivencia nacional. Sin la democratización de la televisión y los medios de masas es imposible enfrentar la transnacionalización sistemática del país, la dependencia creciente de las imágenes, de las razas, de los patrones de consumo, de los ideales de vida, que no sólo nos someten como mexicanos sino como personas. Las universidades e institutos de cultura superior tienen la misión de servir al país y al pueblo en el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del más alto nivel y también han de contribuir, con otras colectividades nacionales, incluidos los municipios, los sindicatos, los ejidos a la elaboración de una comunicación y una cultura de masas que busquen la vida y la estética del pueblo y del mundo sin las mediaciones neocoloniales. Concederles los más amplios recursos y medios para encauzar las tareas de comunicación y cultura constituye una prioridad nacional.

Pero todo lo anterior parecerá ilusorio y será ilusorio si no nos percatamos que se trata de ser enormemente receptivos a lo nuevo que hay en México. Se trata de reconocer el derecho institucional a formar poderes populares dentro de las organizaciones de masas del Estado y fuera de ellas. Se trata de alcanzar y consolidar un nuevo sentido común, un nuevo estilo de hacer política en que Juchitán tenga el poder para hacer política de acuerdo con los intereses del pueblo de Juchitán. Democracia electoral en serio con representantes del pueblo que atiendan los intereses y el poder del pueblo, eso es hoy democracia. Decirlo puede parecer idealismo o falta de sentido político, pero es el resultado asombroso de la sagacidad y la experiencia emergentes en las organizaciones populares y en los movimientos sociales de un México distinto en el que será político quien le ofrezca al pueblo y quien le cumpla, quien por realismo tenga que cumplirle.

Aquí, en Palacio Nacional, en el Patio de Honor, voto por la democratización de las instituciones, los partidos y los sindicatos, y por la fuerza de una gran nación independiente y de un gran pueblo soberano.

Muchas gracias.

¿A dónde va México? (En el sexenio 1982-1988)

En el contexto de una crisis mundial, que de acuerdo con los pronósticos más serios tiende a agravarse, iniciamos una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo en México. Esa nueva etapa comienza con la nacionalización de la banca, un acto histórico que afectó profundamente algunas de las estructuras del país en forma que hace doblemente difícil saber hacia dónde vamos, pues si de un lado no se conoce ni el alcance, ni la profundidad, ni el desenlace de la crisis mundial, de otro estamos inaugurando una política monetaria con banca nacionalizada sobre cuyos efectos reales en la economía tenemos pocos precedentes.

En el periodo prenuclear el desenlace de las crisis generalmente derivó en guerras mundiales. Hoy no puede descartarse ese final que los más sesudos estadistas ven como un hecho posible que implicaría la destrucción del planeta. Pero si descartamos esa posibilidad, y si las fuerzas contrarias a ese tipo de guerra logran imponerse, el futuro es más incierto por lo que se refiere al desarrollo de las reformas y las revoluciones, del triunfo de regímenes altamente represivos en los países industrializados, y del incremento de las guerras contra los pueblos del Tercer Mundo o entre ellos.

Hoy no es fácil la política de reformas ni la de represión generalizada en Europa o Estados Unidos, como no es fácil la revolución ni en esos países ni en otros más o menos industrializados del Tercer Mundo, y también es difícil la conquista. Las dificultades son estructurales. Parecen mayores para las reformas o la represión en Europa o Estados Unidos. Son relativamente menores para los movimientos revolucionarios y las intervenciones militares en los países del Tercer Mundo que sufren una crisis general, con ventaja que favorece a los movimientos revolucionarios.

En todo caso la correlación de fuerzas actual va a cambiar en el mundo, y no sólo en el Tercer Mundo, sino en el Primero y en el Segundo, y aunque posiblemente siga cambiando con mayor profundidad en los países de la periferia del capitalismo, son de esperarse cambios importantes en sus centros hegemónicos y en el propio bloque socialista. Mientras tanto, México se encontrará en la zona de ataque o de Seguridad Nacional de Estados Unidos; y la política de la administración Reagan, y de las fuerzas que representa, hace y hará todo lo posible por cambiar la correlación de fuerzas a su favor con dos objetivos: uno, que la política exterior mexicana no siga ayudando a un cambio en la correlación de fuerzas que es desfavorable a Estados Unidos —como el centroamericano y el caribeño—, y, otro, que la política interna de México no siga presentando los obstáculos nacionalistas y socialdemócratas que hasta ahora ha presentado, y que constituyen un freno al incremento de la tasa media de ganancia de las transnacionales y a los modelos que aplican para una mayor concentración de capital.

El Estado estadounidense y sus representantes no encuentran en la coyuntura actual otro arte de gobernar que la aplicación de un pensamiento llamado neoconservador, cuyo sentido concreto busca asegurar la reproducción ampliada del gran capital de Estados Unidos, en el terreno de los mercados y la producción que controlan y están decididos a controlar monopolios y oligopolios nacionales y transnacionales. De las múltiples medidas —políticas, militares, culturales, económicas— que el actual gobierno de aquel país aplica con mayor consistencia que el gobierno anterior, la necesidad de proteger y ampliar, con la producción y los mercados de los monopolios, su tasa de utilidades y su necesaria concentración de propiedades y poder es, más que un objetivo único, el más significativo e importante para entender su política económica, militar, ideológica y el impulso que tiende a cambiar la correlación de fuerzas en México.

La nacionalización de la banca no fue un acto dictado por el capricho de un presidente, como está de moda decirlo, ni fue tampoco un acto determinado por una voluntad personal casi heroica, como parecieron indicarlo en sus elogios algunos de los que hoy lo critican. La nacionalización de la banca obedeció a esa dialéctica de coalición y clase que caracteriza al Estado mexicano surgido de la Revolución, una dialéctica por demás compleja e inexplicable cuando sólo se hacen análisis de coalición o sólo se hacen análisis de clase. El presidente López Portillo tuvo el talento de entender que el país se volvía ingobernable si no nacionalizaba la banca, y tuvo la decisión de usar una Constitución que lo facultaba para ello y que correspondía a la Constitución real del Estado. El carácter constitucional del acto es innegable. Formalmente no sólo tenía una fuerza difícil de rebatir, sino que se consolidó del todo con la reforma constitucional que el presidente llevó a cabo en los últimos tres meses de su gobierno con el apoyo de las legislaturas nacional y de los estados, y sin objeción alguna por parte del Poder judicial, antes con algunas muestras de respaldo. Y si eso ocurrió desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la estructura real de poder, la nacionalización no sólo encontró el apoyo entusiasta del PRI y el Congreso del Trabajo, sino el del propio ejército en cuyas altas filas no pudo advertirse ni la menor disidencia. La nacionalización unificó en torno al gobierno incluso a los partidos de izquierda que, con reservas y todo, la apoyaron también. Por momentos hasta pareció que la lucha de clases había sido eliminada de México (y del mundo).

En realidad el presidente no sólo interpretó bien la Constitución y la correlación de fuerzas del Estado y la oposición, sino la correlación de fuerzas mundial en la coyuntura. Los banqueros apenas contaron con un débil respaldo del PAN, e incluso fueron repudiados por sus colegas europeos y de Estados Unidos. El apoyo de éstos a la medida del gobierno mexicano no sólo se expresó en sus grandes diarios, como el Financial Times, sino en la política sorprendentemente conciliadora y comprensiva de uno de los gobiernos más conservadores que ha habido en los Estados Unidos.

Con todas las contradicciones en que incurrió el gobierno de López Portillo, la reforma administrativa que acabó con el superpoder del secretario de Hacienda, la reforma política que dio legitimidad a los comunistas y otras fuerzas de izquierda para la lucha electoral y parlamentaria, y que legitimó al propio gobierno consolidando en México una de las pocas naciones en que no hay terrorismo ni guerrillas, y, en fin, la nacionalización de la banca, que dio un peso enorme a la propiedad pública de los medios de producción y a su posible uso para una política nacional y social mucho más avanzada, democrática y popular dentro del propio capitalismo, fueron medidas que expresaron, a través del Ejecutivo, el poder de las fuerzas sociales democráticas, nacionales y populares insertas en la coalición estatal. Como todo ello ocurrió en un sistema social en el que, con el capital financiero y las transnacionales, domina una burguesía pública y privada, negociadora y negociante, que no sólo conoce las reglas necesarias para manejar un Estado ingobernable sin el refrendo de ciertos compromisos populares y nacionales, sino las que implica una política de acumulación frecuentemente primitiva —en el sentido económico del término—, salvaje —en el sentido político—, y corrupta en el sentido moral, económico y político, la nacionalización sólo por un momento y para los más ingenuos apareció como un acto de gobierno que ocurría al margen de la lucha de clases.

La izquierda que no maneja el análisis de coalición y clase no entendió nada de lo que ocurría: pues cómo, si el Estado es un instrumento del gran capital —y sobre todo del capital financiero—, ese instrumento expropia precisamente al capital financiero; o cómo, si es un gobierno de mera alianza de campesinos, obreros y sectores populares, toma una medida contra el capital financiero que es elogiada y respaldada no sólo por esos sectores, sino por el capital financiero internacional. Limitándonos a esta segunda pregunta, para no irnos a la historia de la coalición que forjó al Estado y sufrió las andanzas y contradicciones a que la someten sus propias estructuras y las del desarrollo del capital monopólico, es necesario detenerse en la extraña coincidencia de un acto como la nacionalización de la banca, apoyado por las fuerzas populares, obreras y de izquierda, y también por el capital financiero internacional. La extraña coincidencia no fue total. Ciertamente las fuerzas populares y de izquierda apoyaron la nacionalización con entusiasmo, y cuando presentaron sus reservas éstas fueron muy distintas y aun opuestas a las del gran capital. En cuanto a los círculos financieros y los gobernadores que dominan al Fondo Monetario Internacional, más bien parecieron aceptar la nacionalización como un mal menor. Parecieron pensar que no era conveniente que quebrara México, ni posible en ese momento desestabilizar al país. Su aceptación del hecho consumado la hicieron pensando en la actualidad y en el futuro. En la actualidad no querían la quiebra de México, que podía provocar la de sus bancos; no podían intentar la desestabilización de un país que presentaba un gran frente gobierno-pueblo, y al que, de poder desestabilizarlo, lo llevarían a la crisis que no querían. Con gran sangre fría, las transnacionales pensaron en la crisis que sí querían, en el manejo de la crisis con los procedimientos y los métodos más favorables en las condiciones concretas de México, los que podrían cambiar esas condiciones en su beneficio, y hacer de la crisis y la superación de la crisis algo que los beneficiara.

EL ESPECTRO MONETARISTA

La carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y el discurso de toma de posesión del presidente De la Madrid parecieron confirmar que la lucha de clases había desaparecido en México y el mundo, o que en ella el gobierno mexicano saliente y entrante tomaban las mejores posiciones posibles como representantes del pueblo en general y de una política del pueblo. La contradicción entre la carta y el discurso, de un lado, y de otro el gabinete económico-bancario, pareció sin embargo evidente, y se hizo todavía más clara con las medidas de diciembre.

Si dejamos la crítica de los presidentes del pasado a los historiadores, e intentamos un análisis crítico, lo más serio que sea posible, de la política del presidente De la Madrid —y de este mes de diciembre que termina—, podemos explorar algunos fenómenos, que no por los peligros que implican en cuanto a los errores que eventualmente comentamos, sino por los de una lucha de clases incontrolable para las fuerzas nacionales, resultan mucho más importantes y significativos que cualquier hecho del pasado. Pocos meses en la historia de México como este diciembre del presidente De la Madrid han visto un mayor cúmulo de acuerdos, decretos y proyectos de ley emitidos por un jefe de Estado. El sentido concreto de los mismos y de sus limitaciones reales no es fácil de desentrañar. Hasta los observadores más experimentados se hallan desconcertados. Con el propósito de buscar ese sentido y de ver no sólo las bondades, sino los peligros ciertos e inciertos de algunas de ellas, pensamos que lo mejor sería formular tres tipos de hipótesis con las cuales busquemos explorar sus consecuencias: la monetarista, la formalista y la moralista. Esas tres hipótesis parecen encontrar cierta consistencia en el desarrollo actual y probable de las luchas de la sociedad y el Estado, de la nación, la coalición estatal y las clases, y pueden ayudarnos a ver sus implicaciones a nivel internacional.

Es evidente que —carta de intención aparte— muchas de las medidas tomadas corresponden a una política monetarista. A partir de esa hipótesis, al incremento de la gasolina y otros productos, seguido de una nueva devaluación de la moneda, sucedería el año próximo una política de topes salariales, que con las restricciones al presupuesto de egresos e inversiones no sólo generará menores ingresos en bienes y servicios para la población trabajadora, marginada y de clases medias, sino mayor desempleo. Este último se verá incrementado a su vez en el sector privado con el retiro de los sistemas de protección y de subsidio (en nombre del eficientismo) a los medianos y pequeños empresarios, que son los que por cierto generan mayor empleo. La fe casi chilena (del Chile oficial) que muchos de los dirigentes de la economía y la banca nacional ponen en las ideas de uno de los hombres más mediocres en la historia del pensamiento económico, como es el señor Friedman, la arrogancia intelectual y política con que descartan cualquier crítica a su fe en ese y otros monetaristas, más que permitir enjuiciarlos por un mal plan y una mala política económica, obliga a que otros piensen lo que esa política realmente encierra y lo que la ha llevado a ameritar los máximos elogios de los mass-media y de los círculos sofisticados de la legitimación académica neoconservadora. Las tesis monetaristas son de tal modo insostenibles, y en el corto y largo plazo producen efectos tan contrarios a los supuestos, que uno se pregunta cuáles son los efectos que sí producen y por los que ameritan tanto apoyo. La gran lógica del monetarismo es la de la concentración del capital y del aumento de la tasa media de utilidades de las grandes compañías, a costas de las medianas y pequeñas empresas, de los empleados y trabajadores de los pueblos del Tercer Mundo y de las poblaciones marginadas o sobreexplotadas. El monetarismo tiene distintos efectos en los países altamente industrializados y en los dependientes. En aquéllos no sólo provoca concentración de capital y aumento de la tasa media de utilidades de las grandes empresas, sino renovación y producción tecnológica. En éstos logra más o menos los mismos efectos, pero para beneficio, sobre todo, del capital extranjero de las grandes potencias y sus empresas exportadoras de tecnologías.

Con la banca nacionalizada y la política monetarista, el capital mono-pólico transnacional y el conjunto de banqueros que domina al Fondo Monetario Internacional pueden ser los principales beneficiarios, una vez eliminado el capital financiero local, y eso explica el que pacientemente hayan apoyado la nacionalización a reserva de presionar con nuevas políticas inflacionarias, devaluatorias, eficientistas, de libre mercado (con ingreso al GATT), y de salarios tope. Para ello cuentan con toda una burguesía nativa, psicológicamente cómplice, y con toda una tecnocracia a la moda que cree en el monetarismo y en el realismo de las presiones del gran capital y de Estados Unidos como única política y única realidad. Es posible que al margen de la carta de intención —abstracta— se hayan adquirido compromisos concretos en materia de precios-salarios, gastos sociales-inversiones, comercio libre de monedas y mercancías. Es posible que se haya creído que eran las mejores medidas y los mejores compromisos. El efecto que pueden tener, por toda la experiencia anterior, es el señalado, y no hay país que dé prueba de que con semejantes medidas baje la inflación y, tras el shock, arranque, nuevamente, la economía. Lo único que se da, de acuerdo con todas las experiencias, es la mayor concentración del capital —para el caso de las transnacionales—, el incremento de su tasa media de utilidades y la importación de tecnologías de que ellas se benefician.

A las presiones políticas, privadas, diplomáticas que pudo ejercer el FMI, se han añadido otras conocidas como la guerra del dólar, expresión exacta que en la ciencia económica forma parte de lo que se ha llamado la guerra económica. Es bien sabido que a principios de diciembre con un dólar se podía comprar en Estados Unidos el equivalente a lo que se podía comprar en México con 60 pesos. Sin embargo, el dólar empezó a venderse a 100, 120, 150 pesos. Explicar el hecho como un fenómeno meramente psicológico es quedarse en una de las variables más superficiales. La otra —la significativa— es que los bancos estadounidenses no aceptaron apoyar la equivalencia real y dejaron que la ficticia siguiera su curso. El gobierno de México no firmó con el de Estados Unidos un convenio de paz monetaria, y en lugar de dejar que precios y servicios fueran expresados en equivalencias monetarias, Estados Unidos fomentó una política por la que la moneda llamada dólar cada vez compra más bienes y servicios en México de los que compra en Estados Unidos para beneficio de empresarios y consumidores estadounidenses y sangría —con presiones inflacionarias— de los productores y consumidores mexicanos. Si la ficción siguiera, un día Estados Unidos podría comprar todo México con un dólar. Sin llegar tan lejos, la verdadera economía-ficción es una economía-saqueo.

EL ESPECTRO DE LAS FORMAS

Lo que está ocurriendo parecería indicar que la crisis va a acentuarse y no sólo en lo económico sino en lo político. La necesidad de controlar esa crisis se plantea de una manera especial a las fuerzas conservadoras y a las transnacionales. Para controlarla, de algún modo es necesario acabar con los últimos remanentes de un Estado fuerte, que fue capaz de nacionalizar la banca y que tiene compromisos sociales. Además les es necesario reformular el modelo de acumulación. Para el primer objetivo puede servir el formalismo, para el segundo el moralismo.

Uno de los ideales del pensamiento demoerático-liberal en México ha consistido en hacer real el proyecto de una democracia con equilibrio de poderes, federalismo efectivo y libertad municipal. Algunas medidas del actual gobierno parecerían indicar que se quiere convertir en realidad ese ideal. Pero, en lo concreto, ¿qué puede ocurrir? El presidente De la Madrid pidió simultáneamente, en iniciativa a las legislaturas, que se acortara el plazo entre elecciones y transmisión de poderes, y que el Poder Judicial adquiriera una mayor independencia del Ejecutivo. Al defender estas propuestas, se ha recordado que en otros países no hay un plazo tan largo para la transmisión del mando, y se ha invocado la necesaria soberanía del Poder Judicial. La lectura de ambas medidas fue doble: para muchos sonó a un reproche al régimen anterior. Si no hubiera tenido tanto tiempo no habría podido reformar la Constitución, y si los jueces hubieran sido más independientes se habrían opuesto tal vez a la medida. Para otros sonó a una propuesta que haría más funcional el plazo para el cambio de poderes y más acorde la independencia del Poder Judicial con un espíritu de desarrollo democrático.

Limitándonos a esta última perspectiva habría que estudiar las ventajas y desventajas de cambiar el calendario (en cuanto a un supuesto vacío de poder, a un mejor control de los procesos de desestabilización, etcétera), y la forma de alcanzar una mayor autonomía del Poder Judicial que estuviera relacionada con un incremento del control popular y nacional de la justicia, fenómenos ambos seriamente descuidados.

La federalización o descentralización de la educación nacional es otra medida, que parece acorde con los ideales de una democracia clásica que reconoce autonomía y soberanía a los estados que