Sociedad civil en dictadura: Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile

Por Manuel Bastias Saavedra

Uno de los objetivos centrales de toda dictadura es desmantelar las orgánicas que constituyen el cuerpo social que se busca mutilar y así ocurrió en la dictadura chilena. Sin embargo, las sociedades humanas han demostrado históricamente que no son “objetos” que se dejen destruir sin más. Este libro realiza un cuidado y sigiloso recorrido por ese proceso re-creativo de la sociedad, re-conociendo su fisonomía, sus debilidades, su renovada fuerza y su movilidad transformadora.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
• Fecha de lanzamiento: 18 nov 2019
• ISBN: 9789569320163

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Berlin

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La forma de relaciones determinada por las fuerzas productivas existentes en todas las fases históricas previas y que, a su vez, las condiciona, es la sociedad civil […]. Ya aquí vemos cómo la sociedad civil es el verdadero centro y el escenario de toda la historia, y cuán absurdas son las concepciones de la historia sostenidas hasta el momento, que niegan las verdaderas relaciones y se confinan a las acciones de los príncipes y los Estados.

Karl Marx, LA IDEOLOGÍA ALEMANA, 1845-46

Sociedad civil en Chile

El 11 de septiembre de 1973 significó el fin del corto siglo XX chileno y fijó el curso de entrada en el siglo XXI. La dictadura chilena marcó a fuego el destino del país e instauró un legado institucional que se extiende hasta nuestros días. Sea en el modelo de desarrollo económico, en la composición de las instituciones republicanas, en la formulación de las leyes fundamentales o en el ordenamiento burocrático del Estado, los historiadores del futuro necesariamente tendrán que buscar las raíces históricas de los últimos cuarenta años en el periodo que se inició aquél fatídico día. En lo que se refiere a las prácticas políticas de la posdictadura, sin embargo, no es posible remitirse únicamente al diseño institucional ni al ambiente represivo de la dictadura militar. El objetivo de este libro es mostrar cómo la sociedad civil renació, creció y floreció en dictadura —a pesar del autoritarismo imperante— y explicar su decadencia ya entrada la democracia. Las causas de la apatía y el apoliticismo que han caracterizado la posdictadura, más que buscarlas en una cultura política formada en el autoritarismo, es necesario entenderlas a partir de las decisiones que —por acción o inacción— fueron tomadas por las autoridades del gobierno democrático entrante y sus aliados cercanos.

Estudiar la sociedad civil en dictadura permite observar los últimos estertores del siglo XX chileno y ver cómo los demócratas del siglo XXI firmaron su certificado de defunción.

El corto siglo XX chileno puede ser circunscrito al corto paréntesis que representan las cinco décadas que transcurrieron entre la promulgación de la Constitución de 1925, que puso fin al parlamentarismo oligárquico que caracterizó el periodo anterior y sirvió de marco regulatorio para el comienzo de la industrialización fomentada por el Estado, y el golpe de Estado de 1973, que cerró el ciclo de expansión económica industrial y cimentó el diseño económico neoliberal en el marco de la Constitución de 1980. Fue un periodo de expansión demográfica y de creciente urbanización, en el cual la población se duplicó a casi nueve millones de habitantes en 1970, de los cuales menos de un cuarto para entonces vivían en el campo. También fue un periodo de expansión democrática, ligada al auge de los partidos de masas, donde cada vez más personas participaban del proceso político para malestar de quienes veían en la creciente participación de los pobres un proceso de deterioro moral y un distanciamiento del ethos republicano que caracterizó momentos más altivos -ya pasados- de la política nacional¹. Finalmente, fue un periodo de expansión de los derechos sociales, reflejado en la extensión de la salud y la educación pública, y en el aumento de la cobertura de los sistemas previsionales. En última instancia, fue el periodo de tránsito -siguiendo a Julio Heise- de la democracia política a la democracia social².

El golpe militar marcó la culminación de esta trayectoria, produciendo retrocesos tanto en la democracia política como en la democracia social. Este es el sentido de la ‘democracia autoritaria’ ideada por Pinochet para preservar la libertad económica del individuo³. Sin embargo, el régimen militar también intentó reestructurar las relaciones sociales y políticas del periodo comprendido entre 1925 y 1973, caracterizadas por la creciente movilización organizativa y electoral de los sectores populares. La expansión del sufragio hacia las secciones más pobres de la población generó incentivos para que los partidos políticos concentraran energías en capturar segmentos específicos del electorado⁴. Los partidos marxistas a partir de 1920, y la democracia cristiana a partir de 1960, crearon una importante base social entre obreros, campesinos y pobladores, sectores de la población que hasta entonces carecían de representatividad política propia, y por medio de la gestión estatal diseñaron políticas especialmente dirigidas a ellos. La ‘demagogia’ y el ‘clientelismo’ latente de estas prácticas deben contrastarse con la inclusión política generada durante el periodo y con la movilidad electoral que tuvieron estos sectores.

El comienzo de la dictadura borró estas relaciones de un golpe, forzando la disolución de los partidos, cercenando así las relaciones que se habían generado con los sectores populares a escala nacional. El objetivo de este libro es mostrar cómo el vacío que dejaron los partidos fue llenado por la sociedad civil mediante el crecimiento de una infraestructura organizacional de alcance nacional, que permitió restablecer las relaciones entre organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel local, alcanzando especialmente los sectores más pobres de la población. El concepto de sociedad civil tiene una vasta tradición en el pensamiento político occidental, pudiendo rastrearse sus orígenes hasta la koinonia politiké de Aristóteles y la societas civilis de Cícero.

El pensamiento político europeo de los siglos XVI y XVII tomó su inspiración en la distinción clásica entre esfera pública y privada y, contrario a nociones actuales del concepto, entendió la sociedad civil como sinónimo de ‘‘ commonwealth‘, ‘sociedad política’ o, incluso, de ‘Estado’.⁵ El concepto de sociedad civil adquirió un tono propiamente moderno hacia mediados del siglo XVIII cuando, a través de Locke y los pensadores de la Ilustración escocesa, una tercera esfera comenzó a cobrar forma entre el estado de naturaleza y el Estado político: la esfera de las relaciones económicas. En esta nueva lectura desde la economía política, la sociedad civil fue entendida como la antítesis de la sociedad primitiva, en la cual la sociedad civil era la manifestación de los resultados espirituales relacionados con niveles de desarrollo material, y no políticos, como fue dominante en la concepción clásica.

Esta transformación del concepto de sociedad civil fue una respuesta al despotismo y un resultado de la creciente influencia del capitalismo. Como tal, la moderna sociedad civil solo podía nacer junto con la burguesía, lo cual es precisamente lo que captura la noción alemana de bürgerliche Gesellschaft. Hegel tuvo la visión de reinterpretar críticamente el concepto de sociedad civil para describir esta realidad histórica radicalmente nueva, entendiéndola como la esfera de las relaciones económicas que mediaban entre el Estado y la familia. La lectura de Hegel influenció las interpretaciones de Marx y, más tarde, de Gramsci, quienes entendieron el concepto de sociedad civil como la expresión política de las relaciones económicas⁶. Después de que Gramsci utilizara el concepto en la década de 1930 para describir los fundamentos institucionales de la hegemonía, la sociedad civil desapareció del discurso político. A partir de entonces, para dar cuenta de la sincronía entre la democracia plebiscitaria (‘de masas’) y el totalitarismo, la teoría política introdujo la idea de la sociedad de masas.

Cuando el concepto de sociedad civil resurgió durante los procesos de democratización de la década de 1980⁷, muchos de sus supuestos fueron extraídos de la teoría de la sociedad de masas y no de la antigua tradición de la bürgerliche Gesellschaft. Siguiendo la lectura conservadora de Tocqueville⁸, la teoría de la sociedad de masas presentaba los sistemas democráticos como sistemas políticos que suprimían las diferencias dadas por la estructura social, configurando así sociedades ‘amorfas’, ‘desclasadas’ o ‘desestructuradas’. Las sociedades en estas condiciones —asumían— eran más susceptibles a la influencia totalitaria⁹. La teoría contemporánea de la sociedad civil se apropió del argumento de la teoría de la sociedad de masas en un nuevo sentido: la participación en asociaciones intermedias no solo reduce la susceptibilidad de influencia autoritaria, sino que sirve para fortalecer la democracia. A modo de ilustración, Cohen y Arato han dicho que precisamente porque la moderna sociedad civil está basada en principios igualitarios e inclusión universal, la experiencia en articular la voluntad política y la toma de decisiones colectivas es crucial para la reproducción de la democracia¹⁰. De un modo similar, Putnam, siguiendo la caracterización de Tocqueville de la sociedad estadounidense del siglo XIX, ha argumentado que la sociedad civil está marcada por una ciudadanía activa y orientada a lo público, por relaciones políticas igualitarias, por un tejido social basado en la confianza y en la cooperación¹¹. En pocas palabras, desde 1990, al introducir las ideas de igualdad y ciudadanía política en su definición, la sociedad civil ha sido crecientemente equiparada con la democracia¹².

Sin embargo, en su acercamiento a la política democrática, el concepto de sociedad civil perdió en capacidad crítica. Ellen M. Wood distinguió dos impulsos contradictorios anejos a este nuevo interés:

Por un lado -nos dice- los defensores de la sociedad civil están fortaleciendo nuestra defensa de las instituciones y las relaciones no-estatales en contra del poder del Estado; por otro lado, están debilitando nuestra resistencia a las coerciones del capitalismo¹³.

El comentario de Wood indica que mientras la distinción liberal entre sociedad civil y Estado se convirtió en un componente central de nuestra actual comprensión de la sociedad civil, se abandonó al mismo tiempo su relación con la economía política.

En este libro propongo un concepto analítico de sociedad civil que, para recapturar su contenido crítico, deshace la equiparación entre sociedad civil y democracia y reintroduce contenidos de economía política. Siguiendo a Stein Rokkan, defino la sociedad civil simplemente como una fuente de inputs para el sistema político basada en la agregación colectiva de presión política. En su clásico Citizens, Elections, Parties, Rokkan subrayó la distinción entre dos formas de participación en los asuntos públicos que se han vuelto difusas en la teoría de la sociedad civil: las elecciones y la agregación colectiva de presión política¹⁴. Según Rokkan, aunque ambas formas de participación proporcionan inputs para los procesos de tomas de decisiones colectivas de una comunidad territorial, la participación electoral es claramente distinta de otros tipos de inputs por su capacidad para garantizar acceso universal, igualdad de influencia y anonimato. La participación electoral, por medio del sufragio universal anónimo y secreto, formaliza y estandariza el input político de una forma que no puede ser logrado por otros mecanismos políticos, permitiendo que el participante del acto sea desvinculado de la posición del individuo dentro de la estructura social:

Esencialmente nos encontramos con un proceso de innovación institucional conducente a la imposición de obligaciones igualitarias formales y la concesión de derechos igualitarios formales a todos los adultos responsables independiente de las diferencias establecidas a través de sus roles en los sistemas de parentesco, en la comunidad local, o en otros órganos corporativos¹⁵.

En contraste, la sociedad civil no ha sobrellevado ningún proceso comparable que pueda garantizar la igualdad del input, ni nada cercano a la inclusión universal y la igualdad en la influencia sobre el sistema político. El único proceso semejante que ha ocurrido en la sociedad civil ha sido un proceso de estandarización de los repertorios por medio de los cuales las demandas son canalizadas hacia el proceso de toma de decisiones colectivas. A medida que la política electoral avanzó a lo largo del siglo XIX, la organización de los sectores excluidos por su derecho a la participación, o la movilización de los sectores populares durante los periodos electorales, pavimentó el camino para la proliferación de una plural red de asociaciones y organizaciones orientadas hacia lo público¹⁶. La formación de asociaciones, sindicatos y otras agrupaciones, y la presión que ejercieron sobre el sistema político, produjeron el repertorio de protesta que aún hoy caracteriza la política popular: actos, marchas, peticiones, y la coordinación nacional de organizaciones. Charles Tilly ha argumentado que estas transformaciones en las formas colectivas de ejercer presión pública crearon el repertorio moderno de protesta al hacerse nacionales, en relación con los intereses y temas planteados; modulares, en el sentido de que las formas de acción son independientes de la localidad, los actores y los temas; y autónomas, al bifurcar a quienes detentan el poder local y establecer comunicaciones directas entre quienes protestan y los centros de tomas de decisiones¹⁷.

La estandarización de los repertorios de protesta, sin embargo, no produjo garantías comparables con aquellas del voto secreto. A diferencia de la ‘unidad ciudadano’ abstracta, formal y anónima que se constituye en la relación establecida entre el individuo y el Estado a través de la participación electoral¹⁸, el individuo participa en la sociedad civil trayendo consigo su educación, lugar de nacimiento, género, posición familiar, propiedad, identificación étnica, posición social y relaciones sociales. Así, el participante en la sociedad civil no es el ciudadano abstracto, sino el individuo concreto con todos sus atributos biográficos. Esta propiedad de la sociedad civil es revelada en, y hace posible, la manifestación de la ‘política de la identidad’ en los sistemas políticos contemporáneos¹⁹. Los atributos que vienen aparejados a estos roles también reflejan la influencia que se puede ejercer sobre el sistema. Aunque las asociaciones, organizaciones y colectivos generan importantes procesos de socialización y sirven para construir la solidaridad de grupo y fortalecer la cohesión interna, esto es muy diferente a afirmar que es el lugar donde se establecen relaciones igualitarias u horizontales. Las organizaciones de los pobres urbanos o rurales, por ejemplo, muchas veces dependen fuertemente del apoyo de organizaciones mayores o internacionales para obtener financiamiento, apoyo técnico o algún grado de atención de quienes toman las decisiones políticas. En contraste, los colegios de abogados o de médicos pueden, en y por sí mismos, ejercer una fuerte influencia sobre el sistema político. Por ello, a diferencia de la garantía de ‘un hombre, un voto, un valor’ del sistema electoral, el input político a través de la sociedad civil está ponderado por la posición de una organización dentro de la estructura social, estableciendo de este modo asimetrías en el significado del input para el sistema político. En este sentido, a pesar de ser el lugar de la solidaridad social (o de clase), la sociedad civil no es el lugar de la democracia.

Esta distinción es importante, pues sirve para desvincular la sociedad civil de su contenido normativo, en particular en su equiparación con la política democrática y la ciudadanía política. Como una fuente de inputs políticos, la sociedad civil debiera distinguirse del input democrático por excelencia: el voto secreto. Esta distinción también es crucial para entender la particular visibilidad que la sociedad civil adquiere en contextos autoritarios. Caracterizada por la suspensión del mecanismo abstracto de la representación por sufragio, los inputs políticos bajo regímenes autoritarios se limitan a la capacidad que tiene la sociedad de movilizar diferentes instituciones, y sus estructuras de poder, para interpelar al sistema político²⁰.

La reintroducción de la economía política en la definición también es importante dado que el poder relativo de la sociedad civil respecto al Estado determina la influencia que puede ejercer sobre el sistema político. Esto significa que a través del establecimiento de organizaciones que permiten la formación y consolidación de identidades colectivas, del fortalecimiento de la capacidad organizacional y del establecimiento de alianzas, la sociedad civil es capaz de aumentar la presión que ejerce sobre el sistema político, mejorando así su capacidad de introducir comunicaciones en la agenda pública. Un supuesto gramsciano subyace a esta idea en la medida en que se presupone que aquello que las sociedades reconocen como problemas, y aquello que diferentes grupos están dispuestos a transformar en conflicto, son más el resultado de procesos de socialización ideológica que de condiciones objetivas. Sin embargo, la extensión de los procesos de socialización ideológica está basada en la agencia de grupos e instituciones específicas que requieren de diferentes tipos de recursos concretos. En otras palabras, la ausencia de debate político no es porque los problemas no existen, sino más bien porque los grupos capaces de situar esos temas en la agenda política o no existen o carecen del poder suficiente para hacerlo.

El argumento central de este libro es que tanto el crecimiento de la sociedad civil en dictadura como su declive una vez comenzada la transición a la democracia, son parte de un mismo proceso relacionado con alteraciones en las relaciones internacionales. El establecimiento de relaciones transnacionales, y los flujos de recursos así iniciados, fueron la precondición determinante para el desarrollo de la sociedad civil en dictadura. Los canales de financiamiento internacional, que comenzaron a través de organizaciones de derechos humanos ligadas a las Iglesias, tuvieron dos importantes características. Por una parte, se basaron en una afinidad ideológica entre las organizaciones donantes internacionales y sus aliados locales, la cual puede ser ampliamente caracterizada como una visión cristiana socialmente progresiva. Por otra parte, el financiamiento sostenido en el curso de los diecisiete años de dictadura fue posible por la alteración de las relaciones internacionales entre los países nórdicos y el gobierno de Chile. En consecuencia, estos países -con Suecia y Holanda como los mayores donantes- comenzaron a dirigir ayuda internacional directamente hacia las organizaciones chilenas. El temprano establecimiento de este patrón de cooperación transnacional fue decisivo dado que cantidades masivas de recursos internacionales para la reorganización política y social fueron dirigidas hacia la sociedad civil chilena, evitando por completo el control del gobierno chileno.

Las relaciones transnacionales establecidas en los primeros meses de la dictadura tuvieron un efecto decisivo en el subsiguiente desarrollo organizacional en Chile. Como veremos, durante la dictadura se multiplicaron las organizaciones autónomas en dos niveles. Por un lado, a escala nacional, con la formación de ONGs que tenían amplios presupuestos obtenidos a través de la cooperación internacional; plantas profesionales; y programas que tenían un efecto regional o nacional. Por otro lado, el crecimiento organizacional ocurrió a escala local en las poblaciones a lo largo del país a través de la multiplicación de organizaciones de base caracterizadas por sus modestos presupuestos obtenidos de las ONGs, por su membresía voluntaria y por su trabajo orientado a satisfacer las necesidades de las comunidades locales. La cooperación entre ambos niveles configuró una red organizacional que abarcó el territorio nacional e institucionalizó relaciones sociales que atravesaban las divisiones de clase.

El desarrollo ocurrido a nivel organizacional fue acompañado por la creación de medios independientes que facilitaron el acercamiento de sectores tanto territorial como ideológicamente distantes en torno a demandas amplias para el restablecimiento de la democracia. Contrario al supuesto, ampliamente arraigado, de que la política en escenarios autoritarios ocurre de modo clandestino o fuera de la vista pública, este libro argumenta que la sociedad civil chilena fue crecientemente capaz de entablar diálogos públicos políticos. Esto fue el resultado de la red organizacional, que estimuló la actividad de protesta, y la consolidación de un sistema comunicacional independiente que le dio publicidad a las protestas. Así, medios, organizaciones y protestas fueron los catalizadores cruciales para iniciar el debate político público en el Chile dictatorial y ayudó a mover el discurso público hacia contenidos democráticos. El punto culminante de este movimiento fueron las protestas del 11 de mayo y del 14 de junio de 1983, las cuales hicieron visible el malestar colectivo y situaron la democracia como el objetivo transversal de la sociedad civil.

Así, en el mediano plazo, el resultado del apoyo internacional a la sociedad civil fue el surgimiento de una vasta red organizacional que vinculó a las clases medias, trabajando en ONGs, centros de investigación y organizaciones de derechos humanos, con las clases bajas, coordinadas en organizaciones de base y en sindicatos manufactureros y campesinos. Esta infraestructura organizacional y los intercambios institucionalizados entre diferentes segmentos de la población, incrementaron el poder de la sociedad civil en relación con el Estado dictatorial hasta el punto que la protesta pública política surgió hacia 1978 y adquirió intensidad hacia 1983. En cierta medida, las transformaciones en las estructuras de poder transnacionales generaron las condiciones necesarias para transformaciones en las estructuras domésticas de poder a través de un fortalecimiento de la infraestructura de la sociedad civil en general, que resultó del lento y sostenido trabajo de miles de activistas chilenos, y en un empoderamiento de las clases bajas en particular. La sociedad civil en dictadura, así, capturó el rol de organización y de integración social y política que habían ejercido los partidos políticos del centro hacia la izquierda hasta 1973.

Ahora, si bien la sociedad civil continuó el proceso de organización política de un modo semejante a como se había hecho especialmente a partir de 1960, los partidos políticos experimentaron profundas transformaciones en el periodo dictatorial que, abdicando su afán de trabajar en la reorganización social, desembocaron en un desacoplamiento de sus bases sociales²¹. El periodo que comenzó tras las protestas nacionales de 1983 puede ser adecuadamente descrito como un punto muerto político en el que, a medida que la transición se estancaba, los partidos políticos de la oposición maniobraban para configurar las alianzas que pudieran darle gobernabilidad a un eventual régimen democrático. La clave de estas escaramuzas partidistas fue que se centraron en las elites políticas y en su capacidad de cortejar el favor de las elites gobernantes internacionales²². Los partidos populares nacidos en el fervor progresista de las décadas de 1930 a 1970 terminaron por desconocer las bases sociales que alguna vez buscaron interpelar y, a la usanza de la social democracia mundial, abrazaron el Consenso de Washington como el contenido de su renovado ethos republicano.

Este desenlace está asociado al hecho de que la transición chilena a la democracia ocurrió dentro de un proceso global conocido como la ‘tercera ola de democratización’, que incluyó a los países de Europa Oriental, España, Portugal, África del Sur y la mayor parte de América Latina²³. Durante esta ola el número de democracias en el mundo pasó de 39 a 117 entre 1974 y 1996²⁴, y el impacto en Latinoamérica fue que hacia 1991 una región que a lo largo de su historia fue preponderantemente autoritaria se volvió democrática y semidemocrática²⁵.

Una característica común a todas las transiciones de la tercera ola, con la excepción de Portugal y Filipinas, es que fueron llevadas a cabo por los sectores moderados de la oposición y resultaron de ‘pactos’ elitistas entre los grupos que competían por el poder²⁶, con la consecuencia de que prácticamente ninguna de las transiciones democráticas de este periodo combinó "redistribución significativa de recursos políticos y económicos"²⁷. Las democracias de la tercera ola se han caracterizado así por la moderación de las demandas de la oposición antes del cambio de régimen, por el mantenimiento del statu quo económico y por la participación política de sectores ligados al régimen autoritario anterior en el nuevo contexto democrático. Si bien los pactos fundacionales se han considerado un componente esencial para la estabilidad y consolidación democrática²⁸, la democracia formal no ha sido completamente alcanzada en una región como América Latina que carece de mecanismos formales de accountability estatal, mantiene una desigual distribución de derechos políticos entre la población, y evidencia la persistencia de prácticas clientelistas²⁹. Esto ha resultado en fuertes trabas para profundizar la democracia en la región dados los escasos incentivos para la participación cívica y en escasos avances en reformas en el sentido de promover mayor justicia social³⁰.

En la medida en que la democracia formal no implica una distribución igualitaria ni del poder político ni del poder económico³¹, y dado que los partidos gobernantes se estructuraron en torno a agendas políticas internacionales y sostuvieron la distribución inequitativa del poder económico, la transición a la democracia en Chile no solo significó una restauración de los procedimientos representativos y democráticos de administración y reproducción del poder estatal, sino que vino acompañado de una configuración del poder social y político que mermó severamente la actividad de la sociedad civil. En la medida en que el marco institucional y económico de la dictadura impuso severas restricciones para la organización de los sindicatos, de las asociaciones profesionales y de las organizaciones cívicas en general, y promovió la desindustrialización y redujo la capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo así tanto a una concentración de la riqueza como a una ampliación de la desigualdad económica, la entrada sostenida de recursos internacionales sirvió para efectivamente contrarrestar las restricciones legales y económicas. Así, el fortalecimiento de la sociedad civil en dictadura ocurrió a pesar de las transformaciones institucionales y macroeconómicas diseñadas por el régimen militar. Sin embargo, como los resultados de la reestructuración económica e institucional perduraron a pesar de la redemocratización del país, la dependencia internacional de la sociedad civil chilena tuvo consecuencias importantes una vez comenzada la transición a la democracia. Con el cambio de régimen, los gobiernos occidentales resumieron las relaciones bilaterales con el gobierno chileno, alterando así las alianzas internacionales de la sociedad civil.

Estos cambios en las relaciones transnacionales tuvieron un efecto profundo sobre las relaciones sociales establecidas a través de las divisiones de clase. A medida que el financiamiento se hizo escaso para las organizaciones más grandes, las cuales habían apoyado sostenidamente la formación de organizaciones a lo largo de Chile y en las poblaciones periféricas, la red institucional que había sostenido las coaliciones entre clases sociales se debilitó: en parte porque muchos activistas se trasladaron desde la sociedad civil hacia el gobierno, y fundamentalmente porque los problemas financieros de las instituciones de apoyo condujo a la suspensión de los programas que se concentraban en la promoción organizacional y al cierre de los departamentos que sostenían las relaciones con las organizaciones de base. Esta desconexión generalizada de las bases generó un problema importante, ya que las instituciones de apoyo no solo prestaban apoyo técnico y material, sino que fundamentalmente conectaban a los sectores populares a través de diversos canales con organizaciones con acceso a los medios, a los centros de toma de decisiones y actores internacionales. A medida que la sociedad civil languideció, los partidos políticos no volvieron a llenar ese vacío y, por lo mismo, no se restablecieron las dinámicas de socialización política que caracterizaron al periodo anterior al golpe de Estado. De este modo, a partir de 1990 los barrios más pobres del país fueron aislados crecientemente del proceso político. Si la sociedad chilena de la posdictadura entró en un periodo de sopor político no fue a causa de la dictadura, sino que fue por la decisión de la centroizquierda de gobernar sin bases sociales y de acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales.

Los siguientes capítulos ahondan en las líneas argumentales planteadas aquí. El Capítulo II muestra el establecimiento de las relaciones transnacionales y los inicios de los flujos de recursos in ternacionales hacia la sociedad civil chilena. El Capítulo III aborda la reconstrucción de la infraestructura organizacional de la sociedad civil con énfasis en las relaciones establecidas entre clases medias y bajas. El Capítulo IV relata los comienzos y la expansión de las comunicaciones políticas públicas en el Chile dictatorial hasta las primeras jornadas de protesta nacional. El Capítulo V analiza el complejo periodo entre los años 1983 y 1988, concentrándose particularmente en las relaciones entre partidos políticos y sociedad civil. Finalmente, el Capítulo VI presenta las principales consecuencias sobre la sociedad civil chilena de la transición a la democracia.

¹ Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIXy XX (Santiago: Editorial Universitaria, 1986), 242.

² Julio Heise, Evolución del pensamiento democrático en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1975), 25. Esta idea es también desarrollada en extenso en Julio Heise, 150 Años de Evolución Institucional (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1977), 127 ss. En el inicio de este proceso estuvo lo que Guillermo Feliú Cruz llamó la revolución espiritual del año 1920 en la que Alessandri, con visión de estadista, conjuró la crisis de una auténtica revolución social, encauzándola por vías del Derecho que se inspiró en la protección de los intereses de los débiles, de los expoliados, de los obreros, de los trabajadores y de la clase media, dándoles un código que garantizó su condición humana. Les abrió, además, la representación del poder en el porcentaje que les correspondía, por ser el mayor número. Guillermo Feliú Cruz, Chile visto a través de Agustín Ross: Ensayo de interpretación (Santiago: Imp. Encuademación «Pino», 1950), 155.

³ Enrique Cañas Kirby, Proceso político en Chile: 1973-1990 (Santiago: Ed. Andrés Bello, 1997), 83-84.

⁴ Julio Samuel Valenzuela, Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile (Buenos Aires: Ediciones del IDES, 1985), 36-37.

⁵ Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010), 90, 388-390.

⁶ Norberto Bobbio, «Gramsci and the Concept of Civil Society», en Civil Society and the State, ed. John Keane (London: Verso, 1988), 73-99.

⁷ Jürgen Kocka, «The difficult rise of civil society: societal history of modern Germany», en German History since 1800, ed. Mary Fulbrook (London: Arnold, 1997); Jürgen Kocka, «Civil Society in Historical Perspective», en Civil Society. Berlin Perspectives, ed. John Keane (New York: Berghahn Books, 2006), 37-50; Jürgen Kocka, Civil society and dictatorship in modern German history (Hanover and London: University Press of New England, 2010).

⁸ Tocqueville observa que la Revolución francesa produjo la caída de la monarquía y de sus instituciones intermedias, pero no eliminó la centralización estatal. Así, el sistema político francés, por medio de provisiones democráticas, socavaba el poder de las élites locales y potencialmente concentraba el control político en una persona o un grupo reducido de personas. Ver Reinhard Bendix, Nation-building and Citizenship (New York: Anchor Books, 1984), 57; Alexis De Tocqueville, The Ancien RRegime and the French Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 59 ss. De modo que para Tocqueville, la democracia era en último término uno de los posibles caminos hacia la tiranía: No hay países en los cuales las asociaciones son más necesarias para prevenir el despotismo de una facción o el poder arbitrario de un príncipe que aquellos que están constituidos democráticamente. En las naciones aristocráticas el cuerpo de la nobleza y los acaudalados son en sí mismas asociaciones naturales que sirven como contrapeso a los abusos de poder. En países donde tales asociaciones no existen, si los individuos privados no pueden crear un sustituto artificial y provisional para ellas no puedo ver una protección permanente en contra de la más terrible tiranía; y muchas personas pueden ser oprimidas con impunidad por una pequeña facción o un solo individuo. Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Bantam Classics, 2000) libro I, cap. 12.

⁹ William Kornhauser, The Politics of Mass Society (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1959), 39.

¹⁰ Jean Cohen y Andrew Arato, Civil Society and Political Theory (Cambridge: MIT Press, 1994), 19.

¹¹ Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press, 1994), 15.

¹² Ver, por ejemplo: Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Space in Latin America (New Jersey: Princeton University Press, 2002); Evelina Dagnino et al., Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2002); John Keane, «Cities and Civil Society», en Civil Society. Berlin Perspectives, ed. John Keane (New York: Berghahn Books, 2006); Philip Oxhorn, Organizing civil society: the popular sectors and the struggle for democracy in Chile (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1995).

¹³ Ellen Meiksins Wood, «The Uses and Abuses of Civil Society», Socialist Register 26 (1990): 63.

¹⁴ Stein Rokkan, Citizens, elections, parties (Oslo: Scandinavian University Books, 1970), 18.

¹⁵ Ibíd., 27.

¹⁶ Charles Tilly, «Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834», en Roads from Past to Future, de C. Tilly (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 1997), 240-41.

¹⁷ Charles Tilly, «Contentious repertoires in Great Britain, 1758-1834», en Repertoires and Cycles of Collective Action, ed. M. Traugott (Durham: Duke University Press, 1995), 15-42; Popular contention in Great Britain, 1758-1834 (Cambridge: Harvard University Press, 2005).

¹⁸ Stein Rokkan, «Mass suffrage, secret voting and political participation», European Journal of Sociology 2, N° 1 (1961): 132-152.

¹⁹ Craig J. Calhoun, Social Theory and the Politics of Identity (Wiley-Blackwell, 1994).

²⁰ En esto concuerdo con Thomas H. Marshall, quien a diferencia de los teóricos de la sociedad civil, no asocia la resistencia contra el autoritarismo con la ciudadanía política, sino con el ejercicio de derechos civiles. El argumento de Marshall es que estos derechos se refieren al individuo no como miembro de instituciones (derechos políticos) ni como consumidor (derechos sociales), sino que en tanto actor que ejerce su libertad de pensamiento, de expresión, de religión, y de asamblea y asociación. Thomas H. Marshall, «Reflections on Power», en The Right to Welfare, de T.H. Marshall (London: Heineman Educational Books, 1981), 141.

²¹ Paul W. Posner, «Popular representation and political dissatisfaction in Chile’s new democracy», Journal of Interamerican Studies and World Affairs 41, N° 1 (1999): 59-85; Paul W Posner, State, market, and democracy in Chile: The constraint of popular participation (New York: Palgrave Macmillan, 2008), cap. 4 y 5; Kenneth M. Roberts, Deepeningdemocracy? TheModern Left and Social Movements in Chile andPeru (Stanford: Stanford University Press, 1998), cap. 3.

²² Hay ciertos paralelos entre este proceso y cómo el Estado chileno se construyó a base de los intereses mercantiles a comienzos del siglo XIX, ver Gabriel Salazar Vergara, Construcción de Estado en Chile (1760-1860): Democracia de «los pueblos», militarismo ciudadano, golpismo oligárquico (Santiago: Ed. Sudamericana, 2005).

²³ Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991),