Estudio de los efectos del programa de pago por servicios ambientales.: Experiencia en Ajusco, México
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Estudio de los efectos del programa de pago por servicios ambientales. - María Perevochtchikova
Esta investigación, arbitrada por pares académicos, se privilegia con el aval de la institución editora.
Primera edición, 2016
Primera edición electrónica, 2017
D.R. © El Colegio de México, A. C.
Carretera Picacho Ajusco No. 20
Ampliación Fuentes del Pedregal
Delegación Tlalpan
C.P. 14110
Ciudad de México, México.
www.colmex.mx
ISBN (versión impresa) 978-607-628-112-3
ISBN (versión electrónica) 978-607-628-179-6
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A mi familia, el fundamento de mi vida,
por todo su apoyo, alegría,
fuerza y confianza que me han dado
ÍNDICE
PORTADA
PORTADILLAS Y PÁGINA LEGAL
DEDICATORIA
RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Servicios ecosistémicos
El programa de Pago por Servicios Ambientales y la necesidad de su evaluación
Objetivos del estudio y estructura del libro
I. PSA EN MÉXICO Y MARCO DE CAPITAL COMUNITARIO
El programa de Pago por Servicios Ambientales en México y sus evaluaciones
Marco de Capital Comunitario
Metodología del estudio
II. COMUNIDAD DE SAN MIGUEL Y SANTO TOMÁS AJUSCO
Ubicación, historia y organización de la comunidad
Características ambientales y socioeconómicas de la comunidad
Programa de Pago por Servicios Ambientales en la comunidad
III. ESTUDIO SOCIAL
Percepción social de los actores
Cambio de la administración comunitaria
IV. ESTUDIO ECONÓMICO
Valoración económica de los servicios ambientales
Valoración económica ambiental para Ajusco
V. ESTUDIO AMBIENTAL
Caracterización hidroclimatológica
Monitoreo comunitario de la calidad del agua
Perfiles transversales y proyección de deforestación
REFLEXIONES FINALES: INTEGRACIÓN Y RETOS
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Anexo I. Formato de entrevista a profundidad a tomadores de decisión (Conafor), en Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, México
Anexo 2. Formato de encuesta para comuneros de la Asamblea Bienes Comunales de San Miguel y Santo Tomás Ajusco
Anexo 3. Formato de entrevista a los participantes en las labores de conservación de la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal
Anexo 4. Formato de entrevista a las autoridades de Bienes Comunales de San Miguel y Santo Tomás Ajusco
Anexo 5. Formato de entrevista a participantes en las actividades programadas en el marco del proyecto de pago de Servicios Ambientales Hidrológicos
Anexo 6. Formato de entrevista a grupo comunitario productivo de ganaderos
Anexo 7. Formato del cuestionario para comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco
Anexo 8. Resultados de análisis físico-químico del agua en tres manantiales de la Comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, 2015
SOBRE LA AUTORA
COLOFÓN
CONTRAPORTADA
RESUMEN
En este libro se presentan los resultados del proyecto de investigación científica sobre la evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales del programa federal de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, implementado en México por la Comisión Nacional Forestal en 2003. El caso del presente estudio trata acerca de la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, ubicada en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, que tiene casi una década de experiencia desde su creación, con el programa; y el marco teórico-conceptual que guía su análisis se basa en la estructura piramidal del Capital Comunitario, que incluye capitales natural, social y financiero, e interacciones entre ellos. Los principales aportes del estudio son el análisis de la percepción social de los efectos del programa entre los grupos de usuarios y proveedores de servicios ambientales, la discusión de la problemática del cambio de administración comunitaria y su influencia en la continuidad de los programas de conservación forestal, la valoración económica ambiental del bosque, el diagnóstico hidroclimatológico, y el estudio de la calidad y cantidad del agua de los manantiales de la zona, así como la puesta en marcha del esquema de monitoreo participativo comunitario, y la construcción de perfiles longitudinales con información ambiental y la proyección del índice de deforestación a mediano plazo. A partir de lo anterior, se hace una reflexión integrada y se proponen retos para el programa de PSAH en México. Cabe destacar que el estudio lo llevó a cabo un grupo interdisciplinario de especialistas provenientes de diferentes instituciones académicas y gubernamentales en los ámbitos nacional e internacional, con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esperamos que sus resultados sean de interés para el sector académico y de la política pública ambiental, pero sobre todo para la comunidad de Ajusco, cuyo apoyo y acompañamiento agradecemos profundamente.
INTRODUCCIÓN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Debido a la conocida degradación de los recursos naturales en el plano internacional, hace cuatro décadas (1972) se introdujo en Estocolmo, Suecia, la dimensión ambiental como un importante condicionante del modelo tradicional (extractivo) de desarrollo económico, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Quince años después se estableció el concepto de Desarrollo Sustentable (basado en la idea de la preservación de los ecosistemas, con el fin de garantizar su uso y aprovechamiento a largo plazo para la sociedad), el cual fue presentado y promovido en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (UN, 1987). Con estas preocupaciones por el ambiente, aunque claramente desde una visión antropocéntrica, se presentó la definición de Servicios Ecosistémicos (SE) en la Declaración de Río (CNUMAD, 1992), desde la perspectiva de economía ecológica, que fue difundida posteriormente en diferentes foros políticos y académicos (Perevochtchikova, 2014c).
En síntesis, los SE se refieren a las condiciones y los procesos de los ecosistemas naturales que éstos proveen a la gente y a la sociedad en general
(Daily, 1997), en virtud de que los ecosistemas proveen bienes y servicios por su sola existencia, independientemente de la acción realizada por las personas
(Garay, 2010: 69). Precisamente por su propia complejidad ecosistémica, los SE (en su servicio a la sociedad humana) incorporan diversas dimensiones de análisis, como: la ambiental (por la regulación climática, retención de suelo, captación de agua), la económica (por la provisión de alimentos, materia prima, agua, etc.), la de salud (preservación del medio fisiológico y psicológico), la paisajística (por el disfrute estético), la recreativa y la sociocultural.
Aunque existen múltiples definiciones de SE, es factible agruparlas respecto a su enfoque, de la siguiente manera (véase cuadro 1).
Según la clasificación presentada por la Millennium Ecosystem Assessment MEA (2005), los SE se definen, a partir de su función con la sociedad, en cuatro apartados: 1) servicios de provisión, que son tangibles y consumibles por las personas, como comida, fibras, combustible o agua potable; 2) servicios de regulación, se refieren a los procesos ecológicos dentro de las dinámicas naturales y determinados límites territoriales, que tienen como objetivo reducir la probabilidad de desastres, como deslizamientos de tierra, catástrofes climáticas o pandémicas; 3) servicios culturales, entendidos como servicios ampliamente intangibles e inconsumibles que suministran los ecosistemas, como la recreación, el atractivo estético o espiritual de la naturaleza, y 4) servicios de soporte, que resultan sustanciales para el mantenimiento de los demás servicios, y se refieren a los ciclos de los nutrientes, producción primaria y formación físico-química de suelos, por lo que poseen un valor indirecto.
Por otro lado, se reconocen cuatro grandes grupos temáticos de SE en relación con el medio natural que abarcan o infieren: 1) el de captura de carbono (generación de oxígeno, amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, modulación y regulación climática), 2) el hidrológico (mantenimiento de la recarga de acuíferos, de la calidad del agua, reducción de sedimentos cuenca abajo, reducción de caudales durante eventos extremos de precipitación, conservación de manantiales, mayor volumen de agua superficial disponible, reducción del riesgo de inundaciones), y 3) los de biodiversidad y paisaje (protección de la biodiversidad de los ecosistemas, protección y recuperación de suelos, belleza paisajista y recreación). Aunque también es posible encontrar otras clasificaciones o tipologías de SE; por ejemplo, para ecosistemas ligados a la provisión de agua, bienes diferentes al agua, beneficios de infraestructura o no extractivos (Postel y Carpenter, 1997), y para humedales, biodiversidad, recursos hídricos y ciclos biogeoquímicos globales (Ewel, 2001; De Groot et al., 2002; NRC, 2005; Boyd y Banzhaf, 2007; Wallace, 2007).
De acuerdo con la MEA (2005) y Fisher et al. (2009), el interés por el concepto de SE (en esta formulación) es muy reciente, ya que surgió a partir de las primeras investigaciones y publicaciones conjuntas de ecólogos y economistas, en una necesaria fusión de las ciencias que es tan importante para el entendimiento de la complejidad de los problemas socioambientales. Incluso las publicaciones científicas pioneras en el tema de resonancia internacional de Costanza y Daly (1992), Costanza et al. (1997), Daily (1997), y Postel y Carpenter (1997), han intervenido en la política pública, lo cual ha llevado a la adaptación de medidas (aunque desde la óptica de mercado) dirigidas a la incorporación de la problemática ambiental en los instrumentos de gestión de recursos naturales. Esto ha generado una discusión internacional acerca del valor (económico y ecológico) que tienen los SE para la humanidad, y la importancia de mantener los ecosistemas a largo plazo (desde la perspectiva de su servicio para el desarrollo económico), y de impulsar la posterior incorporación de nuevos enfoques que critiquen medidas neoliberales de mercado en el ámbito de la conservación.
A partir de este reconocimiento, el concepto de los SE ha sido ampliamente aceptado y validado en diversos acontecimientos y escritos de reconocimiento internacional, como la Declaración de Río, con la definición de los SE en 1992; el Protocolo de Kyoto, con la creación de los primeros esquemas de compensación económica por servicios ambientales (UN, 1998); la Cumbre de Johannesburgo, con la introducción del aspecto de la pobreza en los mecanismos de pago por servicios ambientales, y finalmente el Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), donde se presentaron los resultados del trabajo de 1 360 expertos y donde se plasmaron los conceptos fundamentales, además de información de punta en relación con el tema de servicios ecosistémicos y propuestas científicas de acciones para su conservación.
En particular, a partir del Protocolo de Kyoto se impulsó el proceso de desarrollo de mecanismos de compensación económica para la conservación ambiental a escala mundial, donde se aprecia una marcada diferencia en los términos utilizados, como el de servicios ambientales (SA) y el de servicios ecosistémicos (SE). Es importante señalar que los primeros se usan con frecuencia en la determinación política, que supone un sentido más amplio en relación con aspectos como la economía, la gestión ambiental y la ecología política; mientras que los SE se abordan desde el enfoque ecológico proveniente del concepto de ecosistema
. Incluso, epistemológicamente, se puede decir que los SE reconocen los beneficios acotados a los sistemas naturales (como medio físico, biológico y sus interacciones), mientras que los SA consideran los beneficios de los sistemas naturales en interacción con el factor antropogénico, aunque no tengan una definición precisa o acordada en la literatura moderna (Perevochtchikova, 2014c).
EL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y LA NECESIDAD DE SU EVALUACIÓN
El mecanismo de compensación económica (o pago) por servicios ambientales (PSA) es una herramienta de política pública ambiental que tiene como propósito mitigar la degradación ambiental, sobre todo la enfocada a la problemática de la deforestación, a la vez que pretende mejorar el bienestar humano por medio de la realización de actividades que garanticen la permanencia y calidad de los ecosistemas a largo plazo, a cambio de compensaciones económicas (Fregoso, 2006; DDS-OEA, 2008). Este esquema fue establecido a partir de las lógicas económica (que los mercados y pagos asuman la internalización de las externalidades, Martínez-Alier y Roca, 2001; McElwee, 2012), y ecológica (que un buen estado de los ecosistemas es fundamental para la conservación de sus servicios), las cuales propician posibilidades de manejo alternativo de los recursos naturales (Cordero, 2008; Kosoy et al., 2008). En este caso los beneficios de que existan los ecosistemas se presentan como una ventana de oportunidad económica que explícitamente reconoce la necesidad de crear puentes entre los intereses de los propietarios de la tierra y los usuarios de los servicios ecosistémicos, mediante compensaciones directas (Wunder, 2005).
Por lo mismo, los esquemas de PSA se definen como instrumentos financieros de compensación que aseguran la conservación de los servicios ecosistémicos, representados a escalas local y global (Fisher et al., 2009), al concederles un valor económico (NRC, 2005) que consiste en una transacción voluntaria, monetaria o en especie (Brüschweiler et al., 2004: 23), por servicios ecosistémicos bien definidos, que se convierte en una compra
por parte de al menos un usuario de estos servicios a su proveedor (Wunder, 2005). En relación con esto, es importante recalcar que existe una serie de actores involucrados directamente con el funcionamiento de los esquemas de PSA: 1) los proveedores de los servicios (normalmente los propietarios de terrenos, que poseen los recursos naturales y quienes se benefician con el pago, renunciando a otros usos del suelo potencial y económicamente más atractivos), y 2) los usuarios de estos servicios (una población, un sector industrial, o el gobierno).
En los programas federales, es precisamente el gobierno quien administra y financia este tipo de mecanismos, adaptando el papel de los usuarios (sobre todo cuando los últimos no están bien definidos). Pero existen intermediarios que ayudan a gestionar los programas de compensación, como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o los gobiernos estatal y municipal, en caso de la creación de iniciativas a escala local y el apoyo de fondos mixtos (Perevochtchikova, 2014c). En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo de los SA, que va de los proveedores a los usuarios, de los cuales proviene el pago por la preservación de los SA, lo que se incluye en la perspectiva de justicia socioeconómica y ambiental, partes fundamentales del concepto de sustentabilidad.
En los esquemas de conservación forestal (que abarcan temáticamente
servicios de biodiversidad, hidrológicos y culturales) se han creado diversos formatos de apoyo, por ejemplo de financiamiento federal, de coinversión de fondos, incluyendo las aportaciones del sector gubernamental y el privado (como los existentes en Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, etc.), y se han formulado programas de conservación de importancia global, además de la certificación forestal y otras modalidades de compensación monetaria o en especie (Engel et al., 2008). En el caso específico del esquema de compensación o Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) referido al bosque, como es el del programa federal mexicano llevado a cabo por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) desde 2003, la idea se concentra en el otorgamiento de una compensación económica a los dueños de los terrenos ubicados en las partes altas de las cuencas hidrográficas que decidan preservar sus áreas forestales con el fin de proporcionar diversos SE hidrológicos a la población cuenca abajo, lo cual asegura el consumo de agua, la regulación del ciclo hídrico, la captación e infiltración del agua, la reducción de sedimentos, etc. (Cordero, 2008; Perevochtchikova, 2015).
Actualmente se puede encontrar evidencia del desarrollo e implementación de los esquemas de PSA y sus estudios en diversos países del mundo: América Latina (Costa Rica como país pionero, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, México), Canadá y Estados Unidos, Europa (Inglaterra, España, Holanda, Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza y Eslovenia), Asia (China, India, Vietnam, Indonesia y Japón), África (Sudáfrica, Tanzania y Madagascar) y Oceanía (Nueva Zelanda y Australia), según Mayran y Paquin (2004), Fisher et al. (2009), Balvanera et al. (2012), McElwee (2012), Molnar y Kubiszewski (2012), Perevochtchikova y Oggioni (2014).
Por otro lado, se observa que la información de los instrumentos de compensación por los SE/SA en la política pública ha impulsado un creciente interés por parte del sector académico hacia su estudio, que han sido abarcados