Instituciones comunitarias para la paz en Colombia: Esbozos teóricos, experiencias locales y desafíos sociales

Por Jefferson Jaramillo Marín, Fabio Sául Castro-Herrera y Daniel Ortiz Gallego

Si bien existen algunas investigaciones sobre construcción de paz desde procesos locales, este tema ha sido poco desarrollado. Mediante un trabajo de reflexión interdisciplinar, esta obra busca definir las instituciones comunitarias para la paz (ICPP) en Colombia, sus componentes y características, y debatir sobre las funciones que cumplen en contextos de conflicto y de violencia en el país. Esta investigación concentró su análisis en experiencias de institucionalidad comunitaria en Barrancabermeja (Santander), San Onofre (Sucre), el departamento de Arauca y Puerto Gaviotas (Guaviare). La obra responde a la necesidad de reflexiones y debates sobre la poca visibilidad de las ICPP, comparadas con otras formas de gestión de conflictos. En este sentido, es un llamada para que las propuestas de transformación desde los territorios tengan mayor relevancia en el posacuerdo y la construcción de paz.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Nacional de Colombia
• Fecha de lanzamiento: 22 abr 2018
• ISBN: 9789587833911

Vista previa del libro

Sucre.

INTRODUCCIÓN

E

n el año 2015, la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia (

EJCUN

) integró un equipo académico que le apostó a la producción de conocimiento, buscando profundizar en los escenarios temáticos sobre los que ha trabajado. Esto fue posible gracias a diversas apuestas conceptuales que el grupo consideró necesarias para afianzar un diálogo entre los procesos sociales locales, y sus demandas, y la academia, un territorio epistémico-político, generador de preguntas incisivas y de conversaciones difíciles sobre el país. Nuestro principal objetivo, fue, parafraseando a Stuart Hall, contribuir a un contextualismo más radical de la academia, de cara a los desafíos evidenciados en el trabajo que se ha desarrollado regionalmente.

Desde esa búsqueda, bajo una dinámica de trabajo solidario y colaborativo, emprendimos la confección de la estrategia editorial que nos permitiera condensar el intenso trabajo de la

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. Parte de esta labor se inspiró en lo que, en términos de Pierre Bourdieu, podríamos denominar una reflexión de la reflexión en cada uno de los registros de trabajo, de tal manera que, al tejer entre actividades académicas y sus productos, íbamos dando densidad a la producción teórica que posteriormente sería traducida en artículos y libros¹.

Si bien el equipo académico resultaba reducido para la cantidad de responsabilidades a las que debíamos responder, duplicamos esfuerzos y, trabajando bajo el principio constante de combinar corazón y método, construimos vasos comunicantes que permitieron urdir, de manera compleja, las preguntas para avanzar en los procesos de investigación propiamente dichos. En esta trayectoria contamos con el apoyo del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus, quienes fueron los responsables de la financiación de la investigación y del presente libro. En el camino, encontramos aliados académicos en otros equipos de investigación externos como el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Cesycme), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, que permitieron alimentar y amplificar los desafíos.

Este libro es uno de los principales resultados de este proceso de tejidos, esfuerzos y principios de trabajo. Ha sido elaborado a varias manos, bajo un paraguas categorial en el que confluyen elaboraciones teóricas de diversas cataduras y de variopintas experiencias etnográficas orientadas en torno a lo que decidimos denominar instituciones comunitarias para la paz (

ICPP

) y cuya nominación, un tanto provocadora, proviene de varios ejercicios investigativos realizados entre 2014 y 2016 en distintas regiones de Colombia². El libro, por tanto, debe ser asumido como un pretexto polifónico generador de debates y no de certezas frente al tema. Un libro en torno al cual nos interesa la discusión sobre las contradicciones, las disputas y las convergencias que nos permitan continuar generando espacios de conversación frente al tema.

El libro compila trabajos de reflexión teórica y estudios de caso elaborados por diversos equipos de investigación. La intención de compilarlos en un diálogo por medio de esta publicación, pese a su diversidad regional, abanicos teórico-metodológicos y madurez relativa en su contenido empírico-analítico, es que apuntan a provocar una discusión interdisciplinar y de frontera en las ciencias sociales y en los estudios críticos del derecho en torno a las

ICPP

. Esto, desde la visualización de viñetas etnográficas y la comprensión de los desafíos y preguntas aún sin resolver qué plantea el actual panorama del país. Debe decirse que específicamente alrededor del tema existe poca literatura, a excepción de una más bien tangencial, que se acerca al tema por vía de la denominación genérica de estudios de paz o de construcción de paz. Sin embargo, el situarla en este libro, obedece a preocupaciones intelectuales recientes, tanto en el resorte de pensamiento de la

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—especialmente del equipo académico que funcionó entre 2015 y 2016—, como de otros grupos de investigadores y entidades a las cuales están adscritos algunos de los autores que participan en esta apuesta editorial.

Este libro puede considerarse una incitación inicial a la exploración de los sentidos y resonancias locales de estas instituciones, más que una pretensión de explicación casuística de cada una de ellas. El horizonte al que convoca el texto es el de pensar qué podrían ser las

ICPP

, cuáles son algunos de sus componentes y características, y cómo pueden, o no, responder a los dispositivos de conflicto y regímenes de violencia en el país. Como expresión de ello tenemos reflexiones teóricas adobadas desde hace algunos años, pero también ejercicios experimentales que plantean más preguntas que certezas, así como diversas apuestas conceptuales.

El presente libro se estructura en dos partes. La primera parte, se denomina tejidos teóricos y está compuesta por tres capítulos, que corresponden a las aperturas y provocaciones conceptuales a algunos de los debates transversales del libro, en torno a las instituciones comunitarias para la paz; es decir, su lugar invisibilizado frente a otras experiencias de construcción de paz, su configuración en medio de tejidos sociales fracturados por la guerra y ciertos vacíos de institucionalidad estatal, su posibilidad de tramitar conflictividades y construir proyectos de futuro comunitarios, y su ambivalente autonomía-articulación con normatividades estatales y órdenes sociales insurgentes. La segunda parte del libro la nombramos experiencias y desafíos y constituye el núcleo del texto y la apuesta empírica de nuestra pesquisa. En ella mostramos desde diversos lugares de enunciación contextual-territorial y niveles reflexivos aún preliminares, cómo se expresan estas instituciones, cuáles son algunos de sus potenciales y restricciones desde los ámbitos locales.

El primer capítulo, Las instituciones comunitarias para la paz: esbozos teóricos y dimensiones analíticas, busca generar unas provocaciones introductorias, enriquecidas por varios trayectos teóricos, desarrollos conceptuales y acompañamientos comunitarios de los editores de esta propuesta, en torno a la cual invitamos a dialogar a otros investigadores. Es un capítulo que trata de generar sospechas, abrir preguntas y, sobre todo, articular reflexiones de frontera que generan ciertas lecturas y pensadores, por cierto, muy plurales entre sí, desde las ciencias sociales y la sociología del derecho acerca de esta temática. El capítulo busca ser la brújula que permita reconocer el lugar desde donde se habla; las aproximaciones conceptuales iniciales sobre las instituciones comunitarias para la paz; cómo pueden o no responder ellas al país de hoy en un escenario de posacuerdo, de implementación de lo pactado entre Gobierno y las Farc-

EP

en las regiones.

El segundo capítulo, titulado Administración de justicia para la paz, aborda la administración de justicia en equidad como una expresión de institucionalidad comunitaria para la paz y los diversos entronques que hacen de ella un mecanismo de gestión transformadora de la conflictividad a nivel local. Allí se plantean las relaciones entre la administración de justicia en equidad y la construcción de paz. Para tal fin, nos valemos del marco analítico de Johan Galtung e interpelamos algunas categorías de las estructuras elementales de la violencia propuestas por la profesora Rita Lura Segato, que en su conjunto permiten evidenciar cómo la conciliación en equidad puede responder a las diferentes formas de violencia, desde su capacidad transformadora de estructuras normativas y de las acciones pedagógicas que le son propias.

En el tercer capítulo, denominado Redes locales para la paz en los territorios, se avanza en una propuesta teórica y metodológica sobre cómo las redes coadyuvan a la construcción de capital sociocomunitario, como base para el fortalecimiento de las

ICPP

y la transformación de las dinámicas de conflictividad. El planteamiento se nutre con múltiples propuestas teóricas, como la de Jean Paul Lederach y Manuel Castells, quienes abordan la relación entre redes y poder en pro del empoderamiento comunitario, y el trabajo de Elinor Ostrom, por el lugar que ella adjudica a lo comunitario y a la posibilidad de administrar los recursos de uso común.

En el cuarto capítulo, llamado La institucionalidad comunitaria para la paz en Barrancabermeja: la experiencia de Apall y Asopesamm, se da cuenta de la trayectoria y experiencia de dos organizaciones de pescadores del Magdalena Medio: la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de El Llanito (Apall) y la Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio (Asopesamm). A partir de un enfoque de investigación cualitativa y de contextualización histórica, el capítulo señala las lógicas de acción comunitaria de las asociaciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores, y a la gestión de conflictos socioambientales por el acceso y los usos de los recursos acuíferos. Este capítulo da algunas puntadas analíticas para pensar las rupturas y respuestas comunitarias ante el asesinato de líderes comunitarios, esto a partir del planteamiento de John Paul Lederach sobre las formas cotidianas en las que los sujetos rehacen e imaginan moral y políticamente su realidad, para volver a tejer el lazo roto. Asimismo, el capítulo avanza en la comprensión de formas efectivas de transformar las conflictividades con actores externos a las asociaciones, tales como las empresas Ecopetrol e Isagén.

El quinto capítulo, denominado Utopías de paz: interacciones entre la Policía Nacional y la sociedad civil en contextos de violencia de alta intensidad, se centra en el análisis de las dinámicas relacionales entre la Policía Nacional y las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Onofre, Sucre. El análisis busca entender los tipos de conflictividad y espacios de articulación entre estos actores desde los ámbitos de regulación doméstico y ciudadano. Para esto se usan y tejen conceptualmente nociones como las de campo social de Pierre Bourdieu y ámbitos de producción normativa de Boaventura de Sousa Santos. El capítulo aporta la discusión de las instituciones comunitarias para la paz desde lo que en la experiencia se nombra como espacios transitorios de consensos. Estos espacios posibilitan acciones de intervención progresiva en el territorio que permiten construir una institución comunitaria para la paz de entronque mixto, entre las víctimas y los agentes del Estado.

El sexto capítulo del libro es La justicia en equidad como institucionalidad para la paz: aproximaciones preliminares desde el caso araucano. Allí se aporta a la comprensión de los alcances de la justicia en equidad en una región como la araucana —específicamente en los municipios de Tame, Fortul y Saravena—, que ha sido sometida a las infraestructuras regionales de la guerra, pero con un gran sedimento de resistencia local. Este capítulo explora cómo las

ICPP

, desde sus lógicas y estructuras, son el resultado de un proceso de fortalecimiento de la autonomía de las comunidades en la gestión transformadora de sus conflictos, y un mecanismo legítimo reconocido por el Estado. Para dar cuenta de ello, se parte de la experiencia desarrollada desde la

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en el departamento de Arauca. El capítulo se concentra en profundizar en la experiencia de formación de conciliadores en equidad de estos municipios, mostrando cómo una figura (la de la conciliación en equidad) y un mecanismo (la gestión transformadora de los conflictos), legitimados y regulados por el Estado, toman impulso y legitimidad social a través de la autonomía de las comunidades. Se muestra, además, cómo estas comunidades identifican sus necesidades y reconocen que para el avance de sus proyectos organizativos es útil transformar una cultura de violencia por medio, no de la negación de los conflictos, sino de su gestión transformadora, capitalizándose así la convivencia local como elemento para la construcción de paz.

El séptimo capítulo lleva por título Puerto Gaviotas, Guaviare: la experiencia de una comunidad sobreviviente y constructora de institucionalidad comunitaria. Este capítulo se centra en comprender las instituciones comunitarias que se configuraron en el departamento de Guaviare, una zona de colonización reciente, específicamente en la vereda de Puerto Gaviotas, en el municipio de Calamar. En esa zona confluyeron colonos afrodescendientes y colonos provenientes del interior del país. El capítulo evidencia cómo en este lugar, ubicado en las márgenes del Estado, se construyeron unas instituciones comunitarias fuertes como las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Patrióticas, con el fin de gestionar el mejoramiento de vida de los habitantes y establecer mecanismos de tramitación cotidiana de la conflictividad. Estas instituciones comunitarias muchas veces se entroncaron con los órdenes sociales armados insurgentes de las Farc-

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, con quienes compartieron ciertas nociones de justicia y autoridad. El capítulo evidencia la desarticulación y resquebrajamiento que tuvieron los procesos organizativos de Puerto Gaviotas a raíz de varios ciclos de violencia acaecidos en la región, pero también cómo en medio de la confrontación perduraron algunas de las formas de tejido comunitario.

1De este periodo de trabajo del equipo académico se publicaron desde el Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus, los libros La justicia comunitaria en el desplazamiento forzado, un campo jurídico emergente y Huellas y trazos de la Escuela. Una década de retos y desafíos de la justicia comunitaria en Colombia.

2Las investigaciones se llevaron a cabo en cinco escenarios poblacionales de cuatro departamentos del país. En Tame, Fortul y Saravena (Arauca) y Barrancabermeja (Santander), la investigación fue liderada por el equipo académico de la ejcun, integrado por estudiantes y, actualmente egresados, de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia en el periodo de enero a diciembre de 2015. En el municipio de San Onofre (Sucre), la pesquisa fue parte de un proceso de colaboración interinstitucional entre la

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y la Escuela de Posgrados de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro (Espol), que inició en el año 2014, en el que participaron investigadores sociales de las dos instituciones. La experiencia de Puerto Gaviotas, Calamar, Guaviare, fue liderada por jóvenes investigadores (sociólogos, antropólogos, historiadores) que han generado sus reflexiones en el marco del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (Cesycme).

PARTE I

TEJIDOS TEÓRICOS

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS PARA LA PAZ: ESBOZOS TEÓRICOS Y DIMENSIONES ANALÍTICAS

JEFFERSON JARAMILLO MARÍN

*

FABIO SAÚL CASTRO-HERRERA

**

DANIEL ORTIZ GALLEGO

***

INTRODUCCIÓN

Este capítulo se asume como una provocación introductoria, en torno a un concepto que queremos proponer para la discusión: el de instituciones comunitarias para la paz (

ICPP

). El capítulo es resultado de la combinación entre el adobe conceptual y el tamiz experiencial de los tres autores, asuntos desde los cuales tratamos de generar ciertas sospechas y aperturas a preguntas, más que plantear respuestas taxativas en torno a esta temática. Todo ello, reconocemos, es producto de la discusión conjunta de lecturas y autores, por cierto, muy plurales entre sí, pero también desde múltiples referentes y trayectos comunitarios en los cuales hemos tenido la oportunidad, a través del trabajo de campo de varios años, de visualizar la estela de estas

ICPP

.

Asumimos el capítulo como exploratorio para pensar qué son las

ICPP

, cuáles son los desafíos y retos que plantean al escenario de transicionalidad histórica en el país. Además, queremos incitar a la reflexión sobre cuáles son algunas de sus expresiones locales para resistir o subvertir las geografías de la guerra, cómo se relacionan ellas con el ámbito de los estudios sobre construcción de paz, cuáles son los acentos y también vacíos que existen alrededor de estos, lo cual puede dar pie para creer aún más en el potencial de enfocar el trabajo sobre las

ICPP

. En el capítulo también señalamos cuales son los componentes estructurales y las dimensiones activas de las

ICPP

. Finalmente, este capítulo tiene la pretensión de ser la cuota inicial teórica para reflexiones más densas sobre el tema en términos de trabajo local y, por supuesto, un anclaje analítico para los otros capítulos que hacen parte de esta propuesta editorial.

POTENCIALES Y RETOS DE LA ICPP DE CARA A UN ESCENARIO DE TRANSICIONALIDAD

Las

ICPP

tienen varios potenciales y retos hoy en el país, de cara a un escenario de transicionalidad histórica. Ellas representan, en aquellos territorios afectados por la guerra y múltiples formas de conflictividad, los principales bienes comunes básicos y de acceso cotidiano con los cuales cuentan los pobladores para adelantar una gestión transformadora y sostenible de la convivencia local. Pensemos, por ejemplo, en el lugar que ocupan en relación con ello, la escuela rural, la junta de acción comunal, las asociaciones de vecinos, el consejo comunitario, la organización campesina, la asociación de productores, la zona de reserva campesina, las comunidades de paz, los espacios humanitarios, las justicias comunitarias, las formas de conciliación en equidad, entre muchos otros. Estos bienes son expresión de lo que Ashutosh Varshney (2002) denomina sistemas institucionalizados de paz, es decir, compromisos intercomunales que moderan las tensiones y previenen la reactivación de la violencia (p. 46).

En Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ha nombrado a estos sistemas y bienes como órdenes locales de paz (González, Castañeda y Barrera, 2016, p. 95), resultando claves en el actual escenario transicional, por cuanto permiten comprender que a pesar de la historia de larga data de conflictividad(es) territoriales, diversas comunidades y colectivos han gestado antes, durante o a pesar del conflicto armado, o incluso de cara al desgarre y fractura territorial que este provoca, unas formas de confrontación de las dramaturgias del horror. Hoy, muchos de estos bienes buscan ser reconstituidos, fortalecidos o potenciados.

Las

ICPP

devienen en cajas de resonancia de prácticas de soberanía comunitaria. Entiéndase aquí la idea de soberanía más allá de la discusión clásica de la teoría política que la ubica como un dispositivo e impronta por excelencia de los estados nacionales modernos. En el caso de las

ICPP

, la soberanía es la posibilidad del ejercicio autónomo de un orden desarmado, no violento, creativo y disruptivo que hace frente desde clivajes propios a lógicas y gramáticas de desprecio centralistas, pero también a múltiples formas de estigma y ejercicios de poder violento ejercidos desde los actores armados en los escenarios locales. Es a través de estas

ICPP

desde donde se pueden confrontar a estos actores y desafiarlos, pero también denunciar las precariedades e incapacidades estatales. Es desde ellas que pueden subvertirse y cuestionarse lecturas estigmatizadoras producidas sobre los territorios y pobladores.

La idea de soberanía comunitaria nos sitúa, además, frente al reconocimiento de la existencia de muchos ejercicios locales de democracia y maneras sensibles y adecuadas de construcción de nexos con institucionalidades y gobernanzas estatales o globales. Bajo la idea de soberanía comunitaria, se estaría develando cómo muchas de las formas de construcción de lo institucional en este país, se han cimentado sobre la base de una ceguera democrática territorial, desconociendo, invisibilizando o negando las especificidades, potencialidades y restricciones de los engranajes políticos territoriales. Pensar desde aquí ayuda a comprender que el tema de la manida paz territorial no se agota en un asunto de enormes arquitecturas legales, diseños institucionales macro o en una ingeniería del posconflicto desde el centro o desde gramáticas de paz neoliberal o gramáticas coloniales (Castillejo, 2015, p. 22; Jaramillo, 2015, p. 10; Jaramillo, 2016, p. 5; Fontan, 2013; Richmond, 2014) o, se plasma solo en una conexidad con los macrodesafíos de desarrollo del milenio, sino que tiene que ver con la diversidad de clivajes locales.

Las

ICPP

en diversos territorios del país son dúctiles a muchos intereses, lógicas y dinámicas. Es decir, son flexibles, más que blandas o rígidas, a las condiciones de los espacios regionales y municipales. Esto plantea un desafío enorme para las agendas políticas de implementación de los puntos centrales del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc-

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, en tanto requieren tomarlas en consideración, en relación a lo que ocurre con la puesta en marcha, por ejemplo, del acuerdo rural que comprende temas de tan sofisticada y no poco problemática filigrana transicional como la Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y, en general, un bienestar territorial con dignidad para las comunidades (Fajardo y Salgado, 2017; Duarte, 2017). Precisamente es en relación con estos temas que las

ICPP

pueden resultar la plataforma y anclaje necesarios para potenciarlos y garantizar su sostenibilidad en los territorios.

Las instituciones comunitarias son más que reglas de juego abstractas, en esa medida fungen como entramados cotidianos de prácticas sociales, estrategias de poder que se convierten con el tiempo en movilizadoras de la memoria organizativa local. En esa dirección, debemos reconocer y comprender la importancia que tienen o han tenido tales instituciones en la articulación de los procesos y dinámicas de convivencia, en la gestión transformadora de las disputas y, en general, en la gestión de la vida en y más allá de la guerra. Más aún, cuando la convivencia cotidiana ocurre bien sea en zonas en disputa o estructuradas por la guerra o en ámbitos donde algunos actores dejan un vacío de poder y ese vacío es copado por otros competidores.

Pese a lo que ha significado en un país como Colombia, la destrucción, la promesa inconclusa de comienzo, la reconstrucción o mantenimiento en el tiempo de las

ICPP

—o a pesar o en contravía de la confrontación armada— es posible imaginar desde ellas futuros posibles y concretos, comunes e inmediatos, más incluyentes para diversos sectores sociales, políticos, comunitarios y organizativos en los territorios. Empero, aunque la imaginación moral y política del porvenir es una de las improntas centrales de la tan mencionada paz territorial¹ (Jaramillo, 2013), su materialización pasa, insistimos, no solo por definir las reglas de juego o trabajar sobre los canales de participación, sino también por reconstruir y visibilizar la memoria de estos teflones comunitarios que son las

ICPP

en Colombia. Además, pasa por identificar las levaduras críticas y los azares venturosos, que las han hecho posibles en el país (Lederach, 2007). El país necesita tener unas narrativas más profundas sobre el lugar de estas instituciones en la construcción de proyectos democráticos a escala micro, dado que bastante análisis se ha hecho sobre el régimen democrático y los sistemas de partido, dejando de lado una analítica centrada en los actores territoriales y las dinámicas locales.

NO NEGAMOS LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA GUERRA, AVANZAMOS EN RECONOCER LAS EXPRESIONES LOCALES PARA RESISTIR O SUBVERTIR LAS GEOGRAFÍAS DIFERENCIADAS DE ELLA

Con el termino

ICPP

no tratamos de negar o vadear fácilmente la existencia estructural del conflicto, o banalizar los factores y nudos prolongadores de la guerra y de las violencias en el país, sobre lo cual ya hay extensa literatura y experticia en el país (

CHCV

, 2015;

CNMH

, 2013). Mas bien quiere dársele fuerza a la idea de que en los territorios existen formas potentes de eludir valientemente la guerra, existen alquimias diversas de construcción del bienestar territorial a pesar y en contra de la guerra y, sobre todo, burlonas prácticas del cuidado de sí y del otro, la cual incluso permite relacionarse de una manera subvertora con los señores de la guerra².

La resistencia a la guerra en Colombia se ha expresado y concretado a través de propuestas de movilización, acción cívica, iniciativas ciudadanas, activismo popular y artivismo político, estrategias que han tenido efímera actuación en algunos casos, y en otros un desarrollo continuo. Aun así, creemos que hay una resistencia comunitaria que se ancla históricamente en expresiones locales duraderas, pero no tan visibilizadas, que de manera diferenciada contribuyen a la democratización de la vida y a la co-gobernanza local. Estas resistencias desarmadas, de las cuales no se ha hecho aún suficiente memoria —como ya mencionamos—, operan en contextos y geografías donde órdenes sociales diversos y múltiples violencias, que posibilitan otros ordenamientos, han convivido diferencialmente en espacios de vida, con una organización, una especificidad, unas dinámicas y una sedimentación diferenciadas (Salamanca, 2005).

Precisamente, un tema importante en la discusión sobre las

ICPP

pasa por comprender que ordenes sociales y violencia(s) no se oponen, sino que, por el contrario, se constituyen mutuamente. De hecho, las líneas interpretativas de Daniel Pécaut (1987) o Marco Palacios (1995), que han devenido como canónicas en el país, van por esa vía. El orden es crucial para administrar la violencia y la violencia para cimentar un orden. Aquí el orden es concebido como el conjunto de patrones estables, estructurales y sistemáticos (susceptibles de transformación) de regulación e interacción social localizados (García y Aramburo, 2011). La violencia, por su parte, es comprendida como la acción disruptiva, letal o no letal, que tiene relación a su vez con condiciones estructurales y prácticas culturales. La pregunta importante aquí es ¿cómo responden las

ICPP

frente a órdenes que administran violencia o violencias que cimientan ordenes? Para responderla quizá sea clave reconocer que los órdenes y las violencias se configuran y reconfiguran constantemente (Kalyvas, 2001; Kalyvas 2004; Vásquez, 2015) y que en esos marcos se negocian, subvierten o transforman legitimidades, gobernanzas y alianzas (González y Otero, 2010).

El tema de lo diferencial no es menor en esta discusión. Creemos que el Cinep ha aportado mucho, a través de los diversos estudios de Fernán González y del equipo interdisciplinar de Odecofi para comprender que no solo el orden y la violencia maridan, sino que además el concepto presencia diferencial del Estado en los territorios es útil como recurso heurístico. Así, la cohabitación entre orden y violencia varía dependiendo de qué tan integrados o desintegrados estén estos territorios a la vida económica y política de la nación, pero también de acuerdo con sus dinámicas de poblamiento, la organización y la cohesión social en las zonas, el papel articulador de los partidos políticos, etcétera.

En la perspectiva de lo que propone el Cinep, y que puede resultar útil para nuestra discusión³ —en aquellos territorios de mayor integración, en su mayoría del centro del país—, existen bajos niveles de violencia y mayores niveles de gobernabilidad. A esto, el Cinep y otros equipos de investigación, lo han denominado un orden instituido o territorialidades integradas. Por su parte, en los territorios poco integrados, y que se han constituido en las márgenes (en su mayoría en los territorios de las costas, parte del suroccidente, los Llanos Orientales y la Amazonia), aumentan los niveles de violencia, la vida local se articula al clientelismo y los actores armados se disputan la soberanía de recursos, poblaciones y territorios. En estas regiones, además, el Estado es un competidor más, junto a otros actores, en la regulación de la vida social. Aquí estaríamos hablando de territorios en disputa u ordenes disputados. Finalmente, estarían los territorios estructurados por la guerra, especialmente los configurados en las zonas de colonización campesina periférica, de tránsito permanente del poder entre distintos actores armados, de baja gobernabilidad y de lucha violenta (González y Otero, 2010, pp. 28-36; González, 2015, pp. 59-63; Vásquez, 2015, pp. 27-28).

Muchos de los municipios en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y que seguramente también comparten las experiencias localizadas de este libro, podrían estar compartiendo estas formas tipo y topológicas: orden institucionalizado a pesar de la guerra, orden disputado en la guerra y orden estructurado por la guerra; o si se quiere, territorialidades integradas a pesar de la guerra, territorialidades disputadas en la guerra o territorialidades estructuradas por la guerra. Por lo anterior, hablar de las

ICPP

nos lleva a fijarnos en los mapas regionales y las cartografías locales, con el fin de retornar desde nuestras ciencias sociales contemporáneas, muy atadas a la abstracción conceptual, a recuperar la dimensión territorial⁴. Ser más sensibles a eso que Lefebvre