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Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina
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Libro electrónico423 páginas5 horas

Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina

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Desde disciplinas como las ciencias políticas, la filosofía, el derecho, la pedagogía, la psicología y la sociología, autores académicos de Latinoamérica y Alemania realizan un aporte científico al análisis de los procesos para alcanzar la paz en Latinoamérica, y en el caso particular de Colombia, en el libro Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina.
IdiomaEspañol
Fecha de lanzamiento12 nov 2018
ISBN9789587812749
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    Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina - José Hernán Muriel Ciceri

    PAZ, RECONCILIACIÓN Y

    JUSTICIA TRANSICIONAL

    EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

    PAZ, RECONCILIACIÓN Y

    JUSTICIA TRANSICIONAL

    EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

    Editores académicos

    JOSÉ HERNÁN MURIEL CICERI

    MARIELLA CHECA

    THOMAS KRÜGGELER

    Reservados todos los derechos

    © Pontificia Universidad Javeriana

    © Servicio Católico de Intercambio

    Académico (KAAD)

    © José Hernán Muriel Ciceri, Mariella Checa

    y Thomas Krüggeler, editores académicos

    © Juan Carlos Arias Duque, Marcela Bustamante Torres, Oscar Javier Cabeza Herrera, María Cárdenas, Paul Dávila, Sabine Kurtenbach, Sandro Lima, Alejandro Guerrero Torres, Ingrith Tatiana Menjura Roldán, José Hernán Muriel Ciceri, Marco Navas Alvear, Julio Peláez, Carlos Perea Sandoval, Tania Revollar Ridout, Mariela Sánchez Cardona, Pedro Valenzuela, Hermann Weber, René Zamora

    Primera edición: noviembre de 2018

    Bogotá, D. C.

    ISBN: 978-958-781-274-9

    Hecho en Colombia

    Made in Colombia

    Editorial Pontificia Universidad Javeriana

    Carrera 7.a n.o 37-25, oficina 1301

    Edificio Lutaima

    Teléfono: 320 8320 ext. 4752

    www.javeriana.edu.co/editorial

    editorialpuj@javeriana.edu.co

    Bogotá – Colombia

    Corrección de estilo

    Bibiana Castro

    Diseño de cubierta

    Carmen Villegas Villa

    Diagramación

    Carmen Villegas Villa

    Imagen de cubierta

    Excombatientes del M-19 regresan a

    las montañas de Corinto (Cauca).

    Fotografía de Álvaro Andrés Cardona

    Gómez, 2016.

    Conversión ePub

    Lápiz Blanco S.A.S.

    Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin la autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.

    Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.

    Muriel-Ciceri, José Hernán, editor, autor

               Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina / editores académicos, José Hernán Muriel-Ciceri, Mariella Checa, Thomas Krüggeler; autores, José Hernán Muriel-Ciceri [y otros]. -- Primera edición. -- Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2018.

      ISBN: 978-958-781-274-9

              1. Proceso de paz. 2. Justicia transicional. 3. Pacifismo. 4. Posconflicto.  5. Reconciliación. 5. Acuerdos de paz. I. Checa, Mariella, autora. II. Krüggeler, Thomas, autor. III. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas

    CDD 303.66 edición 21

    Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.

    ________________________________________________________

    inp      30 / 10 / 2018

    Contenido

    Prefacio

    THOMAS KRÜGGELER Y HERMANN WEBER

    Introducción

    THOMAS KRÜGGELER, MARIELLA CHECA y JOSÉ HENÁN MURIEL CICERI

    Los casos de Brasil, Guatemala y Perú

    La Comisión Nacional de la Verdad en Brasil: una compleja lucha contra la mentalidad autoritaria

    SANDRO LIMA

    El proceso de paz en Guatemala y el papel de los organismos internacionales

    JULIO PELÁEZ

    La seguridad ciudadana y el proceso de paz en Guatemala

    RENÉ ZAMORA

    Yuyanapaq, para recordar: importancia e impacto de la muestra del archivo fotográfico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el Perú

    TANIA REVOLLA RIDOUTT

    Construcción de la paz, reconciliación y justicia transicional

    Lo que el Estado debe recordar al hacer memoria: Recomendaciones

    MARCELA BUSTAMANTE TORRES

    Aspectos psicosociales y poscoloniales para una paz positiva

    MARÍA CÁRDENAS

    Epistemología y pedagogía para la paz: análisis de las prácticas y los discursos a partir de Santo Tomás y los modelos educativos contemporáneos

    OSCAR JAVIER CABEZA HERRERA y CARLOS PEREA SANDOVAL

    La universidad: escenario de pedagogías de paz y convivencia

    MARIELA SÁNCHEZ CARDONA

    Resistencia no violenta en contra de grupos armados no estatales

    INGRITH TATIANA MENJURA ROLDÁN

    Conflicto entre las finalidades de la justicia transicional y los estándares del derecho penal internacional

    JUAN CARLOS ARIAS DUQUE

    La memoria colectiva en procesos de justicia transicional y reconciliación

    HERMANN WEBER

    Colombia: proceso de paz y posconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

    Aclaraciones semánticas para los diálogos con las comunidades indígenas colombianas en el posconflicto y su sistema interno de justicia

    PAUL DÁVILA

    Constitucionalismo y proceso de paz: reflexiones desde una mirada compleja

    MARCO NAVAS ALVEAR

    Justicia Transicional en Colombia: mecanismos normativos para la superación del conflicto armado a través del Marco Jurídico para la Paz

    ALEJANDRO GUERRERO TORRES

    Reforma institucional para una paz sostenible: experiencia internacional y lecciones para Colombia

    SABINE KURTENBACH

    El rol de la banca en el posconflicto colombiano con las FARC-EP

    JOSÉ HERNÁN MURIEL CICERI

    El fin del conflicto armado en Colombia y retos para la paz y la reconciliación

    PEDRO VALENZUELA

    Prefacio

    El Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico (KAAD), de Bonn (Alemania), tiene el agrado de presentar, en conjunto con su institución hermana, la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), de Bogotá (Colombia), el libro Paz, reconciliación y justicia transicional en Colombia y América Latina. Entendemos la publicación como una contribución, desde una perspectiva académica, al proceso que busca proyectar una sociedad de posconflicto y establecer una paz duradera en Colombia. La Iglesia católica asumió un papel importante a lo largo de este recorrido orientado a llegar a un acuerdo político, y continuará contribuyendo a la tarea de asegurar la paz a largo plazo. La Pontificia Universidad Javeriana y el KAAD, como instituciones católicas académicas, asumimos, pues, el compromiso de acompañar dicho proceso de forma intelectual.

    Para honrarlo, hemos tenido el apoyo de académicas y académicos de seis países latinoamericanos y de Alemania (la mayoría de ellos exbecarios del KAAD), quienes presentan aquí sus resultados de investigación, teniendo en cuenta que cada artículo será un componente de una publicación con perspectivas internacionales. Además, los autores provienen de una gran variedad de disciplinas. Están involucrados abogados, filósofos, educadores, politólogos, comunicadores, etc. Creemos que en esta diversidad y heterogeneidad de las contribuciones radica el valor especial y la riqueza analítica de este libro. Por eso, nos permitimos destacar las perspectivas comparativas del texto. No solamente se encuentran referencias a procesos de paz similares en Brasil, Guatemala y Perú, sino que incluimos también una mirada al proceso de paz social vivido en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que el lector disfrute de esta variedad de perspectivas y que le resulten útiles.

    Agradecemos mucho al padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.  J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana, por la invitación que nos hiciera a realizar un seminario (en febrero de 2016) en su universidad, con el fin de coordinar el trabajo entre los contribuyentes al libro. Igualmente, estamos agradecidos por el constante apoyo de Luis David Prieto Martínez, vicerrector académico, y de Nicolás Morales Thomas, director de la Editorial de la PUJ. Finalmente, queremos agradecer a los numerosos académicos que han aportado a este libro, por su dedicación, su tiempo y su solidaridad con el proyecto.

    THOMAS KRÜGGELER

    Departamento de América Latina

    Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico

    HERMANN WEBER

    Secretario general

    Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico

    Introducción

    Paz, reconciliación y justicia transicional es el tema e hilo conductor de la presente obra investigativa colectiva que es editada en conjunto por el Servicio Católico de Intercambio Académico (KAAD) —institución de la Iglesia católica alemana para estudiantes posgraduados y científicos de países en desarrollo— y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

    La obra es un libro de investigación interdisciplinaria que realiza un aporte científico al análisis de la paz, la reconciliación y la justicia transicional en América Latina, y en el caso colombiano del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a través de contribuciones que son resultado de investigaciones hechas por académicos de Latinoamérica y Alemania. Cada uno de los aportes constituye un capítulo de la publicación y ofrece una mirada analítica sobre hechos y también, según el caso, sobre literatura pertinente, desde las áreas de la filosofía, la pedagogía, el derecho, la psicología, la sociología y las ciencias políticas. El volumen está dirigido al público en general, así como a académicos, a investigadores y a entidades estatales y no gubernamentales interesadas en los temas de paz, reconciliación y justicia transicional.

    La temática de investigación surgió como resultado de la conferencia internacional organizada y realizada por el KAAD, en cooperación con la Universidad Javeriana, en el mes de febrero del año 2016. Este encuentro contó con la participación de alumni del KAAD de siete países de Latinoamérica y de invitados de Alemania, y fue la ocasión para que se formara el grupo y red internacional de exbecarios denominado Paz y Justicia (KAAD, 2016). La obra ha sido desarrollada y está organizada con base en resultados de investigación y el estudio comparado del tema paz, reconciliación y justicia transicional, que fueron enviados, durante el año 2016, al comité editorial del KAAD. Los autores son investigadores de países latinoamericanos y de Alemania, entre los que figuran alumni del KAAD y académicos de otras instituciones. Los capítulos adoptan las normas APA, su contenido ha sido evaluado por distinguidos pares académicos externos de varios países y están agrupados en tres partes. Primero se presenta el análisis de los casos de Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú; posteriormente, es desarrollado el capítulo correspondiente a la construcción de la paz, la reconciliación y la justicia transicional, y se finaliza con el caso colombiano, abordando el proceso de paz y el posconflicto con las FARC.

    Con el objeto de realizar un análisis detallado, el libro es surcado por planteamientos científicos, que al mismo tiempo son retos académicos y que, tratados metodológicamente, constituyen el valor especial, así como la importancia de esta publicación a través de la interdisciplinariedad, rasgo que busca acercarnos al tema del libro que ofrecemos desde una perspectiva comparada y que permite ampliar el horizonte del lector.

    La investigación sobre la paz y el conflicto es un ámbito de trabajo científico complejo, en el cual participan representantes de diferentes disciplinas. En este libro se encuentran, entre otras, perspectivas jurídicas, de politología, sociológicas, filosóficas, pedagógicas y filológicas.

    El intercambio académico entre las disciplinas exige claridad en la metodología aplicada, que precede o acompaña el análisis científico. El tema estudiado representa, de cierta forma y por su complejidad, un problema general de la ciencia moderna; concretamente, la investigación interdisciplinaria, que no descuida la clara metodología de las disciplinas en particular y nos dirige al conocimiento científico. Debe insistirse en los estándares rigurosos de la metodología, con el objeto de garantizar a los representantes de las ciencias afines la verificabilidad de las cogniciones adquiridas.

    El presente libro permite a los lectores, a través de la interdisciplinariedad, la profundización en sus propios conocimientos, al ponerlos en relación con las contribuciones de las diferentes perspectivas profesionales. Es así como, por ejemplo, el jurista puede ahondar metodológicamente en el contenido del sistema indígena, tal como este es presentado por el filólogo Paul Dávila. La interdisciplinariedad exige, entonces, de los científicos en particular, la disposición de comprometerse con las comprensiones de las disciplinas afines y, en lo posible, prescindir de las jerarquizaciones disciplinares (en las que, naturalmente, la propia disciplina siempre estaría en primer lugar). La construcción de una paz duradera no puede ser el resultado de los conocimientos generados únicamente por estudios políticos o jurídicos, por ejemplo. La paz requiere necesariamente de las contribuciones de otras disciplinas científicas. De allí la inclusión, en esta publicación, de las contribuciones de Óscar Javier Cabeza, Carlos Perea y Mariela Sánchez (desde la filosofía y la pedagogía), de María Cárdenas (desde una perspectiva sociológica) y de la investigadora de paz y conflictos Tatiana Menjura.

    La perspectiva comparada en los estudios particulares de Brasil, Guatemala, Ecuador y Perú permite identificar sutiles diferencias y similitudes con Colombia. Al mismo tiempo, cada contribución destaca aspectos específicos, fruto de problemas estructurales que restringen el logro de la paz en Latinoamérica. Por ejemplo, Sandro Lima señala, en primer plano, la mentalidad autoritaria en el caso de Brasil. Del mismo modo, es importante referirse estructuralmente a la experiencia cotidiana de violencia (véase la contribución de René Zamora sobre Guatemala). A su vez, Sabine Kurtenbach presenta las reformas institucionales, en relación con las diferentes experiencias internacionales, y es interesante también la remisión de Julio Peláez a la importancia de las instituciones internacionales en la construcción de un ordenamiento social basado en la paz en Guatemala.

    En conexión con el reacondicionamiento social del despotismo, esta obra va más allá de América Latina, pues también se trabajan las relaciones con la historia alemana del siglo XX. En el análisis de la tiranía y los conflictos armados (por ejemplo, en el Perú y Guatemala), se ha constatado la formación de una conciencia colectiva sobre la experiencia de la violencia como indispensable en un proceso para la consolidación de la paz. Hermann Weber establece el vínculo entre la superación del trauma, la construcción de la conciencia y la memoria histórica, así como con la consolidación de la reconciliación, y para ello se remite a la experiencia alemana de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina se aprecia el rol de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú en la construcción de la memoria colectiva, como un pilar decisivo en la reconciliación entre las partes del conflicto (y muchos de sus antiguos colaboradores desarrollan su trabajo en este ámbito). Tania Revollar nos indica, de forma clara, la importancia de la memoria colectiva para la permanencia de la paz en una sociedad. Marcela Bustamante sigue el mismo camino y le indica al Estado colombiano el significado de ello, brindando recomendaciones para la construcción de una conciencia colectiva colombiana.

    Colombia está aún al inicio del proceso que busca establecer una paz duradera con base en los postulados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —al respecto, la contribución de José Hernán Muriel—. Constitucionalmente, Marco Navas resalta el caso colombiano y la protección del bien común de la paz. El concepto de justicia transicional y el tratamiento jurídico especial de los grupos e individuos partícipes en los conflictos no son (únicamente) discutidos científica y políticamente, tal como resalta el politólogo Pedro Valenzuela en su análisis. Alejandro Guerrero establece también cómo nace un sistema jurídico, en conexión con la superación del conflicto armado. Juan Carlos Arias expresa una posición crítica frente al concepto, pero únicamente el futuro indicará si el sistema de la justicia transicional ofrece un camino fructífero para Colombia.

    Partiendo de la complejidad y las distintas valoraciones del tema, así como de las condiciones políticas y sociales particulares, este libro presenta el desarrollo de posibles mecanismos, estrategias y procesos de solución de conflictos. En medio de la complicada actualidad política mundial, donde los conflictos armados regionales y transregionales ponen en riesgo la paz mundial, Colombia puede representar una luz de esperanza en la construcción de una comunidad en paz.

    THOMAS KRÜGGELER

    Director para América Latina

    KAAD, Alemania

    MARIELLA CHECA

    Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas,

    Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú

    JOSÉ HERNÁN MURIEL CICERI

    Facultad de Ciencias Jurídicas,

    Pontificia Universidad Javeriana, Colombia,

    2018

    Los casos de Brasil, Guatemala y Perú

    La Comisión Nacional de la Verdad en Brasil:

    una compleja lucha contra la mentalidad autoritaria

    SANDRO LIMA*

    * Especialista en Comunicación Pública del Gobierno nacional brasileño.

    Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Brasil durante la dictadura militar tardaron años en salir a la luz, pero el largo camino hacia la verdad finalmente llevó a la creación, en 2011, de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV).

    Muchos fueron los actores sociales que, por medio de sus impactantes testimonios y los documentos que aportaron, colaboraron con las actividades de la CVN, que se extendieron hasta diciembre de 2014. Entre otros, declararon familiares de muertos y desaparecidos; comités populares de memoria, verdad y justicia; comisiones de la verdad estatales, locales y sectoriales; sindicatos, organizaciones de derechos humanos; universidades; agencias del Gobierno de los niveles federal, estatal y municipal de todo el país; instituciones legislativas, fiscales judiciales y públicas, así como archivos públicos. También contribuyeron con informaciones Estados extranjeros, organizaciones internacionales y la prensa.

    La participación, el compromiso y la solidaridad de esos amplios sectores permitieron a la comisión lograr resultados más amplios y consistentes y confirmaron de manera inequívoca el interés de gran parte de la sociedad brasileña por aproximarse a la verdad histórica (Comissâo Nacional da Verdade, 2013, 2014b). Además de su meta de identificar las circunstancias y la autoría de las violaciones a los derechos humanos en ese periodo, la CNV abrió las puertas para que los ciudadanos brasileños ejercieran el derecho a la memoria; de esa manera promovió el sinceramiento necesario para aproximarse a la reconciliación nacional y establecer una base más sólida para la democracia en Brasil (González, 2012). Sin embargo, la sombra del totalitarismo y de la intolerancia continúa oscureciendo a gran parte de la sociedad brasileña actual. En este trabajo, repasaremos brevemente el problemático recorrido de Brasil desde la dictadura hasta la democracia y la reconciliación nacional, y finalizaremos con una llamada de atención: a pesar de las enormes conquistas de la sociedad, el respeto por los derechos políticos y humanos aún no está totalmente consolidado en este país.

    La difícil transición hacia la democracia

    Según datos recopilados por la arquidiócesis de San Pablo, desde el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 hasta 1985, año en que terminó la dictadura militar, alrededor de 50 000 personas fueron detenidas y al menos 426 resultaron muertas, producto de esos 21 años de represión (Almeida et al., 2009; Arquidiocese de São Paulo, 1985). Pero a pesar de ese oscuro legado, la dictadura militar de Brasil terminó con la transferencia pacífica del poder a los civiles, sin rupturas del orden social ni castigos a las Fuerzas Armadas por las graves violaciones a los derechos humanos.

    Esa transición atípica se explica en parte por la fragilidad de la incipiente democracia, que inició su difícil recorrido con pasos titubeantes. Para comenzar, y a diferencia de lo que aconteció en países vecinos, como en la Argentina, donde la población general tuvo la oportunidad de votar masiva y directamente, y eligió como presidente al radical Raúl Alfonsín, los comicios presidenciales brasileños fueron indirectos. En otras palabras, la elección del presidente quedó a cargo de un colegio electoral formado por legisladores del Senado y de la Cámara Federal. El 15 de enero de 1985, Tancredo Neves derrotó a Paulo Maluf por 480 votos contra 180. Pero la asunción de Neves, prevista para el 15 de marzo de 1985, fue súbitamente cancelada por graves problemas de salud del candidato electo. Hospitalizado, Neves enfrentó siete cirugías, pero no sobrevivió: falleció el 21 de abril, a los 75 años de edad, por una infección generalizada.

    La llegada del vicepresidente José Sarney a la Presidencia de la República se vio consecuentemente fragilizada, especialmente porque la muerte de Neves ocurrió antes de que pudiera asumir el gobierno, lo que permitió que la legitimidad del proceso fuera cuestionada. Ante esas circunstancias, políticos de la oposición, temerosos de una nueva intervención militar y de la ruptura del proceso de democratización, unieron fuerzas democráticas para proporcionar la base de apoyo para que Sarney asumiera el cargo. Durante el gobierno Sarney, la economía brasileña pasó por una crisis sin precedentes en la historia republicana del país, y ninguna de las diferentes tentativas de estabilización dio el resultado esperado.

    Como consecuencia del frágil apoyo popular y parlamentario, y pese a que se consiguió firmar, en septiembre de 1985, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes, puede decirse que Sarney, el primer presidente posterior al régimen militar, tuvo, en general, una tímida actuación en relación con los derechos humanos.

    Algo similar sucedió con su sucesor, el presidente Fernando Collor de Mello (Partido de Reconstrucción Nacional [PRN]), quien asumió el poder en marzo de 1989, pero no llegó a completar su mandato. Collor tuvo poca margen política para actuar, por las denuncias de corrupción que acabaron sometiéndolo a un proceso de destitución, en septiembre de 1992. De todas maneras, Collor fue el primer presidente de Brasil que puso de relieve el papel de la comunidad internacional en la vigilancia de los derechos humanos, cuando destacó el tema en su discurso, durante la apertura anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1990. También fue el primero en recibir oficialmente en el país a una delegación de Amnistía Internacional (Mezarobba, 2010).

    Cambio de escenario

    En 1995, el panorama de los derechos humanos comenzó a cambiar a ritmo acelerado en Brasil, especialmente debido a la promulgación de la Ley de los Desaparecidos, que fue sancionada por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso —perseguido por la dictadura y exiliado en Francia—, en al ámbito de la primera edición del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-1) (Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, 1996). El hecho constituyó un hito, pues fue la primera vez que el Estado brasileño reconoció su responsabilidad en la muerte y las desapariciones cometidas durante el régimen militar. La ley también permitió que los familiares de los muertos y desaparecidos políticos pudieran exigir certificados de defunción de los que ya no estaban y recibir indemnizaciones.

    En sus ocho años de gobierno (1995-2002), Cardoso dio otros pasos significativos, no solo hacia el desarrollo de políticas orientadas a los derechos humanos, en general, sino también hacia el tratamiento de la memoria de la represión política. Durante su gestión se puso en marcha la segunda edición del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-2). (Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, 2002).

    Otro avance en favor de las víctimas y sus familiares, durante el gobierno de Cardoso, fue la creación de la Comisión de Amnistía, establecida por el Ministerio de Justicia el 28 de agosto de 2001. Su misión era analizar los reclamos realizados por personas que, durante los periodos antidemocráticos, se declararon incapaces de ejercer actividades económicas por razones puramente políticas.

    A partir de la promulgación de la Constitución federal de 1988, el tema de los derechos humanos continuó avanzando en las esferas de los gobiernos federales y estatales, e ingresó definitivamente en la agenda política nacional (Adorno, 2010).

    En 2009, cuando estaba ya en el gobierno el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, el mandatario, que había sido encarcelado por liderar protestas sindicales en los años setenta, se propuso impulsar la creación de una Comisión de la Verdad, en el marco de la tercera edición del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3) (Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, 2010).

    Pero, de igual manera a lo que les había acontecido a Sarney y Collor, la coyuntura política, especialmente el fuerte reclamo generado por los comandantes militares, llevó al presidente Lula a congelar las actividades concretas de la CNV. El tema también provocó tensiones dentro del propio gobierno. Con ocasión del lanzamiento del PNDH-3, la oposición a ese programa, que daba inicio a las actividades de la CNV, llevó al entonces ministro de Defensa, Nelson Jobim, a ofrecer su renuncia, en solidaridad con los militares. Acabó siendo convencido por el presidente de no dejar el cargo. En la lectura de los militares y del ministro Jobim, el PNDH-3, que había sido propuesto por el ministro Paulo Vannuchi, de la Secretaría de Derechos Humanos, incluía en su texto expresiones revanchistas y provocadoras (Estado de San Pablo, 2009).

    La creación de la CNV

    La zigzagueante coyuntura política brasileña provocó que los trabajos de la CNV pudieran iniciarse recién en el gobierno de Dilma Rousseff, en el año 2011. Al instalar la comisión, la presidenta dijo, emocionada hasta las lágrimas y con la voz entrecortada, que Brasil necesitaba conocer toda su historia. Pero también prometió que la investigación no buscaría ni el odio ni la venganza.

    La CNV fue creada para investigar y aclarar las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante las más de cuatro décadas transcurridas entre 1946 y 1988; es decir, desde la Constitución de 1946, que fue dictada inmediatamente después de la renuncia forzada de Getúlio Vargas, que abrió paso a la llamada República Nueva (1945-1964), hasta la Constitución de 1988, que cerró definitivamente el periodo de la dictadura militar en Brasil (1964-1985).

    En febrero de 2014, la CNV presentó al Ministerio de Defensa un pedido de investigación administrativa para determinar la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos en instalaciones militares. Los comandos militares se defendieron, informando a la CNV que no hubo ningún desvío de finalidad en el uso de las instalaciones militares, con lo que aludían a las torturas descritas en el informe de la CNV.

    Aunque tenían la obligación legal de entregar los documentos, los militares informaron que gran parte de ellos habían sido destruidos. La CNV se quejó ante el Ministerio de Defensa porque consideró que las Fuerzas Armadas no estaban reconociendo su responsabilidad en los casos de tortura, muerte y desaparición.

    Nunca, en ningún momento [los militares han reconocido las violaciones a los derechos humanos]. Después de la instalación de la Comisión de la Verdad hubo un solo cambio en el discurso de estas instituciones. Ya no niegan los crímenes cometidos en el periodo. Anteriormente, los militares negaban todo. Insistieron con el argumento [de] que las muertes y torturas fueron producto de excesos, actos aislados de uno u otro agente […] No niegan que hubo violaciones graves, pero no las admiten, dijo el presidente de la CNV, Pedro Dallari, en entrevista a la revista Carta Capital, publicada en diciembre de 2014. (‘Comissão da Verdade acaba com qualquer nostalgia da ditadura’, 2014).

    A pesar de los grandes obstáculos y resistencias que enfrentó, la CNV consiguió identificar en su informe final a 377 personas como responsables de la muerte y desaparición de otras 434 personas. Solo 33 cuerpos fueron encontrados. La lectura del informe de la CNV conmovió especialmente a Rousseff, quien había sido detenida, torturada y encerrada casi por tres años, en su juventud, cuando participaba de la guerrilla. La presidenta también elogió a sus antecesores en el cargo, Lula da Silva, Cardoso, Sarney y Collor, a quienes reconoció el papel que desempeñaron durante sus gobiernos para iniciar el proceso de rescate de Brasil durante la dictadura militar.

    Pero la labor de la CNV también tuvo sus limitaciones. La identificación de los responsables no implicó, por ejemplo, la efectiva adjudicación legal de las responsabilidades de esos acusados, ya que la Comisión no tenía potestad jurídica para castigarlos.

    Por eso, la CNV pidió que quienes cometieron crímenes contra la humanidad respondieran ante los tribunales, ya que tales delitos son imprescriptibles. Sin embargo, en 2010, el Supremo Tribunal Federal de Brasil garantizó, por mayoría absoluta, la validez de la Ley de Amnistía para los crímenes cometidos por ambas partes durante la dictadura militar. El tribunal explicó que la ley penal no puede ser retroactiva.

    Ley de Amnistía es el nombre popular de la Ley n.° 6683, que fue promulgada por el presidente Figueiredo el 28 de agosto de 1979, aún durante la dictadura militar. Aunque benefició igualmente a los agentes estatales y a aquellos civiles que se unieron a la lucha armada contra la dictadura, la reactivación de la memoria colectiva y la concientización sobre los horrores ocurridos abrieron un nuevo capítulo en la lucha por los derechos humanos: diversos sectores de la sociedad civil exigieron la abolición de la Ley de Amnistía de Figueiredo, sobre la base de la Constitución federal de 1988 que prohíbe el perdón a condenados por crímenes de tortura.

    Amnistía

    La lucha por la amnistía había comenzado en Brasil ya en 1968, y fue protagonizada por estudiantes, periodistas y políticos, tanto de Brasil como del exterior, que pedían el perdón para los opositores de la dictadura. Fueron formados comités de amigos, esposas, hijos y madres de presos políticos para defender una amnistía amplia, general e irrestricta a todos los brasileños exiliados en el periodo de la represión política.

    Diez años más tarde, en 1978, fue creado, en Río de Janeiro, el Comité Brasileño por la Amnistía. Este congregaba a entidades de la sociedad civil y tenía su sede en la Asociación Brasileña de Prensa.

    Poco después, en junio de 1979, el gobierno militar de João Baptista Figueiredo envió al Congreso un proyecto de ley de amnistía. El proyecto atendía solo parte de los intereses sectoriales, porque excluía del perdón a los condenados por atentados terroristas y asesinatos, y favorecía a militares y responsables por las prácticas de tortura.

    En un informe enviado a un proceso abierto en la Justicia de San Pablo a pedido del Ministerio Público (MP) contra dos excomandantes del Destacamento de Operaciones de Informaciones del Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), los coroneles reformados del Ejército Carlos Alberto Brillante Ustra y Audir Santos Maciel, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, como prisión ilegal, tortura, homicidio y desaparición forzada de personas durante el régimen militar, la Abogacía General de la Unión (AGU) afirmó que los crímenes políticos o conexos practicados durante la dictadura, incluyendo la tortura, habían sido perdonados por la Ley de 1979. En el alegato, los abogados afirmaban que la Ley de Amnistía era anterior a la Constitución de 1988, y por eso los efectos del artículo constitucional que veda la amnistía a torturadores no valdrían para los crímenes cometidos previamente a su promulgación, debido precisamente a la prohibición constitucional de hacer retroactivas las leyes penales.

    El debate sobre la validez jurídica y los alcances de la Ley de Amnistía se extendió por varios años, hasta que, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal afirmó que era verdad que la norma beneficiaba a los torturadores y demás agentes de la dictadura, pero explicó que, en un sentido de doble mano, también favorecía a los demás sectores de la sociedad.

    Muchos especialistas discreparon con esa interpretación del Supremo Tribunal Federal. Por otro lado, varias entidades de defensa de los derechos humanos, familiares

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