Control Fiscal Ambiental: La clave para un futuro sostenible

Por Nini Yuridia Pardo Zárate

En Colombia la Constitución política consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Para garantizarlo consagró el deber en cabeza del Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente". Esta responsabilidad no solo se orienta a garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones actuales, sino también a preservar el legado ambiental para el futuro. Para ello, el Estado debe garantizar la aplicación de los principios de valoración de costos ambientales, desarrollo sostenible, planificación económica y gestión responsable de los recursos, velando por la preservación efectiva de los recursos ambientales.

• Idioma: Español
• Editorial: Hipertexto
• Fecha de lanzamiento: 9 jun 2025
• ISBN: 9786280180328

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Portada

Nini Yuridia Pardo Zárate

2025

Página legal

Control Fiscal Ambiental

La clave para un futuro sostenible

© Nini Yuridia Pardo Zárate

Reservados todos los derechos

ISBN: 978-628-01-8032-8

Primera edición: Abril 2025

Diseño, diagramación e impresión:

División de Publicaciones UIS

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Bucaramanga, Colombia

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Introducción

En Colombia la Constitución Política consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Para garantizarlo consagró el deber en cabeza del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente¹. Esta responsabilidad no solo se orienta a garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones actuales, sino también a preservar el legado ambiental para el futuro. Para ello, el Estado debe garantizar la aplicación de los principios de valoración de costos ambientales, desarrollo sostenible, planificación económica y gestión responsable de los recursos, velando por la preservación efectiva de los recursos ambientales.

Para cumplir este propósito, diversas entidades del estado ejercen funciones de regulación y control ambiental. Entre ellas, el Ministerio del Medio Ambiente, cuya competencia recae en la formulación de políticas y estrategias orientadas a la preservación de los recursos naturales; y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) que agrupa a las entidades, las instituciones, el marco normativo, las políticas, los planes y los programas a cargo de la gestión de defensa y amparo de los recursos naturales del país. Estas entidades trabajan en el marco de la Constitución ecológica y los tratados internacionales, en aras de avanzar de manera equilibrada hacia un crecimiento económico sostenible y responsable de los recursos ambientales.

Considerando lo anterior, las contralorías ejercen un rol fundamental a través del control fiscal ambiental, (en adelante CFA) por medio del cual pretenden garantizar el uso adecuado de los recursos públicos dispuestos para proteger el medio ambiente. Amparadas en el marco normativo y Constitucional vigente, estas instituciones ejercen funciones de auditoría, sanción y reparación de daños ambientales. La reciente reforma del control fiscal concomitante y preventivo, contenida en el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 del 2020, fortalece este esquema, permitiendo advertencias tempranas para prevenir el daño ambiental antes de que sea irreversible.

Este libro analiza en profundidad el CFA en Colombia, abordando su marco normativo, así como los desafíos y limitaciones que enfrenta en su aplicación. A través de un enfoque práctico y metodológico, se presentan elementos que contribuyen a la evaluación del daño a los recursos naturales, junto con su respectiva cuantificación y la relación de esta con la gestión fiscal del encargado del manejo de estos recursos. Con ello, se busca aportar a la literatura sobre el CFA, que sigue siendo escasa en la actualidad, contribuyendo al desarrollo y difusión del conocimiento en este campo en pro de una efectiva protección del patrimonio natural del país.

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1 Constitución Política. Art. 79

Elementos esenciales del Control Fiscal Ambiental

Pilares del Control Fiscal

Concepto de Control Fiscal.

El término control fiscal proviene del vocablo fiscus, que hace referencia a los recursos públicos. Esta función recae en una entidad encargada de la protección de la res pública o bien común, evidenciando que su propósito central es garantizar la preservación y el uso adecuado de los bienes dispuestos para el beneficio de toda la sociedad. La legislación Colombiana concibe el control fiscal como un instrumento de fiscalización sobre la gestión que realizan los servidores públicos y particulares que manejan recursos públicos de la nación, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio público. Esta supervisión constituye un pilar esencial dentro del Estado Constitucional de Derecho, pues permite verificar el cumplimiento riguroso de los objetivos financieros establecidos en la Constitución.

La Corte Constitucional Colombiana, en la Sentencia C-557 de 2009, enfatizó que, desde una perspectiva teleológica, el control fiscal tiene como finalidad la asignación eficiente, el manejo responsable y la protección de los recursos públicos, asegurando así la adecuada ejecución de las funciones estatales. Esta vigilancia es crucial para la estabilidad del Estado, ya que resguarda los recursos necesarios para la inversión y el cumplimiento de su misión constitucional.

En síntesis, el control fiscal es un mecanismo que protege los bienes públicos y los recursos de interés general, garantizando su uso óptimo para la satisfacción de las necesidades colectivas. Su importancia radica en que responde a la necesidad de proteger los bienes que están afectos al interés general². Es por lo anterior que el control fiscal constituye el medio legítimo para garantizar que los gestores fiscales manejen el presupuesto de manera correcta "evitando y/o sancionando el despilfarro, la desviación de recursos, los abusos, las pérdidas innecesarias y la utilización indebida de fondos³

Rasgos del modelo de Control Fiscal en la Constitución del 91.

Desde la promulgación de la Carta Política del 91, Colombia acuñó un modelo de control fiscal diferente al que regía en vigencia de la Constitución de 1886. Esta modificación consistió en pasar de un sistema de control previo a uno con enfoque posterior y selectivo, que abarcaba los sistemas financieros, de gestión y de resultados, que se soporta en principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.

Conforme a la explicación de la Corte Constitucional Colombiana (Sentencia C-648, 2002), el control fiscal posterior se refiere a la supervisión de operaciones, actividades y procesos después de la ejecución de los recursos públicos. En cambio, el control fiscal selectivo se aplica solo a una muestra representativa de