Hacienda Pública: 10 Edición

Por Juan Camilo Restrepo

En este texto de Hacienda Pública el autor trata, como siempre, el tema con gran relevancia. En primer lugar, presenta los grandes objetivos que buscan las finanzas públicas. Y el segundo tema desarrolla el gasto público, el cual, en los últimos años, ha tomado gran preponderancia en los estudios hacendísticos. El capítulo tercero aborda la historia y la teoría general de los ingresos públicos. Un análisis de los rasgos generales de los principales tributos nacionales es el tema del capítulo cuarto; el quinto está dedicado al tema presupuestal. El capítulo sexto centra el tema en la deuda pública. En el séptimo se echa una ojeada general a los aspectos fiscales de la descentralización. Y por último, el capítulo octavo expone el régimen de regalías, incluida la reforma recientemente aprobada, así como desarrolla la llamada regla fiscal como mecanismo de control en el manejo de las finanzas públicas. Se incluye al final una bibliografía escogida, tanto de autores nacionales como extranjeros, sobre finanzas públicas, que tiene como objetivo guiar a los estudiantes que deseen profundizar en la materia. Esta edición es el fruto de varios años de cátedra universitaria en torno al inmenso tema de la Hacienda Pública. Pocos asuntos de tanta actualidad para el país como este, en el que confluyen en una perspectiva interdisciplinaria muchas vertientes, al paso que cada vez es más claro que el futuro económico y social de cualquier país, y por supuesto de Colombia, depende en alto grado de la salud de sus finanzas públicas. Ojalá este libro pueda constituir un aporte útil a ese gran propósito.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Externado
• Fecha de lanzamiento: 1 ene 2015
• ISBN: 9789587724837

Vista previa del libro

Restrepo Salazar, Juan Camilo, 1946-

Hacienda pública / Juan Camilo Restrepo. -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2015. -- 10a. edición.

678 páginas ; 24 cm.

Incluye bibliografía.

ISBN: 9789587723670

1. Hacienda Pública -- Colombia 2. Hacienda Pública -- Legislación – Colombia 3. Gastos Públicos -- Colombia 4. Presupuesto – Colombia 5. Deuda Pública -- Colombia I. Universidad Externado de Colombia. II. Título.

366 SCDD 15

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca - EAP

Octubre de 2015

ISBN 978-958-772-442-4

ISBN DIGITAL 978-958-772-482-0

© 2015, JUAN CAMILO RESTREPO

© 2015, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá

Teléfono (57 1) 342 0288

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Diseño ePub: Hipertexto

Ediciones: 1.ª ed.: mayo de 1992; reimpr.: noviembre de 1992; 2.ª ed.: marzo de 1994; reimpr.: marzo de 1995; 3.ª ed.: julio de 1996; reimpr.: septiembre de 1997; 4.ª ed.: septiembre de 1998; reimpr.: agosto de 1999; reimpr.: julio de 2000; 5.ª ed.: octubre de 2000; 6.ª ed.: marzo de 2003; 7.ª ed.: agosto de 2005; 8.ª ed.: agosto de 2008; 9.ª ed.: mayo de 2012; 10.ª ed.: diciembre de 2015

Imagen de cubierta: Palacio de Luxemburgo (actual sede del Senado francés)

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Composición: Precolombi EU-David Reyes

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra sin

autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son de responsabilidad del autor.

Para María Teresa,

Ana María, Camilo y Alberto

PRESENTACIÓN

Estas lecciones de Hacienda Pública están ordenadas de la siguiente manera: en el capítulo primero se presentan los grandes objetivos que buscan las finanzas públicas; en el capítulo segundo se desarrolla el tema del gasto público, el cual, en los últimos años, ha tomado gran preponderancia en los estudios hacendísticos; en el capítulo tercero se aborda la historia y la teoría general de los ingresos públicos; en el capítulo cuarto se analizan los rasgos generales de los principales tributos nacionales; el capítulo quinto está dedicado al tema presupuestal; el capítulo sexto se concentra en el tema de la deuda pública; el capítulo séptimo echa una ojeada general a los aspectos fiscales de la descentralización; y, por último, el capítulo octavo analiza la reciente reforma al régimen de regalías, la introducción en Colombia de la llamada regla fiscal y la ley de sostenibilidad fiscal.

Se incluye al final una bibliografía escogida, tanto nacional como extranjera, sobre finanzas públicas, que tiene como objetivo guiar a los estudiantes que deseen profundizar en la materia.

Esta edición es el fruto de varios años de cátedra universitaria en torno al inmenso tema de la Hacienda Pública. Pocos asuntos de tanta actualidad para el país como este, en el que confluyen en una perspectiva interdisciplinaria muchas vertientes, al paso que cada vez es más claro que el futuro económico y social de cualquier país, y por supuesto de Colombia, depende en alto grado de la salud de sus finanzas públicas. Ojalá este libro pueda constituir un aporte útil a ese gran propósito.

Quiero expresar mi gratitud a las directivas del Externado de Colombia que han hecho posible, con su estímulo permanente, esta nueva edición.

El autor

CAPÍTULO PRIMERO

Introducción a la Hacienda Pública

I. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA HACIENDA PÚBLICA

El hacendista GERHARD COLM, en un ensayo titulado ¿Por qué la Hacienda Pública?, afirma que esta disciplina estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes. De forma específica estudia la manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales ¹ .

Esta descripción de COLM –pues más que una definición es una descripción del objeto de la Hacienda Pública– resulta apropiada como introducción a la vastísima materia que vamos a desarrollar a lo largo de estas lecciones. Esta descripción recoge sintéticamente los dos elementos centrales de la Hacienda Pública. En primer lugar, se trata de una disciplina que analiza los objetivos buscados por el sector público a través de los ingresos y de los gastos presupuestales. El estudio del sector público como perceptor de recursos fiscales y como inversor de los mismos, constituye el objeto central de la Hacienda Pública.

En segundo lugar, la Hacienda Pública es una disciplina autónoma pero profundamente vinculada a otras ciencias y artes. Pretender estudiar la Hacienda Pública en el mundo contemporáneo de manera aislada de otras áreas como la economía, la política, la administración o el derecho público constituiría una inmensa equivocación. La complejidad que el sector público ha ido adquiriendo en las sociedades modernas exige que el análisis de los mecanismos con que dicho sector se financia y de la forma como se invierten los recursos que maneja deba ser forzosamente un estudio multidisciplinario ² .

II. ENFOQUE DOGMÁTICO Y POSITIVO

Cuando se escribe sobre Hacienda Pública a menudo se hace la distinción entre los enfoques dogmático y positivo. El primero analiza el fenómeno de las finanzas públicas desde la perspectiva del deber ser, es decir, de los objetivos deseables. Así por ejemplo, el enfoque dogmático se interrogará sobre cuál es la estructura tributaria más conveniente, o cuál la manera más eficiente de ejecutar los gastos públicos.

Por el contrario, el enfoque positivo –de más reciente aparición en la literatura especializada– hace hincapié no tanto en la manera como deberían acontecer las cosas en el mundo de las finanzas públicas sino en el análisis de los fenómenos hacendísticos tal como efectivamente se presentan en la vida real. El enfoque de tipo positivo indagará, por ejemplo, sobre la manera como se distribuyen las cargas impositivas entre los diversos estratos sociales y la influencia que ello pueda tener en el comportamiento electoral de dichos estratos; o buscará alguna correlación entre los grupos de presión existentes en una sociedad determinada y el patrón de gasto público que se observa en dicha sociedad.

Los estudios modernos de la Hacienda Pública ³ no consideran estos dos enfoques antagónicos, sino complementarios. Uno y otro aportan elementos de juicio valiosos para una mejor comprensión de las finanzas públicas. Por tanto, en estas lecciones incluiremos indistintamente reflexiones de ambos géneros según se juzgue conveniente para ilustrar con claridad los multifacéticos temas de que se ocupa la Hacienda Pública contemporánea.

III. LOS PROPÓSITOS DE LA HACIENDA PÚBLICA

Hemos dicho que el objeto central de la Hacienda Pública consiste en el estudio de aquellos propósitos que busca desarrollar el sector público cuando actúa como recaudador o como inversor de recursos públicos. Ahora bien ¿cuáles son esos propósitos? ¿Cómo distinguirlos de otras modalidades de la actividad estatal? ¿Cuál es, en síntesis, la nota característica de los objetivos de la acción estatal que interesan a la Hacienda Pública?

Existe un primer objetivo –el más obvio– que el Estado procura realizar cuando establece una determinada política de recaudos o de gastos públicos, a saber, dotar a la comunidad de cierta cantidad de bienes colectivos. Así, una ampliación de la red vial, del servicio de comunicaciones, de la cobertura escolar o de la defensa, requiere un determinado tipo de financiamiento y una específica orientación del gasto público hacia tales sectores. Pero el objetivo de la Hacienda Pública no se reduce al estudio de la provisión de bienes colectivos. Si nos atenemos a la clasificación de MUSGRAVE ⁴ , la Hacienda Pública moderna se ocupa además de otros objetivos fundamentales: la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico.

La amplitud de la provisión de bienes colectivos que debe atender el Estado es un concepto que ha ido variando con el correr del tiempo. Podríamos decir, inclusive, que cambió dramáticamente en el siglo XX. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial –para ponerle algún término de referencia al proceso– el Estado suministraba unos bienes colectivos mínimos: aseguraba un rudimentario servicio de policía, mantenía un primitivo sistema de vías de comunicación, sostenía una reducida burocracia, atendía el servicio diplomático, financiaba una incipiente educación primaria y secundaria, apoyaba un no menos rudimentario sistema de salud y poco más.

Hoy la cantidad y la calidad de bienes colectivos que debe suministrar el Estado son infinitamente mayores. La amplitud del concepto de intervención del Estado, el desarrollo tecnológico, la urbanización arrolladora y la consiguiente masificación de los servicios públicos que es necesario proveer hacen que la Hacienda Pública moderna deba ocuparse de una primera área de estudio (provisión de bienes colectivos) inmensamente más compleja y amplia que la que encaraba en el siglo XIX. En este primer campo de los estudios de la Hacienda Pública podemos decir que como consecuencia de las demandas sociales del presente, muchas veces constitucionalizadas como derechos, el cambio que ha tenido lugar en la época actual ha sido de significativo. De la misma forma, en cuanto a los otros objetivos de la Hacienda Pública (redistribución, estabilidad y desarrollo económico), el cambio ha sido no solo cuantitativo sino también de carácter cualitativo.

La llamada Hacienda Pública clásica, que para nuestros efectos podemos catalogar como el acervo teórico de las finanzas públicas que tuvo acogida con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, concebía el papel de las finanzas públicas de manera similar a como se entendía el del Estado por aquella época: un mínimo de intervención en la actividad económica y un máximo de neutralidad frente al comportamiento de los agentes económicos. Por tanto, el objeto de las finanzas públicas se reducía a estudiar la manera de financiar convenientemente la dotación de los pocos bienes colectivos que exigían las condiciones de la época.

Con el advenimiento de la gran crisis económica de los años treinta y en virtud de la difusión de las teorías keynesianas, las cosas comenzaron a cambiar y el campo de acción de la Hacienda Pública fue ampliándose: la supuesta neutralidad de las finanzas públicas frente al comportamiento económico comenzó a debilitarse. Los hacendistas comenzaron a formularse preguntas de esta índole: ¿cómo utilizar el esquema tributario para lograr una mejor distribución del ingreso nacional? ¿Qué tipo de gastos públicos se adecuan mejor a las metas de distribución de la riqueza? ¿Cómo pueden los instrumentos de la política fiscal contribuir a transferir recursos de las áreas geográficas más ricas hacia las más deprimidas? Todo esto hizo ampliar el ámbito de preocupaciones de la Hacienda Pública. Ya no se trataba solamente de analizar problemas cuantitativos vinculados a las crecientes demandas por bienes colectivos, sino que se había operado un cambio cualitativo: las preocupaciones redistributivas habían pasado a ocupar un puesto de vanguardia dentro de los objetivos de la Hacienda Pública.

Pero las cosas no terminarían allí: a raíz de la difusión de las tesis keynesianas se inició también un proceso conceptual tendiente a precisar cuál era el papel que desempeñaba la política fiscal en el comportamiento macroeconómico. ¿Cómo influían las políticas tributarias y del gasto público en el desempeño de la economía como un todo? ¿Qué tan idóneas eran las herramientas fiscales para inducir determinados comportamientos de los agentes económicos? ¿Cómo podía contribuir, en síntesis, la Hacienda Pública, a estabilizar la economía?

Al lado de la función de la Hacienda Pública asociada a la estabilidad económica propiamente dicha –función que ha sido más elaborada por la literatura especializada de los países altamente industrializados– surge modernamente una nueva función de la Hacienda Pública de especial interés para un país como Colombia, a saber, su papel en el proceso de desarrollo. ¿Cómo pueden las finanzas públicas, no sólo contribuir a estabilizar la economía, sino a estimular el desarrollo? ¿Cómo contribuyen a que el crecimiento del producto interno bruto y per cápita de un país sea más acelerado? O a la inversa, ¿bajo cuáles circunstancias el manejo de la Hacienda Pública puede convertirse en un factor de desaliento y rezago en el proceso del desarrollo económico? Esta nueva faceta dentro de los objetivos de la Hacienda Pública será estudiada con especial atención en estas lecciones, tratándose de un área de clarísima aplicación en un país en vía de desarrollo como Colombia.

Tradicionalmente la Hacienda Pública se ha entendido –tal como lo hemos dicho– como aquella disciplina que, desde diversos ángulos: jurídicos, económicos, sociológicos o históricos, estudia la temática de los ingresos y de los gastos públicos. Estos acostumbraron ser y aún son en todos los manuales y tratados de Hacienda Pública, los temas prioritarios de que se ocupaba la disciplina hacendística.

Sin embargo, en los últimos tiempos, el espectro de las preocupaciones de las que se ocupan los hacendistas se ha ido ampliando. Ya no se circunscribe el interés de la materia solamente en los asuntos relacionados con los ingresos y con los gastos públicos que, por supuesto, continúan siendo el objeto central de la Hacienda Pública. Sino que la disciplina se está ampliando a otros campos. Por ejemplo, a lo relacionado con los efectos de la regulación económica y las políticas ambientales sobre las políticas públicas.

En un estudio reciente se ha dicho lo siguiente: Se ha venido prestando una mayor atención a los efectos de la regulación pública, como por ejemplo los monopolios o la contaminación. Este hecho supone un avance, una ampliación del horizonte del estudio respecto del tradicional de gastos e ingresos públicos […] La Hacienda Pública es una ciencia fronteriza que se encuentra en constante evolución […] las cuestiones estudiadas por la disciplina han sufrido modificaciones en las últimas décadas, de modo que los gastos públicos y las intervenciones extrapresupuestales como la regulación son objeto de mayor atención ⁵ .

Esta es la razón por la cual, más adelante, incluimos un capítulo especial dedicado a analizar el marco conceptual y las características propias de las políticas ambientales y de los monopolios fiscales, en cuanto influyen en la estructura de la moderna Hacienda Pública.

A. EL SUMINISTRO DE BIENES COLECTIVOS

En una economía de mercado, una porción muy importante de los bienes y servicios se ofrecen a través del sistema de precios y del juego permanente de la oferta y la demanda. La cantidad de bienes ofrecidos dependerá de la cantidad de factores productivos disponibles y de los mensajes que a través del sistema de precios envían los consumidores a los productores sobre sus preferencias para adquirir un determinado bien o servicio.

Dentro de este esquema de bienes y servicios suministrados por el mercado opera el llamado principio de exclusión, según el cual, cuando un consumidor no está dispuesto a pagar por un bien o servicio el precio que el mercado ha señalado, se le excluye de la posibilidad de adquirir dicho bien o de beneficiarse del correspondiente servicio.

Como lo hemos mencionado, el sistema de precios opera también como un canal de información de las preferencias de los consumidores. Estos mensajes trasmitidos a través de los miles de precios que operan en una economía sirven como elemento de ajuste de la producción a las demandas de los consumidores.

Existe, sin embargo, un conjunto de bienes y servicios que no pueden suministrarse a través de los mecanismos normales del mercado. En relación con ellos no es factible que opere con claridad el sistema de precios como herramienta de difusión de las preferencias de los consumidores. Y cuando su suministro se hace a través de los mecanismos de mercado a menudo resulta un suministro deficiente. Estos bienes, que no pueden ser suministrados en forma adecuada por los instrumentos normales del mercado, son los que se conocen como bienes colectivos, objeto central de las finanzas públicas.

¿Por qué los instrumentos normales de mercado no resultan idóneos para suministrar eficientemente los llamados bienes colectivos? Varias razones existen para ello. Puede acontecer en primer lugar que su producción, por las economías de escala que requieren, solamente pueda realizarse a través de un monopolio estatal. Se puede pensar en una siderúrgica integrada cuya magnitud sea tal que el país apenas pueda contar con una sola planta financiada con recursos públicos. Es claro que el precio del producto final de esta planta, suponiendo por el momento una economía cerrada, no será fijado por el mercado, pues no existe sino un productor. Por tanto, será un bien cuyo suministro y valoración no se hará a través de los mecanismos normales del mercado.

Acontece también que el suministro de otros bienes colectivos genera lo que la ciencia económica conoce con el nombre de externalidades positivas, es decir, situaciones en las cuales los beneficios colectivos que se reciben son mayores que los beneficios que obtendría un particular en el evento de suministrar el mismo bien o servicio. Resulta más adecuado que el suministro de estos bienes colectivos se efectúe por mecanismos diferentes a los del mercado. Un buen ejemplo de un servicio que genera este tipo de externalidades es el de las campañas de vacunación colectiva. Los beneficios que de ella se derivan para el conjunto de la comunidad (previniendo epidemias) es una ventaja mayor que la que obtiene individualmente quien es vacunado.

Pueden existir también otras situaciones en donde el mecanismo del mercado no es el más idóneo para suministrar ciertos bienes, como cuando por razones estratégicas o de soberanía nacional se considera más conveniente que estos bienes sean suministrados por empresas estatales independientemente de las condiciones del mercado.

Lo que se ha dicho hasta acá no significa que siempre que estemos frente a un bien colectivo este deba ser producido directamente por el Estado. Lo que se desea subrayar es que se trata de bienes o servicios cuyo suministro se sustrae a las fuerzas del mercado. El Estado puede ofrecerlos directamente o puede subcontratar con particulares el suministro de dichos bienes.

Para seguir con la terminología de MUSGRAVE, podemos distinguir dos tipos de bienes colectivos: necesidades sociales y bienes meritorios. Las necesidades sociales corresponden con más exactitud a la noción que acabamos de dar de bienes colectivos y sus características principales se pueden resumir de la siguiente manera:

1.º Están sometidas al principio de la indivisibilidad, es decir, a la característica según la cual su uso o beneficio no puede ser distribuido en porciones precisas e individualizadas entre los ciudadanos, sino que de ellas gozan colectivamente todos ellos. Un caso típico es la defensa nacional o el servicio de la justicia. Todos nosotros de alguna manera, a veces siendo conscientes de ello y a veces sin serlo, nos beneficiamos de los esfuerzos que el país hace colectivamente para dotarse de un buen sistema de defensa, de seguridad y de administración de justicia.

Pero es evidente que no podemos adjudicarnos una porción precisa o individualizada de ese bien colectivo, a diferencia de lo que acontece cuando compramos un determinado artículo en un supermercado.

2.º No están sometidas tampoco al principio de la exclusión, puesto que su suministro no depende de un sistema específico de precios que excluye de su uso a quien no lo paga.

El uso de este tipo de bienes no opera a través del principio de exclusión, a diferencia de un supermercado que no venderá sus productos a quien no esté dispuesto a pagar un determinado precio por ellos. De estos bienes colectivos goza toda la comunidad. Todo ciudadano se beneficia de la seguridad interna o externa que el Estado haya organizado, y su suministro no se distribuye a través del sistema de precios.

3.º Por último, podemos decir que no existe un sistema tan sencillo como el de los precios para que se expresen las preferencias de los usuarios. Estas preferencias se manifiestan a través de los procesos políticos y de toma de decisiones de las instancias gubernamentales a las cuales nos referiremos más adelante. Pero es evidente que no es a través de un sistema de aceptación de precios como se expresan las preferencias de la comunidad en torno a los bienes colectivos.

Los mecanismos de expresión de la comunidad en torno a sus preferencias sobre los bienes colectivos se denominan en la literatura anglosajona el Public Choice –elección pública– y constituyen uno de los temas de mayor actualidad en los estudios modernos de finanzas públicas.

Al lado de las necesidades públicas o bienes colectivos propiamente dichos están los que MUSGRAVE ha denominado bienes meritorios, los cuales, según este autor, se consideran tan meritorios que su satisfacción se hace a través del presupuesto público, adicionalmente a lo que se suministra del mismo bien a través del mercado y es pagado por los compradores privados ⁶ . Un ejemplo de bien meritorio es el del subsidio que el Estado otorga a cierto tipo de educación. La educación puede ser suministrada por el mercado directamente, pero por considerársele meritoria, una parte de ella puede ser provista mediante el sistema presupuestal (becas a los estudiantes o subsidios directos a los planteles educativos).

Como se observará, en el caso de los bienes meritorios el principio de la exclusión y el de la indivisibilidad no operan con tanta claridad como acontece con los bienes colectivos analizados anteriormente. Para el disfrute de los bienes meritorios el proceso presupuestal puede perfectamente incluir a unos ciudadanos y excluir a otros (disponiendo, por ejemplo, que los estudiantes cuyos padres tengan de acuerdo con la declaración de renta un determinado nivel de patrimonio no serán acreedores al subsidio correspondiente), y puede también operar la divisibilidad en el suministro del bien meritorio, otorgándolo a unas personas y a otras no, a diferencia del bien colectivo típico que como la defensa beneficia indistintamente a todos los ciudadanos, o como el faro que las autoridades portuarias instalan a la entrada de una bahía y de cuyos beneficios no puede excluirse a ninguna embarcación.

B. LA FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública clásica no le asignó a la disciplina un propósito redistributivo explícito. Se consideraba que el objetivo de la Hacienda Pública era el de atender los gastos fundamentales del Estado con un mínimo de distorsión en las decisiones económicas de los diversos agentes. Esto es lo que se conoce como el principio de la Hacienda Pública neutral. Se consideró que las finanzas públicas tenían como objetivo incorporar el menor número de alteraciones en la actividad económica de la distribución de la renta y del ingreso nacional. Este concepto también es conocido por la literatura como el óptimo paretiano, en referencia a las teorías del científico WILFREDO PARETO, quien postuló el principio según el cual el bienestar colectivo estaba preservado de manera óptima cuando se dejaban obrar a plenitud las fuerzas del mercado y se establecía el menor tipo de interferencias.

La época en que la Hacienda Pública tenía como objetivo la neutralidad se identifica con las finanzas públicas imperantes en el siglo XIX cuando, como ya lo hemos anotado, la participación de la economía pública dentro del conjunto de la economía nacional era limitada; cuando los gastos públicos respondían por una porción limitada del gasto total y cuando las tareas que asumía el Gobierno eran más restringidas. Sin embargo, a partir del siglo XX y en especial después de las dos guerras mundiales, no es claro que la Hacienda Pública tenga efectos neutrales sobre la actividad económica. Por el contrario, hoy en día se considera que la Hacienda Pública no es neutral ni puede serlo, por razones que han sido muy bien resumidas por el tratadista CESARE COSCIANI ⁷ , como veremos en adelante.

1. LA NEUTRALIDAD FISCAL

Un primer tipo de neutralidad sería la denominada neutralidad por compensación, en la cual el tributo que se recauda se redistribuye de tal manera que para los contribuyentes representa una compensación igual al costo que les ha representado el pago del impuesto. Con el aumento de la carga tributaria que se observa de manera generalizada en la sociedad contemporánea, y por la manera como se financia el gasto público, es evidente que esta neutralidad por compensación no se da en la práctica. Una de las características esenciales del impuesto consiste precisamente en que debe pagarse sin que exista una correlación con el beneficio que habrá de recibir el contribuyente. Sabemos muy bien que el recaudo de los impuestos se destina a financiar gastos que corresponden a prioridades que se han fijado los gobiernos, y que no necesariamente están relacionadas con los beneficios a ser percibidos por los contribuyentes individualmente considerados. Así, podemos afirmar que este primer tipo de neutralidad por compensación no se observa en las sociedades modernas, resaltando que se predicará de forma diáfana en tratándose de precios públicos y de aquellos tributos categorizados como tasas y contribuciones, clasificación en la que se ahondará en capítulos posteriores.

Un segundo tipo de neutralidad se daría cuando la incidencia de la economía pública dentro del conjunto de la economía nacional es tan insignificante que lo que sucede dentro de las finanzas públicas no influye en forma sensible sobre la distribución precedente de las rentas, como lo anota COSCIANI. Sin embargo, sabemos muy bien que este segundo tipo de neutralidad tampoco se da hoy en día. La importancia del gasto público como proporción del producto interno bruto de los países ha ido creciendo, como lo pronosticó la Ley de Wagner, ya que la importancia de la economía pública es tal en la sociedad moderna que puede explicar entre un 40 y un 45% de la distribución de la renta nacional. De manera que en el Estado moderno, por la importancia de la economía pública dentro de la economía nacional, tampoco podemos hablar de neutralidad de la Hacienda Pública por dimensión del ingreso.

Es precisamente desde este punto de vista, según el cual en la economía moderna no es viable concebir la Hacienda Pública como un instrumento neutro, que se enfoca la función redistributiva de la Hacienda Pública. Puesto que las finanzas públicas de hecho afectan la distribución de la renta y la riqueza del país, por la importancia que la economía pública ha venido tomando dentro de las economías nacionales, es crucial que dicha distribución se haga con una orientación. Ahora bien: ¿cuál es esa orientación? ¿Hacia qué propósitos se orientan los objetivos distributivos de la Hacienda Pública dentro del pensamiento contemporáneo?

2. OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA

Un primer enfoque de la función redistributiva de la Hacienda Pública está orientado hacia la mejora de la distribución global de la renta nacional. Mientras mayor es el atraso económico de un país, mayor suele ser la deficiencia en la distribución de la renta nacional. Es decir, una proporción mayor de la riqueza se concentra en unos pequeños segmentos de la población, al paso que las grandes mayorías perciben una reducida proporción del ingreso nacional. Las finanzas públicas buscan entonces introducir instrumentos y políticas que procuren una mejor redistribución de la renta global del país.

Un segundo objetivo de la función redistributiva de la Hacienda Pública es aquel según el cual se busca ya no una mejora global de la distribución de la renta nacional, sino una mejora relativa en los segmentos más pobres, aquellos que según la terminología internacional se denominan población de pobreza absoluta. Este es un enfoque de la función redistributiva de la Hacienda Pública que viene tomando especial auge desde los años setenta; que ha sido objeto de estudios por parte de organismos internacionales, en especial del Banco Mundial; y que ha orientado varios programas de política económica en los años recientes en diversos países. El objetivo de estos enfoques es el de llegar con una mayor proporción de servicios públicos a los segmentos más pobres de la población.

Un tercer enfoque redistributivo de la Hacienda Pública está orientado a distribuir los ingresos de los grupos más fuertes de la población, para lo cual tiene un papel fundamental el diseño de la progresividad en ciertos impuestos, en especial de los tributos directos como el de la renta y los impuestos sobre el capital.

En el fondo, las razones que explican los propósitos redistributivos de la Hacienda Pública no son otros que los de ofrecer, o al menos acercar, la igualdad de oportunidades de que gozan los miembros de la sociedad para participar en el crecimiento económico. Cuando el Estado gasta más que proporcionalmente en salud pública y en educación primaria, por ejemplo, en el fondo lo que está haciendo es restablecer la igualdad de oportunidades entre quienes nacen rodeados de todo tipo de privilegios y quienes carecen de ellos. Puesto que los bienes colectivos que proporciona la Hacienda Pública no se distribuyen según el principio de exclusión, es evidente que cuando la Hacienda Pública entra a asignar una mayor proporción de ellos a un segmento de la población desvalida maximiza el bienestar del conjunto y establece externalidades positivas para la sociedad.

3. FORMAS DE REDISTRIBUCIÓN

Existen varias modalidades mediante las cuales la Hacienda Pública puede cumplir efectos redistributivos. Entre ellas podemos mencionar en especial las siguientes.

a. REPARTO PERSONAL DE LAS RENTAS

Mediante esta modalidad redistributiva que se apoya primordialmente en la progresividad de ciertos tributos, la Hacienda Pública logra disminuir el ingreso global de unos segmentos de la población y reasignarlo hacia segmentos más desfavorecidos. Acá, como se ha mencionado, el instrumento más utilizado es el diseño de ciertos tributos progresivos, como el impuesto a la renta y el impuesto al capital.

b. REPARTO FUNCIONAL DE LAS RENTAS

Mediante esta modalidad no se buscan transferencias interpersonales sino redistribuciones por actividades económicas, por ejemplo, castigando las rentas provenientes del capital y favoreciendo las rentas provenientes del trabajo. Este objetivo lo cumple la Hacienda Pública desgravando o estableciendo tratamientos beneficiosos para ciertos ingresos provenientes del trabajo y gravando con más severidad las rentas provenientes del capital.

c. REPARTO SECTORIAL O TERRITORIAL

Mediante estas modalidades redistributivas la Hacienda Pública busca reorganizar la forma como la renta nacional se distribuye entre las diversas entidades geográficas, por ejemplo, reorientando ingresos nacionales hacia los niveles departamentales y municipales. Las normas de la descentralización fiscal, según las cuales una porción de los ingresos percibidos a través de los grandes impuestos nacionales debe transferirse de forma obligatoria a las entidades municipales y departamentales, constituyen una manera de efectuar la que hemos denominado redistribución sectorial o territorial. Así mismo, existen normas que buscan redistribuir ingresos de áreas de alto crecimiento económico hacia regiones deprimidas o de bajo crecimiento económico.

d. REPARTO ENTRE AGREGADOS ECONÓMICOS

Para concluir, podemos mencionar una cuarta y última modalidad de redistribución entre los grandes agregados de la economía. Por ejemplo, entre el ahorro y el consumo. Los instrumentos de la Hacienda Pública pueden estimular uno y desalentar el otro para lograr efectos de tipo económico. Cuando se desea alentar la inversión las finanzas públicas pueden estimular el ahorro, aligerando la tributación sobre algunas rentas que pueden orientarse más fácilmente que otras hacia el financiamiento de la inversión (retención de utilidades dentro de las empresas, por ejemplo), y al mismo tiempo desestimular algunos consumos (estableciendo tasas relativamente altas del impuesto al valor agregado para las transacciones sobre bienes que se consideren de carácter suntuario). En otras coyunturas económicas, cuando se desee estimular la demanda agregada, la orientación redistributiva puede ser a la inversa: mediante la estimulación del consumo y el desaliento del ahorro de los agentes económicos.

4. LA EFICACIA REDISTRIBUTIVA DE LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS FISCALES

Este es un aspecto de las finanzas públicas que ha ocupado especial consideración dentro de la literatura especializada moderna.

El problema podemos plantearlo de la siguiente manera: ¿qué es más eficaz como instrumento redistributivo? ¿Otorgar beneficios tributarios o redireccionar políticas de gasto? Al referirse sobre todo a los países en vía de desarrollo como Colombia, la literatura moderna parece coincidir en que el gasto es un instrumento más eficaz para cumplir los propósitos redistributivos que el impuesto Esto obedece a diversas razones. En primer lugar, a que en países como el nuestro la base sobre la cual se asienta la estructura tributaria suele ser reducida, con un altísimo apoyo de las rentas asalariadas, que son aquellas sobre las cuales puede establecerse un control mayor. Esto significa que existen áreas muy importantes en la actividad económica que por deficiencias administrativas o por altos índices de evasión fiscal escapan a una tributación adecuada. Por tanto, una estructura formalmente progresiva de los impuestos que asegure en teoría la progresividad del sistema no necesariamente se traduce en la práctica en una estructura progresiva de la tributación.

Por eso la eficacia de los tributos, considerados en forma aislada del gasto, aun si ellos son progresivos en la teoría, no necesariamente constituyen un instrumento idóneo para la redistribución, si no van acompañados de políticas redistributivas a través del gasto público. Por el contrario, si una porción del gasto público se orienta hacia los segmentos más desvalidos de la sociedad se puede, si se maneja eficientemente el gasto, llegar con mucha más precisión a atender necesidades de los segmentos hacia los cuales se quiere hacer gravitar los propósitos redistributivos de la Hacienda Pública. La igualdad de oportunidades se puede restablecer con eficacia si el gasto se orienta hacia áreas específicas donde la igualdad de oportunidades está más comprometida como son la salud, la nutrición y la educación básica.

Desde luego el gasto público, si se orienta mal, puede ser también un instrumento que estimula la mala distribución de la economía. Así acontece cuando el gasto público se orienta hacia actividades suntuarias o hacia grandes obras que sólo van a ser utilizadas por las clases privilegiadas de la sociedad. Pero si el gasto público, o al menos una parte importante de él, se orienta a romper ciertos cuellos de botella en el proceso de desarrollo que afectan primordialmente a los sectores más desvalidos, entonces el gasto público tiene un efecto redistributivo muy eficaz; y por las razones anotadas, aún más eficaz que los mismos tributos Esta evidencia se ha documentado con bastante claridad en Colombia y parece ser una constante para los países en vía de desarrollo ⁸ .

Desde luego la política fiscal considerada de manera aislada no basta por sí sola para producir una redistribución sustancial en la riqueza y del ingreso de las economías en vía de desarrollo. Si se desea avanzar en forma sólida hacia una estructura más justa y más equitativa, es necesario que la política fiscal vaya acompañada de modificaciones estructurales que gradualmente configuren una sociedad más justa y equitativa.

C. LA FUNCIÓN ESTABILIZADORA

La economía clásica consideraba que no era importante ni necesaria la intervención de la Hacienda Pública como instrumento estabilizador de la actividad económica. Antes de la revolución que significó el pensamiento keynesiano, se pensaba que el funcionamiento de la economía disponía de unos estabilizadores automáticos que hacían innecesario un papel compensatorio de las finanzas públicas. Esos estabilizadores automáticos eran principalmente los precios, en especial las tasas de interés. Si la actividad económica enfrentaba una situación de desequilibrio inflacionario, las tasas de interés tendían a subir hasta un punto en el que no era atractivo para los capitalistas invertir, con lo cual se reducía la demanda agregada y el nivel de la renta nacional. Como consecuencia de ello los precios tendían de nuevo al equilibrio. Por el contrario, si la situación era de recesión, la tasa de interés caía hasta un punto en el que empezaba a ser atractivo para los empresarios volver a solicitar créditos para invertir de nuevo, con lo cual comenzaba la recuperación de precios y salarios.

Con los trabajos de KEYNES el concepto del papel de las finanzas públicas como instrumento estabilizador empezó a cambiar. Se vino a saber –principalmente por la evidencia empírica que arrojó la crisis de los años treinta– que el proceso de ajuste de una economía no es tan automático como se había pensado; que existen restricciones institucionales que hacen que las variaciones de precios, salarios y tasas de interés no sean tan flexibles; y por último, se puso en evidencia que la razón que mueve al inversionista no es sólo la tasa de interés sino también las perspectivas globales de los negocios y las de la rentabilidad del capital a mediano plazo. Puesto que no son automáticos los instrumentos de ajuste se vio, entonces, que las finanzas públicas podían lograr un papel muy importante en los procesos de estabilización, es decir, en reducir las fuerzas inflacionarias o recesivas de la economía.

1. EL CONSUMO Y LA INVERSIÓN

Una economía está en equilibrio cuando el ingreso nacional (Y) es igual a lo que se gasta en consumo (C) más lo que se dedica a la inversión (I). Por eso se habla a menudo de la relación de equilibrio: Y = C + I. Ahora bien: puesto que el consumo es relativamente estable –desde luego no de manera absoluta– en relación con el nivel de la renta (las familias gastan una proporción relativamente fija de sus ingresos en consumo), el área donde se pueden presentar desajustes más frecuentes es el de la inversión. Teóricamente la inversión es igual al ahorro. La magnitud de la inversión es más volátil que el consumo y su magnitud no es de necesidad una proporción relativamente estable del ingreso, como sí lo es el consumo. Puede acontecer, por ejemplo, que el ahorro disponible de la comunidad no se oriente en su totalidad hacia la inversión, porque los inversionistas no encuentran atractivo solicitar créditos cuando las tasas de interés son muy altas o cuando no hallan favorable el clima futuro de sus negocios. En este caso, la relación de equilibrio se ha roto: el ingreso de la comunidad es mayor que la suma de sus consumos más su inversión. Estamos ante un bache deflacionario. El Gobierno, mediante el recurso a los instrumentos de las finanzas públicas, puede contribuir a estabilizar la economía reduciendo el bache deflacionario; por ejemplo, puede tomar dinero prestado de los particulares y aumentar la inversión pública, ante la renuencia de los particulares a invertir.

A la inversa, puede afrontarse un bache inflacionario cuando el monto de los consumos más la inversión sea superior al ingreso nacional. Por ejemplo, porque se han aumentado bruscamente las remuneraciones meramente nominales de los trabajadores sin que la producción real haya crecido. Los precios tenderán a aumentar. De nuevo las finanzas públicas pueden entrar a desarrollar un papel estabilizador. Una operación de crédito público (colocación de bonos públicos entre la ciudadanía) o un incremento de impuestos que succione recursos del sector privado y congele estos dineros en un superávit fiscal que no se destine al gasto, son operaciones que pueden tener efectos antiinflacionarios.

2. LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA EN LOS PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO

Estudios recientes sobre la política fiscal en los países en vía de desarrollo han demostrado que los procesos de desestabilización en las economías frágiles de los países del Tercer Mundo obedecen a menudo a situaciones especiales que no fueron contempladas por el análisis keynesiano, el cual fue esencialmente un diagnóstico para economías desarrolladas. RICHARD GOODE anota ⁹ cómo, por ejemplo, una baja en el precio internacional de un producto básico de exportación o un deterioro en los términos de intercambio en el comercio exterior de un país en vía de desarrollo, entraña desajustes más complejos en sus economías, que requerirán programas de ajuste diferentes a la tradicional operación de los instrumentos de la hacienda compensatoria de tipo keynesiano.

IV. HACIENDA PÚBLICA Y DESARROLLO

Asociados a la función estabilizadora propiamente dicha encontramos los vínculos entre la política fiscal y el desarrollo económico. Los diversos impuestos y las modalidades del gasto público tienen, desde luego, incidencia sobre el proceso de desarrollo. Hay impuestos que aceleran el desarrollo y hay otros que lo retardan. Hay modalidades de gasto que favorecen la rápida expansión de la economía y hay otras que la entraban. En capítulos posteriores, al analizar las características de cada impuesto y del gasto público, nos detendremos sobre este importante aspecto de las finanzas públicas.

Las finanzas públicas juegan un papel importante en relación con el desarrollo económico. Desde luego, el crecimiento de un país no está determinado exclusivamente por factores asociados a las finanzas públicas, pero estos, sin duda, desempeñan un rol crucial.

Si nos atenemos a una categorización consignada por WALTER HELLER en un artículo clásico sobre el tema ¹⁰ , las principales funciones de la Hacienda Pública en el proceso de desarrollo económico son las siguientes: 1 .º Proveer el ahorro necesario para financiar el incremento del acervo de capital indispensable en todo proceso de desarrollo; 2 .º Contribuir a evitar los desequilibrios de origen interno o externo de la economía que, de presentarse, pueden comprometer seriamente el proceso de desarrollo; 3 .º La Hacienda Pública ayuda también a crear condiciones de equidad dentro del proceso de desarrollo que lo hagan más justo y equitativo. Vamos a desarrollar a continuación estas tres ideas esbozadas por H ELLER en el artículo ya citado.

A. LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA FORMACIÓN DE CAPITAL

Las teorías sobre el desarrollo económico que tuvieron auge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial hicieron énfasis especial en la formación del capital físico (maquinaria, infraestructura, etc.) como instrumento clave para acelerar el desarrollo económico.

Al mismo tiempo, estas teorías consideraban que había un sector moderno y de alta productividad, que se desarrollaba en torno a la industria, que podía absorber mano de obra redundante que provenía del sector rural –de baja productividad–, y que por tanto el favorecer este proceso de absorción de mano de obra de baja productividad por el sector moderno era una de las premisas del desarrollo económico. Estas se conocieron como las teorías dualistas del desarrollo (dos sectores: el uno moderno y el otro rezagado), cuyos cimientos teóricos deben mucho a los trabajos de ARTHUR LEWIS ¹¹

Dentro de esta primera óptica de las teorías del desarrollo económico las finanzas públicas tenían un significado muy preciso: ellas debían propiciar, a través de una adecuada fiscalidad, el ahorro suficiente para que el Gobierno dispusiera de los recursos necesarios para desarrollar él mismo la infraestructura que requería la expansión del sector moderno (vías de comunicación, puertos, telecomunicaciones, etc). Así mismo, se recomendaba que la tributación tuviera aspectos preferenciales que favorecieran la formación del ahorro y la inversión del propio sector moderno (por ejemplo, ingresos exentos del impuesto a la renta para estimular la instalación de industrias básicas en el país o de aquellas aptas a la sustitución de importaciones).

Sin embargo, las teorías modernas sobre el desarrollo económico (sin desconocer que las finanzas públicas tienen un papel prominente en el proceso de formación del ahorro que financia la inversión productiva), han cambiado el énfasis sobre ciertos aspectos de la teoría del desarrollo que no tuvieron en cuenta las teorías dualistas.

En primer lugar, hoy en día se acepta que el desarrollo económico de un país no es solamente cuestión de más inversión en capital físico (maquinarias, infraestructura) sino que también es necesaria la inversión social. Es decir, la inversión en la gente. De ahí que las nuevas teorías sobre el desarrollo económico le otorguen tanta importancia al gasto público dirigido al área de la salud básica y de la educación.

Esto quiere decir que si bien las finanzas públicas mantienen en relación con el desarrollo la responsabilidad de financiarlo (es decir, generar a través de la tributación el ahorro necesario para que el Estado atienda oportunamente las inversiones indispensables para hacer posible un adecuado ritmo de desarrollo económico), esas inversiones cruciales para el desarrollo no se circunscriben ahora a las inversiones en activos fijos, sino que se hacen extensivas a la inversión social.

Dentro de la inversión social se considera indispensable que el Estado asuma fundamentalmente –es probable que no lo hagan los particulares– aquella en el campo de la salud básica y de la educación primaria.

En los años sesenta –y siempre bajo el influjo de las tesis dualistas sobre el desarrollo económico– se hizo mucho énfasis en las exenciones y en otro tipo de privilegios tributarios que se debían otorgar al sector moderno de la economía –vale decir, al industrial– para estimular la creación y el desarrollo de industrias sustitutivas de importaciones. En Colombia la mejor expresión de esta corriente de pensamiento se tuvo con la Ley 81 de 1960 y con las leyes más recientes, dirigidas especialmente a incentivar el desarrollo a través de la inversión extranjera, criticadas en algunos sectores por privilegiar la producción de rentas de capital y por su poca efectividad a la hora se solucionar los problemas sociales y laborales de la época ¹² .

Sin embargo, hoy en día, con las nuevas interpretaciones sobre la importancia de la internacionalización de las economías, en las que ya no resulta tan evidente la conveniencia de seguir forzando un proceso de sustitución de importaciones, bastante agotado por lo demás, se considera que las exenciones a la tributación en favor del sector moderno de la economía tampoco pueden seguir ofreciéndose indefinidamente por la política fiscal, puesto que esto acarrea un alto costo para las finanzas públicas –es decir, ingresos que deja de percibir el fisco– y que pueden por tanto dejar sin financiamiento otras áreas cruciales como es la inversión social.

Todo esto ha llevado a que en la actualidad no se le otorgue tanta importancia como en el pasado al papel de las finanzas públicas como estimulante del desarrollo (por medio de exenciones y privilegios tributarios), sino que más bien se considere que el rol de la Hacienda Pública consiste en asegurar un nivel mínimo de ingresos para el Estado que le permita financiar las modalidades de gasto público estratégicas que requiere el proceso de desarrollo económico.

Otra área en la cual han ido cambiando las prioridades y los protagonistas –y que tiene una inmensa importancia en el manejo de las finanzas públicas en el mundo contemporáneo– es la de quién debe realizar las inversiones indispensables en un proceso de desarrollo.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se pensaba que el gobierno era el único agente idóneo para construir, mantener y gestionar inversiones tales como autopistas, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, electricidad, gas, recolección de basuras, telefonía).

El costo que estas inversiones requieren es de tal magnitud que probablemente el Estado que pretendiera realizarlas con exclusividad, o bien tendría que imponer unos niveles insoportables de tributación a la ciudadanía, o bien tendría que desatender inversiones sociales igualmente prioritarias como son la educación, la salud básica y el saneamiento ambiental.

Es por esta razón que modernamente se ha abierto camino –y cada vez más con mayor fuerza– el tema de las privatizaciones y de los contratos de concesión a particulares para construir y gestionar infraestructura que sea viable desarrollar mediante estas modalidades jurídicas.

Estamos comenzando a ver, con mayor o menor énfasis en los diversos países, pero de manera innegable en casi todos ellos, un proceso según el cual no toda la infraestructura básica que requiere el desarrollo económico se asume directamente por el Estado. Existe una parte importante de infraestructura y de servicios públicos que puede ser gestionada y realizada en forma idónea por particulares bajo el control y supervisión del Estado, liberando así a este último de responsabilidades financieras que puede orientar hacia otras áreas de la inversión que no es factible que desarrollen los particulares.

Esta tendencia va a tener –ya de hecho está teniendo– una gran incidencia en el manejo de las finanzas públicas en los diversos países, y en los vínculos de estas en relación con el desarrollo económico.

B. CONTRIBUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS AL DESARROLLO ECONÓMICO

Los países en vía de desarrollo corren el riesgo de afrontar desequilibrios macroeconómicos tanto de origen interno como de origen externo, los cuales pueden estancar o desacelerar su desarrollo económico. Las finanzas públicas desempeñan un papel importante para evitar o para atenuar estos procesos de desequilibrio macroeconómico.

La secuencia de los desequilibrios de origen interno se puede describir de la siguiente manera: un deficiente recaudo de ingresos tributarios o un exagerado programa de gasto público puede conducir a un alto nivel de endeudamiento estatal, ya sea de origen interno o externo. El elevado nivel de endeudamiento genera presiones alcistas sobre las tasas de interés que, a su turno, afectan el empleo y la actividad productiva, y generan presiones inflacionarias. Todo ello altera y retarda el crecimiento económico.

Es evidente que las finanzas públicas tienen una tarea importante que cumplir para evitar esta modalidad de desajustes económicos, ya sea mejorando los niveles de recaudo de las rentas tributarias (lo cual puede hacerse no solamente elevando los impuestos sino reduciendo los niveles de evasión) y/o reduciendo los programas de gasto público que no cuentan con financiación adecuada.

Los desequilibrios también pueden tener origen externo. Cuando un país es altamente dependiente en sus ingresos externos de la exportación de algún producto básico los altibajos en las cotizaciones internacionales de este producto tienen incidencias bruscas sobre la actividad económica. Si el precio sube inesperadamente ello genera presiones inflacionarias, y si cae abruptamente ocasiona condiciones depresivas de la economía.

Las finanzas públicas pueden jugar un papel amortiguador en estos escenarios al propiciar la conformación de superávit fiscales, es decir, la moderación en el gasto público, evitando que todos los recursos generados por la elevación del precio del producto básico se traduzcan en nuevo gasto público, lo cual acarrearía presiones inflacionarias.

Y a la inversa, si un país es muy dependiente en sus ingresos fiscales de los precios internacionales de un producto de exportación cuyas cotizaciones caen inesperadamente, las finanzas públicas pueden jugar también un papel compensador ampliando la base tributaria sobre las actividades domésticas menos vulnerables a los cambios de las cotizaciones internacionales de los productos básicos. Esto fue lo que aconteció en Colombia a comienzos de siglo XX cuando se implantó el impuesto sobre la renta, tal como lo analizaremos en lugar posterior de estas conferencias.

Otra modalidad del desajuste económico que a veces compromete el desarrollo económico de un país tiene su origen en los abultados déficit fiscales que el Gobierno debe financiar en el mercado de capitales, para lo cual resulta indispensable mantener una alta estructura de tasas de interés, a fin de lograr que el déficit fiscal sea financiado por préstamos otorgados por el sector privado nacional o internacional.

Por lo general esta situación acarrea revaluación de la moneda nacional y desánimo de la actividad productiva doméstica, entre otras razones, por los altos niveles de tasas de interés. Esto se refleja en déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que termina desembocando en fuertes revaluaciones, en brotes inflacionarios delicados, y en desajustes económicos graves. Todo ello, de nuevo, retarda el desarrollo económico y lo traumatiza. Las finanzas públicas, al evitar la gestación de abultados déficit fiscales desde un comienzo, pueden jugar una labor preventiva de máxima importancia en este campo.

Hasta hace algunos años la polémica sobre si eran más eficaces las medidas monetarias o las fiscales para reactivar la economía parecía estarla ganando la tesis monetarista. Es decir, había la idea de que los instrumentos fiscales eran mucho más limitados que los monetarios para cumplir la función de estabilización económica.

Sin embargo, el panorama se ha transformado. Una de las banderas económicas de la administración del presidente BUSH fue la reducción de impuestos; en buena parte de los países europeos sucede lo mismo como resultado del excesivo endeudamiento que aunado a la globalización; a las frecuentes crisis originadas en burbujas económicas; a los cambios en el medio ambiente; y a las transformaciones geopolíticas hace de la situación actual un enorme reto para las fianzas públicas. Por su parte, la administración OBAMA se ha comprometido con la reducción del déficit fiscal, y pese a la coyuntura económica desatada tras la crisis financiera y las costosas medidas de salvamento, el gobierno se ha comprometido a volver más eficiente y responsable a la administración en cuanto al manejo de los recursos del contribuyente. En ese sentido, el presidente ha propuesto cuatro medios para lograrlo: disminución de gastos, recortes adicionales en el presupuesto de Defensa, reducción de gastos de salud que en su opinión resultan superfluos –aunque reforzando los programas públicos Medicare y Medicaid– y una reforma de la ley impositiva ¹³ .

¿Qué ha pasado? En los países que experimentan prolongado período de crecimiento económico, inmediatamente ello se refleja en un incremento notable de los ingresos tributarios, dado el vínculo que existe entre rendimiento de la tributación y crecimiento económico. Este es el caso de Estados Unidos que durante la segunda mitad de los años noventa tuvieron un muy satisfactorio crecimiento económico, y es también el caso de algunos países europeos como Francia ¹⁴ .

En países como Colombia, que debieron afrontar un difícil fin de milenio por la recesión económica y la crisis internacional, también se plantean la misma interrogante, pero a la inversa: ¿puede estimularse la economía a través de una reducción de impuestos?

Hoy en día el consenso va en la dirección de que la política fiscal puede tener un papel más efectivo del que se pensaba hace algunas décadas.

En los países que experimentan fuertes períodos de crecimiento económico, el reducir impuestos tiene la ventaja de que evita que se incrementen indefinidamente gastos públicos recurrentes y a menudo superfluos y, de otra parte, fortalece la demanda agregada de los hogares y el consumo, de tal manera que se establecen elementos anticíclicos ante eventuales escenarios recesivos. Tal es el caso de Estados Unidos.

En otras circunstancias la situación puede ser diferente, pero no por ello resulta menos importante la actuación de las políticas fiscales: si hay síntomas recesivos, una reducción de impuestos aumenta la capacidad de gasto de los hogares y de las empresas y cumple por lo tanto un papel anticíclico útil.

Otro factor que es importante tener en cuenta cuando se constata la menor versatilidad de los instrumentos monetarios para operar con exclusividad como instrumento anticíclico es el de que en algunas regiones como Europa se han abierto camino esquemas de unificación monetaria, como es el caso del euro, que no permiten discrepancias notorias en el manejo de los agregados monetarios entre los diversos países.

Y desde otro punto de vista, en países como los nuestros que, querámoslo o no, vivimos inmersos en un contexto de internacionalización y de movilidad de capitales, cambios muy abruptos en los agregados monetarios pueden generar devaluaciones o revaluaciones indeseadas, y flujos bruscos de salida de capitales o de ingresos de fondos especulativos malsanos.

Por todas estas razones la autonomía de los instrumentos monetarios para cumplir propósitos de estabilidad económica tiene hoy en día limitaciones más evidentes que hace algunos años, y por lo tanto existe un consenso más amplio de que las políticas fiscales pueden desempeñar hoy un papel más activo en los propósitos de estabilidad económica.

Sin embargo no debe tampoco creerse que, hacia adelante, las políticas fiscales se van a mantener indefinidamente dentro de una órbita de autonomía total de los gobiernos nacionales, al paso de las políticas monetarias, con el objeto de una cada vez mayor coordinación internacional.

En realidad unas y otras tienden –a medida que se profundizan las experiencias de integración regional– hacia una creciente coordinación ¹⁵ .

C. CONTRIBUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A LA EQUIDAD, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

La experiencia de los países del sudeste asiático demuestra que solamente cuando existen condiciones de equidad y de buena distribución del ingreso, es factible lograr un desarrollo económico acelerado y sostenido en el tiempo ¹⁶ . Las finanzas públicas desempeñan también un papel importante en el logro de estas condiciones de equidad.

En primer lugar, el conjunto de la tributación debe propiciar una elasticidad positiva de los impuestos. Es decir, debe buscarse que el recaudo crezca a ritmos superiores a los de la economía.

Debe propiciarse así mismo que no haya una exagerada dependencia de la tributación indirecta, puesto que esta, en términos generales, es menos progresiva que la tributación directa.

Resulta también muy útil que el diseño general del sistema tributario premie el ahorro y la inversión y desestimule el gasto, sobre todo cuando es suntuario. Diversos estudios han indicado cómo en los países en vía de desarrollo las clases más adineradas son propensas a gastar mucho y ahorrar poco ¹⁷ .

Como es obvio, y si como lo hemos indicado el ahorro es elemento principalísimo en el desarrollo económico, las normas tributarias deben diseñarse acordes con esta prioridad. Por ejemplo, el impuesto a la renta a las sociedades debe estimular la retención de utilidades frente a la repartición de las mismas; y en los impuestos a las ventas debe gravarse con mayor severidad el gasto en bienes suntuarios que en artículos de consumo popular.

Uno de los males más comunes en los países en vía de desarrollo consiste en la deficiente administración tributaria, es decir, que sistemas teóricamente muy bien diseñados terminan siendo regresivos, no tanto porque las leyes que los instauran lo sean, sino porque se trabaja con unos exagerados niveles de evasión tributaria, lo que usualmente conduce a que el peso mayor recaiga sobre las rentas de trabajo de quienes están vinculados a empresas con contabilidad organizada, que no evaden. Esto también afecta el desarrollo económico negativamente.

Por ello una de las principales prioridades en los países de América Latina para armonizar el manejo de sus finanzas públicas con el proceso de desarrollo económico consiste en reducir los niveles de evasión que, además de ser regresivos, generan trabas al desarrollo económico.

Como se menciona en otro lugar de estas lecciones, las finanzas públicas no solamente apoyan el desarrollo económico mediante el diseño adecuado de los ingresos tributarios sino también a través del gasto público.

Es evidente que una política fiscal que favorezca el gasto en áreas orientadas a romper cuellos de botella del proceso de desarrollo, como son las carencias en salud y educación básicas, es un sistema más adecuado que otro en el que se favorezca el gasto público en inversiones suntuarias, en edificios públicos, en gastos burocráticos estériles, o en infraestructura a la cual solamente tenga acceso la minoría de la población.

Como se ha visto, los vínculos entre finanzas públicas y desarrollo económico son muy amplios y van más allá de los simples objetivos de estabilidad y de redistribución que se le asignan a la Hacienda Pública.

Entre la política fiscal y el desarrollo económico existen vínculos en: 1.º Lo que concierne a la generación del ahorro indispensable para financiar las inversiones básicas del proceso de desarrollo; 2.º También al evitar los desajustes económicos que suelen retardar el desarrollo económico; 3.º Y por último, a las finanzas públicas les corresponde también contribuir a crear condiciones de equidad dentro del proceso de desarrollo.

D. TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA (PUBLIC CHOICES)

La presentación general que se ha incluido en este primer capítulo se inspira de cerca en la descripción de los propósitos de las finanzas públicas que ha hecho, en varias de sus obras, RICHARD MUSGRAVE.

Sin embargo, es bueno registrar que recientemente se han formulado presentaciones alternativas sobre los objetivos que debe buscar la ciencia de las finanzas públicas, y, sobre todo, de los mecanismos recomendables para alcanzarlos.

Quizás la más conocida de estas nuevas teorías es la que ha formulado el premio Nobel de economía JAMES BUCHANAN y que se conoce como teoría de la elección pública ¹⁸ .

La tesis central de BUCHANAN puede sintetizarse de la siguiente manera: en las democracias contemporáneas hay la tendencia –si no se adoptan cautelas especiales– para que el ejercicio de la simple mayoría en las votaciones de los parlamentos conduzca –en materia fiscal– a ineficiencias, a establecer privilegios injustificados, y, en fin, a que las mayorías les terminen imponiendo a las minorías gravámenes injustificados.

Muy a menudo, arguye BUCHANAN, la legislación tributaria se llena de exenciones o de tratamientos de privilegio para algunos sectores que no necesariamente son los más necesitados, dentro de un enfoque redistributivo adecuado de las finanzas públicas. Y esto acontece, simplemente, porque una mayoría en una votación congresional así lo dispone, pensando más en fines electorales o en beneficiar grupos de presión con los cuales desean congraciarse en vísperas de una elección, que efectivamente en los intereses generales.

En otras ocasiones –continúa razonando el autor– el gasto público