Los ideólogos venezolanos del socialismo del Siglo XXI o muestran un atraso muy grande en el dominio de la economía o son unos manipuladores, porque citan autores avanzados del pensamiento marxista, de manera tendenciosa para justificar la asfixia regulatoria cuando las tesis de esos autores, señalan que las regulaciones mal concebidas no conducen a la formación de buenos ciudadanos sino a todo lo contrario.

Los economistas del gobierno conocen que la fuente mayor de extracción de rentas se deriva de la asfixia regulatoria de providencias, decretos, reglamentos y leyes con las características siguientes:

Cuando son complejas extensas, intensas, ambiguas y de difícil interpretación;
Cuando son prácticamente de imposible cumplimiento;
Cuando conceden amplio poder discrecional a los funcionarios en la administración, la aplicación y las sanciones de las normas.
La extracción de rentas es una poderosa herramienta de extorsión social por la capacidad de discriminación ideológica que permite cuando se excluye del acceso a los bienes y servicios públicos, a comunidades y a individuos por ser críticos del gobierno.

La extracción de rentas distrae recursos productivos y los diluye entre redes de comercialización, de distribución y de mercados negros, con el agravante que constituye una evasión fiscal por los tributos que deja de percibir el Estado.

En definitiva, la asfixia regulatoria es una demoledora injusticia que destruye valor económico, social y moral del país.

Con la “viveza criolla” los economistas de nuestro socialismo del siglo XXI, tratan de esquivar el asunto buscando argumentos de autores marxistas para darle un manto de academicismo a sus propuestas, para ello recurren a dos falacias del razonamiento, primero a la “Ignoratio Elenchi” al utilizar una revisión sobre el cómo hacer política económica a través de incentivos con una descalificación del análisis de impacto regulatorio por la vía de los incentivos y segundo, con la “argumentum ad verecundiam”, como lo dice “Samuel Bowles” y es una voz autorizada, entonces ellos los ideólogos del socialismo tienen razón. Falso de todas falsedades.

Recientemente, en mayo de este año, fue publicada la obra “La economía moral” del profesor Samuel Bowles[1]. En su obra la idea central es:

“¿Debería la idea del hombre económico, amoral y egoísta el llamado “Homo economicus” — determinar el cómo esperamos que la gente responda a los castigos y a las recompensas monetarias y otros incentivos? Samuel Bowles contesta con un rotundo "no". Las políticas que se derivan de este paradigma, muestran, que pueden "desplazar" el ser generoso y ético que el hombre es y por ello ser contraproducentes. Pero los incentivos per no se son realmente los causales. Bowles muestra que desplazamiento moral ocurre cuando el mensaje transmitido por las recompensas y las multas es el que se espera de un ser amoral y egoísta, por ejemplo, donde el empleador piensa que la fuerza de trabajo es perezosa, o que no se puede confiar en que el ciudadano contribuya con el bien público. Utilizando estudios de casos históricos y recientes, así como experimentos conductuales, Bowles muestra como los incentivos pueden desplazar los motivos cívicos que un buen gobierno espera de sus ciudadanos.”[2]

La interpretación correcta es que un incentivo mal diseñado puede hacer que un individuo no amoral, es decir con unos principios de conducta adquiridos, por cultura, por religión, no egoísta, generoso y altruista podría devenir en un ser amoral y egoísta debido a incentivos que parten del supuesto de concebirlo como amoral y egoísta. El error de política económica no radica en el incentivo por si mismo sino en la manera como se formula.

Estos argumentos son bien diferentes a la conclusión falaz de los propugnadores del socialismo del siglo XXI, cuando consideran que los incentivos no deben ser tenidos en cuenta en el diseño de regulaciones y que solo debe privar el propósito final, por ejemplo, si los precios son juzgados