Las categorías del análisis de impacto regulatorio.
El diseño de políticas económicas enfrenta la complejidad no susceptible de reducción del comportamiento humano, el individuo enfrenta situaciones con una racionalidad no enteramente hedonista y no enteramente generosa, cuya acción puede ser un tanto moral como amoral. Más allá de esa complejidad, partimos del supuesto que el entorno puede incidir en la inclinación de la balanza del comportamiento humano hacia un lado o hacia otro, es el desafío sobre el cómo las regulaciones pueden favorecer la formación de buenos ciudadanos. [1]

La justificación de las regulaciones económicas se encuentra en los llamados fallos del mercado cuando dan lugar a la producción excesiva o deficiente de bienes y servicios, pero las regulaciones no están exentas a su vez de efectos secundarios nocivos que pueden ser mayores que los fallos del mercado que pretenden corregir. Del mismo modo que el mercado sin controles da lugar a fallos, las regulaciones pueden acarrear males públicos. Esos males públicos son los derivados de los incentivos perversos, cuando no existe una alineación entre los resultados del comportamiento que se estimula y el propósito final de la norma, en términos de los intereses de la sociedad como conjunto. La extracción de rentas que ocasiona un incentivo perverso surge en presencia de asimetrías de información [2] y del poder discrecional.

El problema esencial de las regulaciones tiene su origen en la respuesta que dan los agentes que participan en el mercado, cuando la norma permite el aprovechamiento de las regulaciones de unos en detrimento de los demás, estamos en presencia de un mal público. Un mal diseño de las regulaciones no solo tiene los efectos primarios al beneficiar a unos y perjudicar a los demás, tiene también otros impactos colaterales en forma de costos de transacción, pues genera erogaciones adicionales que no agregan valor a la producción de bienes y servicios.

Un análisis complementario puede ser realizado cuando una regulación otorga a un agente poder discrecional para decidir sobre la aplicación de la norma y permite la distracción de recursos en su favor, en cuya situación estamos en presencia de una extracción de rentas, es el tipo de poder discrecional que se hace presente con la intervención de políticos cuyos intereses ideológicos o económicos no están alineados con los de la sociedad.

Un trabajador en situación de inamovilidad laboral puede aprovecharse de su condición para no hacer nada o lo que le venga en gana pues sabe que no tiene riesgos de ser despedido. Una regulación, técnicamente imposible de cumplir, da lugar a la corrupción pues la persona se encuentra de manera inevitable al margen de la ley. La persona que recibe una ayuda justificada socialmente puede sentirse motivada para no realizar ningún esfuerzo para salir de su situación. Estos sucesos son los que caracterizan el riesgo moral el cual describe una situación por la que una persona modifica su conducta cuando ella no resulta la responsable total de las consecuencias de sus decisiones, dando lugar a destrucción de valor económico y social.

En el mar de fondo de los males públicos creados por un mal diseño de la política pública están:

Se pierde la motivación para contribuir con la creación de valor económico y social, tanto en lo individual como en las organizaciones, por el aprovechamiento fortuito de la norma.
Es la fuente del surgimiento de mercados negros y todas sus secuelas: escasez, racionamiento, violencia, colas y corrupción.
Erosiona la efectividad de la gobernanza de un país a la larga el gobierno puede convertirse en un estado fallido.
Es destructiva de la confianza y el empoderamiento social: la gente no cree en nadie y pierde su capacidad como buen ciudadano.
Da lugar a comportamientos tipo “aprovecha ahora que mañana ya es tarde”, teniendo como consecuencia la destrucción de bienes públicos por explotación hasta el agotamiento, es la llamada “tragedia de los