La lógica de la disciplina: El capitalismo global y la arquitectura del gobierno

Por Roberts Alasdair

La era de la liberalización económica (1978-2008) ha sido caracterizada como el periodo de desmantelamiento de los gobiernos, cuando en realidad los Estados buscaron renovar su estructura gubernamental para alcanzar los estándares del mundo globalizado a través de reformas radicales en diversas áreas, como el control fiscal, la recaudación de impue

• Idioma: Español
• Editorial: Libreria CIDE
• Fecha de lanzamiento: 20 sept 2023

Roberts Alasdair

Alasdair Roberts es profesor de Ciencia Política y director de la Escuela de Política Pública en la Universidad de Massachesetts, Amherst. Ha escrito ampliamente sobre temas de gobernanza, derecho y políticas públicas. Pertenece a los consejos aditoriales de varias revistas especializadas en administración pública, así como a la Sección sobre Administración Internacional y Comparada de la ASPA (American Society for Public Adminitration)

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Índice

Las últimas dos décadas han sido testigos de un cambio mayor en la actitud de muchos formuladores de políticas públicas en todo el mundo. Cada vez están más conscientes de la importancia de los mercados y de las políticas favorables a los mercados. También se han percatado —muchos de ellos por primera vez— de los beneficios que puede brindar la disciplina de los mercados.

Anne O. Krueger, primera subdirectora

del Fondo Monetario Internacional, 2003

Estos guardianes de nuestro Estado, en tanto que su trabajo es el más importante de todos, necesitarán la más completa libertad frente a otras ocupaciones y la mayor cantidad de habilidad y práctica.

Platón, La República, capítulo 7

Agradecimientos

Las ideas de este libro se fueron decantando durante varios años. Muchos de los temas incluidos se discutieron en una clase sobre reformas a los servicios públicos que impartí en la Universidad de Queen, en Canadá, entre 1996 y 2001, y luego en la Universidad de Syracuse entre 2002 y 2008. Algunos de los capítulos también se presentaron como conferencias en la Academia Nacional de Administración Lal Bahadur Shastri en Mussoorie, India, en 2007 y 2008. Me beneficié de los comentarios de los participantes de esas clases y conferencias.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk me dio la oportunidad de escribir este libro en 2008-2009, y varios de mis colegas ahí me ayudaron a refinar el manuscrito. Agradezco también a Jerry y Phyllis Rappaport, cuya generosidad permitió que se estableciera la cátedra que tengo.

Mi editor en Oxford University Press, David McBride, me dio consejos valiosos y me alentó durante el proceso de escritura y revisión. También estoy en deuda con tres estudiantes del Programa de Maestría en Administración Pública de la Universidad de Syracuse, quienes ayudaron con la investigación para el libro en 2007-2008: Guillaume Lechasseur, Fernando Pavón y James Puckett.

También estoy agradecido por el duradero e indispensable apoyo de mi esposa, Sandra, y mis hijos, John y Constance; mis padres, James y Nancy Roberts, y mis suegros, Guntis e Inta Sraders.

Alasdair Roberts

Prólogo a la edición en español

Estoy agradecido con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) por traducir este libro y ponerlo a disposición de un público más amplio. Espero que los lectores lo encuentren útil para entender cómo las estructuras de los gobiernos alrededor del mundo han cambiado como resultado de la globalización.

Aquí presento un breve resumen del argumento. En los últimos cuarenta años, hemos sido testigos del surgimiento de una economía global construida sobre los principios del libre mercado. La gente a veces piensa que esto significa que el gobierno tiene un papel más reducido, pero esto no es del todo correcto. Algunos segmentos del gobierno son muy importantes para la adecuada operación de una economía de mercado libre y globalizada. Los empresarios requieren puertos y aeropuertos que puedan resolver el crecimiento comercial, necesitan redes de servicios públicos para sus fábricas y caminos que les permitan alcanzar sus mer­cados, quieren evitar extorsiones por parte de los recaudadores de impuestos, así como una moneda estable y gasto público responsable.

Para lograr estos objetivos, es necesario construir ciertas capacidades organizacionales en el sector público; puesto en otros términos, el objetivo ha sido renovar el Estado, no desmantelarlo, pero este proyecto de renovación se ha desarrollado de una forma particular. Hay una filosofía de diseño específica que ha guiado la reestructuración de aquellas partes del Estado que son críticas para la operación de una economía global. En el centro de esta filosofía hay una profunda desconfianza hacia los políticos y los votantes, pues se ven como egoístas, cortos de miras e irracionales. Como resultado, el objetivo ha sido quitar ciertos segmentos del Estado del control político directo. Así, se ha dado autonomía a organizaciones que desempeñan funciones fundamentales —como los bancos centrales, los ministerios de finanzas, las agencias recaudadoras de impuestos y las autoridades portuarias, entre otras—, para que puedan perseguir e implementar las políticas públicas esenciales para la globalización. Se han adoptado leyes que se supone que garantizan esta autonomía, pero estas leyes también imponen restricciones —es decir, disciplina— al proceso democrático, porque los políticos y los votantes tienen menos influencia de la que solían tener. Por supuesto, podemos preguntar si estas leyes realmente limitan en la práctica el poder de los políticos y los votantes, y podemos cuestionar el conocimiento que está detrás de restringir la política democrática de esta manera.

Este libro se completó a principios de 2009. La crisis financiera global que empezó en 2007-2008 todavía estaba en sus etapas iniciales, y no estaba del todo claro si la crisis llevaría al abandono del tipo de reformas que se describen en este libro. Por ejemplo, a principios de 2009 parecía que la credibilidad de los tecnócratas de la Reserva Federal y otros bancos centrales estaba seriamente dañada, porque no anticiparon la crisis. Antes de 2007, algunos tecnócratas incluso se habían burlado de quienes predecían un colapso financiero. En el libro especulé que este colapso de la credibilidad podría desatar ataques contra la independencia de la banca central. Desarrollé este argumento en un pequeño artículo publicado en 2010 en Foreign Affairs (Roberts, 2010) y ciertamente hubo algunos intentos por limitar la autonomía de la Reserva Federal, pero en el largo plazo, dichos ataques tuvieron un efecto limitado. Como observé en un artículo posterior, el poder de la Reserva Federal y otros bancos centrales en realidad aumentó mientras la crisis se desarrollaba (Roberts, 2013); por lo tanto, en lo que toca a la banca central, la lógica de la disciplina parecería haber sobrevivido intacta a la crisis.

Lo mismo parecía cierto para otras áreas de política pública. El poder de los ministerios de finanzas —los guardianes de la disciplina fiscal— también se pensó que iba a debilitarse en la primera fase de la crisis financiera global. En algunos países, los ministerios de finanzas fueron atacados durante algunas protestas. Por un momento, muchos gobiernos pensaron en alejarse de la doctrina de la disciplina fiscal, en un intento por apoyar sus economías nacionales, pero los gobiernos pronto regresaron a sus políticas de austeridad y, en Europa, las reglas fiscales se volvieron todavía más estrictas. En el largo plazo, por lo tanto, el poder y la autonomía de los ministerios de finanzas no resultó dañado por la crisis; de forma similar, tampoco hubo un retroceso en la política de brindar autonomía a los puertos y aeropuertos. El entusiasmo de los inversionistas privados respecto de los contratos de infraestructura de largo plazo también se debilitó en 2009, pero se ha recuperado desde entonces.

Ha pasado más de una década desde que los primeros avisos de la crisis comenzaron a emerger en Europa en la primavera y el verano de ٢٠٠٧. Una década es un largo periodo y ya podemos pensar en llegar a una conclusión respecto a si la lógica de la disciplina sobrevivió a la crisis; sin embargo, no estoy seguro de que, incluso ahora, sea prudente llegar a conclusiones. Las recientes elecciones en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países europeos muestran que aún existe una gran frustración pública frente a las tendencias generales de la política pública. Muchas personas están molestas con el modelo neoliberal que predominó en Occidente entre 1980 y 2007, pero no están seguras respecto a cuáles tendrían que ser los atributos de un modelo alternativo. Puede que pasen algunos años más antes de que el debate sobre el neoliberalismo se resuelva, y aún podríamos ver un cambio significativo en la dirección de la política pública en las economías avanzadas. Esto llevaría a la reconsideración de la lógica de la disciplina, que está estrechamente ligada al programa neoliberal.

Una pregunta planteada en este libro es si las reformas basadas en la lógica de la disciplina deberían verse con preocupación. Desde un punto de vista, estas reformas pueden considerarse como un ataque a los principios democráticos. La capacidad de los votantes y los políticos de influir en aspectos importantes de política pública se ha reducido. Yo sigo creyendo que ese es un problema importante, pero mucho depende de la manera en que se planteen las restricciones y en qué tan fácil puedan ser evadidas o revertidas. En algunos países, como Estados Unidos, las leyes que buscan imponer la disciplina son más débiles que las de otros países. En un libro reciente, Four Crises of American Democracy, publicado por Oxford University Press en 2017, argumento que los formuladores de políticas públicas en Estados Unidos con frecuencia evitaron restricciones irreversibles de forma discrecional. En su lugar, jugaron con la idea de la disciplina; es decir, buscaron formas de obtener los beneficios asociados con la disciplina sin comprometerse de forma permanente con las restricciones en materia de control democrático. Si esta interpretación es correcta, entonces no deberíamos preocuparnos tanto respecto de la erosión de los valores democráticos. Debo subrayar que mi argumento es sólo sobre Estados Unidos; las naciones europeas, por ejemplo, tienen cierta preferencia por restricciones legales más perdurables en los procesos democráticos; obviamente, esto aumenta la preocupación respecto de la erosión de los valores democráticos.

Por último, quisiera agregar algo sobre el enfoque de investigación que subyace tras este libro. El trabajo cae dentro de la disciplina académica que se conoce como administración pública; durante los últimos treinta años, la investigación en administración pública se ha concentrado sobre todo en la eficiencia de las operaciones de las agencias públicas. En la investigación, esto se conoce como el enfoque de gestión pública. Me encuentro entre los académicos que han argumentado que es tiempo de elevar nuestras miras y ampliar nuestra manera de investigar en el campo de la administración pública (Milward et al., 2016). Tenemos que plantear preguntas más amplias sobre cómo las fuerzas sociales y económicas —como la globalización económica— afectan el papel y el diseño de aquellas instituciones que constituyen el Estado. Si estuviera escribiendo La lógica de la disciplina hoy en día, trataría de discutir esta preocupación sobre la teoría y el método en la administración pública de forma directa. Hay dos artículos recientes que ofrecen una explicación más detallada de lo que pienso al respecto actualmente (Roberts, 2018, 2018a). También estoy trabajando en un nuevo libro, que espero sea publicado en 2019, que proporcionará una explicación más extensa del enfoque que considero que debería seguirse en las investigaciones académicas sobre administración pública.

Alasdair Roberts

School of Public Policy

University of Massachusetts Amherst

Junio de 2018

Estudio introductorio

Mauricio I. Dussauge Laguna

I

En la literatura contemporánea sobre administración pública (ap), la obra del profesor Alasdair Roberts ocupa un lugar destacado por su originalidad e inteligencia. Frente a una comunidad académica cada vez más grande y globalizada, pero también más estandarizada en torno a los temas a investigar y los métodos a usar, Roberts ha tratado de construir un espacio propio. Por un lado, sus intereses tocan asuntos nodales de la disciplina: los orígenes y desarrollos de los estudios de ap, la construcción de servicios civiles, las fallas de los gobiernos, la transparencia gubernamental y, como es el caso de este libro, las reformas administrativas. Son trabajos que además se nutren de —y dialogan con— las ideas, los artículos y los libros más recientes, siguiendo siempre el rigor y los criterios requeridos por la comunidad académica internacional. Sin embargo, por otro lado, el punto de partida de Roberts es esencialmente distinto al de la mayoría de sus contemporáneos. Sus trabajos no buscan alinearse con ciertas áreas de especialización (políticas sectoriales, recursos humanos, tecnologías de información, presupuestación, etcétera); por el contrario, son trabajos de administración pública en un sentido amplio, que lo mismo echan mano de la historia, la ciencia política y la economía, que del derecho, las relaciones internacionales o el periodismo; estudios que buscan comprender el bosque más que explicar los árboles.

La originalidad de la obra de Roberts puede notarse, también, en la variedad de temas tratados en sus publicaciones. Desde que concluyó La lógica de la disciplina: el capitalismo global y la arquitectura del gobierno, libro que ahora traduce el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) y que se dedica a explorar cómo y por qué la globalización ha transformado la arquitectura de los gobiernos en los últimos cuarenta años, Roberts ha escrito lo mismo sobre la manera en que las democracias avanzadas han aprendido a controlar los recientes movimientos de protesta —The End of Protest—, que acerca de las diversas crisis políticas y administrativas de la democracia estadounidense —Four Crises of American Democracy—, las limitaciones (percibidas y reales) de los gobiernos modernos —Can Government Do Anything Right?— y las formas en que la disciplina de la ap podría o debería informar las complejas tareas gubernamentales de los Estados contemporáneos —Strategies for Governing—. Todo esto se suma a una obra previa igualmente rica y diversa, que incluye su libro clásico sobre los problemas de la transparencia como política gubernamental —Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age—, un interesante análisis de las crisis económicas y políticas de Estados Unidos en el siglo xix —America’s First Great Depression—, el estudio de los retos de la institución presidencial estadounidense en los inicios del siglo —The Collapse of Fortress Bush— y, por último, una revisión histórica de las dificultades para transferir instituciones administrativas incluso entre países relativamente similares —So-Called Experts—. En suma, es una obra difícil de encasillar de acuerdo con los criterios académicos convencionales, pero a la que subyace una motivación fundamental: describir, analizar y explicar problemas, situaciones y experiencias complejas e importantes, a partir de una visión de ap amplia, capaz de superar los silos y sesgos disciplinarios.

Las contribuciones de Roberts a la ap destacan, asimismo, por la forma clara e inteligente con la que están escritas. Sus libros, lo mismo que su vasta producción de artículos para publicaciones especializadas, son inteligibles para cualquiera. Tal como lo podrán constatar los lectores de este libro, la escritura de Roberts es fluida y fácil de leer. Se trata de textos construidos con base en ideas bien expuestas, frases cortas y directas, párrafos concisos y el uso limitado de conceptos y términos académicos. Ahora bien, la fórmula funciona porque la buena redacción viene acompañada de análisis bien estructurados y, sobre todo, bien argumentados. Desde sus primeros trabajos sobre la fundación de la ap como disciplina académica hasta las obras ya mencionadas —incluyendo por supuesto este libro—, Roberts se ha destacado por su capacidad para elaborar argumentos contundentes. En cada uno de sus trabajos hay siempre, al principio, una idea clara que nos explica las estrategias que los actores gubernamentales usaron para lograr algún objetivo; las restricciones institucionales que constriñeron algún proceso de reforma; la recurrencia histórica de ciertas crisis hoy consideradas novedosas; o la existencia de algún episodio o factor explicativo que estudios previos han ignorado.

La destacada capacidad argumentativa de Roberts se nutre, además, de una visión que podríamos llamar a la vez cosmopolita y sensible a la historia. Desde sus trabajos sobre acceso a la información, Roberts se ha interesado lo mismo en estudiar los desarrollos político-administrativos de otros países, que en comunicar a sus colegas de otras latitudes las transformaciones gubernamentales más recientes de sus países originario (Canadá) y adoptivo (Estados Unidos). Su experiencia, durante casi una década, como editor de una de las revistas internacionales de mejor reputación, Governance, sin duda le brindó la oportunidad de tomar el pulso a las tendencias académicas globales. Así, los textos de Roberts por lo general se apoyan en ejemplos empíricos de países desarrollados, pero también en experiencias de regiones del mundo que suelen estar subrepresentadas en la bibliografía especializada (Asia, por ejemplo). Por otra parte, tanto sus primeras investigaciones sobre los desarrollos pioneros de la ap, como su interés por ubicar sus objetos de estudio en una perspectiva temporal de largo plazo, permiten a Roberts elaborar argumentos que no sólo responden a preguntas actuales, sino que toman en cuenta antedecentes, experiencias previas, tendencias o ciclos recurrentes. A partir de todo lo anterior, Roberts suele producir textos bien argumentados y bien informados por su lectura de experiencias internacionales e históricas.

La traducción que el cide hace de La lógica de la disciplina es, por lo tanto, valiosa en más de un sentido. Como se discutirá en las siguientes páginas, este es un libro clave para comprender las transformaciones administrativas de los Estados contemporáneos. Pero, además, su traducción permite dar a conocer al público hispanohablante a uno de los académicos de la ap más destacados de nuestra época; alguien preocupado por plantear preguntas relevantes, buscar respuestas originales, ampliar los horizontes de la disciplina e impulsar una verdadera conversación global sobre los gobiernos, sus diseños institucionales, sus estrategias de actuación y sus herramientas administrativas y de gestión.

II

Como denota su título, La lógica de la disciplina: el capitalismo global y la arquitectura del gobierno es un libro dedicado a entender cómo las tendencias globalizadoras —en particular las vinculadas con las ideas económicas— han cambiado las estructuras institucionales de los gobiernos nacionales. De acuerdo con el argumento de Roberts, la era del neoliberalismo (es decir, los años transcurridos entre 1970 y 2007, más o menos) transformó radicalmente los diseños y objetivos de los gobiernos alrededor del mundo. Durante este periodo, dice Roberts, los cambios administrativos no se enfocaron simplemente en achicar los Estados y sus aparatos gubernamentales, sino que trataron de crear un entorno administrativo que pudiera brindar un mejor soporte a las dinámicas económicas de la globalización. Ahora bien, quizá lo más interesante de la historia que cuenta este libro tenga menos que ver con los fines de las reformas administrativas y más con los medios que se emplearon para alcanzarlos.

El vínculo globalización económica-reforma del Estado, sugiere Roberts, sólo pudo construirse sobre la base de una nueva filosofía de gobierno: la lógica de la disciplina; es decir, la idea de que es posible despolitizar (disciplinar) el diseño y la operación de ciertas instituciones públicas para evitar que las disputas, los cálculos y los intereses políticos afecten su funcionamiento cotidiano. Según Roberts, la lógica de la disciplina refleja un profundo y generalizado escepticismo respecto de las formas tradicionales de gobernar, las cuales históricamente generaron altas tasas de inflación, ineficiente provisión de servicios públicos y apoyo inconsistente al crecimiento de los mercados financieros y los intercambios comerciales globales. Para responder a eso, la lógica de la disciplina supone establecer límites institucionales y restricciones legales que impidan tanto a los políticos como a los votantes tomar malas decisiones de política pública, ya sea por causa de sus preocupaciones inmediatas, ya por razones egoístas. Ante los peligros de la politización y las visiones cortoplacistas, la lógica de la disciplina supone construir nuevas arquitecturas gubernamentales autónomas, resguardadas por una nueva casta de tecnócratas-guardianes: funcionarios públicos con amplios conocimientos especializados en sus respectivas áreas de política pública, aislados de los vaivenes de la vida político-gubernamental gracias a particulares mecanismos de nombramiento y remoción.

Como muestra Roberts, durante los últimos cuarenta años la lógica de la disciplina se propagó internacionalmente, lo mismo entre los países avanzados que entre las naciones en vías de desarrollo. Por consiguiente, el libro contiene las experiencias de los usual suspects, es decir países como Estados Unidos, Nueva Zelanda o el Reino Unido; pero hay también ejemplos interesantes de otras jurisdicciones africanas, asiáticas y hasta latinoamericanas (México incluido). Además, desde sus orígenes en el área de la banca central, en donde se planteó que el combate a la inflación sería mucho más efectivo al brindar independencia formal a las autoridades encargadas de la política monetaria, la lógica de la disciplina se expandió a múltiples ámbitos gubernamentales: reglas fiscales, agencias reguladoras, instituciones recaudadoras de impuestos, zonas portuarias y aeropuertos, mecanismos de resolución de conflictos internacionales, contratos de infraestructura. Así, aunque con matices y particularidades, cada uno los capítulos de La lógica de la disciplina representa una variación sobre un mismo tema: cómo las reglas y las instituciones formales de un sector específico se transformaron para aislar las decisiones públicas de la política, ofrecer certidumbre, transmitir confianza a los mercados y actores económicos relevantes, construir compromisos creíbles y promover políticas públicas con visión de largo plazo.

El libro de Roberts es notable porque su argumento no sólo nos ayuda a entender qué hubo detrás de los ajustes en la arquitectura de los gobiernos, sino que también nos explica cómo y por qué la lógica de la disciplina podría verse como una filosofía de gobierno fallida. Por un lado, sus promotores lograron reformar los marcos institucionales formales, ya fuera por medio de ajustes constitucionales, legales, reglamentarios, o a través de nuevos esquemas contractuales o tratados internacionales. Por otro, sin embargo, no parecían haber puesto el mismo nivel de atención en los aspectos informales, los comportamientos, las rutinas organizacionales, las motivaciones burocráticas e incluso las capacidades analíticas de los administradores públicos. Así, tras cuatro décadas de reformas constantes, Roberts sugiere que los resultados obtenidos quizá son menos positivos de lo inicialmente esperado. Los banqueros centrales, por ejemplo, parecían haber mantenido la inflación bajo control, pero no demostraron la misma destreza para anticiparse a la crisis financiera de 2007-2008. Una y otra vez, el desarrollo de reglas fiscales más estrictas ha perdido sentido cuando los gobiernos han tenido que afrontar problemas económicos y se han visto obligados a quebrantar las mismas. La gestión de contratos de infraestructura de largo plazo ha resultado ser mucho más problemática de lo deseable, pues ha venido acompañada de frecuentes y engorrosas renegociaciones, generalmente benéficas para los actores privados pero no tanto para los gobiernos. La supuesta flexibilidad gerencial otorgada a los operadores de zonas portuarias de poco ha servido en ausencia de apoyos políticos que les permitan promover sus procesos de expansión. Las agencias reguladoras han tenido dificultades para traducir su independencia formal en algo tangible al momento de tratar con otros actores gubernamentales o empresariales. Grandes expectativas con resultados más bien magros.

Por otra parte, más allá de las limitaciones prácticas enfrentadas por cada una de estas reformas, Roberts plantea que la lógica de la disciplina ha traído consigo otros costos importantes para el proceso de gobernanza democrática vigente. Se han cedido amplios márgenes de maniobra a una nueva élite gobernante, sin que necesariamente se hayan construido los suficientes mecanismos que aseguren la rendición de cuentas claras sobre sus decisiones y acciones. Tampoco se ha garantizado el compromiso de los tecnócratas-guardianes respecto de las normas de transparencia que se exigen al resto de los servidores públicos. Ni, por supuesto, ha sido posible lograr que estos nuevos decisores públicos muestren cierta sensibilidad (responsividad) ante las preocupaciones de las sociedades a las cuales sirven. Así, mientras que el institucionalismo ingenuo, centrado en cambiar las reglas formales del juego, quizás ha sido exitoso en términos de impulsar transformaciones administrativas propicias a la globalización económica, no ha sido igualmente capaz de fortalecer los fundamentos democráticos de los gobiernos y sus administraciones públicas en pleno siglo xxi.

En síntesis, el libro de Roberts ofrece una mirada sintética y la vez comprehensiva respecto de un conjunto de transformaciones administrativas que han cambiado sustancialmente la arquitectura de los Estados contemporáneos de nuestra época. Se trata, además, de un texto novedoso pues, a diferencia de buena parte de la literatura reciente sobre reformas administrativas, los lectores no encontraran aquí otro recuento sobre la nueva gestión pública o la gobernanza (o la posnueva gestión pública). Al contrario, hay en estas páginas una historia original bien argumentada, que nos permite entender cómo los procesos de reforma gubernamental tienen que ver con un puñado de ideas sobre la mejor forma de diseñar instituciones, con los desarrollos económicos globales y las exigencias de los mercados, y con la capacidad de ciertos actores políticos para presentar propuestas de reforma supuestamente apolíticas, a fin de impulsar los ajustes administrativos que consideran necesarios.

III

La lógica de la disciplina no sólo es un libro importante por sus contribuciones a la bibliografía internacional sobre reformas administrativas, sino porque nos ayuda a entender mejor tanto los cambios gubernamentales de finales del siglo xx y comienzos del xxi en América Latina, como sus posibles implicaciones en el futuro próximo. Aunque mira principalmente al mundo desarrollado, el análisis de Roberts también devela cuáles han sido las motivaciones detrás de muchas de las reformas recientes en nuestra región. Como en el caso de otras experiencias nacionales revisadas en el libro, en México y en otros países del continente se ha otorgado independencia a los bancos centrales, se han creado agencias regulatorias con mayor o menor grado de autonomía formal, se han establecido diversas reglas fiscales y se ha extendido el uso de asociaciones público-privadas regidas por contratos de largo plazo. En este sentido, el libro de Roberts nos ofrece una excelente oportunidad para informarnos sobre las ventajas, limitaciones y consecuencias potenciales de este tipo de reformas gubernamentales.

Hay, asimismo, otro tema central en La lógica de la disciplina que resulta más que oportuno para las discusiones latinoamericanas actuales: los límites que deben existir (o no) entre las decisiones administrativas y de política pública, y las preocupaciones e intere­ses políticos. Sin embargo, en este punto las circunstancias actuales de la experiencia mexicana (y probablemente de otras en la región) parecerían sugerir una ecuación inversa a la descrita en el libro, quizá más cercana a los viejos postulados de la investigación sobre ap. Mientras que la experiencia empírica lleva a Roberts a sugerir cierto escepticismo ante la idea de despolitizar las instituciones públicas, en nuestros ámbitos la tendencia actual parece orientarse precisamente a lo contrario: la búsqueda de mayor despolitización de diversos ámbitos de la gestión y las políticas públicas. De cara a una larga historia político-administrativa marcada por gobiernos descontrolados presupuestariamente, maquinarias políticas acostumbradas al uso clientelar de los servicios públicos y estructuras administrativas dominadas por la corrupción y el patro­nazgo, la lógica de la disciplina que tanto preocupa a Roberts podría plantearse en nuestro entorno como una idea no sólo deseable, sino hasta indispensable para consolidar una buena gobernanza.

Y es que, en los países latinoamericanos, durante mucho tiempo el problema central de las administraciones públicas ha sido precisamente su sobrepolitización. De ahí que surjan cada vez más propuestas alineadas con la lógica de la disciplina desde el ámbito de las élites económico-financieras, pero también desde las instituciones académicas y las organizaciones sociales. Tomando de nuevo el caso mexicano como ejemplo, es posible observar argumentos similares a los descritos por Roberts en diversas iniciativas de los últimos años: las reformas estructurales en materia de política energética (con contratos de largo plazo) o de política educativa (con la creación de un nuevo servicio profesional docente); el surgimiento de organismos constitucionales autónomos, lo mismo para temas regulatorios, como la competencia económica o las telecomunicaciones, que para la procuración de justicia o la evaluación de la política social; el establecimiento de nuevos siste­mas nacionales de transparencia y combate a la corrupción, liderados por funcionarios imparciales y apolíticos; el desarrollo de procesos de designación de altos funcionarios con base en exámenes o paneles conducidos por expertos académicos, y la reciente propuesta de establecer un consejo fiscal independiente del gobier­no para reducir