El retorno de los humildes: El proceso de cambio boliviano después de Evo

Por Albert Noguera

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presentaba su renuncia y huía en avión, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, a México, país que les concedió asilo. Dos días después, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, del partido derechista Movimiento Demócrata Social (MDS), que en las elecciones del 20 de octubre de ese mismo año se había presentado dentro de la Alianza Bolivia Dice No y había obtenido 4 escaños de los 130 que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional –un 4,24% de los votos–, era proclamada, en la cámara alta y sin quorum, presidenta del Estado. ¿Cómo entender tan extraña situación?
Con ánimo crítico pero constructivo, el presente libro analiza en detalle las causas que condujeron a la crisis política del Movimiento al Socialismo (MAS) a través de los cambios en su proyecto de gobierno, y de los modelos de Constitución, soberanía, territorio y economía derivados de él. Un escenario de conflictos, luchas por el poder, alianzas, derrotas y victorias, que nos permite entender los orígenes y consecuencias de los acontecimientos, así como el papel desempeñado en esta liza por cada actor político y social, y del cual extraer lecciones que se revelan imprescindibles para los retos futuros del nuevo Gobierno de Luis Arce Catacora.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones Akal
• Fecha de lanzamiento: 4 mar 2022
• ISBN: 9788446051756

Albert Noguera

Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia donde dirige la Cátedra de vivienda y derecho a la ciudad. Entre sus libros más recientes se encuentran «El retorno de los humildes. El proceso de cambio en Bolivia después de Evo» (2022) y, junto con Jule Goikoetxea, «Estallidos. Revuelta, clase, identidad y cambio político» (2021). En esta misma Editorial ha publicado «El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo» (2017) y «La ideología de la soberanía. Hacia una reconstrucción emancipadora del constitucionalismo» (2019).

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PRIMERA PARTE

¡Evo presidente! (2006-2019). El proceso de cambio como disputa entre proyectos de Estado

Capítulo I

Los actores de la lucha de clases en Bolivia y sus respectivos proyectos de Estado

En Bolivia, la estructura de la tierra no es solamente una cuestión de poder económico, sino también de poder social y político. En un país eminentemente agrario, la estructura de la posesión de tierras determina las relaciones sociales, el modelo económico imperante y las relaciones de poder existentes. A finales del siglo xix e inicios del xx, la creación de los Estados-nación latinoamericanos implicó la extensión del latifundio, de manera que las comunidades con tierras fueron transformadas en haciendas. Ello conllevó: 1) la imposición de una fuerte relación de dominación entre los comunarios y los hacendados, y 2) la vinculación de la propiedad de la tierra al ejercicio de la representación política. En consecuencia, existe una estrecha relación entre la formación del Estado-nación boliviano, la formación de los dominios territoriales y la formación de las elites de Estado (Radhuber, 2008: 171).

Las relaciones de propiedad son, todavía hasta hoy en muchas zonas del país, el núcleo que determina el acceso a los derechos civiles, sociales y políticos, y a partir de ellas se organiza la sociedad civil. Mientras en la historia europea los procesos de democratización han tenido que ver con las luchas por el sufragio universal y los derechos sociales vinculados al salario, en la historia de Bolivia los momentos de democratización y expansión de la ciudadanía tienen que ver con la modificación del régimen de propiedad, los recursos naturales y el control público y la colectivización de ellos, históricamente practicados a través de la estatalización (Tapia, Hoffmann, Rozo y Viaña, 2006: 28), ya sea en el año 1952 o en 2006. La lucha de clases es, en consecuencia, una cuestión de carácter eminentemente agrario.

Así pues, para entender los elementos de la lucha de clases en Bolivia hay que conocer a los actores que se disputan la estructura de la tierra en el país; cada uno de ellos con concepciones de la territorialidad, modelos económicos propios y proyectos de Estado diferenciados.

Los tres principales actores son: el campesinado, los indígenas y los empresarios.

Por un lado, el campesinado es, en Bolivia, un grupo social y/o político que se forma como tal fruto de la Revolución de 1952 en el marco del llamado Pacto Militar-Campesino (PMC) que propicia la misma. La nacionalización de la minería permitió, en esa época, financiar, mediante el excedente generado, el desarrollo agropecuario, en parte orientado al mercado interno, en parte al externo. Algunos de los bienes básicos, como el aceite, el arroz o el azúcar, son producidos por el capital productivo financiado con excedente minero y a través de empresas estatales. A la vez, el reparto de tierras de la reforma agraria dio como resultado la formación de un campesinado que con el tiempo se ha vuelto capital comercial (Tapia, 2015: 109).

Por otro, es en los años setenta con la ruptura del PMC que empieza a formarse el movimiento indígena en el marco de un proceso de reinvención de la indianidad como movimiento vinculado a las demandas de tierra y territorio (Radhuber, 2008: 163), y la agroindustria en la zona oriente del país, emergiendo la clase de los empresarios. Aunque la reforma agraria llevada a cabo durante la Revolución de 1952 hizo posible la desorganización del orden patrimonialista de estructura de la tierra en varios territorios del país –una buena parte del altiplano y los valles centrales de Cochabamba, parte de los valles de Chuquisaca y los valles de Tarija–, en otras zonas como la Amazonía y buena parte de oriente y de El Chaco, las cuales representan territorialmente casi dos tercios de Bolivia, estas estructuras patrimonialistas sobrevivieron. Ello es lo que permite el surgimiento de la agroindustria en esta zona.

Detengámonos en ver la concepción de territorialidad, el modelo económico propio y el proyecto de Estado de cada uno de estos tres actores sociales:

a) Los indígenas. En la cosmovisión indígena el territorio es considerado espacio de vida, esencial para la reproducción social, cultural, religiosa, económica y política de la sociedad. Por esto, la recuperación de las tierras originarias arrebatadas y el reconocimiento de autonomía política indígena para su autoadministración son de fundamental importancia. El territorio es visto como precondición necesaria para el ejercicio de sus derechos. El modelo económico de los indígenas es el de la economía comunal. Este es un sistema autárquico. La vida se realiza en colectividad en el interior de la comunidad y tiene como elemento central el intercambio no comercial (Radhuber, 2008: 106). Este modelo económico sólo puede realizarse en el interior del Estado plurinacional comunitario, proyecto de Estado defendido por los indígenas. Las dos principales confederaciones de organizaciones y pueblos indígenas del país son la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en oriente y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) en occidente.

b) Los empresarios. Su visión de la territorialidad es, por definición, de tipo empresarial, viendo la tierra no como bien social, sino como capital o bien comercial que sirve para el logro de beneficios económicos. En cuanto a su modelo económico, su unidad productiva principal es la empresa orientada al mercado. Las empresas agropecuarias se encuentran, mayormente, en la zona oriente del país y producen, entre otros, soya. Se puede diferenciar entre agroindustriales y agroexportadores grandes, medianos y pequeños, dependiendo de si su tierra está integrada a los ciclos de mercado o a aquellos del capital financiero. En este contexto, la tierra puede ser tanto capital industrial comercial como capital financiero para la especulación. También respecto al sector ganadero se puede diferenciar entre empresas grandes, medianas y pequeñas (Radhuber, 2008: 92-93). Históricamente, en aquellos momentos en los que el bloque patrimonialista de terratenientes, agroindustriales y empresarios ha detentado el poder en solitario, no sólo en épocas pasadas sino también a lo largo del siglo xx, ha operado en Bolivia lo que denominaremos un proyecto de Estado de régimen político precapitalista. Algunas de las principales organizaciones que los representan son la Confederación del Sector Agropecuario de Bolivia (CONFEAGRO), la Confederación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX).

c) Los campesinos. Estos tienen un componente indígena-cultural fuerte, pero están, en el marco de su actividad económica, más integrados en el mercado. Es más, muchos pequeños propietarios salieron en su momento de comunidades indígenas. El núcleo productivo por excelencia de la economía campesina es la familia, destinada a la producción familiar individual, y su forma de organización, el sindicalismo. El MAS es el partido del sindicalismo campesino, sale de la CSUTCB, en particular del sector de los cocaleros con el objetivo de defenderse frente al asedio de la política norteamericana.

El modelo económico campesino-familiar puede adoptar formas distintas en función de si se articula en complementariedad con la economía comunal indígena o con la economía de mercado empresarial. En uno u otro caso se acaban conformando proyectos de Estado distintos.

En el primer caso, de articulación con la economía comunal, la lógica económica familiar del campesinado se complementa con la lógica colectiva. La producción de parcelas individuales se orientaría prioritariamente al autoconsumo y el excedente se organizaría de manera colectiva para su comercialización, de manera que los ingresos obtenidos beneficiarían al conjunto de la comunidad. El proyecto de Estado propio de este modelo es el plurinacional comunitario.

En el segundo caso, de articulación con la economía empresarial, la economía campesina se orienta hacia el mercado y hacia la comercialización de la mano de obra y de la tierra. Sus demandas hacia el Estado pasan a centrarse en asistencia financiera, créditos de fomento, expansión de tierras, incentivos para productos agropecuarios nacionales, medidas de facilidad de contratación de mano de obra, etc., que permitan su expansión comercial y el incremento de beneficio económico. Los campesinos se convierten aquí en comerciantes, quienes llevan los productos a la venta, y pueden ser descritos como una pequeña burguesía campesina. En esta circunstancia, el proyecto de Estado defendido por el campesinado es el Estado capitalista desarrollista.

En resumen, en función de qué grupo o alianza de clases detenta el poder en Bolivia, se acaba implementando un proyecto de Estado distinto: la alianza entre elites económicas patrimonialistas defiende e implementa un proyecto de Estado de régimen político precapitalista. La alianza de clases campesino-indígena defiende e implementa un proyecto de Estado plurinacional comunitario. Y la alianza de clases campesino-empresarial defiende e implementa un proyecto de Estado capitalista desarrollista.

La victoria electoral de Evo Morales y del MAS en las elecciones de 2005 supone el inicio del proceso de cambio en el país andino, cuyo desarrollo se ha conformado como un campo de lucha o de disputa permanente entre los tres proyectos estatales citados: el Estado de régimen político precapitalista, el Estado plurinacional comunitario y el Estado capitalista desarrollista.

Centrados en lo que denominaremos el primer ciclo hegemónico del MAS (2006-2019), esta disputa está marcada, como hito determinante, por la reconfiguración de la alianza de clases gobernante que se produce a partir de 2010 en el interior del proceso de cambio boliviano.

Como explica el sociólogo boliviano Luis Tapia en sus textos «Composición de clase del estado en Bolivia» y «El Estado en condiciones de abigarramiento» (2015), podemos distinguir dos fases claramente marcadas en este primer ciclo hegemónico del proceso: una primera, que abarca el periodo 2005-2009, en la que el principal actor dirigente del proceso de cambio en Bolivia es una alianza campesino-indígena. Y una segunda, a partir de 2009-2010, en la que empieza a producirse una reconfiguración de la alianza de clases del partido de los campesinos en el Gobierno, el MAS. Rompiendo lazos con los indígenas y estableciendo una nueva alianza que supone un giro total en el proyecto de Estado.

A partir de esta periodización en dos fases, aquí defenderemos que mientras la primera fase se caracterizó por un enfrentamiento entre, por un lado, el proyecto de Estado de régimen político precapitalista –imperante hasta la victoria electoral del MAS y defendido por el bloque patrimonialista de terratenientes y empresarios– y, por otro lado, el Estado plurinacional comunitario –que conformaba el proyecto político de la nueva alianza campesino-indígena gobernante–, la segunda fase lo hizo por un enfrentamiento entre el proyecto de Estado capitalista desarrollista defendido e implementado por la nueva alianza campesino-empresarial en el Gobierno y el proyecto de plurinacional comunitario defendido por sectores sociales desplazados del proceso por el MAS.

Este último enfrentamiento entre proyecto capitalista desarrollista y el plurinacional comunitario, así como las contradicciones generadas por el mismo, es el que acaba desgastando al Gobierno de Evo Morales y creando las condiciones objetivas y subjetivas para que triunfe, aunque temporalmente, el golpe de Estado de octubre de 2019. Detengámonos a explicar esta idea del proceso de cambio como disputa entre proyectos de Estado.

Capítulo II

El periodo 2005-2009: la lucha de clases como enfrentamiento entre Estado de régimen político precapitalista y Estado plurinacional comunitario

En este capítulo veremos cómo la primera legislatura, tras la victoria electoral y acceso del MAS al Gobierno del país, transcurre como enfrentamiento y lucha entre el proyecto de Estado de régimen político precapitalista existente previamente al inicio del proceso de cambio y defendido por la oligarquía contra el proyecto de Estado plurinacional comunitario, defendido por el nuevo bloque campesino-indígena gobernante e institucionalizado en el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro en 2007.

El nuevo Estado plurinacional comunitario implica lo que llamaremos el paso del Estado-nación liberal como territorio de soberanía política singular al Estado como territorio de soberanía política plural, en cuyo interior se produce una descentralización y nuevo reparto del poder político estatal entre distintos grupos sociales poseedores de formas distintas de soberanía en coexistencia.

1. La Bolivia previa al Gobierno del MAS como Estado de régimen político precapitalista

Afirmamos que la Bolivia previa a la victoria electoral del MAS en 2005 era un Estado de régimen político precapitalista. Con ello nos referimos a que, en su interior, se daba una articulación directa entre la clase económica patrimonialista dominante y la institucionalidad política.

En los modos de producción precapitalista no existe una separación estructural entre los que dominan económicamente y los que dominan políticamente. Los mismos grupos que controlan los sectores económicos controlan también las instituciones políticas de sus sociedades. Las clases económicas explotadoras utilizan las instituciones para llevar a cabo una dominación política directa. La unidad entre lo económico y lo político lleva a que el control de la vida social por parte del grupo económicamente dominante es directo y más simple.

En el capitalismo, en cambio, ello no es así y se da una separación entre lo económico y lo político. El burgués no es, necesariamente, el agente estatal. La condensación del fenómeno político se da en una figura (el Estado) distinta a la del burgués. Es posible, incluso, que la burguesía discrepe con las políticas del Estado. Se da un desdoblamiento de lo político-estatal como instancia específica y autónoma frente a lo económico. Y ello es así porque sólo gracias a este apartamiento o autonomización de la instancia estatal respecto al capital es posible la reproducción capitalista (Mascaró, 2015: 19-20). ¿Por qué el aparato estatal no se constituye como aparato privado de la clase dominante? ¿Por qué se separa aquel de esta última, y reviste la forma de un poder público impersonal separado de la sociedad?

Las relaciones de producción capitalistas operan a través de una organización social basada en el intercambio universal de mercancías, cuyo intercambio principal es la compra-venta de fuerza de trabajo entre capital y trabajo. El capitalismo implica, por tanto, la institucionalización del trabajo libre. Las dos principales modalidades de organización del trabajo previas a la modernidad capitalista eran el trabajo forzado y el trabajo regulado. Ambas eran formas de trabajo no libre. Frente a estas dos, la modernidad capitalista introducirá, en el siglo xviii, el trabajo libre o libre acceso al trabajo, poniendo fin a los bloqueos que dificultaban el advenimiento de la condición salarial e institucionalizando el contrato como la categoría central del sistema de relaciones sociales (Castel, 1997). El reconocimiento de los derechos del hombre convierte la sociedad en un conjunto de piezas aisladas; los individuos son titulares de derechos subjetivos, que se encuentran en una supuesta condición de plena igualdad y autonomía para poder acordar, entre ellos, la firma de contratos de compra-venta de fuerza de trabajo sin otro límite que la libre autonomía de la voluntad personal.

Ello hace que en el capitalismo, la apropiación del producto de trabajo ya no se realice mediante una apropiación brusca y que implique violencia física directa, como pasaba con el trabajo forzado, sino a través de la intermediación de mercancías (trabajo a cambio de salario) garantizadas no por cada burgués, sino por una instancia tercera separada de ellos: el Estado.

El Estado se conforma como el tercero separado que habilita las condiciones para que se pueda dar el intercambio de mercancías entre ambas partes, capital y trabajo, bajo la forma salarial. Y la manera que tiene para habilitar estas condiciones son:

1. En primer lugar, mediante el reconocimiento y garantía de derechos subjetivos. Para que la celebración de un contrato de compra-venta de fuerza de trabajo pueda darse, se requiere que ambas partes contratantes dispongan de derechos. En concreto, de igualdad y libertad o capacidad de obrar. Por un lado, tiene que existir igualdad jurídica entre las partes. Yo no puedo firmar un contrato con un menor de edad o con un incapacitado; en todo caso podría hacerlo con su tutor o representante, pero no con ellos directamente, pues no estamos en condiciones de igualdad jurídica. Y, por otro lado, ambas partes han de tener libertad o capacidad de disponer y obrar. Yo soy libre para vender mi coche, pero no soy libre ni tengo capacidad de vender algo que no me pertenece. Aplicado esto a la sociedad, en una donde todos los individuos son jurídicamente libres e iguales en capacidad de disponer y de obrar, estos pueden constituirse de manera permanente como parte de contratos de compra-venta, entre otros, de fuerza de trabajo. En consecuencia, el funcionamiento del capitalismo requiere, primero, dotar de libertad a los individuos para, a continuación, hacérsela entregar. Antes debe crear individuos libres y jurídicamente iguales, ya que sólo estos pueden ser partes de contratos. Y seguidamente, una vez otorgada la libertad, pacta la abolición de la misma por vía productiva. La compra-venta de fuerza de trabajo es la pérdida de la libertad en los aspectos pactados y por el tiempo pactado, tal es la cuestión de la alienación. La compra-venta de fuerza de trabajo es la metamorfosis del trabajador jurídicamente libre en el trabajador esclavo del momento productivo. En el capitalismo con relaciones laborales basadas en el contrato, la libertad es la condición esencial de la esclavitud (Zavaleta, 2013a: 523), por eso es necesario el reconocimiento de derechos de libertad.

2. En segundo lugar, mediante la planificación macroeconómica y el derecho económico estatal. En contraposición al ideal liberal clásico, según el cual el mercado se regula por él solo, siendo capaz de resolver, mediante la ley de la oferta y la demanda y sin necesidad de intervención estatal, todas las cuestiones básicas de la economía, podemos afirmar que el capitalismo es un sistema socioeconómico cuyo funcionamiento genera, inevitablemente, un conjunto de conflictos y contradicciones que obstaculizan su desarrollo. El capitalismo tiene siempre tendencia hacia la inestabilidad, el conflicto y la crisis. Precisamente por eso, este necesita, mediante la intervención política, crear un dúctil entramado institucional, normativo e ideológico capaz de contrarrestar esta tendencia y poder generar periodos de crecimiento con estabilidad (Aglietta, 1976). Para que la reproducción ampliada de capital se pueda dar y funcionar regularmente se ha requerido, históricamente, de todo un conjunto de condiciones político-jurídicas. Por ejemplo: tradicionalmente, para que un empresario haya podido obtener excedente que reinvertir necesitaba de políticas macroeconómicas que asegurasen que la cantidad cada vez mayor de mercancías producidas se pueda vender. Para que pudiera reinvertir en mejorar su maquinaria, necesitaba de la existencia de una organización del sistema productivo que asegurara que otro capitalista fabricase la maquinaria necesaria para el primero. O, para conseguir fuerza de trabajo mejor capacitada, eran necesarias escuelas y universidades para su formación. En consecuencia, la reproducción ampliada no se puede dar en un contexto de mera espontaneidad, sino que necesita, para poder funcionar, de circunstancias económicas, pero también políticas, que garanticen las condiciones necesarias para su reproducción. Esto es, de intervención de la institucionalidad política.

Muchas veces se comete el error de pensar que la microeconomía y el derecho civil, en tanto que estudian y regulan la circulación de mercancías, son la ciencia y la técnica propias del capitalismo, mientras que la macroeconomía y el derecho económico estatal, en tanto que estudian y regulan la intervención estatal sobre la economía, son la ciencia y la técnica contrarias al capitalismo. Esto es absolutamente falso. La microeconomía y el derecho civil o intercambio de mercancías son el fenómeno primario, pero no esencial, del capitalismo; el mercado o el intercambio no necesariamente deben usarse para acumular cada vez más beneficios, sino que pueden usarse con otros objetivos. En cambio, la macroeconomía y el derecho económico sí que constituyen el fenómeno esencial del capitalismo; estos son los que se ocupan de organizar y garantizar el proceso general de expansión o revalorización constante del capital. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar la organización general de la economía mediante el análisis de las variables económicas agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el com­portamiento general de los precios, etc. Esto es, de garantizar mediante el estudio, la ordenación y la organización de la economía; las condiciones necesarias para que se pueda dar el proceso permanente de reproducción ampliada del capital, es decir, del capitalismo. La macroeconomía es una ciencia y el derecho económico una técnica legislativa funcionales al desarrollo y expansión del capitalismo (Correa, 2013: 254).

Es precisamente por ello que el Estado se conforma como un aparato tercero que habilita los mecanismos jurídicos e institucionales de intermediación para el ejercicio de explotación entre capital y trabajo, posibilitando la reproducción capitalista. Sin este, el dominio del capital sobre el trabajo asalariado sería directo, o sea, sería esclavitud o servidumbre, pero no capitalismo. Siendo un aparato tercero y autónomo en relación con la explotación, el Estado no es ningún burgués en particular, ni está tampoco inmediatamente en función de ningún burgués. Su separación con respeto a todas las clases e individuos constituye la condición de posibilidad para la propia reproducción del capital (Mascaró, 2015: 21). El aparato estatal es quien establece y garantiza las instituciones de la propiedad o del contrato, del principio jurídico de la libre disposición sin el cual es ininteligible el concepto económico de mercancía y el resto de vínculos jurídicos sin los cuales no podría darse el proceso de valorización del capital por medio de la relación salarial.

A esto nos referimos cuando afirmamos que, a diferencia de las sociedades precapitalistas en las que se produce una articulación directa entre la clase económico patrimonialista dominante y la institucionalidad política, en las sociedades capitalistas el Estado se conforma en un ente tercero autónomo habilitador de las relaciones de explotación que ligan el capital con el trabajo y sin el cual no sería posible la reproducción capitalista.

Pues bien, visto esto, podemos afirmar que la pauta predominante en Bolivia hasta el inicio del proceso de cambio liderado por el Gobierno del MAS a partir de la victoria electoral en 2005 había sido la existencia de un Estado de régimen político precapitalista.

Hasta este momento se daba, en el país andino, una relación directa entre orden patrimonial y poder político. Lo que consistía en que la clase de los terratenientes había formado parte de todos los bloques económico-políticos dominantes en los últimos siglos y sus miembros habían ocupado en persona las posiciones en los poderes legislativo y ejecutivo. Se producía una articulación de la clase terrateniente con el poder estatal. Los empresarios agroindustriales y terratenientes ocupaban, personalmente, los puestos de presidente de la república, ministros, diputados y autoridades regionales. De esta manera, el poder estatal era usado para reproducir y ampliar las relaciones patrimonialistas. El Estado era usado directamente para redistribuir a su favor más tierras y recursos en beneficio de la reproducción de su poder y de las estructuras que lo configuran en los territorios de su dominio (Tapia, 2015: 46).

2. El enfrentamiento entre los proyectos de Estado de régimen político precapitalista y plurinacional comunitario

Tras las elecciones generales de diciembre de 2005, en las que Evo Morales gana la presidencia del país y el MAS obtiene una mayoría de 72 de los 130 miembros de la Cámara de Diputados, los sectores patrimonialistas quedan en minoría en las instituciones centrales del Estado y son sustituidos por una nueva burocracia política conformada por dirigentes sindicales, indígenas aymaras y quechuas y profesionales de capas medias. Ello rompe la histórica y anteriormente descrita situación instrumental del Estado como espacio de articulación entre los titulares del poder económico patrimonial y las estructuras de autoridad estatal (Tapia, 2015: 55).

Expulsadas del poder del Estado central, la burguesía optó por replegarse en regiones de seguridad: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los departamentos de la llamada media luna. Se produce una regionalización de la burguesía, renunciando con esta actitud a la hegemonía nacional. Ante la coyuntura de auge de la alianza campesino-indígena, la burguesía decide contrarrestar su debilidad concentrándose en el control de las instituciones departamentales de aquellas regiones poseedoras de la mayor parte de los recursos naturales del país y articular, desde allí, una demanda de descentralización y autonomía política. La reivindicación de autonomía para estos departamentos perseguía un doble objetivo:

1. Una vez logrado controlar, mediante la victoria electoral, los gobiernos departamentales y convertir estos en su fortín, la autonomía se plantea, por parte de la oligarquía de oriente, como una simple habilitación de técnicas jurídicas destinadas a otorgarse, en la zona con más recursos naturales del país, capacidad de gestionar sus intereses económicos propios a través de políticas propias (Prada, 2005: 80-81). Ello significa que a nivel de gobiernos regionales se sigue dando el acoplamiento entre estructuras económicas de poder patrimonial y estructuras políticas (Tapia, 2015: 46).

2. Y les sirve también para construir, mediante plataformas cívicas, como son los Comités Cívicos, una demanda social transversal útil para afrontar, en un clima de choque, la guerra de clases contra el Ejecutivo. La reivindicación autonomista de los departamentos de la media luna surge, en este momento concreto, también por motivos político-estratégicos.