Los agricultores alemanes llevan dos semanas en pie de guerra. Por todo el país columnas bien ordenadas de tractores ha tomado carreteras y autopistas y se han plantado el centro de grandes ciudades como Múnich o Hamburgo. A modo de remate, las movilizaciones llegaron a Berlín la semana pasada en una marcha multitudinaria. Caravanas de tractores provenientes de toda Alemania desafiaron el frío y a la nieve y penetraron en la capital cortando el tráfico. Mostraban pancartas en las que se denunciaba la agenda climática del canciller Olaf Scholz, a quien culpan de buena parte de sus problemas.

El origen de esta revuelta hay que ir a buscarlo al 4 de enero. Ese día el Gobierno anunció que suprimiría el subsidio al gasóleo. Los agricultores son muy dependientes de este combustible ya que toda su maquinaria funciona con él. Hasta la fecha reciben un subsidio de 21 céntimos por litro, es decir, alrededor del 12% del precio de venta al público. Ese descuento supone unos 1.700 euros de ahorro anual para el granjero medio, pero cuesta al contribuyente alemán unos 440 millones de euros. Esto de eliminar este subsidio es algo que tanto ecologistas como liberales pedían desde hace tiempo. Los primeros por cuestiones medioambientales, los segundos por razones presupuestarias. Ambos, dicho sea de paso, forman parte del gabinete de Scholz.

440 millones de euros no es mucho para el Estado alemán, cuyo gasto anual se acerca a los dos billones de euros. Pero Scholz quiere hacer algunos ajustes. A finales del año pasado el Tribunal Constitucional dictaminó que el Gobierno no podría emplear los 60.000 millones de euros sobrantes del plan de recuperación pandémico. Eso dejó un agujero de unos 17.000 millones de euros en las cuentas públicas que el Gobierno se ha apresurado a tapar. La eliminación del subsidio al gasóleo agrícola forma parte de ese plan de recortes para que las cuentas cuadren.

Los agricultores protestaron airadamente arguyendo que el fin del subsidio supondría la quiebra de muchas explotaciones agrícolas. Scholz se avino a negociar y decidió acabar con el subsidio, pero no de golpe, sino de forma gradual en el plazo de tres años. A los granjeros tampoco les satisfizo y fue entonces cuando convocaron las tractoradas que hemos visto en los últimos días. Una vez en carreteras y calles las marchas adquirieron tintes políticos. Los agricultores en Alemania suelen ser conservadores, por lo que aprovecharon la ocasión para manifestarse contra el Gobierno, al que acusan de aplicar una política medioambiental que está arruinando al país.

Los motivos de la protesta son cuestionables ya que los agricultores alemanes están hipersubsidiados y sus ingresos son altos, pero todo lo que ha sucedido en Alemania en estos primeros días de enero no es más que un síntoma de algo mucho más profundo. La economía del país está estancada, la inflación es anormalmente alta, los tipos de interés también lo son y las exportaciones no funcionan como solían. La ambiciosa legislación medioambiental que afecta directamente a la generación de energía y la industria no ha hecho más que agravar los problemas de fondo que, esos sí, tienen una solución mucho más complicada.

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