Aquellos mitos con los que mataron: Valores, democracia y terrorismo

Por Antonio Rivera y Eduardo Mateo

El terrorismo nos deja y nos quita cosas. ETA nos dejó casi sin cuestionar una serie de lugares comunes y falsas convenciones que le sirvieron para justificarse y reparar solo en las formas violentas ante la sociedad nacionalista. Son los mitos que matan, aquellos que, como la teoría de los dos bandos, la inevitabilidad de la violencia política o el epítome recurrente (y falso) de la ciudadanía como el Pueblo Vasco, entre otros, sostuvieron ideológicamente el crimen. Con el fin del terrorismo, esos argumentos siguen vivos y penetrando entre sectores contrarios a la violencia, y, sobre todo, entre grupos jóvenes. Pero el terrorismo nos quitó también cosas. Erosionó profundamente la convicción ciudadana en axiomas como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio legal y justo, la división de poderes, el respeto de la pluralidad social, el rechazo de la violencia política, la defensa de la democracia como mecanismo de resolución pacífica de los conflictos, y un largo etcétera.
Este libro plantea una reflexión acerca de esos lugares comunes que nos dejó en herencia el terrorismo de ETA y de esos valores que nos arrebató o que cercenó, y que necesitamos recuperar para ser una sociedad normalizada, democrática y decente. Un empeño que debe formar parte de las políticas públicas de memoria si se quieren desactivar los mecanismos que un día propiciaron o dieron posibilidades a la violencia política.

• Idioma: Español
• Editorial: Los Libros de la Catarata
• Fecha de lanzamiento: 11 sept 2024
• ISBN: 9788410671294

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y directivo de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Es investigador principal del grupo "Nacionalización, Estado y violencias políticas. Estudios desde la Historia Social". Ha sido investigador principal del proyecto Mineco VIOPOL ("Violencia política, memoria e identidad territorial") y de "Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco". Entre sus últimos títulos destaca la dirección de dos obras colectivas: Naturaleza muerta. Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo (2018) y Nunca hubo dos bandos. Violencia política en el País Vasco 1975-2011 (2019). En 2021, publicó 20 de septiembre de 1973. El día en que ETA puso en jaque al régimen franquista. Ha publicado el volumen Historia de las derechas en España (2022).

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Víctimas que no se ven. Lo que se llevó

y nos dejó el terrorismo

Antonio Rivera blanco

y Eduardo Mateo santamaría

El terrorismo es un procedimiento para acercar o conseguir un objetivo político, una elección a favor de la violencia como medio para llegar antes a los fines propuestos. En su actuación ha sido causa directa de muertos y heridos, de desplazados y expulsados, de silenciados y aterrorizados, pero su intención no es esa: con esas víctimas vicarias trata de influir decisivamente sobre el conjunto de la población y sobre el Estado para que una y otro desistan y dejen hacer, para que faciliten los pasos para alcanzar el objetivo formulado por los terroristas y por la cultura política que los sostiene.

Lo que nos dejó

A semejanda de otros, el terrorismo etnonacionalista vasco, el de ETA, amenazó y mató desde sus inicios en 1959 hasta su final en 2011, convirtiendo antes y después a sus posibles y a sus seguras víctimas en cosas, no personas. En cuanto que práctica social extraordinaria, inusual, la violencia política necesita superar la limitación que la condición humana establece al hecho de matar y necesita para ello subvertir el contexto social, las costumbres y las normas, además de la moral, de manera que pueda acumular y mantener el relativo respaldo social que precisa para funcionar y resultar operativa. Ambas cosas suponen una exigencia más que notable y requieren de un relato apropiado para desactivar valores que impiden rebasar esa frontera tan básica, la que separa la vida de la muerte voluntariamente arrebatada. Determinados mitos juegan ese papel. Son mitos que matan, porque soportan la acción criminal tanto de los perpetradores como de la sociedad en que se produce su intervención violenta y que en alguna medida los entiende al compartir parte de sus objetivos. Son creencias fuertes, de las que se derivan actitudes e interpretaciones sobre la cultura política común de esa sociedad, al punto de formularse alternativamente a esta o contender con sus postulados mediante su rechazo o su erosión.

Los terrorismos también necesitan impugnar, poner en cuestión o desvalorizar los principios sobre los que se apoya una convivencia democrática. Algunos de estos principios son la presunción de inocencia, el derecho a un juicio legal y justo, la división de poderes, el respeto de la legalidad, la diferencia entre la violencia legítima y controlada ejercida por el Estado de derecho y la llevada a cabo por un grupo privado ilegal, el respeto del diferente y de la pluralidad social, la defensa del pluralismo como valor, el rechazo del uso de la violencia para lograr ventajas u objetivos políticos o de otra naturaleza, la defensa de la democracia como mecanismo de resolución pacífica de los conflictos y de la diferencia de intereses y propuestas, el respeto a lo manifestado por las mayorías y al que merecen las minorías, la defensa inquebrantable del derecho a la vida y a la dignidad de las personas, el derecho a tener una opinión y a manifestarla… La lista sería interminable. Detrás del terrorismo hay una precisa propuesta de carácter totalitario, que pretende sintetizar la pluralidad de una sociedad en una única consigna social y política, puesta al servicio y bajo la dirección de la organización y de la cultura política que la representa; en nuestro caso, el de los vascos, esta fue ETA.

Como nuestro terrorismo doméstico también había sido la elección de un grupo político y no la consecuencia inevitable de un estado de cosas, como tantas veces se argumentó, su final fue también el de la muerte y el del temor que producían. La relación causa-efecto no era tal, era falsa en cuanto secuencia inexcusable, y así lo demostró el hecho de que, disuelta la banda, la sociedad recuperó una vida normal, porque no existía en el tiempo de la democracia ninguna anormalidad estructural a la que debiera necesariamente que responder ETA con sus formas violentas. Su final forzado y asumido supuso también la derrota de sus partidarios, que no lograron ninguno de sus objetivos últimos, aunque sí cincelar con la violencia el carácter de la sociedad sobre la que actuaban; por ejemplo, hoy sus sucesores reciben más votos, precisamente, allí donde partieron con más apoyos y allí donde ejercieron una violencia más insistente. El terrorismo en absoluto es inútil y no resulta siempre contradictorio con las posibilidades de quienes lo utilizan; depende de los momentos y de la situación, lo que los lleva a ir variando de estrategias para alcanzar esos objetivos.

Es claro que ni la independencia del País Vasco ni el establecimiento de un régimen socialista ni la constitución de un espacio político común con Navarra y los territorios vascofranceses ni otras cuestiones más que pretendían los terroristas y sus apoyos son hoy realidad; lo que depare el futuro no lo conocemos. Pero eso no nos debe hacer perder de vista que sus finalidades, métodos y criterios totalitarios, contrarios por completo a la pluralidad de la sociedad vasca y a la legitimidad del Estado democrático de derecho en España, camparon durante decenios por sus respetos, dieron forma a su cultura política e influyeron en el conjunto social hasta hacerlos en alguna medida cotidianos, nuestros. La lógica de los violentos se impuso con reiteración e insistencia, al punto de que nos sorprendemos retrospectivamente viendo cómo sosteníamos modos de pensar insólitos para una sociedad normalizada, democrática. Así, familiares de víctimas que exigían a los terroristas una explicación política de las razones de su actuación contra sus deudos, debates en los medios sobre si un empresario extorsionado debía o no pagar por su rescate o por su seguridad, asunciones acríticas de que algo habrá hecho y que por eso resultaba lógico un secuestro seguido de asesinato (ejecución) tras un supuesto juicio a cargo de los propios criminales, alteración constante del lenguaje para acomodarlo a las necesidades de los terroristas (impuesto revolucionario, acción o ekintza, negociación), alusiones al contexto explicativo para justificar los hechos más aberrantes, referirse al terrorismo como ciclo histórico, descripciones periodísticas de los crímenes en términos impersonales, como producidos por un hecho natural e incontrolable, etc.

El anticipo de la derrota política y militar obligó al entorno civil de la banda a una transformación más o menos sincera de su estrategia para incorporarse con garantías a la normalidad democrática de la que se le había expulsado por sus métodos violentos a comienzos del siglo XXI. Al interpretar esa violencia anterior como un ciclo político perfectamente mutable por mor de las necesidades estratégicas, la izquierda abertzale resolvió dejarla a un lado en cuanto que perniciosa y contradictoria ya para el logro de sus fines. Pasó entonces a un procedimiento estricta y únicamente civil, respetando el juego político y sus condiciones, aquello que impugnó voluntariamente cuando el resto de la sociedad vasca y española, y sus fuerzas políticas y sociales, iniciaron definitivamente en 1977 el camino hacia la democracia y el autogobierno.

Por eso, en cuanto tan importante cambio se produjo en la estrategia y no en los objetivos ni en los argumentos sobre los que sostener estos, aquellos mismos mitos sobre los que se instaló y justificó el recurso a la violencia durante años siguen en buena medida vigentes, y gozan hoy de gran predicamento social. Algunos de los más instrumentalizados son la teoría de los dos bandos, la inevitabilidad de la violencia política en el contexto en que nació ETA, el País Vasco victimizado históricamente por sus vecinos o la unicidad y continuidad en el tiempo de ese epítome recurrente (y falso) de la ciudadanía vasca: el pueblo vasco. Muchas personas, particularmente jóvenes, que nada tuvieron que ver con el apoyo al terrorismo y que desdeñan hoy aquella práctica, sostienen sin el más leve cuestionamiento esas falsedades que sirvieron a algunos para justificar su recurso a la vía armada. Aquellos mitos con los que mataron continúan vivos y lozanos, sobreviven a su violencia y siguen influyendo en la sociedad posterrorista.

Lo que nos quitó

Si esto se puede decir respecto de lo que nos dejó el terrorismo: un cúmulo de falsedades todavía hoy presentes y vivas, en cuanto que han sido defendidas por toda la comunidad nacionalista y no solo por la suya, la de la izquierda abertzale que lo respaldó, algo similar ocurre con lo que nos arrebató o se ha visto resentido. Como las anteriores mentiras que nos legó, tampoco los valores arrebatados o cercenados se aprecian como pérdida, porque no formaron parte de los fundamentales a defender con convicción y denuedo por parte de una sociedad como la vasca, progresivamente nacionalista, más atenta por eso a las expresiones comunitarias que a las democráticas. El crimen resultó siempre repulsivo por lo que era, pero no por lo que sobre todo quería significar; ese es un debe profundo con el pasado que arrostra la comunidad nacionalista vasca. Esos valores son algunos tan principales como la citada democracia —aunque aquí todo el mundo cabe, al ser tan polisémico el término—, el Estado de derecho o la defensa del pluralismo. Realmente, era contra eso contra lo que luchaban los terroristas, y ese era el objeto vicario cuando atentaban contra un ser humano. Pues bien, acabado el terrorismo no se ha reflexionado lo suficiente acerca de cómo los lugares comunes en que se soportaba resintieron esos axiomas necesarios para la organización social y política, esas convicciones profundas que una ciudadanía sana debe defender casi instintivamente, sin pensárselo. En ese sentido, esos valores singulares de la convivencia no han sido suficientemente reivindicados, no se ha hecho aún el esfuerzo ni institucional ni social por recuperar lo perdido, por asentar un futuro sin terror ni terroristas, pero sobre bases cívicas firmes, sentidas, asumidas y compartidas.

El XXI Seminario Fernando Buesa abordó en octubre de 2023 aquello que nos dejó el terrorismo vasco y aquello que se perdió por él en parte o al completo¹. Los invitados para la ocasión trataron de identificar de qué hablamos al referirnos a esos valores, cómo se vieron erosionados o cuestionados y, sobre todo, cómo podemos recuperarlos e instalarlos en el escenario social para ser de verdad una sociedad abierta, democrática y plural a todos los efectos, sin cortapisas, silencios o espacios oscuros. Dicho de otra manera, se trataba de identificar qué bienes reparables hemos perdido en estos 50 años de terrorismo, ya que los irremediables, los que se refieren a sus víctimas directas e indirectas, ya no tienen la misma solución. Los escenarios de análisis volvieron a ser los de otras veces: el ágora pública, los compromisos y obligaciones institucionales, el posicionamiento y responsabilidad ciudadanas o el sistema educativo como ámbito privilegiado de reproducción de valores sociales.

Los valores son una construcción social que necesita de ciudadanos dispuestos a hacer que estos sean positivos, dignos de una vida buena y de una sociedad decente. La democracia necesita de demócratas. En ese sentido, se constató con diferentes ejemplos cómo el terrorismo erosionó las convicciones sociales que sostienen la democracia y el Estado de derecho. El cuestionamiento de las instituciones, la naturalización de la violencia, el rechazo de las diferencias de criterio, los relatos míticos soportados en creencias peligrosas para la continuidad de una sociedad abierta, la conversión de la política en un juego de enemigos excluyentes, el desplazamiento de las minorías del círculo del prestigio social… Son muchas las expresiones que ha tenido como causa o como efecto el terrorismo a la hora de hacer nuestras sociedades más débiles, menos reflexionadas y menos sólidas ante la amenaza de cuestionamientos de esa naturaleza.

De ahí la necesidad de identificar los vacíos producidos, las heridas culturales, y la de apostar por un fortalecimiento cívico de nuestra comunidad que no se limite a la escuela como escenario formativo, ni tampoco a lo irremediable que produjo el terrorismo, sino que aborde de manera ubicua, en todos los espacios posibles y con una atención singular todos esos intangibles políticos que nos fueron arrebatados. En esa tarea de reconstrucción quizás la primera necesidad sea la de comprender lo que ha pasado aquí en los años pretéritos a partir del conocimiento riguroso de lo sucedido y a partir de una valoración comprensiva de esos hechos y procesos. Comprender, como escribió Hannah Arendt, consiste en dotar de sentido a lo ocurrido, para ubicarlo adecuadamente en el contexto en que se produjo y para que nos sirva como instrumento de intervención social, no solo como saber. En definitiva, revisar la comprensión inicial de una cosa para que la hagamos nuestra en su complejidad y para que nos resulte útil particular y colectivamente.

Pero afirmar que la democracia y el Estado de derecho se vieron erosionados por la acción terrorista y por las justificaciones sociales que le dieron sustento activo o comprensión pasiva puede ser una aserción evanescente e imprecisa. Se entiende, pero no se acierta a ver el hecho concreto. El exmagistrado Juan Luis Ibarra tuvo el acierto en su intervención inaugural de trasladarnos al meollo de la cuestión mediante una situación del presente. La campaña que se desató después del verano de 2023 en contra de las decisiones de algunos jueces a la hora de juzgar las normas legales sobre la política lingüística y los derechos de los trabajadores o los criterios de contratación laboral. En su intervención en el seminario —que detalla en su capítulo en este libro— explicó cómo esas sentencias tenían su sentido jurídico, cómo no eran ni disparatadas ni malévolas, más allá de que se pueda discrepar lógicamente de ellas y de sus consideraciones técnicas. Sin embargo, los activistas de esa referida campaña habían descalificado a esos magistrados y los habían unificado (y cosificado otra vez) como enemigos del euskera, como ajenos a la comunidad vasca, como contrarios al dictamen que ya habría establecido un supuesto pueblo vasco.

Es un lenguaje y una práctica social que reconocemos: la exclusión de un colectivo del marco comunitario porque se interpreta que actúa en contra de este; la conversión de la diferencia de criterio en un posicionamiento que directamente te expulsa, te hace ajeno; la transformación de un colectivo en un todo único y perverso a partir de la existencia de unos pocos casos concretos; la impugnación, en definitiva, del Estado de derecho, al tratar resoluciones judiciales como algo rechazable sin más. Incluso podría considerarse el hecho no menor de que esos jueces resuelven sobre normas elaboradas por legisladores vascos, no extraños a la comunidad.

El caso es que ese tipo de campañas fue constante en otros tiempos y, lo peor, que eran seguidas en ocasiones de la amenaza, la coacción e incluso la acción criminal. Primero se dibujaba al enemigo, individual o colectivo, y luego se le cosificaba para prepararlo para su rechazo al nivel que fuera. Una manera de intervenir socialmente que, además de evidentemente criminal en muchos casos, era en todos ellos profundamente antidemocrática, porque no se limitaba a lo que permite la movilización de la opinión pública y de los intereses legítimos de colectivos y grupos, sino que colocaba al otro en la condición de enemigo ante el que todo o casi todo estaba permitido. En ocasiones perdimos para siempre el bien de la vida a través de este procedimiento de presión social inaceptable, pero en todos perdimos la esencia de la democracia como manera de relacionarse los ciudadanos que pensamos de maneras diferentes. También, lógicamente, perdió el Estado de derecho, impugnado por una supuesta mayoría popular que retenía para sí todo el bien, todo el acierto, e incluso una legitimidad confrontada y superior a aquel. En todos los casos, Estado de derecho y democracia eran enfrentados, sin analizar de qué manera uno y otra se relacionan, sin considerar que uno y otra son cosas diferentes, pero necesariamente complementarias en un sistema como el nuestro. La democracia se convirtió entonces en el poder sin restricción de la supuesta mayoría, complementada y legitimada en ocasiones con la práctica criminal por motivos y objetivos