Migrascapes: paisajes étnicos, mediáticos y de ideas

Por Anastasia Bermúdez Torres, Simone Castellani, Francisco José Cuberos Gallardo y 3 más

La imaginación no es equivalente a lo ilusorio, es una parte constituyente de lo social. De hecho, todos vivimos en comunidades imaginadas, y habitamos un mundo que va más allá de nuestra experiencia o conocimiento empírico. En la actualidad, la imaginación social de la realidad, como campo productivo, está marcada por la relación entre las cotidianeidades localizadas y los diversos flujos globales: financieros, ideológicos, étnicos, mediáticos y tecnológicos. Las articulaciones cambiantes e incompletas entre estos flujos han sido llamadas paisajes (scapes), una metáfora para recordarnos su dimensión percibida y construida, dinámica e interdependiente. Migrascapes, los paisajes migratorios, es una investigación colectiva que nació de nuestra preocupación por las transformaciones de distintos flujos globales durante y a partir de la pandemia de COVID-19. El presente libro recopila distintos ensayos que llaman la atención sobre algunas de las más acuciantes transformaciones en el ámbito de la imaginación política, ideológica, mediática, de representación y de gobierno.

• Idioma: Español
• Editorial: Los Libros de la Catarata
• Fecha de lanzamiento: 27 jul 2023
• ISBN: 9788413527840

Anastasia Bermúdez Torres

Profesora titular en Antropología Social y miembro del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina (Universidad de Sevilla). Igualmente, está asociada al Centre for Ethnic and Migration Studies (Université de Liège). Sus temas de investigación incluyen las migraciones latinoamericanas hacia Europa y, en particular, el caso colombiano.

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Capítulo 1

Introducción

Emma Martín Díaz

1.1. Paisajes étnicos, mediáticos y de ideas: estrategias de investigación e instrumentos para su creación desde una perspectiva de género

Esta monografía tiene como objetivo la exploración de la incidencia de los procesos migratorios y el incremento de los desplazamientos masivos de población a escala global en las formas de organización y las representaciones sociales tanto de los migrantes como de la sociedad receptora en su conjunto. Es el resultado del proyecto de investigación Ethnic, media and ideological landscapes in Europe. Multi-level analysis of the impact of migration and asylum on values from a gender perspective (MIGRASCAPE), financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía en el marco del Programa FEDER (Código US-1260419). El proyecto sufrió importantes modificaciones debido a la situación de pandemia. La situación de confinamiento total, primero, y la posterior situación de incertidumbre y restricciones en torno a la posibilidad de los desplazamientos territoriales, obligó a una reformulación total de la investigación, determinada por la imposibilidad de trabajar con las herramientas propias de la antropología clásica. En un principio, la metodología propuesta en el proyecto planteaba la articulación del método antropológico tradicional —trabajo de campo, observación participante, etnografía visual y entrevistas en profundidad— con la etnografía virtual —basada en la netnografía y el análisis del discurso como herramientas principales—. Del análisis comparado de estos dos planos de la realidad se preveía elaborar una serie de cartografías que plasmaran los distintos paisajes. Sin embargo, el contexto en el que se ha desarrollado la investigación nos obligó a centrarnos en la dimensión virtual de los procesos sociales. Por tanto, los procesos culturales globales analizados en este trabajo se basan en el material presente en los canales de comunicación en Internet y en las redes sociales virtuales, extraído conforme a una metodología diseñada ad hoc.

1.2. Antecedentes de la investigación

1.2.1. Los paisajes como marco conceptual para entender la producción cultural en tiempos de pandemia

El marco teórico y conceptual en el que se basa el proyecto parte del trabajo de Arjun Appadurai (1990) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy¹. En él, el autor señala que el problema central de las actuales interacciones globales son las tensiones presentes entre la homogeneización y la heterogeneización cultural. Con el objetivo de explorar estas tensiones, propone poner el foco en cinco dimensiones de los flujos globales, que denomina paisajes. Están los paisajes étnicos (ethnoscapes), los paisajes mediáticos (mediascapes), los paisajes técnicos (technoscapes), los paisajes financieros (financescapes) y los paisajes de ideas (ideoscapes). Para esta investigación, hemos seleccionado tres de estos paisajes: los étnicos, los mediáticos y los de ideas, sin que ello signifique que no hayamos tenido en cuenta los técnicos y los financieros como elementos imprescindibles del marco global.

De acuerdo con Appadurai, un paisaje étnico es el paisaje de personas que integran el cambiante mundo en el que vivimos: turistas, inmigrantes, exiliados, trabajadores invitados y otros grupos y personas móviles, que constituyen una característica esencial del mundo actual y afectan las políticas de y entre naciones en un grado sin precedentes. Por su parte, los paisajes mediáticos refieren a la distribución de las capacidades electrónicas para producir y diseminar información, que ahora está disponible para un creciente número de intereses públicos y privados, como a las imágenes creadas por esos medios. Según el autor, lo más importante de estos paisajes mediáticos es que proveen de un extenso y complejo repertorio de imágenes, narrativas y paisajes étnicos a los espectadores de un mundo en el que las mercancías y las noticias están profundamente mezcladas. Finalmente, los paisajes de ideas son también concatenaciones de imágenes, pero estas son a menudo directamente políticas y frecuentemente tienen que ver con las ideologías de los Estados y las contraideologías de los movimientos dirigidos explícitamente a captar el poder del Estado o una parte de este. Appadurai concluye afirmando que el punto crítico es que ambas caras de la moneda de los procesos culturales globales actuales son producto de una competición mutua, infinitamente variada, de semejanza y diferencia en un escenario caracterizado por desarticulaciones radicales entre diferentes tipos de flujos globales y paisajes inciertos, creados en y entre estas desarticulaciones.

La propuesta teórica de Appadurai nos apela a trascender el nacionalismo metodológico basado en el análisis de las políticas de los Estados, pero también a ir más allá del marco del análisis institucional a escala regional y global como contenedor de los procesos culturales globales. Es evidente que toda investigación sobre los flujos migratorios globales obliga a conocer y analizar las políticas institucionales, ya que estas constituyen el entramado normativo que condiciona la forma específica que adquiere la movilidad humana en cada contexto, pero también resulta fundamental analizar las respuestas que la sociedad civil organizada da a estas políticas. Según Habermas (1989), estas respuestas serían el eje de la construcción del patriotismo constitucional, que propuso como motor de la Unión Europea como entidad política. En el análisis de estos flujos se ha podido observar cómo, en momentos clave marcados por crisis que han puesto a prueba los valores de libertad, seguridad y justicia que fundamentan esta Unión, las respuestas de los Gobiernos y las de la ciudadanía han diferido de manera notable, mostrando las desarticulaciones existentes tanto en estas políticas como en las respuestas que generan.

Respecto a las políticas institucionales, es fácil percibir lo que algunos autores (Scholten y Penninx, 2016) han denominado gobernanza multinivel. Según ellos, las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración están sustancialmente fragmentadas y descoordinadas, a pesar de los crecientes esfuerzos por institucionalizar la relación vertical existente entre los diferentes niveles de gobernanza. Por su parte, Meissner y Vertovec (2015), como forma de arrojar luz sobre tres aspectos interconectados de los procesos culturales globales, desarrollan el concepto de superdiversidad: (1) un término para referirse a la configuración cambiante de la población como consecuencia de los flujos migratorios globales de las últimas tres décadas, en consonancia con los paisajes étnicos de Appadurai; (2) una estrategia metodológica relacionada con la necesidad de estudiar las nuevas formaciones sociales generadas por estos procesos migratorios, y de repensar los modelos de desigualdad, prejuicio y segregación, pero también de cosmopolitización y criollización, que permita trascender la dicotomía creada entre transnacionalismo e integración, y, por último, (3) el concepto de diversidad tendría una dimensión de aplicabilidad política, pasando el foco de la dimensión étnica a la dimensión legal.

La gobernanza multinivel de las superdiversas ciudades europeas implica asimismo analizar hechos clave como la participación ciudadana y la innovación social, en todos los ámbitos en los que tiene lugar: local, regional, nacional o transnacional. En este ámbito de la participación política, la teoría de los paisajes de Appadurai, así como la teoría del bricolaje desarrollada en el ámbito de la organización sindical (Martín Díaz y Roca, 2021) o la teoría del diseño (Latour, 2008) coinciden en poner el énfasis en la dimensión creativa de los procesos sociales. Del mismo modo, Eizaguirre (2016) considera que una entidad socialmente creativa debe abordar las dinámicas de exclusión social centrándose en tres dimensiones básicas: (1) generando mecanismos redistributivos que no están garantizados ni por el Estado ni por el mercado; (2) desarrollando mecanismos para el empoderamiento cultural de los sujetos que les permitan revertir su situación, y (3) produciendo cambios políticos en la esfera pública en referencia a las relaciones de poder que afectan a la desigualdad entre los grupos sociales.

Aunque resulta prácticamente imposible encontrar en la actualidad entidades que puedan satisfacer con éxito total estas tres dinámicas, sí que encontramos en nuestra investigación interesantes intentos de abordar estas tres dimensiones con éxito relativo. De este modo, hay entidades que llegan a donde los Estados no pueden, o no quieren, llegar: (1) generando mecanismos propios de redistribución basados en el apoyo mutuo y en la solidaridad; (2) creando y difundiendo mensajes que luchan contra los estereotipos y prejuicios culturales de una manera proactiva, construyendo su propio discurso impugnador, y (3) promoviendo acciones encaminadas a conseguir cambios políticos. Podemos afirmar que, en su conjunto, estas acciones han propiciado la articulación y consolidación de un movimiento transnacional por los derechos civiles, cuestionando con su propia existencia y acciones reivindicativas las políticas nacionales de los Estados y la política de fronteras de la Unión Europea, como tendremos ocasión de demostrar a lo largo de los capítulos que componen esta obra.

1.2.2. La perspectiva de género

Un rasgo común de las propuestas teóricas esbozadas en este capítulo introductorio es que ignoran un hecho esencial: ni la movilidad, ni las representaciones sociales que genera, son iguales para los hombres y para las mujeres. La Unión Europea adoptó la estrategia de Naciones Unidas de políticas de igualdad para los hombres y las mujeres (Pekín, 1995) a través del Cuarto programa sobre igualdad de oportunidades (1996-2000). En las líneas establecidas por el Consejo Europeo (1999) y el Parlamento Europeo (2000), esta perspectiva de género debe incorporarse a todas las políticas, niveles y estadios. Como señala certeramente Lombardo (2003), para alcanzar este objetivo es necesario sustituir la perspectiva integracionista, usada para incluir las cuestiones de género en el modelo político actual, y que no tiene como objetivo producir cambios sustanciales en la estructura institucional, por un enfoque basado en la configuración de la agenda, que implica una transformación de las estructuras institucionales y de los procesos de toma de decisiones. Para resolver los problemas detectados en el primer estadio, el Quinto programa comunitario sobre igualdad de oportunidades (2001-2006) estableció como objetivo prioritario la consecución de una mayor coherencia global en todas las políticas de igualdad, mientras que la Hoja de ruta para la igualdad entre mujeres y hombres (2006-2010) colocó en el centro la aplicación del principio de mainstreaming y su consecución, haciendo a los Estados miembros responsables de aplicar las medidas establecidas (Fernández, 2012: 86).

La importancia de los roles de género en el ámbito de la movilidad humana viene determinada por un contexto en el que los datos internacionales señalan que las mujeres migrantes representan el 48,1% del total, aproximadamente el 50% de la población refugiada son mujeres y niñas, y los infantes de ambos sexos más del 50% (UNHCR, 2017). Las experiencias y consecuencias de los desplazamientos forzados dependen de múltiples factores, pero desde 1980 ha habido un interés creciente por conocer de qué manera viven las mujeres la experiencia de convertirse en refugiada y cómo se transforman los roles de género y las relaciones sociales en estos contextos (Bermúdez, 2002).

El análisis sistemático del impacto de género en las investigaciones sobre los procesos migratorios responde parcialmente a la percepción de la feminización de los flujos (Donato et al., 2006; Tollefsen Altamirano, 1997). Anteriormente, la migración era contemplada como un fenómeno predominantemente masculino, en el que las mujeres eran vistas como sujetos pasivos: o bien se quedaban en sus lugares de origen, o eran vistas como hijas o esposas del migrante. Sin embargo, la incorporación de la perspectiva feminista al análisis de las migraciones mostró un panorama de toma de decisiones y estrategias diferenciadas (Martín Díaz et al., 2012), que apuntaban hacia un cambio en las relaciones de poder en el interior del grupo doméstico y una transformación de los roles de género, al mismo tiempo que señalaban un mayor riesgo y opresión para las migraciones de mujeres que para las de los hombres. Esta literatura inicial se centró en las migraciones y dejó a las mujeres refugiadas en una situación marginal (Pessar, 2006), aunque el enfoque de las migraciones forzadas y el género ha ido desarrollándose en paralelo con el enfoque las migraciones voluntarias y el género (Indra, 1999; Hyndman, 2010). Los primeros pasos para hacer visibles a las mujeres refugiadas y analizar sus experiencias fueron resultado del avance de las teorías feministas y de la emergencia del enfoque de género vinculado al desarrollo (GAD, por sus siglas en inglés).

Algunos estudios en este campo han ido propagando la consciencia creciente sobre las mujeres refugiadas en relación con las dificultades que tienen que enfrentar cuando demandan asilo, o en sus experiencias como víctimas de la violencia de género (Crawley, 2001; Buscher, 2010). Estas investigaciones no se han limitado a remarcar los obstáculos enfrentados por estas mujeres, sino que también han arrojado una luz acerca de cómo la experiencia de ser refugiadas puede aparejar cambios en las relaciones de género, incrementando la autoconfianza de estas mujeres, su conciencia política y su capacidad de agencia. Sin embargo, hay otras investigaciones que ponen en cuestión que se produzca una transformación de los roles de género, señalando que, al contrario, se produce un refuerzo de estos roles (Lammers, 1999: 38). Más recientemente, hay estudios que subrayan cómo la experiencia de refugio puede socavar el estatus social de los hombres y cuáles son las respuestas implementadas por ellos (El-Bushra, 2000; Turner, 2003). Es por todo ello por lo que el análisis de género, tanto en las migraciones voluntarias como en las migraciones forzadas, debe ser abordado con precaución, teniendo en cuenta los contextos específicos y los factores que los intersecan.

1.2.3. Los paisajes de las migraciones y la ‘crisis de refugiados’

1.2.3.1. El desafío europeo

La Unión Europea, como proyecto que intenta superar el marco restrictivo de un mercado común para construir un espacio político supraestatal, ha debido enfrentarse a la dificultad de conciliar las demandas e intereses de los Estados-nación que la conforman. Es evidente que este proyecto impone una cesión de la soberanía de los Estados, entre ello, las fronteras, lugares donde empieza y acaba la autonomía territorial y, consiguientemente, la identidad nacional. Como señala Gellner (1981), el nacionalismo es la teoría de la legitimidad política que prescribe que lo límites étnicos no deben contraponerse a los políticos, y es precisamente la creación de los Estados-nación, y su correlato de ciudanía como vínculo político, la que caracteriza la entrada en la modernidad de los distintos territorios del planeta. Por tanto, un espacio político común de carácter supranacional implica una revisión del concepto de frontera que, más allá de sus implicaciones políticas, supone una transformación simbólica de primera magnitud: la resignificación del nosotros y el ellos que, hasta ese momento, se plasmaba en el ethos nacional.

Una prueba de la dificultad de trascender el ethos nacional es que, aunque el Acuerdo de Schengen se firma en 1985, no entrase en vigor hasta una década después. En virtud de este acuerdo, se establece un espacio común, el denominado espacio Schengen, por el que puede circular libremente toda persona que haya entrado regularmente por una frontera exterior o resida en uno de los países que aplican el convenio. La creación de un espacio europeo de libre circulación implicó lo que se llamaron medidas compensatorias. Se trataba de mejorar la cooperación y la coordinación entre los servicios de policía y las autoridades judiciales para proteger la seguridad interior de los Estados miembros y, en particular, para luchar contra la delincuencia organizada. Ese era el contexto en el que se creó el Sistema de Información Schengen (SIS). El SIS es una base de datos sofisticada que permite a las autoridades responsables de los Estados Schengen intercambiar datos sobre determinadas categorías de personas y de bienes para garantizar la seguridad en la circulación de estos.

Referente a las fronteras, el acuerdo regula una política común de visados, de manera que, independientemente del Estado por el que haya entrado un extranjero, quienes incumplen los plazos quedan automáticamente en situación de irregularidad en todo el espacio Schengen. Por otra parte, este acuerdo implica la disposición de una serie de medidas policiales y judiciales, como la persecución en caliente, la asistencia judicial o la regulación del tráfico de armas, entre otras, y la creación de un grupo de trabajo sobre estupefacientes. El problema es que el flujo migratorio es insertado en el ámbito de estas políticas. Así, la combinación de las políticas de extranjería con las políticas policiales y judiciales establece un vínculo directo, tanto práctico como simbólico, entre inmigración, seguridad y delincuencia, generando unas representaciones simbólicas de gran calado, y que han sido denunciadas por los expertos jurídicos (De Lucas, 1992, 1994).

La constitución de un espacio común denominado espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea lleva consigo la articulación de medidas para la protección de los derechos fundamentales en el mismo. En 1999 tiene lugar la reunión del Consejo Europeo de Tampere, en la que la cuestión de los flujos migratorios y las políticas de asilo adquiere una importancia central. En un nivel antropológico, interesa resaltar la representación simbólica de este espacio como un espacio de libertad, seguridad y justicia, llegando a afirmar en sus conclusiones (3) que, su propia existencia ejerce un poder de atracción para muchos otros ciudadanos de todo el mundo que no pueden gozar de la libertad que los ciudadanos de la Unión dan por descontada, para, a partir de esta constatación, señalar que:

Sería, además, contrario a las tradiciones europeas negar esta libertad a aquellas personas a las que sus circunstancias conducen justificadamente a tratar de acceder a nuestro territorio. Por esta razón, la Unión ha de desarrollar políticas comunes en materia de asilo e inmigración, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de llevar a cabo un control coherente de las fronteras exteriores para poner fin a la inmigración ilegal y para luchar contra quienes la organizan y cometen delitos internacionales conexos.

Vemos cómo, si Schengen establece una vinculación entre inmigración, seguridad y delincuencia, Tampere refuerza este vínculo al establecer una conexión directa entre migración, tráfico y trata, sin que sea fácil distinguir ambas realidades en el discurso de los líderes políticos y en las disposiciones de las instituciones europeas, ya que se presentan continuamente entremezcladas. La consideración de la movilidad como el ejercicio de la libertad de circulación desaparece del discurso político, mientras que, al mismo tiempo, se construye una dicotomía sobre las personas migrantes y sus derechos: los que llegan con un contrato de trabajo, que son aceptados como funcionales a los mercados de trabajo nacionales en un contexto europeo de sociedades demográficamente envejecidas, y quienes llegan sin este requisito, que son considerados como víctimas atrapadas en las redes de la delincuencia o ellos mismos criminales, y son representados socialmente como ilegales. Y ello pese a que, como las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente, la irregularidad administrativa no constituye un delito, y cuando, además, la mutua interdependencia entre el permiso de trabajo y el permiso de residencia presente en las legislaciones de extranjería de los Estados europeos convierte la situación de regularidad o irregularidad en un hecho absolutamente ajeno y que puede ser sobrevenido.

Siguiendo con el objetivo de la creación de una política de asilo e inmigración común en la UE el Consejo de Tampere (11) concluyó que:

La Unión Europea necesita un enfoque global de la migración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen y tránsito. Para ello es necesario luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, prevenir los conflictos, consolidar los Estados democráticos y garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías, de las mujeres y de los niños. Con tal finalidad, se invita a la Unión y a los Estados miembros a que contribuyan, en el marco de sus respectivas competencias en virtud de los Tratados, a imprimir una mayor coherencia a las políticas interiores y exteriores de la Unión. Otro elemento clave para lograr el éxito de esta política será la colaboración con terceros países interesados, con objeto de fomentar el codesarrollo.

Y, en lo referente a la gestión de estos flujos, se señalaba (22) que: destaca la necesidad de que se gestionen de forma más eficaz los flujos migratorios en todas sus etapas. Pide que se desarrollen, en estrecha cooperación con países de origen y de tránsito, campañas de información sobre las posibilidades reales de inmigración legal, y que se impida toda forma de trata de seres humanos, para resaltar que (23):

El Consejo Europeo está decidido a hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, en especial luchando contra quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los migrantes. Insta a que se adopte legislación que prevea sanciones rigurosas para este grave delito. […] Los Estados miembros, junto con Europol, deberían orientar sus esfuerzos a detectar y desmantelar las redes de delincuencia implicadas. Deberán salvaguardarse los derechos de las víctimas de esas actividades, prestando especial atención a los problemas de mujeres y niños.

Estas conclusiones y recomendaciones cierran el círculo de las representaciones sociales sobre las migraciones: los legales (útiles), los traficantes (y bajo esta consideración puede entrar cualquiera que colabore en la llegada no regular de una persona de un país tercero) y las víctimas, a las que hay que proteger y tutelar, particularmente si son mujeres y niños.

Respecto al asilo (13):

El Consejo Europeo reitera la importancia que la Unión y los Estados miembros conceden al respeto absoluto del derecho a solicitar asilo. El Consejo Europeo ha acordado trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra; de ese modo, se logrará que ninguna persona sea repatriada a un país en que sufre persecución, lo que significa que se observará el principio de no devolución.

Para indicar (15) que a largo plazo, las normas comunitarias deberían dar lugar a un procedimiento de asilo común y a un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo. En este ámbito se insiste en el principio de la solidaridad y la colaboración de los Estados de la Unión para alcanzar un modelo de asilo temporal y reservar fondos para situaciones de emergencia humanitaria.

De las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere se desprende que la prioridad en la gestión de los flujos migratorios hacia la Unión pasa por el control de las fronteras, aunque no falten recomendaciones y medidas sobre la integración de los inmigrantes, la adquisición de derechos ciudadanos o la prevención del racismo. Por ello, en 2004 se crea la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex). Es interesante observar cómo la voluntad de crear un espacio común de libertad, seguridad y justicia se acompaña de la adopción de medidas tendentes a lo que las organizaciones de derechos humanos han denominado externalización de las fronteras, vinculando las políticas de desarrollo a la colaboración de los Estados de origen o de tránsito de los migrantes en bloquear estos desplazamientos. En este sentido, se constata cómo tiene lugar una articulación, que en ocasiones es perversa, entre los discursos de los expertos y las políticas implementadas: a la afirmación de que la mejor forma de luchar contra la inmigración es mejorando las condiciones de vida en los países de origen de los migrantes, que supone el concepto de codesarrollo acuñado por Sami Naïr (2000), la respuesta política de la UE es vincular la ayuda al desarrollo al control de la migración. En este sentido, un ejemplo muy significativo lo proporciona el dato de que, en la convocatoria 2007/2008 del programa temático de cooperación con países terceros en el ámbito de la migración y el asilo de la Comisión Europea (EuropeAid/126364/C/ACT/Multi), el organismo del Estado español que recibió la mayor financiación para sus actividades fue el Servicio de Vigilancia del Estrecho (SIVE) de la Guardia Civil, para esta actividad de control del tráfico marítimo en el Estrecho, presentada como una forma de proteger las vidas de los migrantes. Profundizando en estas dinámicas, en 2008, en un contexto de recesión económica marcada por la crisis financiera global, la Unión Europea aprobó la directiva del retorno, conocida por las ONG de derechos humanos como la directiva de la vergüenza, sobre inmigración ilegal, como primer paso de esta política común de inmigración de la UE planteada en el Consejo de Tampere. En ella, además del internamiento, la expulsión y la prohibición de pisar el territorio europeo por un periodo de cinco años para quienes se encuentren en situación irregular, se establece que los menores, solos o acompañados, también podrán ser expulsados si su familia, o un centro de acogida, se hace cargo de ellos, pudiendo estar este centro en un país distinto al país de origen del