Los gobiernos españoles contra las libertades
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Los autores, un abogado y un periodista, analizan el ataque a las libertades de los gobiernos españoles con rigor técnico y con lenguaje divulgativo para toda la ciudadanía.
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Los gobiernos españoles contra las libertades - Pascual Serrano Jiménez
Akal / A Fondo
Juan García y Pascual Serrano
Los gobiernos españoles contra las libertades
El último gobierno del PP ha mostrado una escalada de medidas legislativas represivas que han provocado una importante protesta social y la denuncia de numerosas instituciones internacionales. Sin embargo, este libro muestra que los ataques a las libertades han sido una constante por parte de los gobiernos españoles en las últimas décadas. Los autores, un abogado y un periodista, desgranan con espíritu crítico las diferentes leyes y reformas acometidas, así como los casos más elocuentes de víctimas de esa represión: desorbitadas penas contra huelguistas y ciudadanos que sólo se expresaron en las redes sociales; concejales o cantautores sentados en el banquillo por acusaciones tan anticuadas como la blasfemia; titiriteros, cantantes de rap o tuiteros procesados por ensalzamiento del terrorismo. Paradójicamente, cuanto más nos alejamos de la larga noche franquista, más derechos y libertades son recortados por nuestros gobiernos.
Juan García Mollá ha sido letrado de la Administración de Justicia en juzgados de Violencia sobre la Mujer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y en juzgados de lo Penal. Ha publicado anteriormente un libro sobre asistencia jurídica gratuita. Acumula más de 17 años de experiencia colaborando en diferentes medios digitales y revistas impresas como El Viejo Topo o Herramienta. Actualmente colabora además con televisiones internacionales tales como TeleSur, RT o HispanTV, y en la Radio del Sur.
Pascual Serrano Jiménez es periodista. Colabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional, entre ellas el mensual Le Monde Diplomatique y Eldiario.es. Es además miembro de los consejos de redacción de Mundo Obrero y de la revista satírica El Jueves.
Referencia internacional del periodismo crítico, tiene una docena de libros publicados, entre los que destacan Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (2009); Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (2010); Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryszard Kapuścinśki, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa (2012); La comunicación jibarizada. Cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes (2013); La culpa es de los libros. Escritos tras mis lecturas (2014) y La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! (2014).
Diseño de portada
RAG
Director de la colección
Pascual Serrano
Motivo de cubierta
ARTSENAL
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© Juan García y Pascual Serrano, 2016
© Ediciones Akal, S. A., 2016
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4343-0
INTRODUCCIÓN
Tras los brutales atentados de los últimos años (11-S, 11-M, Viernes 13 de París, los del 22 de marzo de 2016 en Bruselas), la sociedad vive un momento muy emocional. Cuando ocurren monstruosidades como los ataques de París de noviembre de 2015 las sociedades se intimidan. En un momento así el Estado puede pedirles prácticamente lo que quiera a sus ciudadanos en términos de ataque a las libertades porque estos se lo otorgarán. Después de los atentados de Nueva York, Bush promulgó la Patriot Act y hoy todavía está vigente. En opinión de Ignacio Ramonet, «estamos perdiendo libertades sin que esto se haya debatido lo suficiente, o discutiéndolo en un marco emocional muy determinado»[1]. El abogado Enrique Santiago reflexionaba en los mismos términos: «Tras los graves crímenes cometidos en París el 13 de Noviembre, ha vuelto a resurgir con brío entre los portavoces de los poderes realmente existentes el discurso que contrapone libertad y seguridad, como si la segunda fuera acaso posible sin disfrutarse la primera. La seguridad colectiva tiene como fin defender las libertades, fundamentalmente las libertades públicas, y el Estado, máxima expresión del contrato social, debe ser el principal garante de dichas libertades, nunca su cercenador con la excusa de una difusa amenaza terrorista irresponsablemente creada por las actuaciones de quienes tenían como principal misión garantizar nuestra seguridad. No cabe duda de que el terrorismo yihadista es la mayor expresión del fracaso de los estados occidentales respecto a la obligación de proteger a sus ciudadanos»[2].
No podemos negar que gran parte de estos recortes de libertades se hace con la complicidad de importantes sectores de la población que, indignados ante determinados delitos o atentados, o simplemente asustados, piden mayor contundencia policial, aplauden mayores penas, mayores vigilancias y menos garantías judiciales. Todo ello sin pensar que cualquiera, uno mismo, puede ser víctima de una actuación policial desproporcionada, una prisión preventiva desmedida, una pena excesiva o una mala interpretación de la ley.
El caso español es doblemente grave porque, tras la muerte de Franco, se han mantenido residuos legislativos de la dictadura, hábitos policiales abusivos y estructuras judiciales represivas. Con el paso de los años, los sucesivos gobiernos –de UCD, del PSOE o del PP– no sólo no han avanzado en libertades, sino que han ido aportando cada uno de ellos su granito de arena con el objetivo de perseguir las actitudes ciudadanas que les resultaban incómodas. El último gobierno del PP ha puesto la guinda con una batería de legislaciones que, como luego veremos, ha llevado a España a protagonizar la preocupación de las organizaciones internacionales. En febrero de 2016 un manifiesto suscrito por relevantes figuras internacionales denunciaba que «los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales». También recuerdan que «la llamada Ley Mordaza
permite los registros preventivos
, blinda a la autoridad policial frente a la palabra de los encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas de derechos realizadas». Con estas palabras, figuras internacionales como Noam Chomsky, Antonio Negri o Tariq Ali se manifestaban «Por las libertades civiles en España y en Europa»[3].
La ciudadanía ha ido aceptando ese recorte de libertades pensando ingenuamente que su objetivo era una lucha más eficaz contra la delincuencia y el terrorismo, pero salta a la vista que nada de eso ha sucedido. El terrorismo yihadista se desarrolla según sus propias dinámicas de política internacional y con una estrecha relación con la percepción que tienen determinados grupos del papel que desempeña España; y cierta delincuencia, como la de guante blanco y la ligada a la corrupción política, se ha ido disparando en los últimos años, señal inequívoca de que las medidas no estaban pensadas para atajarla.
El último informe anual de Amnistía Internacional 2015/16[4] resulta alarmante en su capítulo sobre España. La organización de derechos humanos destaca el grave retroceso de las libertades en nuestro país y para ello repasa las reformas y legislaciones aprobadas en los últimos años, todas ellas muy preocupantes para los derechos humanos:
– La Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza–, una norma que «limita de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica». El mismo mes en que entró en vigor la ley, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por sus posibles repercusiones.
– La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no contempla eliminar el uso de la detención en régimen de incomunicación, pese a que «varios organismos internacionales de derechos humanos habían señalado con preocupación que este tipo de detención incumplía las obligaciones internacionales de España». El Comité de la ONU contra la tortura «expresó su preocupación por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación».
– La reforma de varios artículos del Código Penal relativos a terrorismo desencadenó críticas por parte del relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, quien condenó que la norma contemple ahora como objeto de penalización comportamientos que no constituyen amenazas terroristas, «dando lugar a la imposición de restricciones desproporcionadas sobre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión».
– La modificación de la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados en las fronteras, de forma que la nueva normativa «allana el camino para nuevas expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional»; un nuevo ejemplo de cómo España «desoye las recomendaciones de mecanismos internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos en nuestro país». El Comité contra la tortura expresó su preocupación por las devoluciones en caliente como barrera para acceder a los procedimientos de asilo. El Comité de Derechos Humanos instó a España a cumplir el principio de no devolución y a proporcionar acceso a procedimientos efectivos de concesión de asilo.
Este libro analiza esas legislaciones y reformas, pero también las anteriores, para llegar a la conclusión de que los españoles hemos vivido un irregular pero constante ataque a nuestras libertades desde la Transición. Ni la lucha contra el terrorismo –interno o externo–, ni la persecución de la delincuencia o la violencia en manifestaciones o huelgas, ni cualquier otra de las excusas esgrimidas por los gobiernos justifican ese recorte de derechos. Existe una fábula, no sabemos hasta qué punto científicamente fundada, que dice que si echamos una rana a un caldero de agua hirviendo, inmediatamente saltará, al notar que se quema, y huirá. Sin embargo, si vamos calentando el agua lentamente con la rana dentro, no percibirá el peligro y terminará cociéndose, sin que le dé tiempo a salir de la olla. Durante los últimos cuarenta años, los gobiernos españoles han ido aumentando la potencia de fuego de su represión y recorte de libertades, y los ciudadanos –cual ranas confiadas– parece que no percibían el aumento de la temperatura. Con este libro queremos empujar a los lectores al caldero de agua hirviendo con el objeto de que puedan apreciar el nivel de ataque que han sufrido sus libertades. Creemos que todavía se está a tiempo de saltar fuera del caldero, o al menos de quitar la mano de quien está aumentando la potencia de la llama.
[1] Entrevista a Ignacio Ramonet, Público, 19-11-2015 [http://www.publico.es/internacional/no-hay-tolerar-perdida-libertades.html].
[2] Enrique Santiago, «Nuestra seguridad, sus derechos humanos», Cuartopoder.es, 17-11-2015 [http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/11/17/terrorismo-nuestra-seguridad-sus-derechos-humanos/7780].
[3] «Por las libertades civiles en España y en Europa», Público, 16-2-2016 [http://www.publico.es/opinion/manifiesto-libertades-civiles-espana-europa.html].
[4] Disponible en [https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/documentos/Informe_2015-16_Amnistia_Internacional.pdf].
I
INVOLUCIÓN LEGISLATIVA
La Transición
El Estado español, al contrario que los países de su entorno político, es fruto de una renovación de un Estado dictatorial y fascista, el franquismo. Esto ha supuesto varias consecuencias. En primer lugar, no hubo una depuración de policías, militares, jueces o fiscales que colaboraron activamente con el anterior régimen, persiguiendo y reprimiendo a militantes demócratas y de izquierdas. La segunda es que la aprobación de la Constitución española no supuso un punto y aparte en el ordenamiento jurídico, sino que sólo fueron derogadas las normas que eran abiertamente contrarias a la Constitución. De este modo, gran parte de leyes y reglamentos siguieron en vigor y, sobre todo, se mantenía una cultura jurídica y de intervención diseñada para actuar contra un pueblo al que se consideraba su principal enemigo. Así, la Ley de Orden Público franquista de 1959 castigaba las perturbaciones contra «la unidad espiritual, nacional, política y social de España», conceptos y principios que se mantienen muy similares en las leyes hoy en vigor en la España de la monarquía parlamentaria.
En cambio, en Francia, Holanda, Alemania o Italia, países que sufrieron similares gobiernos totalitarios y que fueron derrotados en la II Guerra Mundial, se dictaron normas muy garantistas de los derechos y libertades individuales tras la restauración del Estado de derecho. Por ejemplo, en Holanda sus ciudadanos tienen el derecho a no identificarse, en Inglaterra o EEUU no existe el documento de identidad. Aquí, en España, más de 30 años después de aprobarse la Constitución estamos obligados a llevar con nosotros en todo momento un DNI con nuestra fotografía y datos personales más importantes y hasta hace poco hasta con las huellas dactilares, profesión y estado civil, algo inimaginable en estos países.
El control del enemigo interior ha tenido que cambiar las formas y métodos con la consolidación del Estado de derecho en España. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, en el marco de un conflicto decir que «antes esto se arreglaba con dos bofetadas bien pegadas por la Guardia Civil»? Hemos de reconocer que, aunque haya algunos casos de tortura en el Estado español, lo cierto es que, por graves que sean, no es el método usual de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Vedada la violencia como forma de solucionar conflictos tras iniciarse la democracia, los cuerpos policiales se encontraron con menos margen de acción. De ahí que, desde la vigencia de la Constitución del 78, las sucesivas cúpulas policiales han ido presionado a todos los gobiernos porque consideraban que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución eran un obstáculo a su labor.
El controvertido papel de la Audiencia Nacional
La herencia franquista no se ha limitado a mantener cargos y legislación, sino que el antiguo Tribunal del Orden Público franquista fue reconvertido en la actual Audiencia Nacional. Un órgano jurisdiccional destinado a juzgar los delitos más graves, es decir, delitos de «terrorismo» en todas sus variantes y delitos económicos y de tráfico de drogas que afecten a más