Educación superior II: Tensiones y debates en torno a una transformación necesaria

Por Leandro Grecca y Daniel Lujan Ezcurra y Ariel Saegh

El proyecto político iniciado en el año 2003 incluyó la aplicación de un programa estratégico de reconstrucción y de promoción de la ciencia, la técnica y la cultura argentina. Ulteriormente, el gobierno viene ejecutando una histórica inversión presupuestaria en las universidades, que se expresa en la multiplicación de las becas, en la creación de nueve casas de altos estudios, en la promoción de carreras estratégicas, en la recuperación salarial, en la sanción del 82% móvil a las jubilaciones docentes, en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en una fuerte apuesta por la vinculación con las necesidades de la comunidad a través del programa de voluntariado niversitario y en una inédita inversión en infraestructura. En momentos en los que asistimos a una sorda –pero también profunda– disputa por el modelo de país, procuramos ser parte de la reconstrucción de una conciencia nacional que sostenga, en tanto trama colectiva, la profundización del proyecto que desde el año 2003 estamos transitando. ¿Cómo se expresa en el siglo XXI el camino hacia la fórmula propia del desarrollo? Las respuestas a este interrogante vital forman el escenario político de nuestra constitución como pueblo y como Nación. Concebimos este libro como un espacio más en el cual desplegarnos, en tanto actores y también autores, en el aquí y ahora, del pensamiento y el campo nacional. Desde allí entendemos, en sintonía con quienes timonean el proceso nacional, la importancia de la Universidad en el desarrollo de una Nación políticamente soberana. Asimismo, comprendemos que a la historia la escriben tanto actores concretos como sujetos imprecisos, por lo que entendemos que es con ellos con quienes debemos marchar para conocer, entender y poder transformar la realidad.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Universitaria Villa María
• Fecha de lanzamiento: 6 jun 2016
• ISBN: 9789876991421

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Saegh, Ariel Mauricio. Educación superior : tensiones y debates en torno a una transformación necesaria / Ariel Mauricio Saegh y Daniel Lujan Ezcurra. - 1a ed. - Villa María : Eduvim, 2014. - (Debates; 0)

E-Book.

ISBN 978-987-699-142-1

1. Enseñanza Superior. I. Ezcurra, Daniel Lujan II. Título

CDD 378

© 2014

Editorial Universitaria Villa María

Chile 253 – (5900) Villa María, Córdoba, Argentina

Tel.: [phone]

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COLECCIÓN DEBATES

Educación Superior:

Tensiones y debates en torno a una trasformacion necesaria

Daniel Ezcurra

Leandro Greca

Ariel Saegh

Prólogo: Lic. Alberto Sileoni

Índice

Prólogo

I. La universidad argentina, avances y desafíos

II. Educación superior, universidad y modelo nacional

III. Sobre la necesidad de una nueva Ley Nacional de Educación Superior para la planificación y el desarrollo de la Nación

IV. Notas sobre la cuestión universitaria

V. Falsos dilemas y desafíos actuales de la universidad argentina

VI. El curriculum y la doble lógica de inserción.(Lo universitario y las prácticas profesionales)

VII. Universidad y Desarrollo: Renovadas perspectivas para el extensionismo en las universidades públicas

VIII. Propuesta para una universidad de la UNASUR

IX. Ciencia, Tecnología y Política en la Argentina

X. El rol de las ciencias exactas y naturales en un proyecto de desarrollo nacional

XI. Entre la ciencia y la norma. Un análisis de los reglamentos de becas del Conicet y la ANPCyT

XII. Las universidades en el proyecto nacional y popular

XIII. Los planes de estudios en Economía

Prólogo

Desde el año 2003, el Gobierno Nacional ha desarrollado con energía una política de asignación de recursos al sistema universitario argentino que cambió radicalmente la situación de las universidades. Junto a la cancelación de la deuda de ejercicios anteriores se produjo un aumento del presupuesto cercano al 500% en seis años y el inicio de un Programa de Infraestructura que viene a saldar una carencia de décadas.

Paralelamente, se conjugó una extraordinaria recuperación de los salarios docentes y no docentes, se concretó un amplio sistema de becas estudiantiles y se crearon programas innovadores, orientados a profundizar los vínculos de la universidad con las necesidades de la comunidad, por un lado, y con el escenario internacional, por el otro.

Asimismo, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha dado un impulso renovado a las actividades de investigación y transferencia, generando un espacio diferenciado de implantación de políticas y construcción de agendas.

De este modo, hemos puesto de pie a las universidades, recreando las condiciones necesarias para el desarrollo de sus funciones esenciales: la formación de grado y postgrado, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El Gobierno Nacional ha dado respuesta a cuestiones de larga data, impulsando el crecimiento del sistema y estimulando una mirada distinta sobre la siempre compleja relación Universidad-Estado. Esta política no solo ha sido efectiva para las viejas casas de estudios. Durante estos años se han creado nuevas universidades, la gran mayoría de ellas, en regiones claves de nuestra geografía social, allí donde es necesario acercar mayores oportunidades a quienes más necesitan de ellas.

En articulación con esta política, y desde una perspectiva de más largo plazo, hemos producido fundamentales transformaciones en la educación básica y secundaria, crucialmente orientadas a la inclusión social y a la universalización del derecho a la educación y del acceso a los bienes culturales. La Asignación Universal por Hijo y el Programa Conectar Igualdad -dos verdaderos hitos en nuestra historia social- tienen enormes consecuencias hacia delante, articulando un contexto nuevo y desafiante para la educación superior.

Estas realidades impactarán centralmente en las universidades en el corto y mediano plazo, generando nuevos desafíos y reconfigurando los viejos problemas. Constituyen la oportunidad de avanzar sobre las cuestiones desde hace mucho identificadas y siempre postergadas o eludidas a cuenta de las urgencias presupuestarias, las deficiencias de infraestructura o las bizantinas luchas de facciones académicas; a la par de dar cuenta de desafíos nuevos e impensados, abriéndonos puertas a la innovación en el plano de la organización académica, el currículo, la enseñanza, el aprendizaje y la gestión en nuestras instituciones.

Avanzar en un proyecto nacional es inescindible de avanzar en un proyecto educativo y científico. Y ello requiere del compromiso y la crítica de las comunidades académicas, las organizaciones sindicales y los movimientos estudiantiles.

Una forma de contribuir al debate y la construcción de una agenda universitaria en el marco del Proyecto Nacional es esta colección de artículos y ensayos, que ponemos a consideración de todos con la convicción de que su mirada aguda y comprometida nos ayudan a comprender y orientar el camino emprendido.

Sus autores son destacados legisladores, rectores, decanos, docentes investigadores y militantes de la universidad pública que abordan una amplia gama de problemas, desde la visión política y filosófica de la cuestión universitaria y el modelo nacional hasta el análisis de las políticas científicas y tecnológicas; desde la reflexión en torno de una nueva Ley Universitaria hasta las cuestiones del currículum y su tensión con las prácticas profesionales; desde el lugar de las Ciencias Exactas y Naturales en las políticas de desarrollo hasta el rol de la educación superior en el fortalecimiento de la UNASUR.

Un abigarrado conjunto de cuestiones y miradas que en su diversidad dan cuenta de la complejidad creciente de las relaciones sociedad-universidad-Estado y, al mismo tiempo, de la creciente convicción de las comunidades académicas de constituirse en actores efectivos de las transformaciones nacionales, poniendo en acto las aspiraciones de igualdad social y desarrollo autónomo plasmados en muchos de los Estatutos de nuestras universidades

Por todo ello, es una verdadera alegría para mí poder acercar estos textos vigorosos y agudos en un momento de fortalecimiento y expansión del sistema universitario, donde la cuestión central no es cómo sobrevivir sino cómo dar más y mejor educación al mayor número de ciudadanos, contribuyendo así a la construcción colectiva de una patria para todos, con justicia y libertad.

Lic. Alberto Sileoni. Ministro de Educación de la Nación

I. La universidad argentina, avances y desafíos¹

Daniel Ezcurra

Leandro Greca

Ariel Saegh

A modo de introducción

La voluntad de indagar en torno a la problemática Universitaria se fundamenta en la necesidad de discutir las características generales, el rumbo, la continuidad y el mapa de alianzas posibles, de cara a la consolidación y profundización de las políticas realizadas en la materia en los últimos ocho años. Menuda tarea si se tiene en cuenta las dificultades que encuentran los actores que tienen participación dentro del territorio universitario, para lograr traducir los avances registrados, en apoyos concretos y acumulación en términos electorales y políticos.

El proyecto político iniciado en el año 2003 incluyó la aplicación de un programa estratégico de reconstrucción y de promoción de la ciencia, la técnica y la cultura argentina. Ulteriormente, el gobierno viene ejecutando una histórica inversión presupuestaria en las universidades que se expresa en la multiplicación de las becas, en la creación de nueve casas de altos estudios, en la promoción de carreras estratégicas, en la recuperación salarial, en la sanción del 82% móvil a las jubilaciones docentes, en la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en una fuerte apuesta por la vinculación con las necesidades de la comunidad a través del programa de voluntariado universitario y en una inédita inversión en infraestructura.

En momentos en los que asistimos a una sorda, pero también profunda, disputa por el modelo de país, procuramos ser parte de la reconstrucción de una conciencia nacional que sostenga, en tanto trama colectiva, la profundización del proyecto que desde el año 2003 estamos transitando.

¿Cómo se expresa en el siglo XXI el camino hacia la fórmula propia del desarrollo? Las respuestas a este interrogante vital forman el escenario político de nuestra constitución como Pueblo y como Nación. Concebimos este libro como un espacio más en el cual desplegarnos en tanto actores y también autores, en el aquí y ahora, del pensamiento y el campo nacional. Desde allí entendemos, en sintonía con quienes timonean el proceso nacional, la importancia de la Universidad en el desarrollo de una Nación políticamente soberana. Asimismo, comprendemos que a la historia la escriben tanto actores concretos como sujetos imprecisos, por lo que entendemos que es con ellos con quienes debemos marchar para conocer, entender y poder transformar la realidad.

Insistimos, partimos de un piso firme y un consenso encomiable. La importancia estratégica y los logros de la política universitaria fueron reconocidos por todos los rectores de las universidades nacionales reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes lo expresaron con claridad en el documento recientemente publicado Las Universidades Públicas en el año del Bicentenario.

Política Universitaria

Un elemento presente en las discusiones sobre la problemática universitaria es aquel referido a la gratuidad del acceso a los estudios superiores. El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón dictó el decreto 29.337 por medio del cual se establecía la gratuidad universitaria. Desde entonces, nuestro país se ha constituido en pionero entre las naciones que consideran a la educación como un derecho social y universal al que tienen acceso todos los habitantes.

Sin embargo, la gratuidad no quiere decir que los estudios no generen costos, sino que el acceso a los mismos no puede exigir, como contrapartida, el pago de aranceles. Los costos existen y son pagados por una población que, en gran parte, no accede a los estudios superiores. Sobre esto último se ha parado el neoliberalismo para argumentar la necesidad y el acto de justicia que supone el arancelamiento. El diagnóstico de los organismos multilaterales de crédito sostiene que a la universidad pública accede sólo un porcentaje muy pequeño de la población proveniente en su gran mayoría de las capas altas, y que ese mismo acceso le va a permitir seguir perteneciendo a ese porcentaje selecto de mayores ingresos. La conclusión es que la universidad favorece las asimetrías en la distribución de ingresos. La solución que proponían en su momento estos organismos era el arancel, y que todo aquel que fuera a la universidad pagase por sus estudios y de esta forma compense o haga menos injusta esta situación de los menos favorecidos. No hace falta ser un experto para notar que la solución propuesta, no haría más que acentuar la desigualdad en este nivel educativo. Es cierto que las clases populares enfrentan graves dificultades para el acceso a la Universidad, pero esto no se solucionará creando aranceles. Aunque se implementen programas de becas compensatorios, el acceso al derecho se verá limitado por la propia existencia de un arancel. En el esquema propuesto por los organismos multilaterales de crédito, las becas harían las veces de mecanismos compensatorios ante la ausencia de un dispositivo para la distribución de las posibilidades al interior del sistema de Educación Superior y reemplazarían, a su vez, al principio de gratuidad. La lógica universal que está detrás de la gratuidad es reemplazada por la lógica focalizada que los programas de becas adquieren en propuestas de este tipo.² En el marco de este clima, se sanciona en 1995 la ley 24.521 que, entre otras cosas, establece (Art.59, Inc. c) la posibilidad de arancelar los estudios de grado.

Por el contrario, otro es el espíritu que guía la gestión actual y que se caracteriza por la inversión estratégica para acompañar el desarrollo nacional sustentable. De tal modo, en 2007, en homenaje al decreto 29.337, se sanciona la ley 26.320 y se establece el 22 de noviembre como Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria.

A su vez y de forma sostenida se ha impulsado una política de incremento de los fondos destinados a las universidades a través de los aportes del tesoro nacional (los que se canalizan como aumentos del presupuesto universitario y a través de múltiples programas de los distintos ministerios). En lo que se refiere estrictamente a la evolución del presupuesto universitario, si tomamos como referencia la serie 2001-2010, nos encontramos con un aumento acumulado del 658%, lo que representa un 65% anual. Mientras que en 2001 la inversión en el sistema universitario fue de 1.649 millones de pesos, en el 2009 esta cifra asciende a 9.812 millones de pesos, y en 2010 llega a 12.515.³

Estos aumentos no sólo se registran en términos absolutos. Medido en relación al PBI, también se revelan significativos. En 2004, el porcentaje de la transferencia a las universidades en relación al PBI fue de 0,48%; en 2006 de 0,60% y en 2010 alcanzó el 0,90%, porcentaje que casi duplica el inicial.⁴

Este incremento del presupuesto destinado a las universidades se enmarca en un aumento generalizado para el área educativa. La ley 26.075 sancionada en diciembre de 2005 establece que el presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del 6% en el PBI.

Esta meta no sólo fue alcanzada, sino que fue superada en 2009, llegando al 6,45% de un producto que, en el período, creció un 70%. De este modo, el presupuesto educativo, que era de 14.501 millones de pesos en 2003, ascendió a 31.100 en 2006, a 73.904 en 2009, y a 89.924 en 2010.⁵

Otro de los aspectos relevantes de la política universitaria se relaciona con la creación de nueve nuevas universidades.⁶ El gobierno está formando recursos técnicos idóneos para ocupar los nuevos puestos de trabajo industrial creados tras ocho años de crecimiento ininterrumpido. Por este motivo es que la conformación de nuevas universidades se constituye a la vez en una política central y necesaria. Necesaria para ampliar la cobertura hacia zonas cuyos habitantes, de otro modo, presentarían serias dificultades para acceder a los estudios superiores, pero también para anticiparse a un fenómeno en ciernes, como es el de la gran expansión de la educación superior en los próximos años.

En la medida que se cumpla el objetivo del secundario obligatorio y universal, el país va a generar una fuerte demanda sobre el nivel superior. La expansión de la cobertura geográfica de la educación superior permite que muchos estudiantes puedan cursar una carrera universitaria sin trasladarse a los grandes centros urbanos que durante muchos años se habían reservado el monopolio de impartir enseñanza universitaria. Además contribuye, sin duda, a la democratización de la educación, especialmente por la ampliación en el acceso a los estudios superiores.

Las razones no se agotan exclusivamente en el problema demográfico y en el input democratizador. Las nueve universidades surgen, también, a partir de una fuerte vinculación con las problemáticas de sus regiones: la cuestión ambiental, las necesidades de los sectores vulnerables, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del medio, los requerimientos del sistema educativo y de formación docente.

A la vez que, tal como hemos visto, se ha aumentado el presupuesto y se han creado nuevas universidades, se ha desarrollado un programa que afecta las universidades existentes. En el año 2005 el Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios Públicos en conjunto con el Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales, firmaron un Convenio marco denominado Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria.

La finalidad del convenio fue planificar e implementar un plan de obras públicas específico para las casas de altos estudios del país. En este marco y desde la firma del Convenio a la fecha, se produjo una importante recuperación de la inversión pública en las universidades que incluyó la construcción de sedes universitarias, de aulas, de laboratorios, de polos científicos y tecnológicos, de espacios culturales y de extensión, entre otras obras. El Programa cuenta con más de 204 proyectos de infraestructura en cartera, entre los cuales hay 148 ya terminados y 56 en ejecución. Las obras mencionadas están distribuidas en 34 universidades nacionales a lo largo y ancho del país con una inversión que supera los 709 millones de pesos.⁷

Párrafo aparte merece la política docente. Durante la década de 1990 los salarios de los docentes universitarios se mantuvieron en niveles muy bajos y los diferentes aumentos obtenidos (gran parte incluían cifras no remunerativas, sin eufemismos, en negro) no fueron suficientes para recomponer los ingresos previos a la hiperinflación de finales de los ‘80. A esto debemos sumarle la devaluación del 2002 y una consiguiente caída del 30% en el salario real. La reapertura de las paritarias en 2004 determinaron para el grueso de los asalariados la posibilidad de empezar a recuperar los niveles de ingresos que fueron quedando desfasados y, en este contexto, los docentes universitarios se vieron beneficiados incluso a un ritmo más acelerado que el resto de los trabajadores. En una primera instancia, el objetivo era el de recomponer de manera más urgente los ingresos de aquellos asalariados con haberes más bajos, blanquear el salario (eliminando las sumas no remunerativas) y luego corregir paulatinamente las escalas salariales de los docentes con distintas dedicaciones. Desde la instauración de las paritarias se logró que los docentes universitarios no sólo recuperaran su poder adquisitivo sino también que blanquearan el 100% del salario y que éste último creciera, en términos reales un 56% con respecto a los niveles previos a la devaluación y un 90% desde el 2004.⁸

Otro de los grandes desafíos que tuvo que encarar el gobierno nacional fue el de recomponer el alto grado de informalidad existente en los equipos docentes de las Universidades Nacionales. Miles de docentes y ayudantes aportan su experiencia y sus conocimientos sin remuneración alguna.

En 2007, en el marco del Programa de Remuneración de Docentes Ad Honoren (PREDAH) lanzado por el Ministerio de Educación, se estableció como primer paso para avanzar sobre este tema, la conversión de muchos cargos ad honoren en cargos rentados. Este proyecto, que financia el Estado Nacional, permitió el pase a planta de más de 3000 docentes universitarios. En su primera instancia de ejecución 2 mil de estos cargos y $20 millones fueron destinados a la UBA y los mil cargos restantes y $10 millones, para cinco universidades nacionales: La Plata (UNLP), Rosario (UNR), La Pampa (UNLPM), Misiones (UNAM) y Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).

En 2009 el Congreso Nacional convirtió en Ley la jubilación del 82% móvil para los profesores universitarios. En agosto de 2007, el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner, y quien fuese su Ministro de Educación, Daniel Filmus, firmaron ante los representantes gremiales el decreto de elevación del Proyecto de Ley al Congreso de la Nación. En Diciembre de 2007, el Senado da media sanción al proyecto; en Agosto de 2009, luego de introducir modificaciones, la Cámara de Diputados da media sanción. En Agosto de 2009, el Senado presta conformidad a las modificaciones introducidas y el 3 de Septiembre de 2009, se promulga y observa la Ley 26.508 mediante el decreto presidencial 1175/2009.

Esta norma extiende el derecho del 82% móvil a más de 100 mil docentes universitarios de dedicación simple, semi exclusiva y exclusiva que hayan prestado 25 años de servicios universitarios con 10 años frente a alumnos y que decidan cesar su actividad como docentes. Para jubilarse, las docentes mujeres deberán cumplir los 60 años y los hombres 65 años y en ambos casos podrán optar por permanecer ejerciendo su cargo hasta los 70 años.⁹

Finalizamos este apartado haciendo mención y describiendo brevemente, dos políticas de la Secretaría de Políticas Universitarias, con fuerte impacto tanto a nivel presupuestario y en la generación de incentivos hacia carreras consideradas prioritarias, como también en lo que hace a la mejora de la calidad.

A partir del año 2004, se ponen en funcionamiento distintos programas de calidad, por medio de los cuales el Estado asume, junto con las universidades, la responsabilidad en el establecimiento de un piso mínimo garantizado de calidad en la formación de los profesionales del país, generando las condiciones para un cambio de paradigma en la materia. Existen algunas características distintivas propias de estos programas que queremos al menos mencionar. En primer lugar, el que sean universales y no competitivos. A diferencia de los ‘90, no se produce una competencia por los fondos sino que éstos son destinados a todas aquellas carreras que tengan que producir mejoras en su currículo por recomendaciones surgidas en el proceso de acreditación. Esto garantiza un piso mínimo para todos, a la vez que permite una mayor transparencia e induce a la cooperación entre las distintas casas de estudio. El criterio competitivo dejaba, como resultado, un mapa de insularización, en el que cada isla era una universidad; el criterio universal permite la recuperación del sistema universitario como un todo. En segundo lugar, se destaca el hecho de que sean federales, pues los reciben las carreras de todas las universidades del país. Por otro lado, resultan efectivos, pues logran que los compromisos asumidos se traduzcan en obras concretas y por lo tanto, en mayor calidad educativa. En cuarto lugar, optimizan los niveles de retención de matrícula. En las carreras de Ingeniería en 2003 el promedio de retención de aquellos estudiantes que ingresaron en 2002 fue del 52% (sólo 52 de cada 100 estudiantes permanecían en la carrera al comienzo de segundo año). En 2009 ese promedio (de retención de estudiantes que ingresaron en 2008), subió al 67%. En 2010 el incremento de alumnos avanzados en carreras de ingeniería fue del 60% con respecto al 2003 y la cantidad de graduados se incrementó un 20% en el mismo período. En la actualidad, más del 90% de los alumnos avanzados de ingeniería están insertados en el mercado laboral.¹⁰ Hoy se busca superar aquel criterio de mejores y peores universidades apelando a garantizar una formación adecuada para todos los profesionales, de acuerdo a estándares de calidad fijados nacionalmente y que atienden a un principio fundamental: el necesario equilibrio entre la calidad, la equidad y la pertinencia. Por todo esto decimos que estamos en presencia de un nuevo paradigma.

El Ministerio de Educación a través del Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Instituto Nacional de Formación Docente han desarrollado, promovido e implementado políticas para impulsar la integración y articulación del sistema de formación docente con la participación de distintos sectores involucrados en cada Jurisdicción, a los efectos de afianzar las relaciones de cooperación entre Institutos Superiores de Formación Docente (dependientes de las diversas jurisdicciones) y Universidades (con dependencia nacional) y generar acuerdos que garanticen criterios disciplinares mínimos, potenciando la reflexión sobre la responsabilidad del nivel formador y la búsqueda de alternativas de acción sobre problemáticas comunes a la formación docente.¹¹

Por último, las becas. En la actualidad existen dos programas nacionales de becas universitarias impulsados desde la Secretaría de Políticas Universitarias. El Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB). Ambos programas tienen por destinatarios a estudiantes con bajos recursos económicos. El PNBA es para aquellos que quieran desarrollar sus estudios en las áreas de Salud, Humanidades y Sociales en una Universidad Nacional o Instituto Universitario Nacional y el PNBB para quienes hayan ingresado a una Universidad Nacional, Instituto Universitario o Institutos del INET o INFOD¹², para formarse en el estudio de carreras científicas y técnicas definidas como prioritarias. El número de becas ascendió desde las 4.750 (con una inversión de 12 millones de pesos) en el año 2004 a 10.077 (con una inversión de 25 millones de pesos) en 2007, para pasar a 11.498 (con una inversión 34,5 millones de pesos) en 2008, 38.794 (con una inversión de 186 millones de pesos) en 2009, 49.391 (con una inversión de casi 209 millones de pesos) en 2010 y 48.348 (con una inversión de casi 209 millones de pesos) en 2011.¹³ ¹⁴

Desafíos

Como hemos mencionado, una de las dificultades o carencias que tenemos en las Universidades es la de poder traducir todos estos avances en apoyos concretos para los actores que