Marco Antonio de la Peña es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Derecho administrativo por la Universidad Panamericana. Trabajó cerca de 30 años en el sector público al frente de algunas áreas del gobierno federal, como en la dirección jurídica de Petróleos Mexicano. Ahora trabaja en Cuatrecasas, firma jurídica de carácter transnacional.
Cuando hablamos de Derecho energético, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el marco jurídico que regula la energía?
Es curioso porque la energía es un derecho que traspasa muchas ramas jurídicas. Se trata de un elemento fundamental para la vida y el desarrollo económico de los países, pero que tiene requerimientos técnicos muy especializados. El conocimiento jurídico del Derecho energético va más allá de la simple regulación, porque involucra diversas ramas, como la constitucional, la corporativa, la mercantil, la administrativa, entre otras. Por eso sostengo que el Derecho energético es una especialidad que aglutina una serie de prácticas conjuntas para la consecución del objetivo de un proyecto de infraestructura que va a producir energía, ya sea a través de energías fósiles—como pueden ser los hidrocarburos petrolíferos—o de energías renovables.
◼ ¿Cómo ves el panorama energético en México y qué retos hay ahí?
A nivel internacional hay un fenómeno de transición energética hacia las energías renovables. Actualmente, los principios csg sobre protección al medio ambiente, gobernanza y cuidados del impacto ambiental y social son parte del quehacer de las empresas, ya públicas, ya privadas. México es un país muy rico para desarrollar energías limpias, como la solar o la eólica. Hoy tenemos riquezas petroleras importantes que debemos explotar con la mayor de las eficiencias. En relación con las energías fósiles, nuestro país puede ser muy eficiente para tratar de aumentar la velocidad de la renta petrolera, dando seguridad y certeza jurídica a la inversión con políticas públicas que permitan que un Estado regulado evite los excesos que pueda cometer y
