La ley de amnistía que Pedro Sánchez está negociando con Carles Puigdemont para conseguir su voto en la sesión de investidura está poniendo España patas arriba. Tras varios meses de negociaciones y muchos vaivenes, el acuerdo final entre Junts per Catalunya el PSOE no termina de cuajar. Entre medias el presidente del Gobierno se ha visto obligado a hablar abiertamente del tema y defender la amnistía, algo que considera “bueno para España”. Estas palabras, pronunciadas hace poco más de una semana fueron un punto de no retorno que preludiaron el pacto de investidura entre el PSOE y ERC. Este pacto no sólo contempla la amnistía, sino también la transferencia a la Generalidad de la red de Cercanías de Barcelona y la condonación de parte de la deuda autonómica.

Ese giro de los acontecimientos impulsó a Carles Puigdemont a elevar el listón de sus demandas exigiendo una amnistía mucho más amplia, algo que alcanzase también a los condenados por los disturbios callejeros y a los que participaron en la conocida como trama rusa del procés. En ese punto algo hizo crac porque desde finales de la semana pasada empezaron a convocarse manifestaciones frente a las sedes del PSOE en todo el país. Son manifestaciones sin un convocante claro y su participación ha ido en aumento con el paso de los días. En la del lunes por la noche se produjeron cargas policiales en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Los agentes antidisturbios cargaron contra los concentrados, que estaban manifestándose de forma pacífica y, no contentos con eso, lanzaron sobre ellos botes de gas lacrimógeno, una medida de contención claramente desproporcionada para el tamaño de la manifestación y el carácter de la misma. La orden partió de la delegación de Gobierno y ha ocasionado críticas tanto entre la opinión pública como entre algunas asociaciones policiales.

Que la calle se fuese a calentar era algo con lo que contaban en el PSOE cuando se pusieron a finales de agosto a negociar la amnistía, pero seguramente no esperaban que la respuesta fuese tan masiva y descentralizada. Quizá lo que los manifestantes quieran transmitir no sea sólo su rechazo a la amnistía en sí, sino a las piruetas que Pedro Sánchez está haciendo para mantenerse en el poder a cualquier coste. Esto no sólo preocupa al español de a pie, a quien no se le oculta que la ley de amnistía es un proyecto personal de Sánchez para seguir en la Moncloa, otras instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial también han manifestado su malestar.

Hace dos días el CGPJ en un pleno extraordinario aprobó una declaración institucional muy crítica con la más que probable amnistía a los líderes del procés. Para el Consejo es incompatible con el principio de Estado de Derecho que "los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno" ya que "ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España".

Pues bien, para hablar de este tema que tantas capas incorpora nos acompaña hoy en La ContraCrónica Rubén Arranz, a quien la audiencia conoce bien y sabe valorar sus siempre atinadas apreciaciones.

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