Educación social e inclusión sociolaboral

Por Francisco José del Pozo Serrano

La Educación Social acompaña a las personas, grupos y comunidades en sus territorios, potenciando sus capacidades y atendiendo a sus necesidades de forma intersectorial y multinivel. La inclusión sociolaboral se presenta como un reto y un proyecto de vida de dignidad y emancipación, en el que intervienen múltiples variables, como la pobreza o la política pública, especialmente tras la pandemia.

En este libro se plantean los aspectos estructurales excluyentes más relevantes que impactan en diversas situaciones y poblaciones de una manera más compleja y se abordan indicadores y buenas prácticas de inserción, desarrolladas en los acompañamientos y acciones de los programas de las administraciones públicas, así como en entidades socioeducativas privadas y del tercer sector.

La obra supone un conocimiento basado en evidencia investigadora de la práctica socioeducativa que plantea indicadores y factores de protección a tener en cuenta en los recursos y programas con el conjunto de la población, pero especialmente en procesos e itinerarios marcados por la dificultad y la exclusión social con juventud, mujeres, personas migrantes y refugiadas o con personas en situación de privación de libertad.

El libro se centra principalmente en el contexto español, aunque también considera otras experiencias iberoamericanas, con aportes de Portugal, Brasil, México o Colombia.

• Idioma: Español
• Editorial: Narcea Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 22 jul 2025
• ISBN: 9788427732445

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1/ SITUACIONES Y POBLACIONES PRIORITARIAS DE EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL

Giselle Paola Polo Amashta

Ana Eva Rodríguez-Bravo

Kevin Barros Cepeda

1. LA EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL: PROBLEMÁTICA ACENTUADA CON LA CRISIS DE LA COVID-19

La pandemia por COVID-19 desencadenó una diversidad de problemáticas –estructurales, económicas, familiares, personales, políticas, culturales, educativas y sociales– que han puesto de manifiesto desigualdades preexistentes y han generado nuevas vulnerabilidades. Desde la perspectiva de la Pedagogía Social, la exclusión sociolaboral se erige como una de las problemáticas más acuciantes por el impacto multidimensional que genera y por la atención prioritaria que requiere. En este escenario, sumado a las formas tradicionales de exclusión existentes (dificultades para acceder y permanecer en el ámbito laboral y lograr un empleo de calidad en términos de remuneración, prestaciones sociales, desarrollo profesional, etc.), la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha exacerbado las brechas de exclusión sociolaboral, creando nuevas situaciones de vulnerabilidad y dificultando la reinserción de diversos grupos poblacionales, con un impacto desproporcionado en las personas y familias más pobres (Del Pozo et al., 2023).

En este contexto, la exclusión sociolaboral puede entenderse como la privación de recursos y oportunidades que limitan la participación plena de un individuo en los ámbitos social y económico. Este fenómeno, de acuerdo con Marco (2000), presenta una naturaleza multicausal y ejerce un impacto considerable en el bienestar individual y en el progreso social.

La Encuesta EINSFOESSA de 2021, realizada por la Fundación FOESSA (2022), muestra que España es uno de los países europeos con los indicadores más altos en cuanto a pérdida de empleo tras la pandemia. En este sentido, el índice de Gini, que permite medir la desigualdad salarial, corrobora un incremento en las situaciones de desigualdad como consecuencia de la crisis sanitaria. En 2018 se encontraba en 0,340 pasando a 0,379 en 2021. Asimismo, aumentó el porcentaje de hogares en los que todas las personas se encuentran en desempleo (del 5,9% en el 2018 al 10,3% en el 2021), y también se reportaron casos en los que las personas encargadas de sustentar el hogar se enfrentaron a situaciones de inestabilidad laboral grave. La población ocupada, o con empleo, se redujo a casi 3,7 millones de personas. Así mismo, para las personas inactivas se identificaron más barreras para acceder al empleo, pues solo el 5,1% de los casos lo lograron.

Según datos del Parlamento Europeo (s/f), en el pico de la pandemia de 2020, la tasa de desempleo en la UE alcanzó un máximo del 7,8%. La entidad destaca que los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad fueron los grupos más afectados por esta crisis. Adicionalmente, de acuerdo con datos de Eurostat (s/f), la población migrante se sitúa en uno de los sectores más vulnerables de la exclusión sociolaboral, considerando que el fuerte incremento del desempleo, sumado a la precaria situación laboral y a la falta de arraigo social de los inmigrantes, ha generado una mayor vulnerabilidad en este colectivo.

El informe del Consejo de la Juventud de España (2020), muestra que, las personas jóvenes son quienes han experimentado con mayor impacto los efectos de la crisis económica por la situación sanitaria. En el año 2020, solo el 33,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años tenía empleo, mientras que el 29,6% se encontraba en riesgo de perderlo por trabajar en sectores vulnerables. La falta de oportunidades laborales llevó a muchos jóvenes a abandonar la búsqueda de empleo, frustrándolos y dificultando su transición a la vida adulta. Los datos del informe acerca de la perspectiva de empleo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023), muestran que los jóvenes tienen una tasa de desempleo mucho más alta (10,6% entre aquellos con menos de 25 años) que la media de la población (4,8%). El informe de desempleo de Eurostat (abril de 2024), muestra que España lidera la Unión Europea y la zona euro en tasa de desempleo juvenil, alcanzando un 28,2% en enero de 2024, casi el doble de la media de la zona (14,6%). Esto significa que casi 3 de cada 10 jóvenes españoles en edad de trabajar están desempleados. Conviene destacar también que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES, 2024), el 27,4% de los jóvenes españoles entre 16 y 29 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

En cuanto a la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, s/f), demuestran que la brecha de género (es decir, la diferencia en puntos porcentuales entre la tasa de paro de mujeres y de hombres), en España es del 3,2%, muy por encima de la media europea del 0,5%; al situarse la tasa de paro de las mujeres en el 13,8% frente al 10,6% de los hombres. Por su parte, las cifras de EAPN-ES (2024), para el año 2023, muestran que la tasa de riesgo de pobreza en la población femenina fue del 27,5%, mientras que la masculina fue del 25,5%. Según Ayala et al. (2022) esto pude estar vinculado a que las mujeres se concentran en sectores que han sido más golpeados por la pandemia, como el turismo o el comercio minorista. Además, las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres por el mismo trabajo.

En 2022, el INE (2023), cifró la brecha salarial entre hombres y mujeres en el 15,7 %. Esta brecha salarial se ve agravada por una serie de factores, como la discriminación salarial, la segregación ocupacional y la menor participación de las mujeres en la fuerza laboral.

Otro elemento por destacar está vinculado a que las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos precarios, como trabajos temporales (61,25% frente al 53,53% de los hombres) y a tiempo parcial (36,67% y 20,46% respectivamente) (Observatorio de las Ocupaciones, 2024), así como en la economía informal.

Según el informe desarrollado en 2023 por la Organización Internacional del Trabajo (ILO en sus siglas en inglés), en Europa del norte, sur y oeste, la tasa de trabajo informal era del 71,5% entre las mujeres y del 59,6% en el caso de los hombres. Estos empleos suelen ofrecer salarios más bajos, menos beneficios y menos seguridad laboral que los empleos formales.

Por otro lado, la diversidad funcional es un factor determinante de exclusión sociolaboral hoy. Las personas con discapacidad enfrentan diversas barreras que limitan su acceso al mercado laboral, su participación plena en la vida económica y su desarrollo personal. Si los vemos desde la interseccionalidad, la diversidad funcional se sigue viviendo en el mundo desde una perspectiva de la capacidad y el género, lo que supone un doble factor discriminatorio.

Estas categorías sociales se entrecruzan y se influyen mutuamente para crear experiencias únicas de discriminación, lo que supone, entre otras cosas, mayores dificultades para acceder al mercado laboral y a la educación. Si nos fijamos en la tasa de desempleo en personas con diversidad funcional en 2023, vemos que se mantiene la desventaja de las mujeres frente a los hombres. En este caso, la brecha de género respecto al desempleo en mujeres y hombres con discapacidad es de 7 puntos porcentuales de diferencia; 74.610 en mujeres frente 64.711 en hombres (Observatorio de las Ocupaciones, 2024).

En lo que respecta a la migración y la exclusión sociolaboral, vemos que la crisis económica derivada de la pandemia ha acentuado la vulnerabilidad socioeconómica de los inmigrantes en España. Numerosos estudios demuestran que, las personas migrantes, especialmente aquellas con estatus irregular o provenientes de países en desarrollo, enfrentan barreras significativas para acceder a empleos dignos y estables. Estas barreras se manifiestan de diversas formas, incluyendo la discriminación racial y étnica, la falta de reconocimiento de títulos académicos y experiencia laboral obtenidos en el país de origen, sumado a la desventaja del desconocimiento de los idiomas y las normas laborales del país de destino. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Casado y Medina, 2023), la tasa de desempleo entre la población extranjera es significativamente mayor que entre los españoles, alcanzando el 19,7% frente al 12%.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), estima que, a nivel mundial los trabajadores migrantes representan el 4,9 por ciento de la fuerza de trabajo de los países de destino. En este contexto, los datos de Eurostat (s/f) revelan que, en 2023, los ciudadanos no pertenecientes a la UE, residentes en la Unión Europea, tenían una tasa de desempleo del 12,2%, significativamente superior al 5,4% de los ciudadanos nacionales y al 6,9% de los ciudadanos de otros países de la UE, situando a la población migrante en notoria desventaja respecto al resto de la población. Además, se calcula que en el mundo 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020) estima que los trabajadores de este sector, en el que los migrantes están sobrerrepresentados, constituye uno de los grupos más vulnerables, al carecer de contratos de empleo seguros y de protección o representación en el lugar de trabajo.

Conviene destacar que, las situaciones de especial vulnerabilidad a las que se han se visto sometidos algunos sectores de la sociedad por la crisis sanitaria, son resultado de patrones sociales de discriminación perpetuados a lo largo del tiempo. Desigualdades existentes donde la pandemia ha actuado como un amplificador de las situaciones que ya existían. Estas brechas son el resultado de una serie de factores, como la discriminación por raza, género, clase social, etc., que han relegado a ciertos grupos a posiciones de desventaja.

Sin embargo, no es posible establecer una relación directa de causa/efecto entre la COVID-19 y la exclusión sociolaboral, dado que no es una relación lineal. En ella también se entrelazan otros factores y se visibiliza con mayor incidencia el silencio estatal; reconocido en la literatura como una violencia estructural ante la poca o nula intervención para atender de forma integral este fenómeno, aun antes de la pandemia (Ferreira, 2021; Jiménez et al., 2021; Fernandes et al., 2023; Polo, 2023).

Al respecto, Bostal (2022) afirma que, el impacto de esta problemática es fluctuante y atraviesa múltiples desigualdades, que no solo implican las inequidades de clase, diferencias de ingresos, etc., sino que se evidencian en los diferentes ámbitos de la vida (relación sociofamiliar, disparidades de saberes, trayectorias educativas, red de apoyo, oportunidades laborales, calidad en las condiciones en este ámbito, entre otros).

Por su parte, Miranda y Alfredo (2021) complementan el análisis de la situación, al mencionar que la pandemia produjo una ampliación en las brechas de acceso y permanencia en el empleo, y puntualmente ha revelado el ciclo de exclusión y situaciones de dificultad y riesgo social que se presencian en los diversos territorios con poblaciones específicas. Se ha demostrado que las personas con una situación socioeconómica baja, siempre latente en su trayectoria de vida, logran insertarse laboralmente en empleos con poca remuneración y escasa calidad en las condiciones mínimas. Sin lugar a duda, esto perpetua un ciclo de pobreza y vulnerabilidad constante, en el cual se potencializan los factores de riesgo y se minimizan los factores de protección; estos últimos casi siempre son nulos. Es un ciclo que persiste y aumenta cuando se generan nuevas situaciones de emergencia, como en este caso lo ha sido la pandemia por COVID-19.

La situación descrita, reclama intervenciones que permitan abordar esta situación y construir una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades. Para cambiar una situación de dificultad o vulnerabilidad –lo que podríamos denominar la acción de interrumpir el ciclo– primero debemos analizarla en profundidad con la evaluación de necesidades y capacidades. En este caso, desde el componente teórico, conceptual, epistemológico y práctico de la Educación Social Especializada como ámbito de intervención de la Pedagogía Social, cuya función se orienta hacia la prevención, ayuda, reinserción y resocialización de personas y/o colectivos en riesgo de dificultad social, vulnerabilidad, conflicto y exclusión.

La Pedagogía Social, en su ámbito de Formación Laboral e Inserción Laboral, tradicionalmente se ha vinculado a un ámbito de la misma: la Educación de personas adultas. Este escenario se orienta a tres funciones específicas:

Formación laboral inicial para facilitar el acceso a una primera ocupación.

Formación laboral para personas sin ocupación: integración o reintegración.

Formación laboral para personas que ya se encuentren en el ámbito laboral, pero que requieren o desean cualificarse para mejorar sus condiciones (Gómez, 2003; Del Pozo y López-Noguero, 2021; Polo, 2023).

En este caso, teniendo en cuenta las características del fenómeno de exclusión sociolaboral tras la pandemia, el análisis socioeducativo se realiza desde las dos primeras funciones del ámbito de Formación Laboral e Inserción Laboral.

Por consiguiente, este análisis situacional y diagnóstico propicia el diseño, implementación y evaluación de prácticas socioeducativas innovadoras orientadas a la inclusión sociolaboral. Dichas prácticas se fundamentan en una metodología de investigación-acción, promoviendo la participación activa de educadores sociales en la identificación de necesidades, el diseño de intervenciones y la evaluación de resultados.

Este enfoque colaborativo permite la construcción conjunta de aprendizajes y el fortalecimiento de redes de apoyo para la empleabilidad y para la vida (Melendro, 2011; Muñoz y Gelabert, 2016; Olivares-García et al., 2020; Bayarri y Calvo, 2022; Otero et al., 2023; Gil-Jaurena et al., 2023).

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, este capítulo tiene un doble propósito. Por una parte, se enfocará en la contextualización de la situación de exclusión sociolaboral tras la COVID-19 en España, identificando tanto las principales poblaciones afectadas como las situaciones de exclusión sociolaboral atendidas por las entidades socioeducativas.

Y, por otra parte, este capítulo tratará de delinear las claves socioeducativas que definen la intervención socioeducativa, desarrollada por estas entidades para favorecer la inclusión sociolaboral de las poblaciones afectadas.

2. POBLACIONES Y SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL TRAS EL COVID-19 EN ESPAÑA: ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO DESDE LOS RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN

Los resultados del proyecto ESIN corroboran las cifras aportadas en el apartado anterior. El mayor porcentaje de respuestas indican que las personas jóvenes (77%) son el grupo poblacional principalmente afectado por el fenómeno de exclusión sociolaboral tras la pandemia, seguido de las personas migrantes o refugiadas (68%) y mujeres (62%), así como se presenta en el Gráfico 1.1.

Gráfico 1.1. Datos cuantitativos: Poblaciones atendidas durante la pandemia por COVID-19.

Fuente: Resultados del proyecto de investigación ESIN.

Según García et al. (2021) y Del Pozo et al. (2023), esta situación revela retos y desafíos en las dimensiones personales, profesionales, familiares, educativas y sociales de los jóvenes, quienes realmente en muchas ocasiones no cuentan con recursos físicos, económicos, educativos, y/o red de apoyo para afrontarlos. Para Vega (2016) y Rauch (2022), los indicadores de desempleo en la juventud demostraron un aumento en la brecha de género con respecto a las desigualdades de años anteriores, es decir, el fenómeno afectó predominantemente a las mujeres. De la misma manera, algunos autores consideran el estado migratorio como un factor de riesgo para el acceso al mercado laboral, por todas las condiciones legales que se requieren para reglamentar su permanencia en el país de acogida (Gutiérrez-Sánchez et al., 2023; Díaz- Esterri et al., 2024).

Estos datos cuantitativos coinciden con lo expresado por los participantes en los grupos focales del proyecto, tal y como se muestra en la siguiente nube de palabras (Imagen 1.1). Cabe mencionar que en el discurso de los participantes también se valoran a las personas pobres y en situación de discapacidad como poblaciones afectadas.

Imagen 1.1. Datos cualitativos: Poblaciones atendidas durante la pandemia por COVID-19.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto de investigación ESIN.

En muchos casos, es pertinente revisar las características sociodemográficas (edad, género, etnia, lugar de residencia), socioculturales, familiares, educativas, etc. Las situaciones de riesgo a las que se enfrentan estos colectivos pueden coincidir o ser transversales, de tal manera que, siguiendo los postulados teóricos y los aportes de investigaciones previas, esta transversalidad en las características mencionadas ubicarían a la mujer joven y migrante en una posición de desigualdad en la que se entrelazan múltiples factores y dimensiones, potencializando así el riesgo de exclusión social que permea en este caso el ámbito laboral, pero también puede impactar en otros ámbitos como el económico, formativo, sociosanitario, relacional, residencial, etc. Sin olvidar que este es un proceso que afecta de forma diferente a cada persona y a cada colectivo, pero que sin lugar a duda tiene un carácter sistémico y estructural (Subirats, 2005; Rubio, 2006; Jiménez, 2008; Kumar & Longchar, 2018; Ryy-nänen & Nivala 2019; Polo, 2023).

Para Viveros (2016), la teoría de la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw explica que estos ejes de desigualdad no se producen de manera aislada, no se suman, sino que se combinan y se influyen mutuamente.

Si se analiza la relación existente entre la inclusión sociolaboral y la transición a la vida adulta, desde una perspectiva socioeducativa, algunos autores como Melendro et al. (2022) y Oblitas y Plaza (2020) consideran que las garantías económicas provenientes de un empleo son un elemento esencial para el proceso de autonomía y empoderamiento de la población joven, lo cual les permite la realización de sus proyectos de vida. Pero el beneficio de esa inserción no solo se limita a la remuneración que se genera, sino que también acoge otros factores que, en muchas ocasiones, son considerados más relevantes por la trascendencia que tienen en la vida cotidiana, tales como: el fortalecimiento del vínculo y la relación socioafectiva, el sentido de identidad social y el ejercicio de la ciudadanía (Santana et al., 2016; Gutiérrez-Sánchez et al., 2023).

El hecho de sentirnos merecedores de algo, de poner en práctica el ser sujetos de derechos y de "tener el poder para (capacidad de actuar y para la toma de decisiones), en (a nivel personal – autoestima) y con (participación en la acción colectiva)" (Rowlands, 1996), nos permite fortalecer la autogestión de recursos y la capacidad de agencia para la toma de decisiones a nivel personal, profesional, familiar, etc., que favorezcan la mejora en la calidad de vida y el bienestar. En este sentido, esa relación entre el empleo y la transición a la vida adulta va más allá de un componente económico, por el contrario, esto es solo la base para la realización personal y la construcción de aprendizajes (desde lo curricular y relacional) a lo largo de la vida.

Respecto a las situaciones de exclusión atendidas por las entidades socioeducativas, los resultados del proyecto ESIN permiten identificar, en primer lugar, la falta de formación (69 %) como aquella que afecta con mayor persistencia. Así mismo, las y los encuestados valoran también como situaciones prioritarias: la precariedad laboral (67%), la desigualdad de oportunidades (67%) y las dificultades para el acceso a una primera ocupación (65%). El Gráfico 1.2 presenta estos porcentajes.

En cuanto a los resultados de los grupos focales, se observa que los participantes valoraron especialmente la situación de precariedad laboral que se asocia con las categorías de trabajos temporales y poca remuneración. No obstante, también se identifica la situación de baja cualificación. En la Imagen 1.2 se presenta la nube de palabras conforme al discurso de los participantes sobre las situaciones de exclusión sociolaboral.

Gráfico 1.2. Datos cuantitativos: Situaciones prioritarias de exclusión sociolaboral tras el COVID-19.

Fuente: Resultados del proyecto de investigación ESIN.

Imagen 1.2. Datos cualitativos: Situaciones prioritarias de exclusión sociolaboral tras el COVID-19.

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto de investigación ESIN.

Al analizar desde una perspectiva socioeducativa la relación de estas situaciones prioritarias, se visibiliza la persistencia de factores de riesgo individuales que, desde el enfoque multidimensional, sistémico y estructural de Subirats (2005), generan reincidencia y persistencia en incrementar o agudizar la desigualdad social, especialmente de aquellos grupos vulnerados (Imagen 1.2). De hecho, en la nube de palabras, se observa la categoría jóvenes y mujeres con relación al discurso que se estaba llevando a cabo sobre estas situaciones prioritarias de atención desde las entidades socioeducativas.

En efecto,