En la niebla de la guerra (2da. Edición): Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada
Por Andreas Schedler
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Andreas Schedler
Andreas Schedler es profesor-investigador en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.
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En la niebla de la guerra (2da. Edición) - Andreas Schedler
Segunda edición, 2018
Primera edición, 2015
Dirección editorial: Natalia Cervantes Larios
Fotografía de portada: Guillermo Arias http://www.guillermoarias.com/
www.LibreriaCide.com
D.R. © 2018, cide, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, 01210, Ciudad de México.
www.cide.edu editorial@cide.edu
La transformación a libro electrónico del presente título fue realizada por
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+52 (55) 52 54 38 52
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Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor.
Índice
Agradecimientos
Este libro sobre la nueva violencia mexicana es un ejercicio de reflexión teórica y moral basado en datos empíricos de opinión pública. Su fundamento empírico original lo constituye la Encuesta Nacional sobre Violencia Organizada ( envo ) que fue realizada dentro del proyecto de investigación Balas y votos: Violencia, política y ciudadanía en México
, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Federal Electoral ( ife ). Estamos agradecidos con ambas instituciones por su generosa ayuda. Particularmente, agradecemos el apoyo personal brindado por Gabriel de la Paz, director de Desarrollo Institucional, y Lucero Fragoso Lugo, subdirectora de Análisis, del Centro para el Desarrollo Democrático del ife . Gracias también a las autoridades del cide por su apoyo, aun en tiempos burocráticos difíciles: Sergio López-Ayllón, director general; Juan Manuel Torres, secretario general; Guillermo Cejudo, secretario académico; Lorena Ruano, directora de la División de Estudios Internacionales; Javier Aparicio, director de la División de Estudios Políticos y Roberto Ibarra, director de la Oficina de Vinculación y Desarrollo. Todo el proyecto surgió de una iniciativa de Gerardo Maldonado, apreciado colega y amigo, profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del cide . Sin su entusiasmo y su generosidad esta encuesta no se hubiera llevado a cabo. Muchas gracias.
Para el diseño del cuestionario realizamos un taller intenso de discusión que puso a prueba (y muchas veces de cabeza) el primer borrador. A todos los participantes les agradezco mucho su tiempo, su espíritu crítico y creativo, sus aportaciones valiosísimas: Elena Azaola, Gustavo Fondevila, Eduardo Guerrero, Sandra Ley, Gerardo Maldonado, Alejandro Madrazo, Alejandro Moreno, Lilian Paola Ovalle, Pablo Parás, Catalina Pérez Correa, Brian Philips, Rodolfo Sarsfield y Carlos Vilalta. Agradezco también a Rosario Aguilar, Luis de la Calle, Aaron Schedler, Esther Schlosser, Javier Treviño-Rangel, Brandon Sibilia y Willibald Sonnleitner las excelentes sugerencias que me hicieron en la fase de diseño del cuestionario. Gracias también a Elsy González por su excelente trabajo de coordinación administrativa y a Perla Valdés López por apoyarme, en fases cruciales del proyecto, de manera muy competente como asistente de investigación.
El trabajo de campo de la encuesta fue realizado por Data Opinión Pública y Mercados (Data opm). Por su profesionalismo y dedicación, estamos muy en deuda con todo el equipo de la empresa. Particularmente, agradecemos la atención invaluable que nos brindaron de manera constante y paciente Pablo Parás, director general, y Carlos López, director de Proyectos Cuantitativos.
Todos los resultados de la encuesta están disponibles en el Banco de Información para la Investigación Aplicada (biiacs) del cide (http://biiacs-dspace.cide.edu). La base depositada en el biiacs integra los resultados de la encuesta a población y la encuesta a élites. Agradezco a Verónica Flores Olmedo su trabajo profesional, minucioso y paciente, en la preparación de la base de datos. Para usuarios internacionales, tanto los cuestionarios como los archivos de datos y las notas metodológicas están también disponibles en inglés (https://hdl.handle.net/10089/17069).
Finalmente, quisiera agradecer a los dos dictaminadores anónimos del manuscrito sus observaciones críticas y sugerencias constructivas que me clavaron todavía unas espinas
muy productivas para la revisión final del manuscrito.
Prefacio para la segunda edición
Es una mala noticia. La segunda edición de este libro sobre la violencia organizada criminal en México es una mala noticia. Su continua vigencia entristece. Qué lástima que no se haya convertido en un libro histórico, sin relevancia actual. Qué pena que el pensamiento mágico de gobierno y sociedad no haya funcionado. Cerrar los ojos ante la violencia no la hizo desaparecer. De 2011 a 2014, los asesinatos organizados por las enigmáticas fuerzas del mal que solemos describir como el narco
descendieron a la mitad. Podíamos pensar que ya casi estábamos a salvo. Podíamos citar la frase famosa de Carlos Menem: Estamos mal, pero vamos bien.
Pero no. Del otoño de la indignación por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa volvimos muy pronto al invierno de la indiferencia. Y ahora, en la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, nos vemos inundados por una segunda ola
(Eduardo Guerrero) de violencia organizada. En 2017, las llamadas ejecuciones
, los homicidios atribuidos al crimen organizado, han vuelto a alcanzar los peores niveles del sexenio anterior. México, un país nacido en la guerra civil, no encuentra salida a esta su nueva guerra incivil.
Dicen los psicólogos que para resolver un problema primero tenemos que reconocerlo. La violencia organizada criminal ha estado presente desde la inauguración oficial de la democracia mexicana en las elecciones del año 2000. Sin embargo, no ha sido tema en ninguno de los seis procesos electorales federales que hemos presenciado desde entonces. En ninguno. Esta colusión silenciosa entre partidos, candidatos, medios y ciudadanos ha sido uno de los grandes fracasos de la democracia mexicana. Esperemos que no continúe en el 2018. Esperemos que ahora sí, antes de que todos nos hayamos alegremente acostumbrado a la nueva normalidad violenta, tanto la política como la sociedad nos miremos en el espejo e iniciemos una conversación conjunta seria sobre la violencia, es decir, sobre las múltiples violencias nuestras que sufrimos y que generamos.
En la niebla de la guerra está pensado para un público amplio. Ha recibido una acogida muy positiva, pero el mejor halago fue de una amiga cuando me comentó: A mi mamá le gustó mucho tu libro.
Dio alas a mi esperanza de que el texto efectivamente estuviera llegando a sus lectores más allá de los usuales círculos estrechos de la comunidad científica. Aparte de corregir algunos pequeños errores, introducir algunos suaves toques de actualización y eliminar algunas redundancias, la segunda edición trata de hacer el libro aún más legible. Lima algunas frases que bailaban todavía, aunque elegantemente, al borde de lo incomprensible. Esperemos que el texto resultante igual siga cumpliendo con su propósito central: generar más preguntas de las que resuelve.
Andreas Schedler
Ciudad de México, diciembre de 2017.
Introducción
Imaginemos que México estuviera gobernado por una dictadura que hubiera asesinado a 120 mil personas en los últimos tres lustros. Por un régimen que torturara, secuestrara y extorsionara de manera sistemática. Que exhibiera a sus víctimas en plazas públicas, los colgara de puentes, los abandonara en camionetas, desnudos, amordazados, mutilados. Que almacenara en sus morgues miles de cuerpos sin identificar. Y que hiciera desaparecer decenas de miles de sus ciudadanos enterrándolos en fosas comunes o disolviéndolos en tambos de ácido.
Sería, sobra decirlo, un horror, una situación intolerable, un escándalo a escala mundial. Afortunadamente, no es el caso. Desde el año 2000 México es una democracia. Una democracia deficiente y decepcionante, pero democracia al fin y al cabo. Desafortunadamente, las cifras y los hechos violentos antes mencionados son reales. No son las cifras y los hechos de un gobierno dictatorial, sino de una guerra civil económica (no política) que comúnmente describimos como la guerra contra las drogas
o la narcoviolencia
.
En las últimas dos décadas del siglo xx, México transitó lenta y pacíficamente hacia la democracia. En la primera década del siglo xxi, se deslizó vertiginosamente hacia la guerra civil. No es una guerra por el Estado ni por ideología. Es una guerra civil de las llamadas nuevas
, que se libran por ganancias materiales, no por motivos políticos. Y es una guerra que es varias guerras. Una guerra opaca donde conviven, se mezclan y se refuerzan la violencia criminal de empresas privadas ilícitas y de agentes del Estado, la violencia entre organizaciones criminales y dentro de las mismas y la violencia ejercida contra combatientes y contra la población civil.
Aun cuando todavía no sabemos muy bien cómo pudimos caer en este drama nacional, hay que preguntarnos cómo podemos salir de él. El presente libro parte de una premisa contradictoria: por un lado, los ciudadanos son actores fundamentales, imprescindibles, de cualquier solución. En una democracia, los ciudadanos importan, e importan quizá aún más en una democracia azotada por la violencia organizada.¹ Por otro lado, las condiciones estructurales de una guerra civil hacen muy difícil que los ciudadanos se movilicen. La opacidad de la violencia, su ambigüedad moral y la brutal asimetría de poder entre grupos armados y población civil crean obstáculos muy severos para el involucramiento ciudadano. Mientras que la construcción del Estado de derecho requiere que los ciudadanos se movilicen, la violencia organizada tiende a paralizarlos.
La relevancia de la opinión pública
En un contexto de competencia violenta entre grupos armados ilegales, en una situación donde la tortura, la muerte organizada y la desaparición de personas se cuentan por decenas de miles, ¿por qué deberíamos pensar que los ciudadanos comunes y corrientes pueden tener alguna injerencia en el curso de los eventos? ¿Qué diferencia pueden hacer? ¿En qué inciden sus actitudes y sus acciones? ¿Por qué deberíamos pensar que la opinión pública importa? ¿Por qué vale la pena estudiarla?
En la guerra, dice un refrán africano, la población civil es como el pasto bajo los pies de elefantes que pelean. No del todo. Los elefantes no están en todas partes. Y aun donde están, pastando o peleándose, los civiles tienen recursos de movilización y resistencia civil que no tienen en un contexto dictatorial. Gozan de derechos políticos y libertades civiles. Tienen acceso al espacio público, pueden votar, militar en partidos y asociaciones civiles, echarse a la calle, levantar la voz. Todo con restricciones, ciertamente, pero también con ciertos márgenes de acción. Incluso bajo la sombra de la violencia criminal organizada, los ciudadanos comunes y corrientes tienen tres vías principales de influencia:
1. La opinión pública puede incidir en la discusión pública y las políticas públicas. Ante la escalada de la narcoviolencia
en México, hemos hablado mucho de las fallas del Estado y del gobierno y mucho menos de las fallas de la democracia. Sin embargo, el simple hecho de que la guerra contra el crimen organizado
no haya sido un tema destacado en las dos últimas elecciones presidenciales, ni en 2006 antes de su lanzamiento oficial, ni 60 mil muertos después en 2012, tiene que considerarse un fracaso mayor de la democracia. Cuando falla la democracia, son muchos los actores que están fallando: el gobierno y la oposición, los partidos políticos, los medios y la sociedad civil. En una democracia, se supone que todos estos actores respondan a las preferencias y los reclamos de la ciudadanía. En última instancia, son entonces los ciudadanos quienes pueden sancionar y corregir las fallas democráticas.
2. La opinión pública puede incidir en el crimen organizado. La idea convencional
según la cual los grupos armados dependen de la población civil para obtener los recursos necesarios para construir una organización
(Weinstein, 2007: 339) no aplica para los cárteles de la droga.² Los cárteles no necesitan que la población civil les dé techo y alimentación. Compran sus víveres en el supermercado y sus casas de alguna empresa inmobiliaria. Lo que sí necesitan son dos cosas: personal y silencio. Necesitan reclutar gente para llenar todas las posiciones requeridas en la división del trabajo criminal. Y necesitan que los ciudadanos civiles, cuando se enteren de hechos delictivos, no los denuncien ante las autoridades o la prensa. Casi inevitablemente las opiniones que los ciudadanos tengan de los actores criminales afectan tanto la facilidad de contrataciones de personal como la probabilidad de denuncias.
3. La opinión pública puede afectar a la sociedad civil organizada. Ante el fracaso masivo del Estado para proteger a sus ciudadanos de sus ciudadanos (y de sí mismo), en los últimos años familiares de víctimas de la violencia han formado numerosos movimientos de protesta en muchas partes de la República. Es muy probable que la opinión pública pueda incidir tanto en los esfuerzos y las capacidades de movilización de las asociaciones de víctimas como en la sensibilidad de políticos y funcionarios ante sus reclamos.
Todo esto es un rosario de bellas posibilidades. No es fácil, sin embargo, que el potencial de intervención ciudadana se haga realidad. Las tendencias prevalecientes en estos últimos años de violencia endémica han sido la normalización de la violencia y la pasividad ciudadana ante ella. Los episodios de movilización ciudadana en favor de las víctimas, aunque impresionantes y conmovedoras, han sido pasajeras. Los imperativos morales y políticos de solidaridad ciudadana se enfrentan a obstáculos muy poderosos que la inhiben en la práctica.
La normalización de la violencia
La escalada de la violencia organizada en los últimos diez años ha tomado al país por sorpresa. Hace tan poco, México parecía encaminarse hacia la normalidad democrática. El descenso a la normalidad criminal ha sido vertiginoso. Ante la difusión pavorosa de la violencia extrema, podemos constatar que la respuesta prevaleciente ha sido la normalización: muy rápidamente, tanto el gobierno como la sociedad han dejado de sorprenderse.
El gobierno de Felipe Calderón, al ver al país estallar en sus manos, declaró una suerte de Estado de emergencia nacional al tiempo que trataba de dar tranquilidad a la ciudadanía en general. En esencia, describía la violencia como el conflicto entre grupos rivales
de la delincuencia
que se mataban entre sí. Las heroicas fuerzas de seguridad se encargarían de salvar a la patria de ellos, los criminales
. Las personas decentes, o simplemente las personas
, los ciudadanos
, el pueblo
, el país
, nuestra sociedad
, las comunidades
, las familias mexicanas
, no tenían nada qué hacer ni nada qué temer.³
El gobierno de Enrique Peña Nieto reemplazó el discurso de negación por el silencio de negación. En lugar de decir: tenemos un gran problema, pero no se preocupen, es un asunto entre malos que resolveremos nosotros los buenos
, el nuevo gobierno esencialmente dijo: tenemos un problema, pero no es para tanto, hay cosas más importantes que atender
. En lugar de externalizar la violencia como asunto de delincuentes simbólicamente expulsados de la nación, ha tratado de minimizar la violencia como un problema menor. Las fórmulas son variadas: la violencia está peor en otros países
, siempre ha existido
, solamente afecta unas zonas del territorio nacional y ya va a la baja
. El mensaje a los ciudadanos es el mismo que en el gobierno anterior: nosotros nos hacemos cargo, ustedes tranquilos
.
A nivel individual, también hay muchos signos de normalización de la violencia. Con rapidez osmótica y una ligereza que a veces pareciera festejar la transgresión de todos los límites civilizatorios, el lenguaje cotidiano ha sido un lugar privilegiado de normalización de la violencia. Hemos movilizado muchos recursos lingüísticos para convertir el horror extraordinario en un hecho trivial. Hemos adoptado el lenguaje del mundo criminal para describir a los actores criminales (el cártel, el capo, el sicario, el halcón, la mula, el pozolero), los actos criminales (la ejecución, el levantamiento, el cobro de piso), los dispositivos criminales (la casa de seguridad, el cuerno de chivo) y a las víctimas de la violencia (los descabezados, colgados, encobijados, encajuelados, enteipados). Absorbiendo este universo de eufemismos y falsos tecnicismos, hemos creado un mundo donde la violencia es un fenómeno delimitado, comprensible, esperable. La categoría amplia de los narcos
y el uso extensivo del prefijo correspondiente (la narcoviolencia, la narcofosa, la narcomanta, el narcopolicía, el narcopolítico, la narcofiesta, la narcovivienda) sirven al mismo propósito: crean una distancia simbólica entre nuestro mundo civilizado y un mundo de barbarie donde la violencia es normal (véanse también Lemaitre, 2013 y Ovalle, 2010).
La normalización simbólica ha sido reforzada por múltiples estrategias de adaptación individual. Quizá la más importante ha sido el autoconfinamiento. En la medida en que el espacio público ha aparecido como territorio violento, los ciudadanos se han refugiado en sus espacios privados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), por miedo a ser víctima de algún delito
, más de la mitad de los mexicanos ya no salen de noche y dos de cada tres niños mexicanos tienen vetado salir a la calle (inegi, 2014: 39). A nivel colectivo, hemos visto un abandono análogo del espacio público. Ha imperado la pasividad ciudadana, puntuada por breves olas de protesta masiva.
La movilización excepcional
Es un lugar común pensar que la sociedad civil mexicana es relativamente débil. También ha sido una observación común que la sociedad civil en su conjunto no se ha mostrado muy activa en el ámbito de la seguridad pública (véase Dudley y Rodríguez, 2013: 5). Quienes sí se han movilizado han sido las víctimas de la violencia. Inicialmente fueron solamente algunas figuras individuales quienes irrumpieron en el espacio público nacional. Por ejemplo, el empresario Alejandro Martí se convirtió en un activista prominente contra la inseguridad después de que su hijo Fernando fue secuestrado y asesinado. Después, sin embargo, hemos visto dos grandes olas de movilización colectiva en favor de las víctimas de la violencia criminal, una en 2011 y otra en 2014.
Ya desde los inicios de la llamada guerra contra las drogas, empezó a surgir una amplia gama de movimientos de víctimas en muchos rincones del territorio mexicano. Durante varios años, sin embargo, desde la capital de la República este caleidoscopio de movimientos locales permaneció prácticamente invisible. Fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, iniciado en la primavera de 2011 por el poeta Javier Sicilia a raíz del asesinato de su hijo a manos de policías locales, cuando el rico y diverso conjunto de movimientos locales de víctimas se hizo visible y audible a escala nacional (al menos durante algunos meses de atención mediática).⁴
El movimiento de Sicilia no logró transformaciones estructurales en el Estado y la sociedad mexicana (sería pedir demasiado).⁵ Su gran logro histórico fue simbólico: el reconocimiento público de las víctimas —como víctimas y como seres humanos—, no como cifras, daños colaterales, archivos muertos o criminales que se la buscaron. Por lo menos durante unos breves meses del año 2011, las víctimas tuvieron presencia pública y quien quería podía ver sus caras, escuchar sus historias y compartir sus lágrimas.⁶
Aún antes de que Sicilia resolviera que sus botas ya no aguantaban más y que tenía que dejar de marchar, el tema de las víctimas ya había salido otra