Actores, políticas públicas y conflicto agropecuario: A diez años de la 125

Por Marcelo Panero

El "confllicto del campo" se desató luego de conocida la resolución 125 que establecía derechos de exportación móviles para cuatro cultivos (soja, maíz, trigo y girasol), dispuesta por el gobierno nacional frente a un escenario internacional de brusco incremento de sus precios. Este libro analiza las posiciones de los diferentes actores en el reclamo. «El llamado "conflicto del campo" se constituyó en un hito de la historia económica y política reciente de Argentina y cuyas resonancias aún no han concluido. Con reminiscencias de otros eventos similares resultó único, entre otras razones, por la virulencia y difusión que adquirió especialmente en algunos momentos y por sus motivaciones y efectos que superaron el ámbito de lo agrario en sentido estricto. Su denominación, además, se constituyó en una categoría eficiente para la construcción de la representación de los sectores concentrados del agro nacional y su acompañamiento por parte de otros grupos aliados, así como para ser enunciado como una disputa centrada en dos actores: "el campo" y el gobierno. Este libro es una contribución [...] ya que ofrece una lectura distinta y a la vez complementaria del mismo. Se trata, esencialmente, de una lectura política del conflicto, incluyendo las acciones de gobierno así como los comportamientos de las organizaciones que tuvieron una activa y, en muchos casos, novedosa modalidad de exposición y participación pública. Pero también el análisis se enriquece al considerar algunos aspectos que podríamos considerar que formaron parte de los “márgenes” del conflicto, ya sea porque no se manifestaron en los momentos críticos de ese evento o porque fueron colocados por el análisis en un lugar secundario, por ejemplo, al no formar parte del sector que lideraba el conflicto.» Palabras del prólogo de este libro.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Universitaria Villa María
• Fecha de lanzamiento: 22 feb 2019
• ISBN: 9789876995085

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Presentación

Marcelo Panero

Con precisión casi cronológica, a solo tres meses de la asunción del primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, se inició el llamado conflicto del campo. El mismo se desató luego de conocida la resolución 125, el 11 de marzo de 2008, que establecía derechos de exportación móviles para cuatro cultivos (soja, maíz, trigo y girasol), dispuesta por el gobierno nacional frente a un escenario internacional de brusco incremento de sus precios. La medida generó un inmediato rechazo de parte de los productores y entidades representativas del sector agropecuario, que se tradujo en un cese de comercialización de productos, distintas modalidades de protestas callejeras (cortes de ruta, manifestaciones, concentraciones, tractorazos, etc.) y dos actos masivos en Rosario y Buenos Aires. El progresivo descontento rural fue ganando aliados entre ciertos núcleos urbanos y articulándose con otros grupos y sus intereses: las fuerzas políticas derrotadas en las últimas elecciones (a derecha e izquierda), algunos sectores empresariales, ciertos sindicatos y, fundamentalmente, los principales medios masivos de comunicación que dieron una amplia y favorable cobertura de la protesta.

Un análisis retrospectivo de dicho conflicto permite destacar cuatro aspectos principales. En primer término, su magnitud. Durante más de cuatro meses se movilizó una gran cantidad de personas en distintas rutas del país y en más de 200 localidades de 11 provincias argentinas. En segundo término, se involucró una amplia diversidad de actores, intra y extrasectoriales, cuyos posicionamientos y acciones alcanzaron una fuerte intensidad. En tercer lugar, la protesta tuvo un resultado inmediato (la no aprobación parlamentaria de las disposiciones que contenía la resolución 125), pero consecuencias más amplias y prolongadas en el tiempo. El desarrollo de la misma (incluyendo su resultado) modificó las relaciones de fuerza entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales, alteró la importancia relativa de los distintos ejes de conflicto que cruzan a la sociedad argentina, y generó (o reactualizó) articulaciones identitarias en torno al rol e importancia de los diferentes sectores en la vida económico-social del país, así como en relación al tipo y alcance de intervención estatal. En cuanto a sus consecuencias, el conflicto del campo fue un punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva etapa. En los 10 años transcurridos desde aquel 2008, tanto ciertos lineamientos económicos (la dificultad para avanzar en una mayor captación de renta a los sectores agroexportadores en vistas de profundizar una estrategia de industrialización e incremento del consumo interno), como la dinámica sociocultural marcada por un fuerte dualismo (que la prensa opositora al gobierno kirchnerista denominó la grieta) y el escenario político-electoral (la dicotomía partidaria en términos de kirchnerismo-antikirchnerismo que tuvo su culminación en las elecciones presidenciales de 2015), tuvieron su génesis en el conflicto del campo.

Finalmente, el conflicto abrió algunos interrogantes sobre su interpretación. Por un lado, acerca de las características y situación del propio sector agropecuario. Inicialmente, para algunos actores y analistas, dicha contienda fue algo totalmente inesperado, como un rayo que cayó de un cielo sereno1. Repentinamente se anoticiaron que en Argentina, país capitalista y con un perfil históricamente agroexportador, los empresarios del agro constituían un actor de relevancia en la vida política nacional. Para quienes tenían esta perspectiva, el agro constituía un sector que a partir de la ISI había perdido progresivamente su importancia económica a manos de la industria y los servicios, cuyos miembros se encontraban confinados en sus estancias, chacras o pueblos del interior, dedicados a las labores campestres y con escasa incidencia política. Para otros, en cambio, lo ocurrido en 2008 no fue más que la reactualización de un conflicto de vieja data, una nueva vuelta del espiral de la historia argentina, donde los dueños del país y que tradicionalmente mandaron, ahora, con nuevas caras pero con los mismos apellidos, decidieron dar batalla por mantener ambas prerrogativas. Unos por estar mirando para otro lado, otros debido al uso de lentes inadecuados2 (en el caso de que una lectura no haya sido continuación de la otra), emplearon coordenadas que fueron insuficientes o inapropiadas para dar cuenta de lo que acontecía. A medida que fue pasando el tiempo, diferentes análisis sobre el conflicto fueron ganando en profundidad y riqueza analítica, comenzando a poner en evidencia una serie de cuestiones que daban cuenta de importantes cambios ocurridos en el sector agropecuario en el último cuarto de siglo: en lo económico-productivo, en el plano tecnológico, en el escenario internacional, en la estructura agropecuaria, en los nombres y rasgos de sus integrantes, etc. Fue, precisamente, esta nueva situación y características del sector agropecuario, la que abrió los primeros interrogantes a responder.

Otro ámbito a abordar es el de los distintos  actores presentes en el sector agropecuario, en otras palabras a quien se llama el campo. En la opinión pública, en cierta literatura especializada, así como para quienes fueron parte de la protesta, hablar de campo remite a la fracción propietaria o arrendataria de extensiones medianas y grandes de la región pampeana del país, dedicada a producciones exportables (cereales, oleaginosas, ganadería vacuna, principalmente), cuyos intereses contemplarían los de todo el sector agropecuario. Si bien esta fracción es numerosa e importante, esta postura invisibiliza un gran conjunto de actores, y sus intereses, muchas veces contradictorios con los primeros: pequeños productores, agricultores familiares, cooperativas, trabajadores y trabajadoras del sector, comunidades originarias, etc. Echar luz sobre la multiplicidad de actores e intereses presentes en el agro es el segundo punto a abordar.

Finalmente, el conflicto del campo abrió interrogantes sobre la  política y sus perspectivas analíticas. Que se haya producido un conflicto de tamaña magnitud a solo tres meses de un contundente triunfo electoral de la fuerza gobernante, da cuenta de que la dinámica política en Argentina se explica solo parcialmente por lo que ocurre en el plano electoral y que los ejes en torno a los cuales se disputa el poder en Argentina no están circunscriptos exclusivamente a una canalización político-partidaria. Por el contrario, exhibió la importancia que revisten ciertos actores fácticos, dotados de recursos diferenciales (el capital de los empresarios, la posibilidad de detener el proceso productivo en el caso sindical, las armas de las ffaa, la capacidad para incidir en la formación del sentido común de los medios de comunicación, la llave del cielo en el caso de la iglesia, etc.), cuya posesión, defensa y legitimidad no están sujetas a la validación de las urnas, pero que tienen una fuerte incidencia respecto a las decisiones de los gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto, un pensamiento teórico sobre la política que no lo sea también sobre el Estado, sobre la economía y sobre las corporaciones no puede decir nada relevante sobre la política 3.

Tanto la trascendencia política del conflicto del campo como las preguntas que abrió motivaron la realización de este libro. El mismo es la concreción del anhelo compartido por los/as autores/as de plasmar en una obra escrita el resultado de interrogantes, preocupaciones e intentos de respuesta a distintas temáticas relativas a los cambios en el agro, los actores sectoriales y el Estado. Todos los artículos que componen el libro son el fruto de investigaciones más amplias, realizadas o en curso, ya sea como parte de estudios de posgrado, del ejercicio de labores académicas, como resultado de tareas de gestión pública o de varias de ellas a la vez, enriquecidos en innumerables debates, discusiones, clases, ámbitos de militancia, etc. Reflejan puntos de vista no necesariamente coincidentes e intereses temáticos diversos. No obstante, comparten el objetivo de abordar lo ocurrido desde una mirada que conjugue rigurosidad analítica sin renunciar a la expresión de un posicionamiento propio en el plano de las ideas, alejándose tanto de la inconducente búsqueda de neutralidad propia de cierta tradición academicista como del burdo recitado de consignas vacías. En esa línea, se busca complejizar las herramientas de análisis y los abordajes, a los fines de superar visiones simplistas y/o maniqueas, tanto en lo que refiere al análisis del conflicto en si, como a los elementos a tomar en cuenta para abordar la dinámica política del país, como en relación a los actores intervinientes. Si la lectura de alguno/s de estos artículos levanta un poco de polvareda, suscita algún debate o deja planteado un mínimo interrogante, el esfuerzo que se cristaliza en estas páginas habrá valido la pena.

La estructura del libro se conforma teniendo en cuenta, por un lado, los interrogantes abiertos a partir del conflicto, mencionados anteriormente. Por otro, en línea con ciertas premisas y nociones analíticas. En torno a esto último, se asume que un acontecimiento político, como el denominado conflicto del campo, es un proceso complejo, multidimensional, dinámico y situado espacial e históricamente, donde el peso relativo de los distintos factores intervinientes, y la forma en que opera cada uno de ellos, es algo que varía históricamente4. Asimismo, se supone que en el mismo intervienen distintos actores5, individuales o colectivos, que pugnan por realizar sus intereses y demandas, y cuyo objetivo es lograr ciertas medidas políticas y/o alcanzar aquellos bienes (materiales o simbólicos) que satisfagan dichos intereses y demandas. Por ello, en segundo término, el abordaje de un proceso político requiere echar mano a herramientas analíticas que permitan tratar conjuntamente: a) lo relativo a la conformación de los intereses y preferencias, b) el accionar dirigido a hacer visible tales intereses, por medio de la constitución de demandas que expresan actores representativos6; c) las características del destinatario de dichas acciones, el Estado, en cuanto entidad encargada de toma de decisiones colectivas y obligatorias.

Por lo dicho, es necesario emplear un marco analítico, que tome en cuenta aspectos estructural-económicos, político-institucionales e ideológicos. La primera dimensión, estructural-económica, que alude a las características socioeconómicas y productivas del sector a estudiar, reviste importancia dado que se asume que la posición que se ocupe en la estructura socioeconómica es un aspecto crucial para la formación de las preferencias e intereses. En el mismo sentido, similares características socioeconómicas crean puntos en común para el surgimiento de intereses coincidentes. Con la dimensión político-institucional se hace referencia, por un lado, a los rasgos del destinatario de las acciones políticas, ya que las demandas sectoriales suelen ajustar su formato y contenido a ellas. Por otra parte, es necesario considerar las características del actor representativo que encarna la representación, y lleva adelante la tarea de elaborar las demandas colectivas a partir de una multiplicidad de intereses individuales. Por último, la dimensión ideológica refiere a las claves interpretativas en base a las cuales se lee el posicionamiento estructural, las características del Estado, las posibilidades que permiten las reglas de juego existentes, las distintas alternativas posibles, los intereses que deben atenderse con preeminencia, etc.

A su vez, estas tres dimensiones contemplan una faz estática, es decir aquello que sobre su conformación los actores no tienen posibilidades de incidir (al menos inmediatamente) y son tomados como algo dado. Y, por otro lado, una faz dinámica, referida al accionar de los actores involucrados (en este caso, las entidades representativas y el actor gubernamental). Dichos actores, dotados de voluntad, racionalidad y capacidad de decisión, hacen una lectura del escenario estructural-económico y político-institucional desde un determinado marco interpretativo para, finalmente, tomar la decisión de actuar de un modo u otro.

En línea con lo mencionado, en el capítulo I del libro Estructuras sociales agrarias y conflicto en el sector. El caso del llamado conflicto por la 125 en 2008, escrito por Germán Rosati, se abordan ciertos cambios productivos y regionales, particularmente ligados a la expansión del cultivo de soja, y como ello se vincula con los sitios geográficos donde se manifestó el conflicto. En el Capítulo II La Resolución 125 y las políticas agropecuarias en Argentina. Aportes sobre el contexto histórico del conflicto Mercedes Patroullieau e Ignacio Alonso trazan un panorama de las políticas agropecuarias implementadas desde mediados de siglo xx hasta el momento previo al conflicto por la resolución 125. En ambos capítulos, el primero inscripto en la dimensión estructural y el segundo en la político-institucional, se pretende mostrar el marco de acción de los actores en ocasión de dicho conflicto.

Una vez abordado lo que se estima dado, los siguientes cuatro capítulos se abocan a la faz dinámica del conflicto, abordando el accionar de diferentes actores relevantes en el mismo. En el Capítulo III, De la amistad al enfrentamiento. La Federación Agraria Argentina y sus vínculos con el kirchnerismo (2002-2009), Lautaro Lissin pone el foco sobre la Federación Agraria Argentina. Allí intenta dar cuenta la manera en cómo esta entidad, históricamente identificada con los pequeños productores y enfrentada a los grandes terratenientes (y a su entidad representativa, sra), que venía teniendo posturas de apoyo a las políticas intervencionistas del gobierno nacional, a partir del conflicto unió su accionar a las demás entidades, y en un sentido opuesto a su historia y dirección más reciente.

En el Capítulo IV, Pelea de grandes. La cúpula del agro durante el conflicto de 2008, Marcelo Panero aborda los actores de mayor poderío económico del sector. El artículo muestra como estos encontraron en la resolución 125, que casi exclusivamente afectaba a los productores de soja, el argumento para oponerse a una política agropecuaria que consideraban lesiva de sus intereses más generales referidos a las distintas producciones.

En el Capítulo V, En busca de reconocimiento: Las organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena ante el conflicto por la resolución 125, Matías Berger buscó hacer presente el rol desempeñado en el conflicto por el sector de los agricultores familiares y pequeños campesinos. Estos actores, fuertemente afectados por las consecuencias de los cambios productivos, tecnológicos y regionales ocurridos en el agro desde las dos últimas décadas del siglo xx (desplazamientos por ej.), fueron un tanto invisibilizados en el tratamiento mediático y en algunos análisis académicos sobre la protesta, a pesar de no ser ajenos al resultado del conflicto.

Por último, en el Capítulo VI, El conflicto del campo y el accionar político de la UIA: del alineamiento a la confrontación con el gobierno, Marina Dossi analizó a la entidad representativa del empresariado industrial argentino, la Unión Industrial Argentina. La resolución 125, enmarcada en un proyecto político-económico intervencionista que estimulaba cierta industrialización, hizo emerger tensiones en este colectivo y en su entidad representativa, dado el carácter diversificado de parte de la gran burguesía argentina, con intereses cruzados en el agro y la industria simultáneamente. Son estas tensiones las que la autora aborda y trata de dilucidar.

A la hora de los agradecimientos, me alegra aunar en ellos sincero reconocimiento y afecto personal. Este libro no hubiera sido posible sin el interés demostrado por la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Villa María (Eduvim). Conocedor en primera persona de las dificultades de hacer presente las voces y los esfuerzos de una comunidad educativa situada en el interior del interior del país, va para ellos, especialmente a Carlos Gazzera, Emanuel Molina y Damián Truccone, un especial agradecimiento personal y en nombre de cada uno/a de los/as autores/as. A Guillermo Neiman, cuya trayectoria exime de mayores presentaciones, mi agradecimiento por prestigiar este libro con su participación. A Francisco Fabio, por partida doble. En primer lugar, por su sapiencia en gestionar la confluencia de ciertos anhelos. En segundo, porque en el transcurso de las actividades docentes y de gestión compartidas, y de los innumerables debates sostenidos, surgieron algunos de los planteos que este libro contiene. Personalmente, a cada uno/a de los/as autores/as, por sumarse a este proyecto, por el esfuerzo realizado y el compromiso puestos. Por compartir. Gracias Ignacio Alonso, Matías Berger, Marina Dossi, Lautaro Lissin, Mercedes Patroullieau, Germán Rosati.

Notes

1. Esta expresión, de Karl Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es recreada en Rinesi , E.; Nardacchione , G. y Vommaro , G., Las lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente , Los Polvorines, Buenos Aires, UNGS-Prometeo libros, 2007. La inspiración para este trabajo es tomada de este último.

2. Siguiendo a Rinesi , E.; Nardacchione , G. y Vommaro , G., Las lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente , op. cit.

3. Ibídem.

4. Viguera , A., Estado, empresarios y reformas económicas: en busca de una perspectiva analítica integrador, Zona Abierta 90/91, 2000.

5. Por actor entendemos al sujeto de la acción, esto es a quien podemos atribuir la realización de la acción.

6. De una multiplicidad de individuos que conforman el mismo sector se desprende una cantidad variada de preferencias individuales, no siempre concordantes o, en el caso que lo fueran, con diferente jerarquía en el orden temporal de su satisfacción. Ante el destinatario es imposible hacer llegar la totalidad de los reclamos que se desprenden de cada preferencia individual. Solo algunos de ellos lograran sintetizar los intereses de esa multiplicidad de individuos y convertirse en la expresión del interés colectivo. Para ello, los primeros deberán atravesar un proceso de reconfiguración, de tal manera que pueda emerger una demanda colectiva, que incluya algunos aspectos de ciertas preferencias individuales, al tiempo que se excluirán y/o redefinirán muchas otras. Esta tarea de convertir una multiplicidad de intereses individuales en el interés de un colectivo y procurar que se convierta en una demanda política a ser expresada ante un destinatario, es llevada adelante por una instancia representativa.

Prólogo

Guillermo Neiman

El llamado conflicto del campo se constituyó en un hito de la historia económica y política reciente de Argentina y cuyas resonancias aún no han concluido. Con reminiscencias de otros eventos similares resultó único, entre otras razones, por la virulencia y difusión que adquirió, especialmente en algunos momentos, y por sus motivaciones y efectos, que superaron el ámbito de lo agrario en sentido estricto. Su denominación, además, se constituyó en una categoría eficiente para la construcción de la representación de los sectores concentrados del agro nacional y su acompañamiento por parte de otros grupos aliados, así como para ser enunciado como una disputa centrada en dos actores: el campo y el gobierno.

Lejos de ser exclusivamente un problema fronteras adentro, la conexión con procesos de escala internacional se fue haciendo cada vez más visible, aunque no necesariamente se constituyó como parte de la explicación acerca del origen y desarrollo del conflicto a nivel local. En efecto, hacia el año 2008, se consideraba que la reducción en los stocks de alimentos y la tendencia a la suba de los precios que la fao consideraba que iba a continuar al menos cinco años más, podía incluso llevar a retrotraer varias décadas la situación alimentaria para varias regiones del mundo. Así se vuelve cada vez más frecuente en los planteos de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales recurrir a términos como agroinflación, fin de la abundancia y crisis alimentaria para hacer referencia a un escenario global económica y políticamente difícil de manejar a la vez que para pronosticar tiempos de inestabilidad y la necesidad de actuar en consecuencia.

En principio, un conjunto de causas heterogéneas emergen como explicaciones coyunturales de este nuevo escenario: fenómenos climáticos como la intensa sequía que afectaba a Australia o las inundaciones en Estados Unidos, el incremento y los cambios en el consumo de sectores medios de la población de China e India y en algunos países de África, el aumento en el uso de biocombustibles y su impacto en el destino de las tierras ocupadas con cereales y oleaginosas (por ejemplo, en Estados Unidos un quinto de su producción de maíz se utilizaba para la elaboración de etanol y en la Unión Europea se discutía la revisión de las metas de sustitución de petróleo por biocombustibles), e incluso la existencia de maniobras de especulación financiera (entre las cuales, fenómenos como las hipotecas subprime no habrían sido ajenas) que hacían inestables los precios de las commodities aunque sin detener su tendencia a la suba.

Rápidamente comienza a evaluarse que esta situación tendría consecuencias económicas, sociales y políticas más amplias. Robert Zoelick, por entonces presidente del Banco Mundial, difundió su de algún modo anticipatoria fotografía en la que posaba con una bolsa de arroz y un pan argumentando que esas eran las causas de la nueva inestabilidad social y política en el mundo.

Algunos sucesos de orden político comenzaron a darle la razón. Las protestas que por ese tiempo sucedían en países como Marruecos, Indonesia, México, Camerún y Haití, tenían entre sus motivaciones principales las crecientes dificultades de la población para acceder a alimentos. Las movilizaciones sociales que llevaron en varios países a la llamada primavera árabe tuvieron un componente asociado al aumento en el precio de los alimentos contra el que protestaban sectores populares pero también grupos sociales medios que veían en riego sus consumos no alimentarios ante esa escalada de precios.

En febrero de 2008, el precio del trigo se había incrementado un 25% en un solo día de operaciones de la bolsa de Chicago; el maíz, hasta mediados de 2008 había aumentado su precio en un 35%; en el caso del arroz, su valor de mercado se había duplicado prácticamente en un año acarreando graves consecuencias sobre el consumo mundial dado que 2000 millones de personas lo tenían como alimento principal. El mismo Banco Mundial estimaba que en tres años (desde 2005) el precio promedio de una canasta básica de alimentos que consumía la mayor parte de la humanidad se había incrementado alrededor de un 80%.

Por entonces comenzaban a tomar estado público decisiones de distintos gobiernos orientadas a controlar los precios internos, con el propósito principal de desacoplarlos de los precios internacionales que se suponía ingresaban en una tendencia de subas continuas que se extendería en el corto y mediano plazo. Garantizar el abastecimiento interno y controlar la inflación se constituyeron en metas fundamentales de las políticas económicas y alimentarias en muchos países. Por ejemplo, desde 2006, países como Egipto, Vietnam, Brasil e India cerraron temporariamente las exportaciones de arroz o de algunas de sus variedades más consumidas internamente; en India, además, se había decidido racionar el aceite comestible para evitar su acaparamiento. En Filipinas, también para el caso del consumo de arroz, se sancionaba severamente este tipo de comportamiento (se difundió incluso la posibilidad de pena de muerte) e incluso la cadena McDonalds’ tomaba la decisión de reducir a la mitad la porción de este alimento que acompañaba sus menúes. Kazajstán, por entonces sexto país exportador mundial de trigo, gravaba las exportaciones para controlar el precio y de hecho cerró sus ventas al exterior durante algunos meses de 2008. En Pakistán, los camiones que transportaban arroz contaban con custodia militar.

Las situaciones de inseguridad alimentaria se propagaban entre países y continentes y rápidamente lo que parecía un problema centrado exclusivamente en los aumentos de los precios y de acceso por parte de grupos y sectores de la población, comenzó a adquirir connotaciones políticas y sociales. La crisis alimentaria se transformó en crisis política con la emergencia de movilizaciones de sectores de ingresos medios y bajos en las que comenzaban a incorporarse demandas de distinto tipo dependiendo de las coyunturas particulares de los países especialmente afectados.

En Argentina, en principio, el conflicto se desencadenó en 2008 con la propuesta gubernamental de cambiar el vigente esquema de impuestos a las exportaciones de cereales y oleaginosas para desacoplarlos de las fuertes variaciones internacionales. Esta modificación fue presentada al menos de manera parcial, ya sea considerando las causas que le dieron origen como los efectos que se procuraba alcanzar con las medidas propuestas. Esto puede explicarse por dificultades comunicacionales del propio gobierno pero también por la forma en que las organizaciones corporativas