Construcción de paz en Llano Verde: Reflexiones situadas sobre la justicia transicional, la educación y las políticas públicas en el distrito de aguablanca (Cali, Colombia)

Por Carlos Andrés Tobar Tovar

"Este libro de investigación, es un resultado del proyecto interinstitucional "La construcción de la paz desde abajo y la justicia transicional: una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes de AFRODES para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la Urbanización Casas de Llano Verde, comuna 15 de la ciudad de Cali", financiado por la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca (RUPIV), y avalado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la Universidad del Valle, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y con la participación de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES Cali). Partimos de la reflexión sobre las prácticas sociales para la construcción de paz en el marco de la discusión nacional sobre la operacionalización de la justicia transicional en los territorios que conforman el distrito de Aguablanca. Si bien, este tema no es muy estudiado, ha cobrado especial relevancia debido al interés por estudiar los recursos organizativos situados con los que se promueven convivencias posibles y deseables en los barrios populares y de bajos ingresos. Además, tal cuestionamiento tiene lugar mientras ocurren cuatro hechos sociales significativos para la historia contemporánea de la ciudad: (1) la firma de los acuerdos de paz en 2016, (2) el aislamiento social causado por la pandemia de Covid-19, (3) la masacre de los jóvenes de Llano Verde, ocurrida el 11 de agosto de 2020, y (4) el Paro Nacional 2021."

• Idioma: Español
• Editorial: Sello Editorial Javeriano
• Fecha de lanzamiento: 1 jun 2023
• ISBN: 9786287618558

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Los autores

Alejandrina Falquez Sinisterra

Miembro del semillero de jóvenes AFRODES Cali desde el 2018. Es bachiller técnica, laboral administrativa, especialista en servicio al cliente y operaria en máquinas planas. Actualmente, se encuentra realizando el pregrado de Trabajo Social en la Universidad Antonio José Camacho. Está interesada en el aprendizaje de las prácticas ancestrales promovidas por sus mayores y mayoras afectados y afectadas por el conflicto armado Interno y los saberes étnico-culturales de la población Negra, Afro palenquera y Raizal (NARP). Además, le apasiona la protección de los Derechos Humanos, la generación de oportunidades de la población NARP y la educación de la primera infancia.

Bairon Otálvaro Marín

Trabajador social, magíster en Políticas Públicas y doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, director del programa académico de Administración Pública.

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Beatriz Alejandra Arboleda Romero

Trabajadora social egresada de la Universidad del Valle (2009), especialista en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Javeriana (2012), magistra en Derechos Humanos y Cultura de Paz (2014), docente del programa de Trabajo Social de la Universidad Católica Lumen Gentium, coordinadora del semillero de Investigación Vestigium (2022), vinculada al grupo de investigación Lumen Humanitas (categoría C-Miniciencias) de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas.

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Carlos Andrés Tobar Tovar

Psicólogo (2005) y comunicador (2007) egresado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. magíster en Filosofía de la Universidad del Valle (2009). Doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona, España (2016). Profesor visitante en la Universidad de Sheffield, Reino Unido (2022). Investigador del proyecto Contested Territories, Unión Europea (2022-2024). Profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y miembro del grupo de investigación Comunicación y Lenguajes (Categoría A1, Minciencias). En los últimos años se ha dedicado al estudio de la vulnerabilidad social en comunidades rurales y urbanas del Valle del Cauca.

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Gabriela Posso Restrepo

Tesista del pregrado de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Ponente internacional en congresos de investigación en Argentina y México. Lideresa juvenil de la ciudad de Cali. Consejera de Juventud de la lista más votada de Colombia Unidad Popular. Presidenta actual del Consejo Municipal de Cali.

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Stephany Mercedes Vargas-Rojas

Magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, politóloga del Colegio Mayor Universidad del Rosario, profesora del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana-Seccional Cali, y coordinadora del grupo de investigación Democracia, Estado e Integración Social (DEIS). Sus intereses investigativos giran en torno a la sociología de los problemas públicos y las políticas públicas urbanas en contextos de construcción de paz.

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María Antonia Barney Díaz

Estudiante de Ciencia Política con énfasis en Gobernabilidad Democrática e Integración al Sistema Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Practicante de Investigación del grupo de investigación Democracia, Estado e Integración Social (DEIS) de la carrera de Ciencia Política. Su interés profesional se orienta hacia la cultura de paz, derechos humanos y cooperación internacional. Su interés investigativo se centra en la construcción de paz en sociedades que han vivido conflictos armados internos.

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Erlendy Cuero Bravo

Líder social, vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES Cali) y abogada egresada de la Universidad Católica Lumen Gentium (2022). Erlendy, fue escogida por los miembros directivos de la Universidad John Hopkins como la ganadora del premio Anne Smedinghoff (2019) en reconocimiento a sus logros destacados en el campo de la defensa de los Derechos Humanos en contextos afrocolombianos.

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Nora Liliana Guevara Peña

Trabajadora social de la Universidad del Valle (2010), magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo, de la Universidad de los Andes, en Bogotá (2015). Directora, docente e investigadora del Programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica), así como docente catedrática de la Universidad del Valle. Vinculada al grupo de investigación Lumen Humanitas (categoría C-MinCiencias) de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de Unicatólica y al grupo de Investigación Crisálida (Categoría B-MinCiencias) de Uniminuto, Bogotá.

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Luz Adriana Aguirre Santafé

Nutricionista-dietista, magíster en Políticas Públicas, doctoranda en Salud de la Universidad del Valle. Docente de la Facultad de Epidemiología y Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Integrante del grupo de Investigación Gestión y Políticas Públicas de la Universidad del Valle. Actualmente desarrolla su actividad investigativa en el campo del Análisis de las Políticas Públicas Alimentarias y de Salud para juventudes.

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Valentina Betancourt Torres

Abogada de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, y magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Docente universitaria e investigadora en temas de Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derecho Internacional Público. Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-Unicatólica, Cali.

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Prólogo

Este libro de investigación, es un resultado del proyecto interinstitucional La construcción de la paz desde abajo y la justicia transicional: una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes de AFRODES para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la Urbanización Casas de Llano Verde, comuna 15 de la ciudad de Cali (nombre corto: Paz en Llano Verde), financiado por la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca (RUPIV), y avalado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la Universidad del Valle, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y con la participación de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES Cali).

Cinco grupos de investigación, dos semilleros y un grupo de practicantes se articularon para avanzar en la reflexión prevista: Por parte de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, participaron los grupos Comunicación y Lenguaje (A1, Minciencias) y Democracia, Estado e Integración Social (B, Minciencias); los semilleros estudiantiles fueron Derecho a la Comunicación, de la carrera de Comunicación; y el semillero de Comunidad Internacional, Paz territorial y Políticas Públicas, de la carrera de Ciencia Política. Por la Universidad del Valle, se contó con el grupo Gestión y Políticas Públicas (A1, Minciencias), y por parte de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, participaron los grupos Lumen Humanitas (C, Minciencias), Derecho y Ciencias Políticas (C, Minciencias) y un grupo de practicantes de la carrera en Trabajo social.

Los capítulos que componen el libro, son el resultado del encuentro con el semillero de jóvenes AFRODES Cali. Este está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21 del distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali, provenientes del Pacífico colombiano, especialmente de los municipios de Buenaventura, Tumaco, Satinga El Charco, entre otros. Sus edades oscilan entre los 14 y 28 años, sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el año 2013, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. El proceso de formación de la agremiación se llevó a cabo entre el año 2017 y el 2020, después de la firma de los acuerdos de paz.

El punto de partida fue la reflexión sobre las prácticas sociales para la construcción de paz en el marco de la discusión nacional sobre la operacionalización de la justicia transicional en los territorios que conforman el distrito de Aguablanca. Si bien, este tema no es muy estudiado, ha cobrado especial relevancia debido al interés por estudiar los recursos organizativos situados con los que se promueven convivencias posibles y deseables en los barrios populares y de bajos ingresos. Además, tal cuestionamiento tiene lugar mientras ocurren cuatro hechos sociales significativos para la historia contemporánea de la ciudad: (1) la firma de los acuerdos de paz en 2016, (2) el aislamiento social causado por la pandemia de COVID-19, (3) la masacre de los jóvenes de Llano Verde, ocurrida el 11 de agosto de 2020, y (4) el Paro Nacional 2021.

La investigación transcurre en la misma línea histórica desde la que se presentan los mencionados hechos. La metodología propuesta, responde a tres momentos claramente demarcados en este libro. En primer término, hay una fase de sistematización de la experiencia del semillero AFRODES en relación con sus vivencias cotidianas, su reinterpretación de los hechos victimizantes vividos en sus territorios de origen, y la reflexión sobre sus aportes a la vida en común. Posteriormente, hay una fase de formación en la que se reflexiona sobre las habilidades políticas articulando recursos presenciales y virtuales, este será el origen del curso de acceso abierto Quilombo-Aguablanca. Y finalmente, se propone una discusión sobre la operacionalización de la justicia transicional a través de la implementación participativa de las políticas públicas. Los capítulos responden a este hilo conductor donde el procedimiento metodológico genera las posibilidades de encuentro interdisciplinar.

El resultado de este proceso es presentado a la comunidad académica: una compilación de capítulos en los que se recupera la comprensión situada de los actores comunitarios y que intenta ampliar el conocimiento que se tiene sobre la construcción de paz en el distrito de Aguablanca.

Introducción

Justicia transicional y construcción de paz en el barrio Llano Verde: una aproximación progresiva al estudio de las convivencias pacíficas en el distrito de Aguablanca (Cali, Colombia)

Carlos Andrés Tobar Tovar, PhD

Un acercamiento inicial

La resignificación de las violencias del conflicto armado colombiano, requiere un análisis detallado de los recursos con los que cuentan las comunidades para llevar a cabo la justicia transicional y la construcción de paz en sus territorios. La necesidad de una ruptura con las múltiples violencias que se han hibridado en el transcurso de la historia colombiana, solo es posible si se interviene el campo semántico en el que se legitiman prácticas sociales que naturalizan injusticias estructurales e institucionales (Calle-Meza, Ibarra-Padilla, 2019). Ese proceso de renovación y transformación, es el que define la justicia transicional y fundamenta el sentido de las prácticas de construcción de paz en los contextos vulnerables.

En buena medida, se trata de un principio que permite repensar los compromisos con el pasado para relanzar, en el futuro, las convivencias posibles entre víctimas y victimarios. Desde esta perspectiva, se aspira a estabilizar la sociedad a través de la participación democrática, la no repetición de los hechos victimizantes y la sublimación de las experiencias traumáticas del pasado (Tabarquino-Muñoz, 2018).

Los esfuerzos enunciados, responden a una tensión no resuelta entre la capacidad que tiene el Estado para promover procesos para la resignificación del pasado, y asumir compromisos con el presente; en oposición, a los esfuerzos que cotidianamente realizan las comunidades empobrecidas para innovar en las prácticas sociales que aseguran una convivencia deseable y posible (Peña-Huertas, et. al., 2019). De hecho, la superación del conflicto armado y la pacificación de los territorios ha constituido un asunto importante en la agenda política desde finales del siglo XX y comienzos del XXI. La búsqueda de una experiencia democrática que permita la reconciliación constituye la promesa de los políticos. La paz ha venido configurando un campo semántico (cargado de significaciones) en el que diversas comprensiones sobre la vida en común vienen siendo elaboradas y transformadas.

No es gratuito, que la historia reciente de Colombia insista en la necesidad de generar acuerdos de paz que otorgan apertura a experiencias re-estructurantes de la sociedad en su conjunto (Mojica-Rozo, 2018). En este sentido, hay que entender que la paz corresponde a la configuración de pactos de carácter temporal y limitado, que requieren ser refrendados a partir del abordaje de los conflictos entre centros y periferias del tiempo presente, que otrora se abordaban desde la violencia armada, pero que hoy en día intentan ser resueltos a través de la política.

Se viene hablando de justicia transicional en Colombia desde el año 2005, a partir de los procesos que el Estado implementó para la desmovilización de grupos paramilitares. Ante la imposibilidad de llevar a cabo guerras de exterminio en la accidentada geografía nacional, se pone en evidencia un principio de realidad: el Estado jamás podría ganar una guerra contra las guerrillas y estas jamás podrían llevar a cabo una revolución armada en contra del Estado colombiano (Mojica-Rozo, 2018). Frente a esta encrucijada se vuelve necesario hablar de paz, entenderla como una experiencia a la medida de nuestras posibilidades y comprensiones, de su esencia situacional y de su capacidad para generar compromisos. Se trata entonces, de pensar transiciones que permitan pasar de la violencia a la política, entendiendo esta como escenario de consensos limitados y temporales que requieren de la participación democrática para dirimir o promover otras alternativas que ayuden a afrontar la compulsión a la violencia.

La justicia transicional, solo ha sido implementada en la Ley de Justicia, Paz y Reparación (975) de 2005, promovida para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-Ep, firmados en septiembre de 2017. Ambos procesos, tienen en común el énfasis otorgado a las víctimas y el estatus jurídico que adquieren, lo cual implicó el establecimiento del derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, cuestiones que hacen parte del discurso popular sobre los derechos de las comunidades de desplazados en diversos municipios del país (Calle-Meza e Ibarra-Padilla, 2019).

Al asumir la justicia transicional, el Estado colombiano decidió afrontar las cuentas pendientes con el pasado inherentes al conflicto armado y de esta manera asume la necesidad de construir memoria, verdad y reparación (Ortega, 2022). La reelaboración del pasado, pretende estabilizar la sociedad ampliando el acceso de las víctimas a los procedimientos de justicia, se asume que el compromiso con el acceso a la verdad y el deber moral de recordar a los muertos constituye una manera de reconocer la responsabilidad del Estado, siendo un primer paso hacia la transición. No obstante, también habrá comunidades interesadas en olvidar, en comprometerse con el futuro considerando que es a través del acceso y optimización de oportunidades sociales, educativas y laborales, entre otras, como se establecen nuevas comprensiones sobre el territorio (Acosta-Páez, 2021).

Ambas posibilidades, coexisten en los territorios y fundamentan los desafíos de la transición. La justicia transicional comparte una serie de prácticas políticas que buscan limitar las posibilidades de repetición y re-victimización; de ahí que, la tarea de la memoria sea un eje axial del proceso de dar contenido a la experiencia común de las comunidades. Según Betancourt-Torres (2021) la configuración del modelo de justicia transicional en Colombia, se ha consolidado a través de diversos enfoques (realistas y constructivistas) que intentan responder a los desafíos de las expectativas de un resarcimiento simbólico y material acorde a las expectativas que se desprenden del tratamiento del trauma moral que deja las violencias.

El mecanismo empleado por el Estado para el tratamiento del abordaje de los mencionados asuntos, es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) establecido a partir del Acuerdo Final de Paz. De acuerdo con Calle-Meza e Ibarra-Padilla (2019) la JEP responde a un modelo de justicia restaurativo que se distancia de las formas tradicionales de la justicia punitiva. Para sus detractores el modelo favorece la impunidad y la revictimización; para sus partidarios, se trata de una experiencia de recomposición social que aborda la inasistencia estatal que ha caracterizado las relaciones entre centro y periferia en Colombia, dando valor al esfuerzo que hacen las comunidades para abordar sus convivencias. Desde esta perspectiva, la justicia transicional es el resultado de una síntesis de diversas prácticas y tradiciones que las culturas, en un mundo globalizado, han empezado a concebir en la clave de una justicia internacional, las cuales constituyen marcos teóricos en los que se fundamenta la acción social de cara a las víctimas.

Colombia adopta este modelo porque encuentra en él una posibilidad para transitar de las formas hegemónicas punitivas de la justicia, que pueden servir de fundamento para las violencias del pasado, a mecanismos plurales en los que la centralidad está en el diálogo y la posibilidad de las víctimas para continuar sus proyectos de vida individuales y colectivos. De ahí que, la pregunta por las practicas sociales de construcción de paz desde los recursos organizativos situados cobren especial interés.

La experiencia de la justicia transicional establece un escenario intersticial entre el Estado y las comunidades; por una parte, el Estado estará encargado de llevar a cabo políticas de arriba hacia abajo que intentan ser lo más comprensivas posibles al recuperar y establecer las síntesis de las comprensiones que tienen las comunidades sobre sus diferentes demandas. Por la otra, las comunidades asumen el desafío inaplazable de generar experiencias de paz en sus contextos desde abajo hacia arriba, de ahí que hagan uso de un reportorio innovador y variado de diversos recursos capaces de aportar a una resignificación de las violencias.

Las relaciones entre Estado y comunidades están lejos de ser armónicas. Se trata de un ámbito de conflictos en los cuales las lógicas de construcción de paz son constantemente interpeladas, ya sea porque la comprensión del Estado sobre las violencias sea limitada, o porque las acciones de las comunidades puedan llegar a ser percibidas como promotoras de impunidad. Pese a estas contingencias, los procesos de resignificación de las violencias siguen teniendo lugar en la historia nacional y constituyen un campo de estudios relevante para las ciencias sociales y humanas colombianas.

El aporte del distrito de Aguablanca a la construcción de paz en Colombia

En febrero de 2005 tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana Cali el Simposio Internacional de Justicia Restaurativa y Paz en Colombia. La relevancia de este evento radica en que fue aquí donde se visibilizaron prácticas sociales de resolución pacífica de conflictos a través de la aplicación de formas alternativas de justicia, las cuales evidenciaban la esencia plausible de la justicia, la cual corresponde a un constructo moral configurado culturalmente y que responde a las posibilidades de los grupos para fundamentar convivencias deseadas y posibles, antes que una doctrina hegemónica que puede llegar a ser percibida como arbitraria.

En el mencionado evento, se puso en evidencia que uno de los contextos nacionales en los cuales se empezó a innovar con relación a la implementación de la justicia y sus posibilidades restaurativas fue en el distrito de Aguablanca. Sus diversos grupos, colectivos y organizaciones han tenido un papel significativo en los eventos sociopolíticos de lo transcurrido en el siglo XXI en la ciudad. Dichas agremiaciones han servido para recontextualizar las demandas sociales de las comunidades desplazadas y empobrecidas, han ayudado a la diseminación de