Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos: El caso de San Isidro Patios en Bogotá

Por Humberto Rojas Pinilla

Si bien los campos de estudio que hasta ahora han abordado los conflictos por recursos naturales han hecho aportes incontestables, estos presentan las limitaciones propias de su especialización, como el uso de un solo enfoque y, en muchos casos, de un único nivel de análisis.

Por esta razón, en este libro se plantea una perspectiva intserdisciplinar y se propone la categoría de análisis de conflicto ambiental intratable para desentrañar las distintas formas en las que el ejercicio del poder ha conspirando para producir los rasgos de intratabilidad que se encuentran en el caso de San Isidro Patios (como la larga duración, la recurrencia y el fracaso de los repetidos intentos de transformación) y sus múltiples relaciones con el papel del Estado y sus instituciones, la lucha de comunidades vulnerables para satisfacer la necesidad de un techo en la ciudad y discursos hegemónicos como el de la conservación y el urbanismo.

Este análisis se lleva a cabo por medio de la articulación de instrumentos conceptuales y metodológicos pertenecientes a diferentes campos de estudio, buscando comprender cómo se interceptan sus ingredientes y proponer posibles vías para su transformación, de manera que el conflicto cumpla con su función social: el cambio social y la emergencia de un nuevo balance en las estructuras de poder.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Pontificia Universidad Javeriana
• Fecha de lanzamiento: 9 ago 2019
• ISBN: 9789587813937

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(2006).

MODELO PARA ARMAR: ENSAMBLAJE TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS MULTINIVEL DE CONFLICTOS COMPLEJOS

Las múltiples aristas de la intratabilidad del conflicto ambiental en los Cerros Orientales y San Isidro Patios

Son muchas las problemáticas y los conflictos presentes y relacionados con la gestión y conservación de los Cerros Orientales de Bogotá; sus retos y desafíos, causas e interrelaciones a lo largo del tiempo han sido analizadas por muchas disciplinas y campos de estudio, en distintos niveles y con diferentes herramientas.¹

Uno de los fenómenos más visibles corresponde al gradual, pero continuado, proceso de urbanización ilegal de predios afectados por la declaración de la Reserva. Se ha dicho que solo los más pobres o los más ricos y poderosos se han aventurado a hacerlo.

En efecto, desde comienzos de siglo XX a lo largo de los Cerros Orientales se fueron asentando los grupos más pobres de la población, luego, con el rápido proceso de llegada y crecimiento de la población experimentado en los años sesenta y setenta, los barrios informales, ante la limitada oferta institucional, no tuvieron más alternativa que gestionar y autoproducir su hábitat. El fenómeno de la urbanización ilegal, clandestina, subnormal, pirata o progresiva, entre otras denominaciones, fue extensivamente estudiado durante los años setenta y ochenta en Colombia y Latinoamérica, pero fue abandonado con la llegada de temas como el ambiental, en los noventa, y los derechos humanos y el conflicto, a comienzos del nuevo milenio.

El conflicto generado por la dinámica de loteo ilegal presente en San Isidro Patios conecta numerosos elementos y tensiones que entrecruzan nuestros tiempos, como el dilema de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales frente a la realidad de las presiones y dinámicas socioeconómicas, institucionales y políticas; el tema humanitario, la pobreza urbana y el derecho a un techo en la ciudad, y, por último, los efectos del Antropoceno sobre el soporte de la vida como la conocemos en el planeta, y por ende la complejidad, recurrencia e intensidad de los conflictos que involucran los recursos naturales.

Las aristas de este conflicto actúan sobre la población y se interceptan en distintos niveles y dimensiones del territorio. Lo local y la vida cotidiana con la pobreza y la lucha por satisfacer necesidades básicas y configuración de los medios de vida; lo institucional con el papel del Estado en clave de mecanismos de seguridad, de policía y jurídicos, que conforman la gubernamentalidad,² y lo cultural, como nivel intangible, pero quizá una de las formas más potentes de ejercicio del poder en clave de habitus,³ discursos de verdad y poder simbólico.⁴

A continuación, se presentarán algunas de las formas como se han entretejido los ingredientes conflictivos en San Isidro Patios. Comenzaremos con algunos datos importantes sobre el Distrito Capital. Este abarca un territorio total de 163 659 ha, que está dividido en dos grandes categorías: un área urbana (41 388 ha) y un área rural (122 271 ha). Es decir que el 60,46 % del área de la ciudad se identifica como rural y apenas un 39,54 % del área total, como urbana. Dentro de estas dos grandes categorías existen dos subcategorías de uso de protección del suelo: suelo de protección urbano y suelo de protección rural, cuya extensión total es de 77 873 ha.

Esto significa que el 47,58 % del total de la superficie del Distrito Capital se ha destinado a la protección (Secretaría Distrital de Planeación, 2009), lo que implica enormes retos para la gestión, en particular para la planificación, el manejo y la conservación, pero sobre todo para que haya un comando y un control coordinado, máxime cuando estas competencias recaen en un mosaico de instituciones que conforman una gubernamentalidad fragmentada, que actúa bajo diferentes lógicas y que abarca los niveles nacional, regional y local.

Desde la dimensión ecológica, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá es albergue de una importante diversidad biológica, se constituye en el principal pulmón de la ciudad y es pieza fundamental del sistema hídrico, al conectar la cuenca del río Teusacá con el río Bogotá, la cual abastece al 35 % de la población. Se trata de un ecosistema estratégico por las funciones que cumple en el ciclo del agua, desde la producción y recarga de acuíferos, hasta la regulación del balance hídrico. Adicionalmente, tiene un gran valor simbólico, estético, recreativo y tutelar para la ciudadanía, como telón de fondo y referente paisajístico. Desde la perspectiva identitaria, es importante recordar que para los indígenas muiscas los Cerros Orientales constituían un lugar sagrado de pagamento, por ser el lugar de nacimiento del agua, el referente de la aparición del Sol día tras día y el símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad (Palacio, 2008).

Desde la perspectiva institucional, la gestión, planeación, restauración, valoración, apropiación social, conocimiento, cuidado y protección de la Reserva genera importantes y numerosos retos si se tiene en cuenta la magnitud de las fuerzas que ejerce una metrópoli con casi nueve millones de habitantes; las numerosas presiones ejercidas sobre sus recursos (suelo, bosque, agua, biodiversidad, paisaje, etc.), agudizadas por motores como el crecimiento natural de la población, el desplazamiento forzado y la migración voluntaria, y entrecruzadas por factores casi estructurales, como la constante reestructuración de las entidades distritales, la corrupción, la débil coordinación institucional, la prevalencia de intereses económicos de corto plazo, así como la proliferación, el desconocimiento e incumplimiento sistemático de los instrumentos de planeación y las normas urbanísticas y ambientales, entre otros.

Desde la perspectiva de la propiedad del suelo, de acuerdo con Maldonado (2005), dos terceras partes de los predios afectados por la declaración de la Reserva son propiedad privada, por esta razón los cerros son intervenidos de manera incesante, mientras se elaboran numerosos planes de manejo que nunca son implementados. El Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales —en adelante, POMCO—, por ejemplo, identificó y caracterizó once sistemas de alteridad presentes en los Cerros Orientales; es decir, dinámicas mediante las cuales gradualmente los cerros son intervenidos, transformados y deteriorados en sus valores ecológicos. Estos sistemas son: desarrollo progresivo de vivienda, desarrollo planificado de vivienda, minería, centros educativos, comercio formal, telecomunicaciones, finca campesina, finca encargada, desarrollo de vivienda suburbana, áreas privadas en conservación y predios sin construir. Sin embargo, los posibles instrumentos para controlar o al menos modificar o intervenir estos sistemas de alteridad nunca fueron puestos en marcha.

A pesar de que el proceso de planificación urbanística y ordenamiento del suelo de la ciudad ha sido muy ambicioso, al haber destinado una importante proporción del suelo distrital a la protección (casi el 50 % del total), no se ha logrado garantizar de manera mínima su restauración y conservación, ni siquiera un mantenimiento libre de ocupación o de procesos extractivos o de contaminación; esto en virtud de la débil capacidad institucional, la estructura de la propiedad, la elevada presión urbanizadora, la dinámica de la inmigración del campo a la ciudad y los fenómenos de urbanización ilegal, asociados a redes clientelistas, entre otros factores.

El caso de San Isidro Patios

En el curso de más de dos siglos, los Cerros Orientales de Bogotá han sido un territorio que ha estado sometido a repetidos ciclos y dinámicas de apropiación, extracción de materiales para la construcción de la ciudad, numerosos usos e intervenciones productivas y reproductivas, así como institucionales, al tiempo que ha sido progresivamente habitado y reclamado por comunidades tanto rurales como urbanas con diferentes grados de poder.⁵

En el año 1976, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —en adelante, Inderena—, mediante el Acuerdo 30, declaró la Reserva Bosque Oriental de Bogotá y la alinderó en la cuenca alta del río Bogotá —incluyendo el primer barrio construido en San Isidro Patios, denominado Caja Agraria—. En principio, la Reserva debería ser administrada durante cinco años por la CAR.

En 1985, a raíz del conflicto generado por haber incluido el barrio en la Reserva, la CAR, mediante Resolución 2337, sustrajo una parte y reconoció a San Isidro, dando inició así ‘semi oficialmente’ a lo que supondría un proceso de incorporación al perímetro urbano de la ciudad (Toro, 2005, p. 103). Cito el término semioficialmente en cursivas porque se ha incurrido, desde la declaración misma de la Reserva, en varios errores de procedimiento que han dado origen a sinnúmero de pleitos y querellas que no han permitido, desde esa época, legalizar los barrios (véase Gómez-Lee, 2011 y Maldonado, 2005). Quizá el más grave fue la no inscripción en su momento de la Reserva en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y, en consecuencia, la ausencia de afectación legal de los predios cobijados por la declaración, lo que permitió todo tipo de transacciones con los predios hasta el año 2005, cuando finalmente se realizó la afectación en el marco de la acción popular interpuesta en el mismo año para oponerse a la creación de una franja de adecuación.

A pesar de su declaración en el año 1976 como reserva forestal de orden nacional, las presiones extractivas, productivas y urbanizadoras no han cedido, y, de hecho, en las últimas dos décadas se han acentuado, lo que ha generado distintos procesos de degradación y transformación ambiental, y en particular agudas dinámicas de urbanización planificada y no planificada, así como de gentrificación (es decir, el progresivo reemplazo de barrios de raigambre popular, como Calderón de Tejada, Pardo Rubio, San Martín y Los Olivos, entre otros, por viviendas dirigidas a estratos socioeconómicos medios-altos y altos, desplazando a sus poblaciones hacia otros bordes de la ciudad).

La dinámica de la urbanización ilegal de predios del territorio de la Reserva no ha sucedido exclusivamente en el área de San Isidro Patios actualmente configurada. Según datos de la Mesa Ambiental de los Cerros (2008), para ese año, en los Cerros Orientales había 64 barrios informales o de origen informal, que acogían aproximadamente a 74 720 habitantes en el territorio de la Reserva. Tan solo en la porción de los cerros que corresponde a la localidad de Chapinero habitaban cerca de 24 834 personas.⁶ Las últimas cifras disponibles, recopiladas por la Secretaría Distrital del Hábitat y la Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios (Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Ambiente, 2014), estimaban en 91 174 personas la población que habitaba los Cerros de manera informal en barrios autoproducidos. Es claro que esta dinámica de ocupación no se ha detenido.

De manera similar a lo ocurrido en otros barrios de los Cerros Orientales, los barrios que hoy conforman a San Isidro Patios han ido creciendo y densificándose desde los años setenta hasta llegar a configurar la Unidad de Planeación Zonal Distrital 89 —en adelante, UPZ 89—, que agrupaba en el 2008 cerca de 5000 viviendas, enclavadas en alturas entre 2900 y 3300 m s. n. m., y que ocupaban en ese entonces alrededor de 170 ha en los límites urbanos de las localidades de Chapinero y Usaquén, en el nororiente de Bogotá, D. C. (figura 1).⁷

Los barrios, por su condición de ilegalidad, no han sido objeto de inversiones por parte de la administración distrital para su mejoramiento integral. Esta es una de las principales contradicciones presentes en el conflicto, y la lucha por un techo en la ciudad, por equipamientos, por infraestructura y servicios de transporte y domiciliarios describen necesidades básicas insatisfechas.

En cuanto a las protestas y movimientos asociados al conflicto en San Isidro Patios, a finales de los años ochenta los habitantes de los barrios tuvieron confrontaciones con la Policía y con la CAR, por haber construido sus viviendas en la zona de la Reserva. Sin embargo, no hay registros hasta la fecha de que el conflicto haya escalado a enfrentamientos violentos. A pesar de su aparente ilegalidad, estos barrios han sido reconocidos como unidad de planificación, identificada por la administración distrital como UPZ 89 y definida como de tipo 1: residencial de urbanización incompleta, que corresponde a sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público (Alcaldía Mayor de Bogotá, 28 de julio de 2000).

La UPZ 89 está conformada actualmente por los barrios La Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro I y II, San Luis Altos del Cabo. Esta UPZ presenta numerosas falencias, entre otras cosas, debido al hecho de que sus barrios están construidos sobre predios loteados ilegalmente por sus propietarios y afectados por la declaración de la Reserva; concurren además los riesgos por remoción en masa e inundación, que complican los procesos de regularización y que hace que no sean objeto de inversión pública, expresada en servicios públicos estatales. Sin embargo, sí pagan impuestos y son objeto de algunos programas de asistencia social distrital y por parte de organizaciones no gubernamentales —en adelante, ONG— de distintos niveles por su situación de vulnerabilidad social y precariedad económica.

Figura 1. Localización de San Isidro Patios

Fuente: elaborado por Nicolás Vargas Ramírez (2014).

Las dinámicas de aumento poblacional, urbanización acelerada y deterioro ambiental de la Reserva en esta área son notorias: el territorio urbanizado ha venido aumentando progresivamente, en el año 2006 se contaron 3412 viviendas, y en 2009 habían aumentado a 4385; el número de hogares para las mismas fechas pasó de 3738 a 4785, es decir que en tres años se conformaron en la UPZ 89 (San Isidro Patios) 1047 hogares, el valor más elevado de las tres UPZ pertenecientes a la localidad de Chapinero. En la actualidad, se calcula su población en cerca de 25 000 habitantes,⁸ a pesar de que no existe un censo reciente, sino tan solo proyecciones de la Secretaría del Hábitat.

El crecimiento de la demanda de servicios básicos, la imposibilidad de ampliar las coberturas por medio de inversión pública, la creciente producción de desechos sólidos, vertimientos y aguas servidas asociadas a la urbanización ha deteriorado notablemente la calidad y la cantidad de los recursos naturales en este sector de la Reserva; en particular el recurso hídrico, conformado por las nueve quebradas que se encontraban en la zona, y que desde los años ochenta han mostrado señales de desaparición por causa de distintos tipos de intervenciones, entre ellas la contaminación, la desecación, el taponamiento y la desviación (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2010).

Ante el problema de abastecimiento de agua potable, en 1982 la comunidad agenció un acueducto comunitario para satisfacer sus necesidades de agua, y poco a poco fue ampliando su cobertura hasta llegar a construir un modesto sistema de alcantarillado, que solo conduce sus aguas residuales y sin tratar al río canalizado de Molinos, el cual corre de oriente a occidente de la ciudad y transporta las aguas residuales de los barrios que se ubican cuenca abajo, de modo que afecta a los barrios circundantes.

Se puede decir que, dada la dinámica de densificación y crecimiento de estos barrios, la ausencia de un servicio de acueducto y alcantarillado óptimo que cubra al 100 % de la población; la falta de un sistema integral de recolección, manejo y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, y la creciente demanda por el recurso hídrico han conspirado para que, al conflicto de uso del suelo, se sumen otros conflictos ambientales en torno a la disponibilidad de agua, el acceso a espacio público y equipamiento urbano, el abandono de mascotas, etc. Ante la evasión y desatención del conflicto generado por la urbanización ilegal de predios, este sigue creciendo, escalando, y el número de actores afectados es cada vez mayor.

A pesar de la condición de ilegalidad, los barrios cuentan con un precario equipamiento colectivo, agenciado enteramente por las organizaciones comunitarias con participación de varias ONG y algunas entidades estatales que prestan servicios de educación y salud (un puesto de salud), y poseen un precario espacio público, con vías en su mayoría autoconstruidas y con insatisfactorias condiciones de seguridad y de alumbrado público. En el año 2009, por ejemplo, se contaba con 18 instituciones de Bienestar Social que centran su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de población más vulnerables y que viven en condiciones de pobreza y miseria (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 38).

Existe una gran variedad de actores institucionales, privados y de la sociedad civil, etc., involucrados en este conflicto, en especial las autoridades ambientales del nivel nacional (el MMA), regional (la CAR de Cundinamarca), distrital y local (la Secretaría de Medio Ambiente, Catastro, Planeación Distrital, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres [DPAE], la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —en adelante, EAAB— y las empresas prestadoras de servicios públicos, entre muchas otras). También concurren en él el Cantón Norte; propietarios de canteras y areneras; talladores de piedra; propietarios de los predios rurales afectados por la declaración de la Reserva (grandes, medianos y pequeños), con distintos intereses y proyecciones sobre sus propiedades; habitantes de estratos altos residentes en condominios vecinos, y habitantes de los cinco barrios que conforman San Isidro Patios, de estrato 1 y 2, y sus distintas organizaciones, con características de autogestión y un fuerte sentido de pertenencia, grupos de jóvenes, JAC y Acualcos (el acueducto comunitario).

Desde lo institucional, se presentan elementos de contexto problemáticos, tales como: 1) la intermitencia de las intervenciones estatales, que muestran lógicas contradictorias que oscilan entre el asistencialismo paternalista y el segregacionismo; 2) un enorme cuerpo normativo y regulatorio en varios niveles, desarticulado y confuso, caracterizado por la falta de claridad administrativa (funciones, competencias, jurisdicción, responsabilidades, lógicas, etc.) y limbos jurídicos (véase anexo 1); 3) la ausencia de instrumentos eficientes de comando y control de los usos del suelo; 4) la baja capacidad de intervención estatal coordinada, y 5) el clientelismo, la impunidad y la corrupción.

En cuanto a la construcción de clientelas y las prácticas de subalternidad, en los Cerros Orientales persiste la práctica de comercializar lotes dentro de la Reserva, ya sea motu proprio o utilizando urbanizadores ilegales (tierreros), patrones y caciques políticos, que incorporan a los pobladores de estos barrios a sus clientelas con la promesa de legalización, acceso a servicios o infraestructura urbana, lo que alimenta prácticas políticas de patronaje y formación de redes clientelistas. Una gran cantidad de los barrios hoy legalizados en los Cerros Orientales han seguido este proceso (como Juan XXIII, Pardo Rubio, El Paraíso, Los Olivos, Cerro Norte, El Codito, San Martín, etc.) (Camargo, 2001, 2005b).

Adicionalmente, la urbanización ilegal es una actividad muy rentable: quienes lotean y venden no realizan sesiones de los predios, no pagan impuestos, ni tramitan licencias, utilizan suelo no apto para la urbanización y, una vez que las familias construyen sus viviendas, se tornan en una clientela que solicita la asistencia estatal, la cual, a su vez, debe entrar, con enormes costos para el erario, a corregir todas las irregularidades e impactos ocasionados por los urbanizadores y el desarrollo progresivo de los barrios: reasentar población en riesgo, proveer servicios básicos y espacio público, construir infraestructura social, vías de acceso y equipamiento urbano, entre otros. En los últimos años se ha generado un proceso de gentrificación de los barrios, que son comprados por grandes consorcios económicos para construir proyectos urbanos para grupos con mayor poder adquisitivo, en especial en la localidad de Chapinero.

La legalización de los barrios abriría, en principio, la posibilidad de que el Distrito pudiera invertir en obras y programas para elevar la calidad y cobertura de los servicios públicos, del transporte, del espacio público, etc., como es el caso del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Sin embargo, dada la indefinición jurídica en la que se encuentran los barrios de San Isidro y el hecho de que la Reserva sea un área protegida de carácter nacional, se requiere de un proceso de concertación y acuerdo entre entidades en todos los niveles: el MMA, la CAR y la Secretaría de Medio Ambiente, para poder realizar la sustracción y realinderación, así como generar las pautas para su restauración ecológica, su conservación y su manejo, lo que hasta el momento no ha sido posible.

Esta situación desemboca en un alto costo de transformación del conflicto y del agenciamiento de diferentes tácticas para la autoproducción del hábitat. Han sido muchos los intentos de transformar el conflicto por las vías formales (normativa y judicial): entre 1974 y 2006 se produjeron cerca de cuarenta normas (véase anexo 1). Esta larga secuencia de normas y pleitos legales ha contribuido a fortalecer la percepción de intratabilidad, dado que el conflicto no ha sido atendido adecuadamente y se ha mantenido y complejizado, al involucrar cada vez a un mayor número de contradicciones y actores.

Esta situación también ha contribuido a fortalecer entre los actores involucrados la percepción de que los costos de transformación son muy altos, ya que algunos de los actores institucionales sostienen que la única forma efectiva de evitar la urbanización de los cerros es prohibir la extensión de suscripciones de servicios de acueducto y alcantarillado, así como evitar que se establezcan precedentes por medio de la legalización de los barrios, por lo cual se rehúsan a dar curso al proceso, a pesar de que los barrios se han ido consolidando desde hace casi cuarenta años.

Se asume que cualquier señal de legalización podría disparar la urbanización ilegal de los cerros, al percibirse como una ventana a la urbanización ilegal o apropiación de un suelo que presenta una fuerte demanda y, por lo mismo, un elevado precio en el mercado inmobiliario del área de los Cerros Orientales en la parte norte de la ciudad.

Es notable que, a pesar del déficit en el suministro de agua y de servicios como alcantarillado, la comunidad residente en los barrios haya mantenido una actitud relativamente pasiva frente a la escasez del recurso, y no se hayan registrado conflictos violentos. Sin embargo, podría decirse que la comunidad ha mantenido una actitud de resistencia al permanecer y agenciar su sustento en el área utilizando distintas tácticas —dentro de las cuales la más importante es la autoorganización—, al tiempo que ha buscado las vías formales y legales de resolución —por medio de tutelas, derechos de petición y acciones de cumplimiento—, que han obtenido muy pocos resultados.

En lo que respecta a los primeros rasgos reseñados: la larga duración, la recurrencia y los repetidos fracasos de numerosos intentos de resolución, en este libro nos referiremos al hito quizá más importante y reciente intento de transformación, conocido por el público a través de los medios de comunicación. Este evento, data del año 2005, fecha en que la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente —en adelante, MMA— emitieron la Resolución 463, del mismo año, por medio de la cual redelimitaban la Reserva y creaban una franja de adecuación.

En principio, la creación de esta franja permitiría sentar las bases para legalizar los barrios de origen informal construidos dentro del borde urbano rural de la Reserva y en apariencia solucionar mediante la regularización situaciones de facto. Sin embargo, en el mes de abril del 2005 fue interpuesta en su contra una acción popular que contó con dos fallos, uno en el año 2006 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) —que fue apelado en 16 oportunidades— y un fallo final, pronunciado, luego de más de ocho años de disputas legales, en el mes de noviembre del 2013 por parte del Consejo de Estado (CE).

Si bien este trabajo investigativo se concentró en el análisis en profundidad de las dinámicas de autoproducción del hábitat a lo largo de más de cuarenta años utilizando el enfoque de los medios de vida, requirió, para abordar la intratabilidad de manera más comprensiva, involucrar en el análisis una cronología de las prácticas de ordenamiento del suelo en Bogotá, a manera de contexto, y el análisis de dos niveles complementarios (macro y meso), para abordar, en primer lugar, el papel desempeñado por el Estado en clave de gubernamentalidad en el conflicto y la configuración a lo largo del tiempo de un habitus proclive a este tipo de conflictos, así como, en segundo lugar, en el nivel denominado macro, analizar el papel que han cumplido los discursos hegemónicos que han orientado las prácticas de la gubernamentalidad y que han producido numerosos impactos no solo sobre este conflicto, sino sobre la mayoría de los conflictos que involucran los recursos naturales en el país.

Cuando se hace referencia al papel y las prácticas del Estado en clave de la gubernamentalidad y sus mecanismos, es importante resaltar la trayectoria y contexto general de debilidad de las instituciones distritales y las contradicciones de sus lógicas de actuación, así como también algunos fenómenos concomitantes, como el clientelismo en el sistema político, y, en últimas, la prevalencia de prácticas hondamente arraigadas —habitus, en términos de Bourdieu—, como la consuetudinaria corrupción, la captura de rentas y el patrimonialismo, heredadas desde tiempos coloniales y vigentes en la mayoría de las instituciones de los países del Sur (Acemoglu y Robinson, 2012; Azar, 1985; Garay, Salcedo, León y Guerrero, 2008; Gray, Coleman y Putnam, 2007; Kriesberg, Northrup y Thorson, 1989; Lewicki, Gray y Elliot, 2003).

En síntesis, este conflicto, cuya contradicción principal está definida por la urbanización ilegal por parte de los propietarios de predios afectados por la declaración de la Reserva, presenta todos los rasgos de intratabilidad referidos por la literatura e incluso algunos nuevos, en función de: 1) su larga duración; 2) la elusión de su resolución, es decir, la dificultad para encontrar una transformación positiva; 3) el gran número de intentos fallidos de transformación, el desgaste de la comunidad y la pérdida de confianza en los procesos; 4) el complejo entramado de normatividad (disposiciones, decretos y acuerdos) que en todos los niveles se ha producido para regular su manejo, conservación y restauración; 5) la cantidad y variedad de actores involucrados de distintas condiciones sociales y niveles (nacional, regional o local); 6) las percepciones de intratabilidad que los actores involucrados han venido construyendo y reforzando; 7) la percepción de los altos costos en todas las esferas de la transformación del conflicto, y 8) la resistencia relativamente pasiva de una comunidad pobre y vulnerable.

En virtud de todos los elementos expuestos, que intentan describir su grado de complejidad, este caso se constituye en un enorme reto académico que puede dar luces a futuro sobre cómo analizar este tipo de conflictos ambientales complejos.

Los conflictos ambientales y la intratabilidad

El objeto de este apartado teórico es presentar de qué modo se elaboró el ensamblaje conceptual para esta investigación, centrado en el uso de conceptos y enfoques que permiten analizar las relaciones de poder, para, fundamentalmente, describir cómo se construyó la categoría central de conflictos ambientales intratables. Para ello se tomó como punto de partida el conjunto de rasgos reseñados por la literatura, los cuales fueron ordenados y jerarquizados en tres niveles y subniveles, que van de los más abstracto a lo más concreto, y luego se seleccionaron y ensamblaron los conceptos que mejor podían describir los rasgos de intratabilidad en cada nivel. Debe anotarse que hay uno o varios conceptos que articulan los tres niveles de análisis (figura 2).

De manera general e introductoria, en la primera sección se presentan, para los neófitos, las definiciones más básicas de conflicto —sus componentes, dinámicas y función en el cambio social—, así como las diferencias entre las nociones de transformación y resolución.

En la siguiente sección se introduce una breve evolución de los grandes enfoques a partir de los cuales la academia se ha aproximado, desde las versiones más clásicas a las más críticas, a los conflictos por recursos naturales: la teoría económica, la ecología política y los estudios críticos al desarrollo.

Luego, se abordan los dos orígenes de la noción de intratabilidad y se presenta la forma como, para este trabajo, se sintetizan y complementan varios componentes provenientes de las escuelas europeas y norteamericanas, de manera específica la larga duración, la recurrencia, el fracaso de los intentos de resolución y el involucramiento de necesidades básicas, así como, de manera general, la presencia de elementos estructurales y culturales, que se llenan de sentido mediante el uso de los conceptos habitus, poder simbólico y discursos hegemónicos —aporte de las escuelas posestructuralistas francesas—.

Figura 2. Mapa conceptual

Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, se elaboró la noción central interdisciplinaria y multinivel de conflictos ambientales intratables. Posteriormente, se diseñó la estrategia metodológica de estudio en tres niveles interrelacionados utilizando instrumentos y conceptos de diferentes disciplinas y campos del conocimiento (tabla 1) para llevar a cabo el análisis en profundidad del caso de San Isidro Patios.

A continuación, se hace una breve referencia al análisis de los estudios sobre conflicto y desarrollo como un campo importante de estudio en Latinoamérica, que incorpora diferentes formas de aproximación conceptual y metodológica para analizar conflictos por recursos naturales generados por iniciativas de desarrollo centradas en la extracción de minerales e hidrocarburos, el cual es aplicable para el análisis de un importante y creciente grupo de conflictos socioambientales o redistributivos en los países del Sur.

Con el fin de precisar conceptos provenientes de la teoría urbana, se presentan la variedad y la evolución de los conceptos sobre la informalidad urbana, también denominada: urbanización no planificada, ilegal, clandestina, espontánea, incompleta o subnormal, entre otras.

A manera de cierre, en la tercera sección se presenta la estrategia metodológica diseñada para la investigación, los tres niveles de análisis seleccionados y las formas como se interrelacionan a través del uso de conceptos que permiten interconectarlos en cada nivel desde una perspectiva holística e interdisciplinar.

De modo general, para el análisis a nivel macro se utilizan fundamentalmente los conceptos de discursos hegemónicos, poder simbólico y habitus, con el fin de rastrear el papel que desempeñan las variables culturales en la intratabilidad; en particular, el influjo que tienen sobre los rasgos de larga duración, recurrencia y permanente fracaso de los intentos de transformación.

El habitus corresponde a conjuntos de prácticas culturales que responden a unas ciertas lógicas recurrentes y socialmente aceptadas respecto a las formas de regular el acceso, la apropiación y el control de recursos, por lo mismo, son naturalizadas. Es por esta razón que Bourdieu habla de estructuras estructurantes.

El poder simbólico, por su parte, es entendido como "la potestad para la construcción y escenificación de la realidad, imponiendo un orden gnoseológico que es invisible y genera ‘concensus’ (doxa) sobre el orden y sentido del mundo social" (Bourdieu, 2000, p. 25). En efecto, este concepto permite analizar desde la perspectiva cultural el papel y los efectos del ejercicio de esta poderosa forma de poder sobre los conflictos por recursos naturales, y específicamente sobre los rasgos de intratabilidad, expresados en su larga duración, recurrencia y fracaso continuado de los intentos de transformación o resolución.

Estos rasgos, como ya se anotó, tienen que ver con dos elementos comunes documentados por la literatura de los estudios de paz: el papel que desempeña el Estado en la generación de conflictos, así como, de una manera más vaga, las pautas culturales (Putnam y Wondolleck, 2003; Gray, Coleman y Putnam, 2007; Kriesberg, Northrup y Thorson, 1989; Lewicki, Gray y Elliot, 2003).

Vale la pena resaltar que el poder simbólico produce un orden y sentido determinado, es decir, discursos de verdad. Estos corresponden a la expresión de unas formas particulares de ver y entender el mundo, que con el tiempo, y por obra y gracia del habitus, se configuran como saberes hegemónicos, disciplinas del saber sancionadas socialmente como legítimas, amparadas en unas ciertas formas de representar y escenificar el mundo validadas por la doxa, es decir, por el consenso en la construcción de sentido.

Es importante tener en cuenta que los discursos de verdad orientan las prácticas y lógicas de actuación de los dispositivos de poder del Estado y sus mecanismos en un momento histórico determinado. Como se anotó, la gubernamentalidad, como tecnología de poder, está compuesta por mecanismos jurídicos, de policía y de seguridad; estos mecanismos, desde la perspectiva de Foucault (2000, 2006, 2007, 2008), se dirigen al gobierno del territorio, de la población y, en consecuencia, de los recursos naturales presentes en el territorio, y las formas como el dispositivo pretende ordenar y controlar las maneras cómo la población los debe valorar, representar, apropiar, acceder, asignar, etc.

Como es previsible, la puesta en marcha de estas tecnologías de poder, sus lógicas y mecanismos, propician la emergencia de conflictos, en especial cuando se enfrentan a formas diferentes de ver y comprender la realidad, y que, en consecuencia, sustentan las posiciones antagónicas de los actores involucrados, expresadas en sus posiciones en torno a la contradicción principal presente en el conflicto.

En este sentido la gubernamentalidad característica de los países del Sur, como tecnología de poder, sus particularidades históricas, y específicamente el acoplamiento de distintas racionalidades (colonial o liberal, soberana o moderna) y sus prácticas han tenido unos efectos claros en propiciar la emergencia de conflictos intratables en la medida en que algunas de sus prácticas de gobierno y control de recursos —como, por ejemplo, el ordenamiento del recurso suelo—, y específicamente la delimitación de áreas para la conservación, restringe el acceso, control, distribución y apropiación de recursos clave para la vida y para la satisfacción de necesidades básicas de los grupos sociales con menor poder.

Esto se realiza mediante la producción e imposición de mecanismos dirigidos al ordenamiento territorial y espacial desde una u otra lógica, amparada en la actualidad en discursos hegemónicos como el neoliberalismo, el desarrollo, el crecimiento económico, la competitividad, la conservación y el urbanismo, entre otros, los cuales tienen diversos efectos sobre cómo son representados, valorados, apropiados, distribuidos, concesionados y asignados los recursos naturales presentes en los territorios, de maneras que muy a menudo se contraponen las formas de vida, prácticas consuetudinarias y cosmovisiones de grupos con menor poder, por lo general considerados como pobres e ignorantes, no modernos, salvajes e incivilizados (mestizos, campesinos, indígenas, afro, etc.), lo que pone en peligro su subsistencia al transformar los modos como consuetudinariamente han agenciado sus medios de vida para satisfacer sus necesidades fundamentales.

Los dispositivos de poder, y en particular el poder simbólico, han construido unas ciertas formas de representar y escenificar los países del Sur, sus recursos naturales y pobladores, así como de producir ciertas disciplinas para transformarlos, de modo que devengan modernos y civilizados. Estas disciplinas, a través del ejercicio del poder simbólico, han justificado y legitimado la adopción de unas ciertas lógicas de apropiación, distribución y control los recursos naturales que producen despojos, dinámicas extractivas, deterioro ambiental y conflictos (Escobar, 1998, 2001, 2003; Shiva, 1993, 2002).

En el caso de la contradicción generada por la urbanización ilegal de predios destinados a la conservación, como corresponde a San Isidro Patios, las posiciones de los principales actores involucrados, Estado y pobladores de los barrios, sus prácticas y discursos, así como sus consecuencias, expresadas en los numerosos rasgos de intratabilidad acumulados e interceptados a lo largo del tiempo, ilustran claramente el papel que cumple el ejercicio del poder simbólico y los discursos hegemónicos (la conservación y el urbanismo) que amparan y justifican las prácticas del Estado, en contraposición a las tácticas, estrategias y prácticas cotidianas de resistencia adoptadas por las organizaciones comunitarias de los barrios y sus efectos sobre la permanencia irresuelta de este conflicto por más de cuarenta años y los numerosos impactos políticos, ecológicos, sociales, institucionales negativos de esta dinámica.

Así pues, el poder simbólico guía las lógicas y deber ser de la gubernamentalidad, mientras que el habitus guía las prácticas.

Para el análisis meso se utiliza la noción de gubernamentalidad, que como dispositivo de poder incorpora como sus principales componentes mecanismos de seguridad (dirigidos a garantizar la supervivencia de la población), de policía (dirigidos al castigo, el control y la vigilancia) y jurídicos (dirigidos a instaurar normas y regulaciones).

El concepto de gubernamentalidad se escogió para analizar otro rasgo importante reseñado por la literatura: el papel del Estado en los conflictos por recursos naturales. Dado que los mecanismos de la gubernamentalidad desde diferentes lógicas convergen o divergen en sus funciones de regulación del acceso de la población a los distintos tipos de recursos presentes en el territorio bajo los principios y postulados de saberes y discursos (nivel macro) que orientan sus prácticas, en este caso dichos mecanismos corresponden principalmente a la conservación, el urbanismo y el ordenamiento territorial. Ahora, el concepto de territorio es muy útil, por configurarse como un resultado acumulado de agenciamientos, estrategias, prácticas y tácticas puestas en marcha por parte de la población y los dispositivos de poder de la gubernamentalidad, que conforman un juego de poder, para privilegiar unas u otras formas de agenciar los recursos del territorio y configurarlo de una cierta manera.

A nivel micro se utilizaron como conceptos centrales, en orden descendente: autoproducción del hábitat, agenciamiento y medios de vida, prácticas, tácticas y estrategias, para las formas como son agenciados los medios de vida en la lucha por las necesidades fundamentales y describir sus efectos acumulados sobre la configuración del territorio. Es decir, los procesos con que la población con menor acceso a assets/capitales/activos/recursos⁹ agencia los que encuentra disponibles para autoproducir su hábitat y sobrevivir a la escasa provisión de bienestar brindada por parte de la gubernamentalidad a causa del rótulo de ilegalidad, que limita la provisión regular de mecanismos de seguridad (como salud, educación, infraestructura de servicios, transporte, etc.).

El ABC del conflicto: definiciones, funciones e intratabilidad

La presente sección introduce los conceptos básicos sobre conflicto, sus definiciones, formas de análisis y funciones. Se encuentra dividida en tres partes, que buscan familiarizar al lector con los abordajes del conflicto hechos desde sus dos escuelas fundacionales de origen eurocéntrico: la escuela de estudios de paz (EEP) y la escuela de resolución de conflictos (ERC).

Definiciones de conflicto

El término conflicto proviene del latín conflictus, que significa ‘choque’. En el nivel más básico, el conflicto hace referencia a una situación de diferencia, disputa u oposición; un actor se enfrenta a otro, o a otros, por perseguir objetivos contrarios, o que son percibidos como tales, lo que los sitúa en extremos antagónicos en una situación de confrontación, que en últimas puede ser resuelta dependiendo de las formas que asuman las relaciones de poder en las que están inmersos. Los conflictos, por lo general, están imbuidos de las formas como son establecidas y ejercidas las relaciones de poder. Sin embargo, las diferentes disciplinas del conocimiento abordan el análisis de dichas relaciones como problema desde diferentes enfoques y lugares de enunciación.

Los enfoques considerados clásicos, que son los que primero se presentan en este documento e irán siendo complementados con otros propios de otras tradiciones disciplinarias, provienen de la diplomacia y las relaciones internacionales; luego fueron enriquecidos con aportes de la sociología y de los estudios estructuralistas, a los que, a propósito del caso de estudio, este libro complementa con algunos otros aportes posestructuralistas y provenientes de los estudios culturales.

Los conflictos involucran componentes tanto objetivos como subjetivos, los cuales se encuentran en permanente dinamismo, por lo que no son estáticos; emergen y se adaptan permanentemente a los contextos en los que se desenvuelven, surgen de múltiples causas o de combinaciones de ellas e incorporan en su dinámica (latencia, escalada o enfrentamiento abierto) elementos concretos —como los comportamientos, los intereses o las necesidades— y abstractos —como las actitudes de los actores involucrados— (Galtung, 1969).

Asimismo, los conflictos son consecuencia de las maneras como son establecidas y ejercidas las relaciones de poder (Lederach, 2000). La eventual victoria se obtiene por la fuerza o la intimidación (la manera realista) (Morgenthau, 1986); por vía de las normas, las regulaciones y los acuerdos (arbitraje) (Lederach, 1990); a través de la colaboración, la cooperación y la negociación (Fisher, 2001; Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams y Williams, 2000), o finalmente por medio de la dominación cultural, vista como la aceptación de que una forma de ver el mundo (ontología) es superior a otra (Escobar, 2003).

Las disciplinas y campos de estudio que abordan los estudios sobre los conflictos han producido distintas definiciones que enriquecen o enfatizan algunos de sus componentes y características. Para unos, se tratan de una lucha expresada entre por lo menos dos partes, quienes perciben sus metas como incompatibles, una escasez de recursos e interferencia por el otro en el alcance de sus metas (Wilmot y Hocker, 1994, citado por Lederach, 2000, p. 57). Para otros, son una situación social en la que participan al menos dos actores, que luchan para obtener en el mismo momento un conjunto disponible de recursos escasos (Wallensteen, 2002, p. 13).

Como se puede observar, cada definición enfatiza en una u otra área del conocimiento, tipos de tensiones, diferencias o enfrentamientos. En el caso de la intratabilidad, como veremos, un elemento ilustrativo que la concreta es la percepción de la mutua exclusión de los objetivos perseguidos por los actores enfrentados y el convencimiento de estos de la imposibilidad de resolver la contradicción que da origen al conflicto.

Un ejemplo clásico es la clara incompatibilidad entre conservar un bosque y llevar a cabo minería a cielo abierto, o, por ejemplo, los choques entre quienes ven el aborto como un derecho y quienes lo ven como un asesinato, o quienes son partidarios de las uniones del mismo sexo y quienes ven esto como algo contra natura. Sin embargo, más allá de discusiones éticas o morales, issues, en estos enfrentamientos subyacen relaciones de poder asimétricas que con el tiempo han sido naturalizadas. Un bosque o un río no pueden defenderse por sí mismos en la sociedad; no obstante, los grupos indígenas hablan de los derechos de los ríos, de los bosques, de la fauna, incluso de las rocas y del territorio en su conjunto como de una entidad mucho más compleja que un espacio geográfico conquistado y ordenado de una cierta manera, bajo unos ciertos principios, intereses y posiciones.

Algunos autores resaltan justamente estas diferencias como un desafío, ya sea para acercarse a otras maneras de ver el mundo (pluriverso versus universo) (Escobar, 2014) o como oportunidad para incluir y ampliar las visiones imperantes o hegemónicas —lo que Gramsci definió como el sentido común o Bourdieu como consenso—, expresadas en lo que el mismo Bourdieu definió como poder simbólico; en esta dirección el conflicto puede catalogarse como una intensa experiencia de comunicación e interacción con potencial transformador (Buckles, 1999).

En cuanto a las relaciones de poder, el conflicto emerge, por lo general, como consecuencia de las injusticias o desigualdades extremas en distribución de recursos, derechos, titularidades, por lo cual es inherente a la lucha por el cambio social (Escobar, 1998).

El conflicto es un aspecto intrínseco e inevitable del cambio social. Es expresión de la heterogeneidad de intereses, valores, creencias que surgen del choque entre las formaciones nuevas que emergen de los cambios sociales frente a las limitaciones heredadas. Pero la forma como lidiamos con el conflicto es cuestión de hábitos y decisiones. Es posible cambiar las respuestas habituales y hacer el ejercicio de tomar decisiones inteligentes. (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, p. 5)

En síntesis, la mayoría de los autores coincide en que el conflicto: 1) emerge como efecto de las relaciones asimétricas de poder; 2) tiene que ver con elementos subjetivos, tales como las percepciones de los actores, sus posiciones, valores, creencias, actitudes, etc., que muchas veces son naturalizadas por los actores enfrentados como el deber ser, el orden de las cosas, lo natural —a estos elementos algunos autores los denominan ingredientes culturales—; 3) convergen elementos objetivos claros, identificables y mensurables, tales como los intereses, los beneficios de un grupo frente a otro, las formas como se reparten costos y beneficios, el reconocimiento, el logro, etc.; 4) se cumplen ciertas funciones sociales claves, como la cohesión, la movilización, la concientización en torno a una idea, principio o derecho, y 5) por lo general, requiere para su resolución del cambio social, el reconocimiento de las otredades y de sus derechos y, por consiguiente, la transformación de las relaciones asimétricas de poder (Coser, 1956).

Actitudes, comportamiento y contradicción

Galtung (1969, 2010), desde la teoría ya clásica de la escuela europea, estableció que los conflictos tienen tres componentes fundamentales: a) las actitudes, b) el comportamiento (behavior) y c) la contradicción, a los cuales representó en el triángulo del ABC, por sus iniciales en inglés (figura 3).

Desde su perspectiva, Galtung planteaba que las posiciones, intereses y necesidades de los actores enfrentados son elementos que afectan en diferentes grados y momentos las actitudes y comportamientos, así como las formas como los involucrados perciben la contradicción y sus causas.

Figura 3. Triángulo de Galtung

Fuente: Galtung (2010, p. 27).

De modo que la contradicción corresponde al objeto de la disputa, se habla de cuestiones (issues) como aquello que está en juego y que origina el enfrentamiento entre las partes (Galtung, 1969). Identificar o definir la contradicción no es fácil, y al hacerlo se debe buscar que no se involucren juicios de valor; por esta razón muchas veces las contradicciones se formulan de manera sesgada. En el caso que nos atañe, por ejemplo, se puede ver cuando se habla de asentamientos ilegales, clandestinos, marginales, periféricos, subnormales, etc., denominaciones que tienen una carga de valor negativa.

Las actitudes, por ser subjetivas, están ligadas a los pensamientos, sentimientos, emociones y valores; influyen en los comportamientos (pero no los determinan); son adquiridas durante las etapas de aprendizaje con la experiencia vital y el trato social; están relacionadas con la percepción que cada parte ha construido de la otra y con las pautas sociales; incluyen elementos subjetivos (como la emotividad [sentimientos]), cognitivos (como los valores y las creencias) y afirmativos (ego, voluntad, ambiciones y deseos). Están, además, relacionadas con la orientación de los sujetos en relación con sus cosmovisiones, modos de construir, articular y percibir al mundo, con las maneras de enmarcarlo o referenciarlo (framing). Es decir que, desde la perspectiva posestructuralista actual, se encuentran estrechamente relacionadas con el poder simbólico, con el habitus y con las formas como los actores, a través de las pautas culturales, perciben y ordenan el mundo de una cierta manera y refieren su vivencia a una forma particular de ver, comprender el mundo y aprenderlo desde unas formas legítimas, civilizadas y modernas de conocimiento, bajo la forma de disciplinas y saberes, impuestos y validados por el statu quo.

En el caso de estudio, la contradicción principal corresponde a la autoproducción del hábitat y la configuración urbana no planificada de predios afectados por la declaración de la Reserva Forestal Cerros Orientales. La contradicción no es la urbanización ilegal o clandestina, o la invasión de los cerros, como aparece erróneamente en los medios de comunicación. En este conflicto, las actitudes y comportamientos¹⁰ de los actores expresan claramente las tensiones entre las bases epistemológicas sobre las que se ha construido el deber ser de la ciudad, determinado por la gubernamentalidad; por discursos y saberes como la conservación, el urbanismo y la planeación del desarrollo urbano, y por sus mecanismos jurídicos, policivos y de seguridad, que condenan a los barrios populares y generan una atmósfera hostil y una percepción sesgada de estos, criminalizándolos.

Una vez se investiga el proceso de urbanización, se puede constatar que las personas han comprado los lotes y los han