Los Abogados de Atocha: La masacre que marcó la Transición

Por Manuel Gallego López

Noche del lunes 24 de enero de 1977. Suena el timbre en un despacho de abogados laboralistas situado en el número 55 de la calle Atocha. Dos personas acuden a abrir la puerta. Ninguna imagina que al otro lado se encuentran sus verdugos, un comando de ultraderecha, que irrumpe a golpe de pistola para llevar a cabo “una acción patriótica al servicio de España”. Una terrible masacre que causó cinco muertos y cuatro heridos graves. Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal no sobrevivieron. Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz tuvieron que vivir con sus secuelas. ¿Cuáles pudieron ser las razones que convirtieron una huelga del transporte privado en el detonante de una masacre de abogados laboralistas? Esta pregunta vertebra una investigación que explora las distintas posturas acerca de cómo debía desarrollarse la Transición y la violencia política que acompañó a este periodo; la victoria del sí en el referéndum para la reforma política y el progresivo desmantelamiento del régimen; los sucesos de la Semana Negra de Madrid y la respuesta social ante la violencia; y las irregularidades durante la instrucción sumarial y el juicio, cuya sentencia puso fin a un atentado que sacudió los débiles cimientos sobre los que se estaba construyendo una deseada, pero a la vez temida, democracia.

• Idioma: Español
• Editorial: Los Libros de la Catarata
• Fecha de lanzamiento: 13 feb 2020
• ISBN: 9788490979099

Manuel Gallego López

Nacido en Madrid, se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 2016. Tras publicar su primer artículo acerca del paso del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional decidió centrar su investigación en la violencia política durante la Transición. Sobre ello ha escrito "El imaginario colectivo de la Transición a través de la violencia política" y "El sentimiento de impunidad ultraderechista frustrado: la matanza de Atocha". En esta primera obra, el autor ha creado una interesante herramienta de debate acerca de uno de los episodios más negros de la Transición, así como un ejercicio de memoria sobre aquellos abogados que, en su lucha por la libertad, fueron víctimas de la violencia.

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nadie.

Presentación

La transición de la dictadura franquista a la democracia no fue fácil ni salió gratis. Muchas personas pagaron con su vida, y otras muchas con graves lesiones, su compromiso con las libertades o, simplemente, estar en el sitio equivocado. Minorías extremistas de todos los colores recurrieron a la violencia para tratar de ahogar en sangre los anhelos de libertad y convivencia pacífica de la mayoría de los españoles.

Fueron muchos los episodios terroristas registrados en los años finales del franquismo y durante los primeros pasos hacia la democracia, pero pocos han dejado una huella tan profunda en la memoria colectiva como la masacre de los Abogados de Atocha. Luego, por desgracia, vendrían muchos más atentados de profundo impacto social: Hipercor, la casa cuartel de Zaragoza, Miguel Ángel Blanco, el 11-M y tantos otros. Pero estos últimos se produjeron con una democracia consolidada, unas instituciones fuertes y una sociedad unida frente a los violentos. Los asesinatos de Atocha, en cambio, se produjeron en un momento político plagado de incertidumbres, con un gobierno débil y el camino a la democracia todavía por recorrer. La extrema derecha a la que pertenecían los asesinos trabajaba, precisamente, para evitar el final de la dictadura, a pesar de que el dictador había fallecido en 1975.

En las circunstancias descritas, el atentado contra el despacho de los abogados laboralistas de Atocha, unido a otros episodios violentos ocurridos en las mismas fechas que dieron lugar a la famosa semana negra de enero de 1977, tenía un gran potencial desestabilizador que solo pudo ser neutralizado por el comportamiento responsable de la mayoría de los agentes políticos, en particular del PCE, partido al que pertenecían las víctimas. En medio de la pasión y las emociones suscitadas por un crimen como aquel, se impusieron la cabeza fría y el sentido de Estado y se adoptaron decisiones de respuesta política que el tiempo demostró fueron las más acertadas.

El libro de Manuel Gallego López aporta una información valiosa tanto sobre el atentado en sí como sobre el contexto político en el que se produjo. Es un enfoque acertado, porque las acciones terroristas, sean del grupo que sean, son difíciles de separar de las circunstancias políticas y sociales en las que tienen lugar. El autor hace historia de un momento preciso de la Transición y describe el comportamiento de los partidos, instituciones y organizaciones sociales de la época. Traza el dibujo global en el que se produjo la masacre de Atocha y que permite entender mejor este episodio terrorista.

Al mismo tiempo, este libro es un ejercicio de memoria, memoria entendida en el sentido que le dieron las instituciones y partidos vascos en una declaración fechada el 10 de noviembre de 2010: La memoria pone nombres y fechas allí donde el terrorismo pone excusas y justificaciones imposibles. La memoria levanta acta del sufrimiento injusto e impide ningún tipo de tolerancia con la impunidad. La memoria, en fin, previene a la ciudadanía frente a la tentadora seducción del olvido forzado o interesado.

El paso del tiempo y la ocupación del espacio público por nuevas generaciones que no vivieron acontecimientos como los asesinatos de Atocha y tantos otros episodios similares ocurridos antes y después genera una sensación de olvido social de una historia y de unas víctimas que no deberían ser ignoradas. Una sociedad que recuerda y reconoce a aquellos que se sacrificaron —o que fueron sacrificados— por conseguir las libertades de las que hoy disfrutamos es una sociedad más fuerte, porque sabe el alto precio que algunos han tenido que pagar para llegar hasta donde hemos llegado. Todos tenemos la obligación de hacer saber a los más jóvenes cuál ha sido nuestro pasado reciente, para que valoren en su justa medida los derechos que pueden ejercer con naturalidad. El sistema educativo y los medios de comunicación son instrumentos adecuados para esta labor pedagógica.

Para evitar que se difumine el recuerdo de lo ocurrido el 24 de enero de 1977, se creó la Fundación Abogados de Atocha, que trabaja de forma encomiable. El Cen­­tro Memorial y la Fundación hemos considerado oportuno sumar fuerzas en este proyecto para mantener vivo el recuerdo de Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, que perdieron la vida en el atentado, y también los de Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia, que quedaron heridos.

El recuerdo y homenaje a las víctimas contribuye a la deslegitimación de los terroristas y se constituye en un eficaz instrumento de prevención de futuras tentaciones de recurrir a la violencia.

Florencio Domínguez

Director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

Prefacio

Todavía hoy recuerdo aquel día de verano del año 2010 en el que un joven universitario se puso en contacto conmigo porque deseaba realizar una investigación sobre el asesinato de cuatro abogados laboralistas y un sindicalista en un despacho situado en la calle Atocha 55. Al principio los encuentros fueron larguísimos, tanto en forma de simples charlas amistosas como de grabaciones, con las que tratamos de dar forma a lo que sería la columna vertebral del trabajo, para más tarde ir recopilando e introduciendo la información recogida en cada apartado del trabajo. De esta manera, esta larga investigación fue pasando por los estados de tesina, tesis doctoral y, finalmente, este libro, lo cual me genera una enorme satisfacción.

Tras el final del juicio por la matanza de Atocha 55, el recuerdo de lo ocurrido pareció resguardarse en lo más profundo del imaginario colectivo de la sociedad española, hasta que, coincidiendo con el 25 aniversario, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, superviviente del atentado, público su primer libro íntegro acerca del funcionamiento de los despachos laboralistas y el ataque al bufete bajo el título La memoria incómoda: los abogados de Atocha. Un trabajo magnífico.

Desde entonces, la proliferación de textos y publicaciones ha sido mucho mayor, lo cual, 42 años después del suceso, considero que es una gran noticia, pues no podemos consentir que se apague la llama de aquellos que murieron asesinados vilmente mientras defendían la libertad y los derechos de los más desfavorecidos. Pero, a la vez, tenemos que ser cuidadosos con lo que se publica y no crear falsos mitos ni personajes sobrevalorados, ya que la pérdida de rigor al describir la historia puede ser tan perjudicial como no escribir nada acerca de uno de los momentos claves de la transición a la democracia.

Desde sus orígenes, allá por el año 2004, el principal objetivo de la Fundación Abogados de Atocha, de la que soy vicepresidente, ha sido mantener vivo el re­­cuerdo de las personas que sufrieron el brutal atentado de la calle Atocha 55. No obstante, al mismo tiempo, también es importante reclamar la veracidad sobre todo lo que se escribe o se dice. Ese rigor que reclamo lo ejerce Manuel Gallego en el contenido de este libro, pues ha sido capaz de centrar su investigación en las fuentes de la época, la prensa y el sumario, las cuales pueden ser objeto de debate, pero es importante conocerlas. Además, en ningún momento ha pretendido crear protagonistas, lo cual, en mi opinión, habría sido un gran error.

Para entender la execrable masacre de Atocha no podemos centrarnos tan solo en lo ocurrido en el despacho aquella noche o durante las diferentes sesiones del juicio, pues perderíamos de vista el principal objetivo de toda investigación: la bús­­queda de la verdad. Desafortunadamente, en numerosas ocasiones esta no coincide con la verdad judicial.

Pese a que ha costado mucho tiempo, hoy en día prácticamente nadie duda de que el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha esté marcado por el contexto histórico en el que se llevó a cabo, dentro del cual me gustaría destacar dos acontecimientos clave.

Para hallar el primero debemos retroceder a los últimos años del franquismo, en los que el Sindicato Vertical comenzó a perder su vieja influencia sobre el conjunto de los trabajadores en detrimento de los distintos sindicatos. Sin embargo, fue tras las elecciones sindicales celebradas entre mayo y septiembre de 1975, en las que más de siete millones de trabajadores fueron convocados a votar en las que serían las últimas elecciones del franquismo, cuando comenzó su declive definitivo. Si el Partido Comunista de España (PCE) fue capaz de introducir sus primeros enlaces en el Sindicato Vertical en las elecciones parciales de 1971, en las de 1975 las Candidaturas Unitarias y Democráticas, impulsadas por el entonces movimiento sociopolítico Comisiones Obreras (CC OO), obtuvieron un triunfo arrollador, dejando en clara minoría a la Organización Sindical del régimen franquista, lo que propició que los enlaces sindicales vinculados a CC OO y el PCE adquiriésemos un importante protagonismo entre los trabajadores, tanto en nuestros centros de trabajo como en las distintas ramas de producción, lo que nos facilitó la tarea de convocar huelgas y manifestaciones. Tras esta derrota, la decadencia de la Organización Sindical Española fue ininterrumpida hasta su completa desaparición, en diciembre de 1977.

Por su parte, para hallar el segundo acontecimiento clave, tan solo debemos retroceder unos meses del atentado, pues, el 18 de noviembre de 1976, Adolfo Suá­­rez sometió a la aprobación de las Cortes de origen franquista la Ley para la Reforma Política, que de ser admitida pondría fin a las Leyes Fundamentales del Reino. El sí al proyecto de ley contó con 425 votos a favor, mientras que el no, propugnado por importantes personalidades del franquismo, entre las que se encontraban Blas Piñas, Raimundo Fernández Cuesta, Antonio María de Oriol, José Luis Zamanillo o Carlos Iniesta Cano, entre otros, obtuvo tan solo 59. Al día siguiente, los diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, afirmaban que el franquismo se había hecho el harakiri. Aprobada en las Cortes, solo faltaba la ratificación ciudadana mediante referéndum, que se celebraría el 15 de diciembre bajo un fuerte clima de tensión, pues las distintas facciones políticas iniciamos una intensa campaña que fue recibida, en ocasiones, por una población intransigente con el resto de posturas, lo que dio origen a numerosos enfrentamientos. Ese día el franquismo recibió una derrota sin paliativos, pues de los 17.460.649 votos que ejercieron los ciudadanos, 16.449.089 votaron sí y tan solo 449.585 votaron no. Sin embargo, los más adeptos al régimen no iban a conformarse ni a admitirlo.

La aprobación de la Ley para la Reforma Política llevaba implícito, en cierto modo, el anhelo del pueblo por la instauración de una democracia en nuestro país, para lo que era fundamental la desaparición de todas aquellas instituciones de origen franquista que el pueblo consideraba instrumentos de represión.

La primera institución en desaparecer fue el Tribunal de Orden Público (TOP), el 4 de enero de 1977, que fue sustituida por la Audiencia Nacional, lo que supuso un varapalo más para esa minoría de la población que se negaba a la desaparición del franquismo.

En medio de esta progresiva desarticulación del régimen se produce una huelga en el sector privado del transporte, que puede considerarse como el detonante de la masacre de Atocha. A pesar de este hecho, de todas las publicaciones que han caído en mis manos solo esta ha profundizado en la huelga del transporte desde sus orígenes, pues la negociación para el nuevo convenio colectivo comenzó en septiembre de 1976. Además, ha sido capaz de desarrollar las distintas jornadas sin personalizar la huelga en un solo protagonista, lo cual me niego a creer, pues eso supone no conocer cómo funcionaba una organización como CC OO, todavía ilegal, pero en pleno proceso constituyente para convertirse en sindicato.

Este proceso comenzó el 27 de septiembre de 1976, cuando la Coordinadora General decidió convertirnos en una organización sindical. En ese momento se inicia la formación de los diferentes sindicatos de rama y las uniones territoriales. La Unión de Madrid de CC OO fue conformada el 14 de noviembre de ese mismo año.

Cada una de las ramas tenía un despacho laboralista de referencia. Por ejemplo, en nuestro caso los trabajadores de la rama del metal estábamos vinculados al bufete de la calle Españoleto 13, donde recibíamos asesoramiento sobre nuestros problemas profesionales. Por su parte, la rama de comunicación y transporte, junto con otras, se instaló en el despacho de Atocha 55, desde donde seguiría y coordinaría la huelga. Fue allí también donde mantuvieron reuniones con los trabajadores, algunas de las cuales se extendieron hasta altas horas de la madrugada, obligándoles a pernoctar en más de una ocasión en el despacho.

En este sentido, me parece muy interesante que por primera vez se entreviste al principal responsable del desarrollo del conflicto, Virgilio Heras Calvo, en aquel entonces secretario general del Sindicato Provincial de Comunicación y Transporte de CC OO de Madrid. Las declaraciones de Virgilio dan una visión más completa del conflicto, explican cómo funcionaba CC OO y ayudan a desmitificar protagonismos individuales.

El asesinato de los llamados abogados de Atocha se produjo cuarenta días después del fracaso de los defensores del continuismo en el referéndum. Cuarenta días en los que la violencia callejera se generalizó, siendo los sucesos de la semana negra de Madrid su punto culminante. Recordemos que, un día antes, miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey asesinaron a Arturo Ruiz, mientras que el día 24 de enero murió María Luz Nájera por el impacto de un bote de humo lanzado por un agente antidisturbios a corta distancia. A la vista de estos datos, alguien podría afirmar que entraron en el despacho porque estaban buscando a Joaquín Navarro. Yo, rotundamente, no lo creo.

El convencimiento que nosotros tuvimos acerca del atentado sobre nuestros compañeros en aquel momento y que sigo creyendo firmemente es que los asesinos trataron de provocar al PCE para que saliese a la calle de manera violenta y diera una excusa a las Fuerzas Armadas para intervenir, produciéndose la involución política. Sin embargo, la acertada interpretación que de aquella provocación hizo aquel Partido Comunista de España se volvió en su contra.

Con la publicación de Manuel Gallego sale a la luz una buena herramienta para el debate, donde capítulo a capítulo podemos conocer, analizar y, por qué no, discutir cada uno de los aspectos concernientes a la masacre de Atocha.

Raúl Cordero Torres

Vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha

Que no se apague la memoria

Leo el trabajo de Manuel Gallego López con la satisfacción de que la memoria de los de Atocha es objeto de estudio y debate académico. Profundizando en el contexto político en que se produjo, los antecedentes que lo precedieron y las luchas, sacrificios y el coste en vidas truncadas o destrozadas que supuso la Transición.

La dictadura franquista fue un régimen autoritario, clasista, misógino y xenófobo que se asentó en el miedo y el terror, recurriendo al asesinato hasta en sus últimos estertores. Efectivamente, es imprescindible saber lo que sucedió el 18 de julio de 1936 para entender hechos posteriores. Los sindicalistas y la clase trabajadora española deben tener grabado a fuego el primer bando de Queipo de Llano, en el que, tras declarar el estado de guerra, en su segundo artículo ordenaba y mandaba lo siguiente: Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los directivos de los Sindicatos, cuyas organizaciones vayan a la huelga o no se reintegrasen al trabajo los que se encuentren en tal situación a la hora de entrar el día de mañana.

El golpe de Estado fascista introdujo desde el primer momento en la médula de la dictadura, y posteriormente del franquismo —cuyas secuelas se pueden seguir observando hoy día—, la persecución del sindicalismo y de su principal instrumento de presión: la huelga.

Cuarenta años después, para el franquismo —ya con Franco muerto— seguía vigente aquel bando de Queipo de Llano. La ultraderecha y sus marcas blancas siempre han tenido claro el peligro que supone la clase obrera organizada. La represión durante la dictadura de Franco nunca paró. Testigo de ello son las cunetas de toda España; las tapias de los cementerios, especialmente el del este de Madrid; los montes donde miles de guerrilleros, el maquis, aguantarían hasta el inicio de la década de los años sesenta.

En aquellos escenarios todavía resonaban los gritos de la huelgona asturiana de la primavera de 1962, que supuso la implantación del estado de sitio en la región y fue la chispa de huelgas y movilizaciones que prendieron por Euskadi, Madrid, Barcelona, Cádiz y Ferrol. El Sindicato Vertical moría y se iban sembrando las Comisiones Obreras.

A finales de aquella década, la universidad empieza a ser un hervidero de nuevos e ilusionados jóvenes antifranquistas, en muchos casos hijos e hijas de quienes vencieron en la guerra. El 20 de enero de 1969 era asesinado durante un inte­­rrogatorio policial el estudiante de Derecho Enrique Ruano, por repartir pro­­pa­­ganda. Enrique era novio de Dolores González. En la terrible noche del 24 de enero de 1977, Dolores estaba casada con Francisco Javier Sauquillo. Él se inter­­puso entre las balas y el cuerpo de su compañera, muriendo y quedando ella gravemente herida. Dolores se explicaría con estas dramáticas palabras: Me resigno a decir que soy una víctima de Atocha, aunque incluso yo misma me rebelo contra eso. A que se me conozca como personaje público por esa cosa. Fue una inutilidad, fue una gran desgracia que aceleró el proceso. Esa es mi gran desgracia, que por qué tengo yo que estar en medio siempre para que se aceleren las cosas. ¿Comprende? Yo no me siento una heroína, soy una víctima. Tendrás que estar ahí conmigo, que soy una víctima.

Efectivamente, Lola y sus compañeros fueron víctimas. El atentado fascista ace­­leró la evolución de la historia de nuestro país porque supuso un punto de in­­flexión. Sin embargo, el juicio a los terroristas dejo buen número de investiga­­ciones sin realizar. Como asegura Manuel Gallego López en su texto, Juan José Rosón, ministro del Interior, el 30 de abril de 1981, afirmó que de las 135 acciones ilegales cometidas por grupos de ultraderecha en 1977, tan solo cuatro fueron esclarecidas.

La Transición fue miedo, dolor, sangre y mucha movilización en la calle, especialmente durante ese franquismo que sobrevivió al dictador. Imposible no mantener en la memoria el asesinato del obrero de la construcción Pedro Patiño en septiembre de 1971. El sindicalismo de CC OO fue agitador fundamental en la lucha sociopolítica. Ya en 1975 el activismo había madurado y la conciencia de toda la clase trabajadora, independientemente del sector a que se perteneciera, lo hizo con ella.

Esa solidaridad desembocó en lo que Nicolás Sartorius ha venido en llamar la galerna de huelgas. La clase obrera organizada en CC OO, el movimiento es­­tu­­diantil y el asociacionismo vecinal, en complicidad con algunos medios de co­­muni­­cación y algunos sectores profesionales, fueron los pilares que terminaron con el régimen franquista tras la muerte de Franco.

Hay quien intenta maquillar los últimos años del franquismo usando incluso datos macroeconómicos, pero se trata de una ensoñación. España a mediados de los años setenta se encontraba a años luz de la media de los países europeos con quien nos tenemos que comparar.

España era un país de emigrantes donde la riqueza era escasa y mucho más injustamente distribuida que en el resto de Europa. A pesar del catolicismo por de­­creto, la ayuda a las familias apenas existía. La presión fiscal en 1975 era del 20 por ciento del PIB (en diez países de la CEE alcanzaba el 36 por ciento), cifra que no había variado apenas desde 1954. Esto se complementó con una urbanización acelerada basada en el desequilibrio y la corrupción.

La represión era la constante, lo que impedía la modernización del país. Sin libertades democráticas ni sindicatos legales, los salarios eran bajos y el consumo familiar estaba muy alejado del europeo. España no salía del subdesarrollo, se la colocaba en el paquete de los países en vías de desarrollo. Y eso era patente en la calidad de su transporte, con un ferrocarril escaso y anticuado, y una red de autopistas o autovías anecdótica (619 kilómetros).

La ausencia de derechos civiles golpeaba doblemente a las mujeres, especialmente maltratadas por el franquismo, haciendo casi imposible su acceso al mundo laboral. Con el código penal en la mano, hasta podían ser condenadas por adulterio. El gran elemento de atraso de España era la educación: en 1975 el 8,7 por ciento de la población era analfabeta, entre personas de más de 70 años alcanzaba el 28 por ciento y se disparaba entre las mujeres.

En este escenario es en el que muere el dictador y en el que Arias Navarro, presidente del Gobierno, intenta perpetuar el franquismo. Entre la muerte de Fran­­co y las primeras elecciones generales transcurren 18 meses intensos, protagonizados por decenas de miles de personas anónimas que arriesgaban su trabajo, su tranquilidad e incluso la vida.

En los tres primeros meses de 1976 se llevan a cabo 17.731 huelgas con 150 millones de horas perdidas (ganadas para la democracia), según datos de uso in­­terno del Ministerio de Gobernación. España batía todos los récords de huelgas en Europa con 1.438 días de huelga por 1.000 trabajadores. Enero de 1976, pocas semanas después de la muerte del dictador, empezó fuerte en Madrid. El 14 de enero sumaron 350.000 huelguistas en la capital.

Es en esos días cuando Manuel Fraga, ministro de Gobernación, declara que la calle es suya y provoca los sucesos de Vitoria en marzo de 1976. Mueren cinco obreros y más de 150 resultan heridos. Se declara el estado de excepción. El tristemente famoso Tribunal de Orden Público (TOP) funciona a toda máquina tras la muerte de Franco. Según datos aportados en El final de la dictadura, de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, en 1976 se incoaron 4.795 procedimientos.

Y llegó 1977. Aquella noche del 24 de enero, la bestia del franquismo asestó cornadas de animal herido y traicionero. Su objetivo inicial era acabar con la vida de sindicalistas de CC OO, buscaban al comité de la huelga triunfante del transporte. No se encontraba en el despacho, pero sí los abogados laboralistas. A los fascistas poco les importó, asesinaron a sangre fría a los abogados.

Sin heroísmos ni mitificaciones, siguiendo a Dolores González, el 24 de enero es fecha tanto de acompañamiento como de homenaje, recuerdo y reivindicación. Y este libro es un homenaje más, una aportación extraordinaria a que perviva su recuerdo y a reivindicar su memoria. Y, sobre todo, a que se conozca ese periodo que se conoce como la Transición y el papel clave que la masacre de Atocha supuso para dar el impulso definitivo hacia las libertades democráticas.

Nadie puede negar que el 24 de enero de 1977 supuso un punto de inflexión en la historia de España. Más de cien mil personas se dieron cita en la calle para ho­­menajear, en tensa calma, a los asesinados. El Partido Comunista de España, lo que entonces era el Partido, organizó y garantizó, desde la ilegalidad, la seguridad de la gran manifestación luctuosa que empujó la caída del franquismo.

Siguen vivos los de Atocha en las Comisiones Obreras, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres y madres, defendiendo lo público como garantía de igualdad. Ahí están, persiguiendo los asesinatos machistas y luchando por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Su genética pervive haciendo frente a esa ambición empresarial que causa tantas muertes en el trabajo.

Manuel Gallego López participa activamente con su obra en que no se apague la memoria. Es su libro un acicate para que se siga investigando una época repleta de luchas sindicales y protagonistas anónimos.

Jaime Cedrún

Secretario general de CC OO de Madrid

INTRODUCCIÓN

El 24 de enero de 1977 un comando de ultraderecha asaltó un despacho de abogados laboralistas, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, causando cinco muertos y cuatro heridos graves. El atentado es conocido comúnmente como la ma­­sacre de Atocha.

El ataque se produjo durante la Transición, un periodo de incertidumbre e inestabilidad política en el que la sociedad española se encontraba dividida entre una mayoría que deseaba la implantación de una democracia, aunque con distintas posturas acerca de cómo debería realizarse el cambio, y una minoría que ambicionaba la continuidad del franquismo. Además, existían pequeños grupos de extrema izquierda o nacionalista radical que ansiaban imponer sus propios proyectos.

En la presente introducción se pretende hacer una breve aproximación a la situación política y social desde finales del franquismo, tratando de analizar cómo aumentó la influencia del movimiento obrero en la sociedad; el paulatino distanciamiento entre la Iglesia y el régimen, que llegaron incluso a enfrentarse; la ruptura ideológica en el interior de las Fuerzas Armadas y el alejamiento de los miembros de la línea dura de los cargos de influencia, y, por último, la incapacidad de la extrema derecha para crear una coalición, pues el ego de sus dirigentes convirtió sus discrepancias ideológicas en insalvables, condujo a los defensores del continuismo a un progresivo aislamiento ideológico, político y del conjunto de la sociedad.

Tras la Guerra Civil se inició una feroz represión contra las organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales de carácter republicano, marxista o libertario, a las que los sediciosos denominaron la anti-España, cuyo objetivo fue la destrucción de todo vestigio republicano para la implantación de un nuevo orden.

A pesar de que existieron diversas organizaciones que, desde la total clandestinidad, trataron de llevar a cabo acciones de oposición al régimen, el abandono de España por parte de las democracias occidentales tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial sumió en una profunda crisis al antifranquismo durante la segunda mitad de la década de los cuarenta y los años cincuenta. Casos excep­­cionales fueron el boicot y posterior huelga de los tranvías en Barcelona, en marzo de 1951, y las movilizaciones durante la primavera de 1956.

Sin embargo, las transformaciones económicas, sociales y culturales, el alejamiento de la Guerra Civil y la llegada a la edad adulta de las generaciones nacidas tras ella hicieron resurgir el movimiento obrero en la década de los sesenta.

En este sentido, el creciente malestar generado durante los años de estabiliza­­ción económica explotó en 1962 provocando importantes movimientos huelguísticos en los que participaron entre 200.000 y 400.000 trabajadores. Las mo­­viliza­­ciones comenzaron en abril en las minas asturianas y se extendieron durante el mes de mayo al País Vasco y Barcelona. Como respuesta, el régimen declaró el es­­tado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. Ante la profunda erosión y crisis del Gobierno, Franco decidió remodelarlo en el mes de julio.

Pese a que el número de conflictos descendió entre 1964 y 1966, a partir de 1967 creció continuadamente, con algunas fluctuaciones y con especial intensidad desde el año 1973.

Entre los motivos que ocasionaron este aumento de la conflictividad laboral destaca que en 1962 los obreros todavía no se habían beneficiado del crecimiento económico que propagaba el Gobierno. A esto se añade que la negociación de los convenios colectivos¹ se desarrollaba a sus espaldas, ante lo que los trabajadores tomaron conciencia de que el único modo de conseguir mejoras laborales y en las condiciones de vida era la presión reivindicativa.

Además, desde mediados de los años sesenta los trabajadores dejaron de lu­­char solos contra las injusticias y la escasez que estaba sufriendo gran parte de la sociedad española, ya que a estos se unieron los movimientos estudiantiles y vecinales, grupos con reivindicaciones diferentes, pero cuya progresiva radicalización, la paulatina politización de sus propuestas y la solidaridad entre ellos provocó que participasen juntos en huelgas y manifestaciones.

En el ámbito universitario, los cambios sociales ocasionaron que un mayor número de jóvenes accediese a la enseñanza superior, lo que, unido al escaso presupuesto, provocó una creciente masificación de las aulas, hecho que favoreció la aparición de organizaciones de estudiantes antifranquistas cuyo fin era dinamizar la vida cultural y política de las facultades. Algunas de estas fueron la Asociación Socialista Universitaria, surgida en 1956; la Unión Democrática de Estudiantes y la Nueva Izquierda Universitaria, en 1958, o el Frente de Liberación Popular, o Fe­­lipe², como era conocido coloquialmente, en 1959.

La inoperancia del Sindicato Estudiantil Unificado (SEU) ante el primer en­­frentamiento abierto entre el movimiento estudiantil y las autoridades en febre­­ro de 1965 en Madrid, más allá de la huelga general pacífica del 18 de junio de 1959, provocó que el Gobierno decretase su disolución el 5 de abril y supuso el impulso definitivo para la creación de sindicatos democráticos. En un principio, estos pretendieron desarrollar actividades universitarias, aunque la constante represión los llevó hacia la radicalización y politización de sus actitudes, evidenciando el fracaso de la política de socialización de la juventud, que los convirtió en protagonistas de la ruptura permanente del bienestar franquista. Además, desde 1972, los profesores no numerarios, cuyas condiciones laborales eran inestables y discriminatorias respecto de las del resto de profesores, adquirieron un protagonismo notable en las movilizaciones.

Junto al movimiento estudiantil también se desarrolló el movimiento vecinal. Fue en este ámbito donde se manifestó, de manera más evidente, la relación entre los cambios económicos y la conflictividad social de estas décadas. El crecimiento de las ciudades fue desordenado y la carencia de infraestructuras, abrumadora. Esto ocasionó el nacimiento durante los años sesenta de un movimiento de reivindicación vecinal en las nuevas barriadas de las grandes urbes, cuyas demandas estaban relacionadas con la falta de soluciones a sus problemas de suministro y de servicios públicos.

El movimiento se extendió sobre todo en las grandes ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona. Estas consiguieron un gran desarrollo gracias a la defensa seria y responsable de sus intereses y al apoyo de numerosos profesionales y técnicos, principalmente los abogados laboralistas, y de algunos medios de comunicación, que emplearon la crítica a la política local, más tolerada, para de­­nun­­ciar los problemas de abastecimiento e informar de sus protestas.

De esta manera, los movimientos laborales, estudiantiles y vecinales comenzaron a tener características similares, provocando que convergieran y participaran unidos en diferentes movilizaciones, teniendo el origen de sus demandas, en algunos casos, un claro rasgo político. Ejemplos de ello fueron los paros multitudinarios en junio de 1975 contra el Proceso 1001 y en septiembre contra el fusilamiento de cinco miembros de ETA-pm y de FRAP o la creación de un movimiento común que reivindicaba la amnistía para los presos políticos.

El empeoramiento de la situación económica, el agravamiento de la salud del dictador, el aislamiento internacional, la pérdida de importantes sustentos sociales, la desmembración interna de la coalición de poder, etc., crearon una coyuntura política que hizo pensar a la oposición que su momento había llegado y decidieron intensificar la presión contra la dictadura.

La unión de los colectivos convirtió los años setenta en una década de gran actividad reivindicativa. Especialmente significativo sería el año 1974, en el que, según los datos oficiales, siempre restrictivos, los conflictos laborales alcanzaron una cifra sin precedentes, con casi 700.000 trabajadores afectados y entre 14 y 18 millones de horas de trabajo perdidas.

Sin embargo, la muerte de Franco no detuvo las movilizaciones, pues era en democracia donde debían conseguirse sus derechos y libertades, por lo que convirtieron 1976 en lo que muchos autores han denominado el año de las huelgas. En este se produjo la alteración continua del orden público, fruto de los conflictos laborales y de las reivindicaciones políticas, que se radicalizaban por la dureza de represiva de las fuerzas antidisturbios. Según datos de la OSE, el número de huelguistas llegó a más de 3.600.000 y las horas de trabajo perdidas superaron las