Lo mejor de CIPER 3: El periodismo que remece a Chile

Por CIPER

Un nuevo tomo de los mejores reportajes realizados por el Centro de Investigación Periodística, cuyas denuncias han golpeado a la opinión pública y dado un giro a la realidad nacional. CIPER ha revelado información que ha puesto al descubierto los principales escándalos e irregularidades que dan cuenta de corrupción y abuso de poder en Chile.

• Esta tercera parte de la exitosa serie El periodismo que remece a Chile, recopila los casos más contingentes y polémicos investigados por CIPER durante los últimos tres años.
• Este grueso volumen, de casi 500 páginas, contiene reportajes que abordan en profundidad el tema del manejo de dineros en la política: casos Penta, Soquimich, Caval, entre otros.
• Además incluye el caso del cura Joannon y las adopciones ilegales; el perdonazo del SII a Johnson’s; la manipulación de la información en el Censo de 2012 y la encuesta Casen; la Ley de Pesca; el diputado RN acusado de asesinatos en Neltume.

AUTORES: Cristián Alarcón - Alberto Arellano - Boris Bezama - Víctor Carvajal - Paulette Desormeaux - Juan Pablo Figueroa - Mónica González - Juan Andrés Guzmán - Matías Jara - Francisca Miranda - Pedro Ramírez - Francisca Skoknic - Gustavo Villarrubia.

SOBRE CIPER
El Centro de Investigación Periodística, CIPER, es una fundación independiente, sin fines de lucro, y cuyo principal objetivo es aportar al perfeccionamiento permanente de la democracia. Ha contado con financiamiento del Grupo Copesa e instituciones internacionales como la Open Society Foundation y la Fundación Ford. Su misión es publicar reportajes de acuerdo a principios de máxima calidad e integridad profesional en su sitio web www.ciperchile.cl
Dirigido y creado por la periodista Mónica González, quien ha recibido importantes distinciones como los premios María Moors Cabot de Columbia University (2001), el premio Homenaje de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (2006), el Premio Mundial Unesco-Guillermo Cano de la Libertad de Expresión (2010) y el Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión, CIPER no tiene filiación política ni partidista. Su principal objetivo es la fiscalización del poder político, económico y social, para resguardar el buen funcionamiento de la democracia. Desde su fundación, en mayo de 2007, numerosos reportajes publicados por CIPER han sido premiados tanto en Chile como en el extranjero. Este tercer volumen es fruto del convenio entre CIPER y el Centro de Investigación y Publicaciones (CIP), de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, que tiene entre sus objetivos prioritarios desarrollar y promover el periodismo de investigación en Chile.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 31 may 2016
• ISBN: 9789563243888

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Notas

IMPUESTOS: PERDONAZO A JOHNSON’S

Las pruebas de la participación de los jefes del SII en el «perdonazo» a Johnson’s

Pedro Ramírez y Paulette Desormeaux

20 de julio de 2012

En julio de 2012, CIPER entregó documentos y testimonios que permitieron detallar el proceso a través del cual el entonces director de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, y su subdirector jurídico, Mario Vila, participaron en el polémico «perdonazo» tributario a la empresa de retail Johnson’s. El hecho de que a esa empresa se le hayan condonado US$119 millones en condiciones poco transparentes, revela la discrecionalidad con que se administran los beneficios tributarios para las grandes empresas. Aunque las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera defendieron a la plana mayor del SII, el conflicto terminó con la salida de Vila y Pereira de sus cargos. 

Hasta el sábado 2 de junio de 2012 el debate sobre el sistema tributario chileno se centraba exclusivamente en determinar si los impuestos que se cobran en el país son bajos, justos o excesivos. Lo que quedaba fuera de toda discusión eran la neutralidad y equidad de la entidad encargada de cobrarlos. Desde la creación del primer órgano fiscal de recaudación tributaria, en 1902, transcurrieron 110 años de historia que fraguaron la imagen férrea e imparcial del Servicio de Impuestos Internos (SII). Hasta ese sábado, el SII gozaba de su fama de cobrador implacable y los chilenos tenían la certeza de que todo aquel que cayera en falta —desde el dueño de un kiosco hasta el más poderoso de los empresarios—, enfrentaría el rigor de la ley.

Pero el 2 de junio de 2012 esa imagen se trizó. Ese día, el vespertino La Segunda lanzó una bomba cuyas esquirlas hicieron múltiples mellas en los cinco «principios y valores» que el SII pregona como orientadores de su labor: excelencia, probidad, compromiso, respeto y equidad. En un extenso artículo, La Segunda informó que en octubre de 2011 el SII había condonado a la multitienda Johnson’s cerca de $59 mil millones (unos US$119 millones) de intereses y multas originados por deudas tributarias que en gran medida se arrastraban desde 2001, aunque algunas, incluso, provenían de los años 80.

La operación quedó bajo la lupa del escrutinio público cuando se supo que Johnson’s solo pagó un total de US$8 millones al SII, equivalentes a menos de un 7% del monto que le fue condonado. La necesidad de una explicación oficial aumentó cuando se informó que la multitienda, poco después del cuantioso «perdona vidas» y ya saneada de sus deudas tributarias, fue comprada por Cencosud.

Efectivamente, en la Memoria 2011 de Cencosud se informó que la compañía de Horst Paulmann adquirió el 85,58% de Johnson’s en $32.606 millones (unos US$66 millones). Es decir, los dueños de la multitienda —la familia Calderón— pagaron US$8 millones en impuestos que adeudaban, se ahorraron US$119 millones en multas e intereses, y luego la vendieron en US$66 millones.

El director del SII, Julio Pereira, fue llamado a dar explicaciones a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pocos días después, la misma Cámara acordó crear una comisión investigadora. En ese escenario candente, el diputado Fuad Chahin (PDC), lanzó un nuevo misil al asegurar que exasesores tributarios de Johnson’s ahora ejercían cargos directivos en el SII, por lo que se debían investigar posibles conflictos de intereses: «Profesionales que asesoraron a Johnson’s en juicios contra el SII después entraron a Impuestos Internos y están en altos cargos, en la plana mayor. Indudablemente, hay que despejar la duda razonable de que pueda haber un conflicto de intereses, porque la plana mayor evidentemente tuvo no solo conocimiento, sino también injerencia directa en este proceso», dijo Chahin a la radio de la Universidad de Chile.

Sin mencionarlos, Chahin se refería al director del SII, Julio Pereira, y al subdirector jurídico del mismo Servicio, Mario Vila. Antes de entrar al SII en 2010, convocados por el Gobierno de Sebastián Piñera, Pereira y Vila fueron socios del área tributaria de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), la misma que está siendo investigada por su responsabilidad en el fraude de La Polar. PwC asesoró a Johnson’s en la agresiva estrategia tributaria para evitar el pago de impuestos que adoptó esa multitienda en 2001 y que el SII cuestionó en 2004, lo que le significó a la compañía arrastrar juicios por impuestos impagos durante casi ocho años, hasta que la condonación la benefició con un borrón y cuenta nueva.

Aunque el SII ha señalado que las sospechas de conflictos de intereses son infundadas y que tanto Pereira como Vila no participaron en el tema de Johnson’s, CIPER tuvo acceso a diversos documentos —correos electrónicos, minutas internas del SII y un acta de sesión de directorio de la multitienda— que demuestran que ambos estuvieron informados de los detalles de la operación y que participaron en el proceso que culminó con la extraordinaria condonación. Incluso, los documentos apuntan a que Mario Vila inicialmente dio luz verde a negociar una fórmula de arreglo —diseñada con documentos elaborados por PwC— para que Johnson’s pagara aún menos de lo que finalmente canceló.

La nómina de los ocho

En 2001 varias empresas de la nómina de grandes contribuyentes, entre ellas Johnson’s, compraron compañías que quebraron y virtualmente desaparecieron a comienzos de los 80. Estas sociedades milagrosamente volvieron a la vida después de 20 años, declarando pérdidas por miles de millones de pesos originadas en impagos que arrastraban desde 1981-82, acrecentados por reajustes y correcciones monetarias. Al fusionar compañías sanas con empresas de papel que no tenían movimientos financieros y acumulaban pérdidas cuantiosas, las primeras eludían impuestos. Es decir, le pagaban menos al Fisco. 

La estrategia, diseñada por auditoras y estudios de abogados especializados en el área tributaria, se puso de moda a fines de los 90. Desde el año 2000, y con la asesoría de PricewaterhouseCoopers, Johnson’s utilizó una de esas sociedades «zombis», como las denominó un detallado reportaje de The Clinic, y pasó a exhibir una pérdida multimillonaria¹. Así, hizo declaraciones en las que ya no solo dejaba de pagar tributos, sino que el Fisco incluso debía devolverle dinero.

En 2000 el SII detectó la fórmula, publicó dos oficios para limitar los efectos de estas planificaciones tributarias, y comenzó a revisar a alrededor de 700 empresas sospechosas de usar pérdidas cuestionables.

Luego de un primer barrido, el ente fiscalizador redujo la nómina a cerca de 250 empresas. Finalmente, fueron poco más de 60 las que efectivamente habían usado sociedades «zombis». Alrededor de 53 accedieron a pagar los impuestos adeudados en alguna de las etapas de fiscalización administrativa o cuando ya estaban en la justicia tributaria. 

Pero hubo un grupo —de menos de diez empresas— que se resistió a renunciar por completo a las pérdidas de las sociedades «cascarón». Una de esas empresas fue Johnson’s y su representante ante el SII y la justicia tributaria fue el entonces abogado de PwC, Mario Vila, quien en marzo de 2010 asumió como subdirector jurídico del organismo fiscal. Mario Vila proponía que el SII aceptara que la multitienda descontara impuestos por las pérdidas que acumulaba la sociedad que había comprado, cuya contabilidad había sido revisada por PwC. Pero la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) siempre le dio la misma respuesta: «No».

Dos años después, con Vila ya en el SII, ese organismo aprobó la millonaria condonación a favor de Johnson’s.

Luego de que el diputado Chahin hizo públicas sus sospechas, el SII lanzó una ofensiva para aquietar las aguas. El 13 de junio La Segunda informó que el SII desmintió que Vila hubiese participado en el proceso que culminó con la condonación a Johnson’s². La nota del vespertino agregó que el SII reconoció que durante la década pasada Vila había representado a Johnson’s en sus litigios con el SII, pero que por la misma razón se había inhabilitado en el proceso de negociación entre la entidad fiscal y la compañía.

La información proporcionada por el SII a La Segunda destacó que la condonación no fue firmada ni por Pereira (que estaba fuera de Chile) ni por Vila (que lo subrogaba), sino por el subdirector normativo del SII, el funcionario de carrera Juan Alberto Rojas. El artículo agregó que el SII informó que en la decisión de condonar el 99% de las multas e intereses a Johnson’s habían intervenido, única y exclusivamente, ocho funcionarios de carrera: Mirtha Barra, Norberto San Martín, Elena Amaya, Iván Beltrand, Hugo Horta, Lucio Martínez, María Teresa Sánchez y Patricio Soto.

Esa nota aparecida en La Segunda del 13 de junio, aunque no identifica a su fuente, es la única información pública aportada por el SII que individualiza a quienes presuntamente debiesen cargar con la responsabilidad del «perdonazo» a Johnson’s. En el gabinete del director del SII se informó a CIPER que los datos difundidos en ese breve artículo del vespertino fueron aportados por esa repartición, con autorización del director Pereira. Es decir, la versión oficial del SII es que Pereira y Vila nada tuvieron que ver con el proceso de negociación ni con la condonación, que Vila incluso se inhabilitó y que los responsables son los ocho funcionarios cuyos nombres se hicieron públicos por decisión del mismo Pereira.

La nómina difundida por La Segunda causó desazón entre los funcionarios del SII y entre los expertos que se dedican a la asesoría tributaria de grandes compañías. Esto, porque varios de los mencionados (Barra, San Martín, Amaya y Soto) tienen cargos de jefatura en la Dirección de Grandes Contribuyentes y durante años objetaron y persiguieron planificaciones tributarias como las de Johnson’s, enfrentándose a abogados como Vila. Fueron ellos los que llevaron a la multitienda al tribunal tributario y hasta 2011 se negaron a suscribir algún acuerdo que le permitiera pagar menos impuestos.

Más todavía: en 2004 la DGC llevó a la empresa Vital S.A. a la justicia ordinaria, acusándola de utilizar pérdidas adquiridas con el único propósito de rebajar impuestos. En ese proceso consta una declaración de Vila, en la que el actual subdirector jurídico del SII no solo defiende estas planificaciones tributarias —que significaban una multimillonaria pérdida para el Fisco—, sino que reconoce que esas operaciones se hacían con el único objeto de no pagar tributos³. 

Sesión de directorio

Las versión oficial del SII acerca de que Vila se inhabilitó en el proceso choca de frente con el acta de la sesión ordinaria del directorio de Johnson’s realizada el 9 de marzo de 2011⁴. El acta lleva las firmas de los directores Enrique Cibié, Miguel Zlatar, Luis Fernando Pacheco, Eduardo Morales y Andrés Eyzaguirre. Bajo el último subtítulo «Temas varios», se lee: 

«Informa el Sr. [Eduardo] Morales que recibió un llamado del Sr. Mario Vila del SII en relación con las conversaciones mantenidas con el Servicio y que esperaba que dentro de esta semana se produjera una reunión, cosa que confirmó el Sr. [Luis Fernando] Pacheco.

Sobre la base de lo anterior, el Sr. Pacheco estima conveniente suspender por ahora la propuesta de Carey y Cía., dando tiempo para revisar y evaluar detenidamente la propuesta de honorarios.

Además, informó que los bancos dejaron en libertad a Johnson’s para manejar, resolver y acordar temas tributarios. Una vez que se analicen las opciones, se presentarán a los bancos».

El documento deja en evidencia tres cosas. La primera es que los bancos acreedores de la multitienda —en representación de los cuales figuraba Luis Fernando Pacheco en el directorio—, estaban interesados en resolver el problema de los impuestos y que el visto bueno para cualquier acuerdo con el SII lo darían ellos. Más adelante quedará demostrado que el interés de los bancos por apurar la resolución de las diferencias con el SII se debía a la oferta de compra que estaba haciendo Cencosud, la que solo se concretaría si se saneaba la situación tributaria, permitiendo a los bancos recuperar el dinero que les debía Johnson’s.

En segundo término, el acta demuestra que el directorio de Johnson’s estaba estudiando reemplazar la asesoría tributaria de PwC por la del estudio Carey y Cía. Y, en tercer lugar, que en ese contexto de decisiones urgentes, con la posibilidad de que PwC saliera del negocio, Mario Vila llamó a Eduardo Morales, director y fiscal de Johnson’s, para hablar sobre el conflicto de la multitienda con el SII y coordinar una reunión que permitiera avanzar hacia un acuerdo.

Morales dijo a CIPER que el contacto que sostuvo con Vila al que se hace referencia en el acta, fue un diálogo en que el subdirector jurídico del SII solo le comunicó que no podía hablar sobre el tema porque estaba inhabilitado. El fiscal de Johnson’s aseguró también que PwC nunca asesoró a su compañía en materia tributaria, sino que se limitó a representar a la empresa ante la justicia tributaria.

La versión de Morales resulta curiosa, porque solo 20 días después de la sesión de directorio reseñada en el acta, él mismo envió un correo electrónico a Vila —quien supuestamente le había dicho que no podía tocar el tema— para poner en marcha un nuevo intento de arreglo con el SII. El correo está fechado el 29 de marzo de 2011 y en él Morales le adjunta a Vila un set de documentos preparados por el área de asesoría tributaria de PwC, la misma auditora que según Morales nunca asesoró a la multitienda.

El mensaje de Morales a Vila parte con la sugerente frase «de acuerdo a lo solicitado» y adjunta los documentos que servirían de base para hacer una propuesta de arreglo al SII⁵.

Un bypass a la DGC

El correo que envió Morales a Vila fue posteriormente derivado a Hugo Horta, encargado de Medianas y Grandes Empresas de la Subdirección de Fiscalización del SII, quien a su vez lo reenvió a la funcionaria María Teresa Sánchez, del SII Santiago Oriente, para consultar su opinión sobre la propuesta que estaba haciendo Johnson’s para resolver el conflicto. La idea era que la negociación con Johnson’s la asumiera la unidad que dirigía Horta, lo que resulta a lo menos curioso, pues desde que se inició el conflicto entre la multitienda y el Servicio, en 2004, el caso lo había llevado en exclusiva la Dirección de Grandes Contribuyentes.

El fiscal de Johnson’s, Eduardo Morales, asegura que esto no se hizo con la intención de sacar del camino a la DGC. Morales afirmó a CIPER que ingresaron la propuesta en la Subdirección Jurídica, que dirige Vila, por error: «Nos equivocamos nosotros, porque consideramos que era una cosa jurídica, no tanto de grandes contribuyentes. Entró con Mario Vila porque nosotros lo conocíamos. O sea, yo voy donde quien conozco».

Lo que Morales omite es que la DGC siempre se opuso a un arreglo con Johnson’s que permitiera a la multitienda dejar de pagar alguna parte de los impuestos que el SII le estaba cobrando, pues exigía como piso para cualquier negociación que la compañía cancelara todos los tributos pendientes. En ese contexto, Johnson’s solo podía aspirar a una rebaja de las multas e intereses.

Pero la propuesta que Morales hizo llegar a Vila y que finalmente aterrizó en el escritorio de Horta, precisamente implicaba que Johnson’s dejara de pagar una parte de los tributos que reclamaba el SII. Esto, porque la multitienda pedía que le aceptaran hasta 2011 el uso de las pérdidas que había adquirido al comprar una sociedad «zombi».

«Nosotros queríamos poner término a los juicios [tributarios] mediante desistimientos y que el SII no nos cobrara nada», señaló Eduardo Morales a CIPER.

La fórmula colisionaba con el criterio exhibido por la DGC durante casi una década.

La funcionaria María Teresa Sánchez reenvió el correo con la propuesta de Johnson’s a Patricio Soto, uno de los especialistas de la DGC que lideró el trabajo para detectar a las empresas que intentaron usar pérdidas cuestionables. Lo hizo para consultarle en qué pie estaba la situación de la multitienda. Fue así como en la DGC se enteraron de que se había puesto en marcha una negociación con Johnson’s, y que esa interlocución circulaba por un bypass que, por primera vez, los dejaba fuera de la mesa.

Esta propuesta naufragó finalmente en una reunión entre representantes de Johnson’s y funcionarios del SII que se realizó en el séptimo piso de la subdirección que encabeza Vila, en calle Almirante Gotuzzo 124. En esa cita estuvieron Hugo Horta, Patricio Soto, María Teresa Sánchez y Lucio Martínez (subordinado de Vila), por el SII. Enfrente, figuraron Luis Fernando Pacheco (hombre de confianza del Grupo Luksic y representante de los bancos) y Eduardo Morales. Uno de los asistentes a la reunión dijo a CIPER que fue Horta el que rayó la cancha y pulverizó la propuesta, pues señaló que el piso para negociar un arreglo era que Johnson’s pagara todos los impuestos que, a juicio del SII, aún adeudaba.

«Nosotros siempre dijimos que no debíamos plata, pero ellos no aceptaron ninguna propuesta que significara no pagar», dijo Morales a CIPER, al explicar por qué no prosperó esa fórmula. 

Tras la negativa del SII, a comienzos de abril entró a la cancha Carey y Cía., estudio que asumió la representación de Johnson’s ante el SII. El abogado Álex Fischer encaró la negociación reinstalándola en la ruta lógica: la DGC. El 5 de abril de 2011, Fischer envió un correo electrónico a Vila y al entonces director de la DGC, Bernardo Marchant, solicitando una reunión de acercamiento.

Aunque supuestamente Vila se había inhabilitado para participar en las conversaciones entre el SII y Johnson’s, el correo enviado por Fischer indica lo contrario. El mensaje parte señalando que Luis Fernando Pacheco (director de la multitienda) ya se había comunicado con Vila para informarle que Carey y Cía. asumiría las negociaciones: «Entiendo que Luis Fernando Pacheco ya les comentó que fuimos formalmente contratados por Johnson’s para estudiar todos los temas que la empresa tiene pendientes con el SII (…)»⁶.

Si Vila le hubiese manifestado a Pacheco que estaba inhabilitado, difícilmente Fischer le habría escrito para coordinar una reunión. Por lo demás, lejos de automarginarse, el propio Vila le reenvió el correo a Marchant, dándole instrucciones para que se hiciera cargo del tema, lo que evidencia que seguía interviniendo: «Bernardo, de acuerdo a lo conversado (…) el tema deberá ser abordado por ti, la SDF (Subdirección de Fiscalización) y por la SDJ (Subdirección Jurídica) la persona será Lucio [Martínez]».

Ya instalada en la DGC, la negociación entre el abogado de Carey y Cía. y los funcionarios del SII entró en tierra derecha. Johnson’s, por primera vez, aceptaba la condición de la DGC de pagar todos los impuestos que el SII le estaba cobrando. En ese contexto, el director de la DGC, Bernardo Marchant, dejó ese cargo y lo sucedió Mirtha Barra, quien venía de la Dirección Regional del SII en Rancagua. Ella asumió su nuevo puesto el 16 de agosto de 2011 y solo tres días después participó en una reunión con Julio Pereira y Mario Vila —quien supuestamente estaba inhabilitado— donde, entre otros temas, se revisó el caso de Johnson’s y se le entregaron instrucciones respecto de cómo apurar el cierre del conflicto con la multitienda.

Esa cita del 19 de agosto fue coordinada por el subdirector de fiscalización, Iván Beltrand⁷. En el mensaje de la citación se lee que el asunto a tratar es: «Temas Codelco, ANFP, Johnson’s, varios y bienvenida». Los convocados: Iván Beltrand, Mario Vila y Mirtha Barra. No obstante, a la cita, sorpresivamente, también concurrió el director Pereira.

En esa reunión se instruyó a Mirtha Barra para que cerrara prontamente el conflicto con Johnson’s y se le dijo que la multitienda estaba dispuesta a pagar hasta US$8 millones. Por esa razón, se le pidió que hiciera todas las coordinaciones para calcular cuánto de esa cifra se debía destinar a pagar impuestos. Con el saldo se pagarían los intereses y multas, por lo que la operación requeriría una alta condonación. Ya en esa reunión, en agosto de 2011, con Pereira y Vila presentes, se habló de una condonación que bordearía el 98%.

Mirtha Barra volvió de esa reunión explicando a sus subalternos el nuevo escenario. Los funcionarios que venían negociando con Johnson’s ya habían hechos cálculos aproximados y sabían que los impuestos que se estaban cobrando a la multitienda bordeaban precisamente los US$8 millones, por lo que de inmediato comprendieron que la condonación sería casi total.

Se encargó entonces al jefe del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Nacionales de la DGC, Norberto San Martín, que calculara los impuestos que debía cancelar Johnson’s con el límite de la instrucción recibida: US$8 millones como monto máximo de pago. San Martín entregó una minuta⁸ el 26 de agosto, donde proyectó que la empresa debía pagar unos US$4,75 millones en impuestos de primera categoría y alrededor de US$3,2 en impuestos adicionales, por lo que, según sus cuentas, se requería una condonación de intereses y multas de alrededor de 98%.

Visto bueno de Pereira

Como el límite de pago que se había impuesto a Barra implicaba una condonación superior al 66%, de acuerdo con la Circular 42 del SII esa resolución requería la autorización del director del Servicio, quien siempre estuvo informado de los alcances de la negociación. Así lo comprueban una intervención que el mismo Pereira hizo en el Senado y varios correos electrónicos.

El 4 de julio de 2012, Julio Pereira concurrió al Senado para explicar los alcances del acuerdo entre el SII y Johnson’s. En la sala de la Cámara Alta, el director del SII entregó un antecedente que indica que estaba al tanto de los términos de la condonación. En su presentación, Pereira hizo una pregunta retórica: « ¿Cuál fue la posición del Servicio, del suscrito y de otros de sus directores que participaron? Establecer como requisito sine qua non de la condonación, el desistimiento de la totalidad de los juicios por las pérdidas que esa empresa mantenía con Impuestos Internos». La respuesta, que indica que Pereira discutió los términos de la condonación, causó sorpresa entre el público apostado en las tribunas, donde había varios dirigentes gremiales del SII.

Respecto de los correos que demuestran que Julio Pereira estuvo involucrado en el proceso, el primero está fechado el 4 de octubre de 2011 y fue enviado por Mirtha Barra a Pereira⁹. En él, la directora de la DGC le informó de una reunión que sostuvo con el director de Johnson’s, Luis Fernando Pacheco, en la que este le explicó por qué la multitienda no había pagado el 30 de septiembre de ese año los impuestos pendientes, como se había acordado previamente; y le solicitó que se mantuviera en pie la fórmula de arreglo para finiquitar el conflicto en octubre. Este correo demuestra que Pereira sabía que la condonación sería del orden del 98%:

«Señaló [Pacheco] a grueso modo que si bien en la junta de accionistas no obtuvieron los fondos, la negociación con los bancos sigue en curso y esta semana se podría concretar la oferta de compra de la empresa [efectivamente, el 7 de octubre de 2011 Cencosud firmó la carta de intención para ingresar a la propiedad de Johnson’s], situación que en definitiva llevará a cerrar también el tema tributario.

Por lo anterior, me solicitó [Pacheco] poder mantener en pie para este mes en curso, la solicitud verbal existente de petición de condonación de intereses y multas de impuestos que conocemos». 

Diez días después, Mirtha Barra despachó un correo al subdirector de fiscalización, Iván Beltrand, que también demuestra que Pereira estaba al tanto de las negociaciones¹⁰. En ese mensaje, ella le indica que representantes de Johnson’s y de la banca acreedora de la multitienda le pidieron a Pereira que agendara una reunión con los funcionarios de la DGC. A esa cita asistió el gerente general del Banco de Chile, Arturo Tagle, con el único objeto de que la DGC le ratificara que el acuerdo limitaba el pago a US$8 millones. En la tarde del día anterior, 13 de octubre de 2011, Pereira había llamado a Barra para entregarle un número telefónico en el que podía ubicar a Tagle para coordinar la reunión.

Finalmente, el jueves 20 de octubre de 2011, Mirtha Barra envió un escueto correo a Pereira¹¹. El texto solo tiene 12 palabras, pero es una prueba maciza sobre el nivel de conocimiento que el director del SII tenía respecto de esta operación: «Existe una alta probabilidad de que mañana nos paguen. Lo mantendré informado».

La respuesta de Julio Pereira y Mario Vila a las preguntas de CIPER

CIPER solicitó formalmente entrevistas con Julio Pereira, director nacional del SII, y Mario Vila, subdirector jurídico del mismo Servicio, para que aclararan su participación en el proceso de condonación de Johnson’s. El SII puso como condición que las preguntas fueran enviadas para ser respondidas por escrito. El cuestionario fue el siguiente:

Preguntas para el director del SII Julio Pereira:

1.- ¿Participó usted en reuniones en el Servicio de Impuestos Internos en que se discutió la situación tributaria de Johnson’s?

2.- ¿Fue usted informado de los avances de la negociación entre Johnson’s y el SII? ¿Fue informado de la forma en que se resolvió la negociación?

3.- ¿Supo usted antes de que se firmara la condonación que esta sería del orden del 98%? De ser así, ¿cuándo y cómo lo supo?

4.- ¿Quién fijó el criterio de que la negociación con Johnson’s debía enmarcarse en el pago de unos US$8 millones? ¿Cómo se llegó a esa cifra?

5.- Mientras usted estuvo en PricewaterhouseCoopers, ¿fue superior o subalterno de Mario Vila cuando este representaba los intereses de Johnson’s frente al SII o la justicia tributaria? ¿Tomó conocimiento de las gestiones que hacía Mario Vila a favor de Johnson’s mientras estaba en PwC?

Preguntas para el subdirector jurídico Mario Vila:

1.- ¿Tomó usted contacto con ejecutivos o representantes de Johnson’s durante el proceso en que el SII revisó la situación tributaria de la empresa? De ser así, ¿cuándo y con qué objeto?

2.- ¿Recibió usted documentos de Johnson’s relacionados con su situación tributaria desde que asumió la subdirección jurídica del SII? De ser así, ¿cuándo y por qué?

3.- ¿Firmó usted algún documento inhabilitándose de participar del proceso de acuerdo para el pago y condonación de Johnson’s? De ser así, ¿podría enviarnos una copia?

4.- ¿Impartió usted instrucciones para que algún departamento o funcionario del SII se hiciese cargo de la negociación con Johnson’s?

5.- ¿Fue usted informado del avance de las negociaciones con Johnson’s?

6.- ¿Puede confirmar si es efectivo que en un documento se establece que PricewaterhouseCoopers recibiría un pago si el SII aceptaba que Johnson’s usara las pérdidas tributarias de las sociedades adquiridas por la compañía?

7.- ¿Quién fijó el criterio de que la negociación con Johnson’s debía enmarcarse en el pago de unos US$8 millones? ¿Cómo se llegó a esa cifra y quién la fijó?

La respuesta oficial del SII fue la siguiente:

El Servicio de Impuestos Internos señala a CIPER que de conformidad al procedimiento existente en materia de condonaciones, es la Dirección Regional correspondiente o bien la Dirección de Grandes Contribuyentes, la autoridad competente por Ley para, por una parte, condonar intereses y multas y, por otra, en el evento que lo estime fundadamente, solicitar autorización a la Dirección Nacional para otorgar un monto de condonación superior al 66% establecido en la Circular 42 de 2006, que es el porcentaje de condonación al que puede tener acceso automático cualquier contribuyente por Internet.

En definitiva, tanto los porcentajes como los fundamentos de una condonación superior a los límites automáticos establecidos en las instrucciones del SII, emanan de las respectivas unidades operativas antes mencionadas.

En el caso en particular sobre el que se pregunta, además de la Dirección de Grandes Contribuyentes, y con la finalidad de resguardar el interés fiscal, se constituyó un equipo técnico multidisciplinario de análisis.

El análisis técnico y jurídico efectuado por el equipo antes señalado, fue base de la fundamentación para la condonación a que se hace referencia, que tuvo dos condiciones básicas previas a su autorización: la firma en cuestión debía desistirse de todos los juicios contra el Fisco y renunciar a su pretensión de que el SII le reconociera varios cientos de millones de dólares en pérdidas tributarias.

De conformidad a las instrucciones administrativas vigentes, toda solicitud de autorización de condonación debe señalar el monto de los impuestos adeudados, los reajustes correspondientes, los intereses y multas aplicables y el porcentaje de condonación sugerido con sus fundamentos.

Respecto del tema de fondo, en el caso de Johnson’s se eliminaron todas sus pérdidas tributarias (que dan derecho a solicitar devoluciones y/o a no pagar impuestos por rentas), lo que implica que se obligó a hacer término de giro del RUT, asegurando que no hubiese ningún beneficio tributario para un eventual comprador. Esto implica que, en este caso, se maximizó el beneficio del interés fiscal, obteniéndose un beneficio de alrededor de $14.000 millones, según se señaló en una presentación efectuada al Senado.

Es importante recordar que una parte muy relevante de las condonaciones corresponden al desistimiento voluntario del contribuyente de juicios pendientes de resolución.

La Moneda aceptó la dimisión de Julio Pereira

Informe de la Contraloría: Los antecedentes que gatillaron la renuncia del director del SII

Equipo CIPER

12 de julio de 2013

La auditoría realizada por el organismo fiscalizador a la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII fue el detonante que puso fin a la carrera de Julio Pereira en el servicio público. Ese informe es el primer documento oficial de la Contraloría que cuestiona al director del SII por no haberse abstenido en el proceso que benefició a Johnson’s con una rebaja de US$119 millones, debido a que fue socio de PwC, la firma que asesoró a la multitienda en la estrategia tributaria que la enfrentó con el SII. La solidez de los antecedentes recogidos por la Contraloría desbarató el blindaje que La Moneda brindó a Pereira por más de un año.

Exactamente 13 meses y diez días resistió en su puesto el director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, antes de renunciar. Desde el 2 de junio de 2012, cuando La Segunda reveló que el SII condonó US$119 millones en multas e intereses a la multitienda Johnson’s, Pereira comenzó a navegar por aguas turbulentas. Y lo hizo torpedeado desde un comienzo por las dos asociaciones de funcionarios del SII, que lo acusaron de haber intervenido para que se otorgara el cuantioso «perdonazo» a Johnson’s a pesar de que debió inhabilitarse por haber sido socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), la empresa que asesoró la estrategia tributaria de la multitienda que dio origen a la millonaria deuda que esta mantenía con el Fisco.

Pereira sobrevivió, respaldado por el Gobierno, a una investigación especial de la Cámara de Diputados y a las declaraciones de sus subalternos que lo apuntaron como responsable de la condonación. Pero no pudo remontar la última ola que lo golpeó y que terminó por hundirlo: el informe final de la auditoría que realizó la Contraloría a las condonaciones realizadas por la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del SII y que revisó el beneficio que favoreció a Johnson’s. 

Aunque sigue en curso una investigación sumaria de la Contraloría respecto de las responsabilidades administrativas en la condonación, los antecedentes acumulados en la auditoría realizada por el ente fiscalizador a la DGC bastaron para gatillar su salida. El informe de la auditoría fue difundido el jueves 11 de julio y, aunque Pereira señaló en la noche de esa misma jornada que aún estaba pendiente el dictamen definitivo de la investigación sobre sus eventuales responsabilidades, al día siguiente tuvo que dar un paso al costado. Cerca de las 20:00 horas del viernes 12, a través de un comunicado de prensa, La Moneda confirmó que el presidente Sebastián Piñera había aceptado su renuncia «con el objeto de que el exdirector pueda concentrar sus tareas en las respuestas que se le han solicitado por los respectivos informes de la Contraloría General de la República, sin que ello altere la normal dirección del SII».

El informe final de la auditoría hecha en la DGC contiene tres aspectos que resultaron demoledores para Pereira¹².

El primero es que la Contraloría cuestiona la legalidad de la condonación, pues afirma que el argumento del SII para concederla fue evitar la quiebra de Johnson’s, ya que eso habría significado la imposibilidad de cobrar los tributos que debía. Para el ente contralor, ese argumento no resulta válido, pues no está considerado dentro de aquellos establecidos en las normas que regulan las condonaciones. El código tributario determina que los contribuyentes que pueden acceder al beneficio son aquellos que incurren en omisiones excusables, no reincidentes, que desconocen las normas que los obligaban a pagar tributos. En este caso, Johnson’s llevaba años litigando con el SII para evitar el pago, por lo que estos requisitos no se cumplían.

El segundo punto de la auditoría que jugó en contra de Pereira es que se detectó que tenía intereses en otras empresas que obtuvieron condonaciones. El informe señala que en las cinco declaraciones de patrimonio e intereses que hizo Pereira desde que asumió el cargo, figura como accionista de sociedades que «efectuaron solicitudes de mayor condonación de lo que fueron autorizadas». Entre estas se cuenta Banco de Chile, Colbún, Corpbanca, Enersis, Comercial ECCSA (Ripley), Banco Santander, AS Gener y Lan Chile. Aunque la Contraloría levantó esta observación, porque Pereira tiene un bajo porcentaje accionario en estas sociedades y sus inversiones en esta área son administradas por un fondo sobre el cual no tiene control, la información de todas maneras minó su imagen. Más aún cuando el informe de la Contraloría reveló que también posee acciones de Cencosud, empresa que resultó directamente beneficiada con la condonación a Johnson’s, pues adquirió esa multitienda una vez que se saneó su situación tributaria gracias al «perdonazo».

Las relaciones de Pereira con Cencosud ya habían hecho mella en el director del SII. En enero de 2013 revista Qué Pasa informó que este mantiene un contrato de arriendo con Cencosud que le reporta cerca de $22 millones mensuales¹³. Pereira forma parte de la sociedad Molino Viejo Limitada, propietaria del terreno donde funciona el Portal La Reina de Cencosud.

El último punto de la auditoría difundida por la Contraloría, y que terminó por sellar la salida de Pereira, es que recogió y validó declaraciones y correos electrónicos de sus subalternos que indican que él estuvo a la cabeza del proceso de condonación a Johnson’s. Inicialmente, la versión oficial del SII fue que el ahora exdirector no había participado en la condonación, pero una investigación de CIPER demostró lo contrario.

Las pruebas aportadas por el reportaje de CIPER fueron recogidas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que citó a declarar a funcionarios de la DGC que las corroboraron. Esas declaraciones fueron también recogidas en el informe final de auditoría publicado en julio de 2013 por la Contraloría.

La defensa del Gobierno 

El primer síntoma de que la mano venía mal para Pereira fue el silencio de La Moneda tras la publicación del informe de la Contraloría, lo que contrastó con la cerrada defensa que se le había brindado en Palacio desde que se conoció la controversial condonación. En la mañana del viernes 12 de julio de 2013, cuando se conoció el informe de la Contraloría, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, evitó referirse al tema. Por su parte, la ministra vocera, Cecilia Pérez, anunció que el titular de Hacienda, Felipe Larraín, superior de Pereira, sería el personero de Gobierno que abordaría la materia: «Hemos decidido en el comité político, por instrucción del Presidente, dejar el tema del dictamen [de la Contraloría] en manos del Ministerio de Hacienda»¹⁴.

A comienzos de marzo de 2013 la situación era completamente distinta. En esa oportunidad, La Moneda blindó a Pereira argumentando que la Contraloría ya lo había exculpado. El propio presidente Piñera se involucró en la defensa a Pereira, al señalar el 4 de marzo en una entrevista que concedió a radio ADN: «Desde el primer minuto tomamos la posición de esperar un informe de la Contraloría que acaba de salir. Yo lo he estudiado y por tanto, durante los próximos días, tal como lo anunciamos, vamos a tomar una definición en este tema».

Al día siguiente, la ministra Cecilia Pérez informó que el mandatario había resuelto confirmar en el cargo a Pereira, fundando su decisión en que la Contraloría no había levantado cargos en su contra en la investigación que lleva adelante por eventuales irregularidades en la condonación a Johnson’s.

Efectivamente, en esos primeros días de marzo la Contraloría informó que había decidido levantar cargos contra el director jurídico del SII Mario Vila y la exdirectora de la DGC, Mirtha Barra, dentro de su investigación por el beneficio tributario concedido a la multitienda. Pereira salvó ileso en esa oportunidad, lo que motivó el blindaje que le dio La Moneda. No obstante, tal como lo informó una nota publicada por CIPER¹⁵, eso no significaba que Pereira quedaba exculpado.

El jueves 14 de marzo de 2013, en una reunión con parlamentarios y dirigentes de los funcionarios del SII, el contralor Ramiro Mendoza aclaró que solo se había cerrado la primera parte de la investigación, en la que no se formularon cargos contra Pereira. Pero el director del SII podía verse envuelto nuevamente a partir de las declaraciones que, en la segunda fase de la indagatoria, se tomarían a Mario Vila y Mirtha Barra. Esta última ya había declarado en la Cámara de Diputados que el responsable final de la condonación era Pereira¹⁶, por lo que resultaba obvio que la investigación de la Contraloría volviera a involucrar a su exjefe.

En ese informe de marzo de 2013, la Contraloría formuló cargos contra el exsubdirector jurídico del SII, Mario Vila, pues consideró que podría haber vulnerado su deber de abstención en la operación que favoreció a Johnson’s. Esto porque Vila, al igual que Pereira, también trabajó en PwC y asesoró a Johnson’s en la estrategia tributaria que dio origen al largo litigio de la multitienda con el SII.

Por este motivo, Vila presentó su renuncia al SII. 

Ahora, en el informe final de la auditoría a la DGC, la Contraloría volvió a manifestar sus reparos a que Vila haya participado en las decisiones que beneficiaron a Johnson’s por el posible conflicto de interés. Pero, al mismo tiempo y por primera vez, formuló el mismo reproche respecto de Pereira. Este nuevo antecedente, que ya no pudo ser obviado por La Moneda, fue el que terminó de agitar las aguas en las que navegaba el jefe del SII y provocó su naufragio definitivo.

Nota del editor: 

El 28 de febrero de 2014, la Contraloría entregó la resolución sobre el sumario administrativo en el que se formularon cargos contra el exdirector del SII, Julio Pereira; el exdirector jurídico Mario Vila; y la exdirectora de la DGC, Mirtha Barra, para determinar la responsabilidad administrativa de cada uno de ellos en la millonaria condonación de multas e intereses con que el SII favoreció a Johnson’s¹⁷. El órgano fiscalizador dispuso: 

Absolver de los cargos al exdirector del SII, Julio Pereira, pues —pese a los antecedentes en contrario— la Contraloría descartó que antes de asumir como jefe del SII, Pereira hubiese trabajado para Johnson’s a través de PwC: «Corresponde indicar que conforme las probanzas allegadas a la investigación, antes de asumir como Director del Servicio de Impuestos Internos (16 de marzo de 2010), el Sr. Pereira Gandarillas formaba parte en calidad de socio de la Consultora PricewaterhouseCoopers Chile. No habiéndose establecido que la empresa Johnson’s haya formado parte de su cartera de clientes, ni haya tenido participación accionaria en la misma», señala la resolución. La Contraloría agrega que tampoco se logró establecer que Pereira hubiese autorizado la condonación, tal como alegó Mirtha Barra.

Sancionar al exdirector jurídico de la entidad Mario Vila con tres meses de suspensión del cargo y medio sueldo. (Mario Vila había renunciado al servicio en marzo de 2013, por lo que la sanción no se aplicó. Si es que este volviera a desempeñar un cargo al aparato público, tendría que cumplir la sanción). En este caso, la Contraloría sí estableció que Vila trabajó para Johnson’s a través de PwC, antes de asumir su cargo en el SII, y que una vez que