Derechos Humanos. Realidades y desafíos en Cuba

Por Marlene Azor Hernández

Este libro es, además de un producto intelectual de alto calibre, el resultado de una colaboración desde la sociedad civil global y del compromiso cívico de sus autores. Nacido de los diálogos y debates del evento Políticas y Derechos Sociales en Costa Rica, Cuba y México. Realidades y lecciones, coorganizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Gobierno y Análisis Político AC, en León, Guanajuato, México, el 26 de septiembre de 2016, la obra acoge las reflexiones de académicos de Cuba, Estados Unidos y México, en torno a situaciones sociales —en su triple condición de problemas, políticas y derechos— que impactan la situación y el futuro de la población cubana. (Armando Chaguaceda)

• Idioma: Español
• Editorial: El Barco Ebrio Editorial
• Fecha de lanzamiento: 23 mar 2018
• ISBN: 9788415622956

Marlene Azor Hernández

(La Habana, Cuba, 1956) Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, México (2014). DEA en Sociología en la Universidad de París, VIII Saint-Denis, Francia (2001). Maestra en Sociología, coordinada entre la Universidad de La Habana y la Universidad Autónoma de Barcelona (1997-1999). Socióloga y periodista. Fue profesora durante 17 años de la Universidad de la Habana (1982-1999). Profesora invitada en la Universidad de Paris VIII, Saint Denis (2000). Ha publicado los libros: Cuba los cambios necesarios (2011-2016): las fallidas políticas públicas, en Amazon.com 2016, y Discursos de la resistencia: los proyectos políticos emergentes en Cuba (2002-2012), libro de su tesis doctoral, en Hypermedia, Amazon.com 2016. Ha publicado artículos en Revistas especializadas e indexadas en Cuba, Venezuela, EEUU, Francia, España y México; así como capítulos de libros colectivos en México y España.

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Derechos Humanos: realidades y desafíos en Cuba

Derechos Humanos:

realidades y desafíos en Cuba

Marlene Azor Hernández

EDITORA

,

elbarcoebrio

© Marlene Azor Hernández, 2018

© De esta edición, El Barco Ebrio, 2018

www.elbarcoebrio.com

Diseño de cubierta: Yenia María González

ISBN: 978-84-15622-95-6

Quedan rigurosamente prohibidas,

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Derechos Humanos y las encrucijadas del cambio en Cuba

Este libro es, además de un producto intelectual de alto calibre, el resultado de una colaboración desde la sociedad civil global y del compromiso cívico de sus autores. Nacido de los diálogos y debates del evento Políticas y Derechos Sociales en Costa Rica, Cuba y México. Realidades y lecciones, coorganizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Gobierno y Análisis Político AC, en León, Guanajuato, México, el 26 de septiembre de 2016, la obra acoge las reflexiones de académicos de Cuba, Estados Unidos y México, en torno a situaciones sociales —en su triple condición de problemas, políticas y derechos— que impactan la situación y el futuro de la población cubana.

Y es que a partir de la crisis provocada por la desaparición del campo socialista (1989-1991) y concretamente con la proclamación oficial del periodo especial, el Estado implementa un conjunto de medidas de ajuste que se orientan a defender las «conquistas básicas de la Revolución» —el acceso a la educación y la salud, la obtención de éxitos deportivos y, sobre todo, la conquista de la soberanía y la independencia— reduciendo las diversas necesidades de la población a estas conquistas sociales —que están erosionadas— y al consumo mínimo —también a la baja— del mercado racionado. Reaparecen fenómenos identificados con el pasado prerrevolucionario —la pobreza, la prostitución y el consumo y tráfico de drogas—, se retrocede en la igualdad de género y de razas —afectándose especialmente las mujeres por el impacto de la crisis en los hogares y la población negra o mestiza por el magro acceso a remesas— al tiempo que la expansión de las desigualdades territoriales —entre la metrópolis y el resto del país— propicia un aumento de la migración interna, lo que a su vez genera diversas formas de discriminación a los migrantes, en la forma de leyes estatales o actitudes de los capitalinos.

El impacto de elementos como la dualidad monetaria, las remesas o la inserción en un segmento dinámico y dolarizado de la economía —turismos, empresas mixtas, negocios privados— hace que los diferentes grupos sociales comiencen a distanciarse por sus niveles y tipos de consumo, configurándose identidades y «estilos de vida» diferenciados. Aunado al incremento de la desigualdad social, la desvalorización del empleo estatal como fuente ingreso y movilidad social provoca una disociación entre el estatus social emergente y el compromiso político.

En ese tenor, los capítulos del libro cubren una serie de elementos imprescindibles para el abordaje de la Cuba actual. El conjunto de sus autores, residentes en la isla o parte de su diáspora, reúnen la mirada del experto y el conocimiento situado del activista. La socióloga Marlene Azor, autora de un capítulo y coordinadora del volumen, evalúa la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba, desde una perspectiva macro que contextualice las reflexiones particulares de los restantes capítulos. Poniendo el énfasis en la limitada posibilidad que ofrecen tanto el marco legal como las políticas públicas para garantizar esos derechos a la mayoría de la población. El biólogo y activista ambiental Isbel Díaz demuestra la precariedad del marco constitucional cubano para informar y empoderar a la población insular en torno a los problemas ecológicos generados por las acciones y políticas del estado. Los comunicadores Alexei Padilla y David Corcho, llaman la atención sobre la opacidad y control informativos que lastran la función social de la prensa, alertando sobre la necesidad de una legislación democrática que regule y promueva el ejercicio de un periodismo a la altura de los desafíos nacionales. Los trabajos de las investigadoras Jenny Morín y la antropóloga Gabriela Radfar hacen hincapié en la situación de los trabajadores, impactados por el proceso de reformas en curso y particularmente necesitados de instancias de organización, movilización, de reivindicaciones, cobertura social y reconocimiento de derechos capaces de garantizar sus necesidades y demandas. El demógrafo Sergio Díaz Briquet, por su parte, toca el sensible tema del envejecimiento poblacional en un país donde el cruce de ese fenómeno —típico de naciones desarrolladas— con la baja tasa de natalidad, la migración creciente de jóvenes —en especial, pero no únicamente, calificados— y la ausencia de políticas creativas de fomento al desarrollo y calidad de vida de la población —y, en especial, de los ancianos-compromete la viabilidad misma de la nación, en el corto plazo. Por ultimo —pero no por ello menos importante— la socióloga Teresa Díaz Canals pone en cuestión, de un modo creativo y de alto vuelo ensayístico, la situación de la población femenina, en sus condiciones de reproducción de vida —como personas y grupo poblacional— y del magro empoderamiento que, en tanto mujeres organizadas, poseen.

Este volumen incluye el trabajo de una ONG cubana, el «Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba» en Cárdenas, Matanzas; interesante como ejemplo de las posibilidades de trabajo de la sociedad civil independiente como mediadora de conflictos ciudadanos, atención a los sectores más vulnerables y capacitación en la comunidad, a pesar de los rígidos controles estatales y de los obstáculos que se generan por parte del estado cubano a la autonomía ciudadana.

Durante algún tiempo, varios autores —incluido quien escribe estas líneas— utilizado el término Contrato (o Pacto) Social para aludir metafóricamente al peculiar nexo establecido entre la población cubana y el estado postrevolucionario. Nexo donde la primera entregó en manos del segundo grandes parcelas de derechos civiles y políticos, a cambio de formas subordinadas de participación política y, sobre todo, de extensas, generosas y en ciertos casos ejemplares, políticas sociales. Lo que posibilitó, por tres décadas, una inclusión y movilidad sociales envidiables en el contexto latinoamericano, dentro de un orden estado céntrico y bajo los subsidios masivos de la desaparecida Unión Soviética.

Es justo ese Contrato el que hoy naufraga dramáticamente, sin que el patrón devuelva a sus protegidos lo que alguna vez estos le entregaron: la condición y capacidad de ser ciudadanos. Frente a este escenario parece aclararse que las «conquistas sociales» nunca fueron derechos sino, en el mejor de los casos, prestaciones; por cuanto quedan en entredicho tres condiciones esenciales de los primeros: ser exigibles —y tener mecanismos donde demandarlos y defenderlos— universales —inherentes a toda la población, amen su condición política o socioeconómica— y, sobre todo, indivisibles o integrales, por lo que si no se poseen, a cabalidad, derechos civiles y políticos nunca se podrán defender los sociales. Por eso, frente a cualquier llamado parcelario de orden, eficiencia, lucro o libertad del tipo de los que tirios y troyanos hacen hoy —en el marco de la compleja situación nacional cubana—, vale la pena promover el análisis, debate y posicionamientos públicos en torno al estado real de las problemáticas, políticas y derechos sociales en Cuba. Empeño que este libro acomete con medular compromiso cívico y calidad académica.

ARMANDO CHAGUACEDA

Cuba: Los Derechos

económicos, sociales y culturales

DRA. MARLENE AZOR HERNÁNDEZ

El gobierno cubano prohíbe de facto, el tema de los Derechos Humanos en la opinión pública del país, mientras defiende en la ONU ser un respetuoso de ellos.

Históricamente y fruto de la confrontación de la Guerra Fría, los Pactos de Derechos Humanos se dividieron en económicos sociales y culturales y, por otra parte, el Pacto de derechos civiles y políticos.

Los países del «socialismo real», defendían como hoy lo hace Cuba, que los Derechos económicos sociales y culturales eran los privilegiados y que los derechos civiles y políticos eran una manipulación del «imperialismo internacional».

La realidad histórica demostró, con el derrumbe de ese sistema en Europa del Este, que los Derechos económicos sociales y culturales fueron violados sistemáticamente precisamente por el no respeto de los Derechos civiles y políticos de esos gobiernos.

El desmantelamiento de esos sistemas mostró sociedades hundidas en la miseria, sin recursos económicos autónomos, con sistemas de salud precarios, una educación no universal y salarios paupérrimos, sistemas de seguridad social miserables y una falta de libertad real en la creación cultural y científica.

El problema de estas sociedades, como hoy la cubana, es que los Derechos económicos, sociales y culturales nunca fueron reivindicables ni justiciables, por lo tanto, dependieron de la «intención política» de los dirigentes de turno. «Derechos» que no son reivindicables ni justiciables no son derechos, según el Comité de Naciones Unidas de los Derechos económicos sociales y culturales, pero también de los civiles y políticos. Entre 170 y 175 países han ratificado y se han adherido a ambos Pactos internacionales. Sin embargo, Cuba no los ratifica y acaba de reelegirse para otro mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre del 2016.

En la Tercera ronda de la Asamblea General de la ONU, Vilma Thomas, diplomática cubana, señaló como instrumento de «agresión» la exigencia de los Derechos Humanos en Cuba.¹ Desconoce los 9.125 arrestos arbitrarios en el país, hasta el primero de noviembre de este año, 2016,² y niega la existencia del acoso policial contra toda la sociedad civil independiente como si las denuncias del centro jurídico de Cubalex y del proyecto Convivencia, de las Damas de Blanco y de la UNPACU, de Guillermo Fariñas, y del sindicalista Iván Hernández Castillo, de los numerosos periodistas independientes acosados y arrestados, fuesen fruto de la imaginación desbordada.

Golpizas, arrestos arbitrarios, allanamientos ilegales, robo de instrumentos de trabajo y bienes por las autoridades, penas de cárcel sin debido proceso se suceden en el país, mientras los diplomáticos cubanos mienten en sus intervenciones en Naciones Unidas.³

El canciller Bruno Rodríguez ha reiterado que los Derechos Humanos son indivisibles y que Cuba respeta todos los Derechos Humanos dentro del país cuando habla del tema en la ONU, y cuando concluye alguna ronda de negociación con los estadounidenses sobre el tema.⁴

La opinión pública cubana tiene la prohibición de facto de ocuparse del tema y cada vez que lo hace tiene represalias directas: desde la quema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por niños y adolescentes en un «acto de repudio» contra las Damas de Blanco,⁵ hasta penas de prisión a los activistas de Derechos Humanos en Cuba. Ser activista de Derechos Humanos en la isla es ilegal.

La postura del gobierno cubano es: en su política exterior, aceptar la indivisibilidad de los Derechos Humanos y su supuesta defensa y en su política doméstica violarlos sistemáticamente en su legislación penal, civil, constitucional y en la práctica de la policía, los funcionarios públicos, los órganos de la seguridad del Estado y los tribunales cubanos sean laborales, civiles o militares.

El gobierno de Cuba evidencia los mismos problemas con «la interpretación» de los Derechos Humanos universales que «el socialismo real» tuvo en su historia de 70 años. Renuente a aceptar las violaciones de todos los Derechos Humanos que comete, su defensa es atribuir a quienes les señalan su violación una «agresión al gobierno cubano».

La contradicción del discurso, la información y la práctica de los Derechos Humanos en Cuba, cuando los funcionarios cubanos hablan en la ONU y cuando se observa su aplicación en la realidad del país es tan abismal, que parece se está hablando de dos países distintos. ¿Podrán los diplomáticos cubanos ajustarse a la realidad que describen o seguirán los dos mundos paralelos?: el de «ellos», los funcionarios, y el de «nosotros» los ciudadanos.

No sólo los funcionarios cubanos ocultan la realidad de los Derechos Humanos en Cuba, sino que la academia produce, lamentablemente, textos carentes de rigor conceptual y analíticos que sirven de sostén a una «cortina de humo» sobre las violaciones de los Derechos económicos, sociales y culturales en la isla.⁶ Las aseveraciones de Rojas Bazail no se corresponden con la realidad de la política social en el país.⁷

Lamentablemente en Cuba, la institución encargada de aportar las cifras oficiales sobre la sociedad cubana, Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI,⁸ no publica datos de pobreza, salario mínimo, costo y contenido de la canasta básica individual y familiar, ni tampoco el número de personas vulnerables que necesitarían de un subsidio estatal para su sobrevivencia.⁹ Nos referimos a los ancianos sin retiro, o con pensiones pero sin apoyo familiar, discapacitados, viudas sin otro sostén económico, madres solteras con discapacitados y/o con varios hijos, y otros grupos en extrema vulnerabilidad.

A partir de esta ausencia, las evaluaciones sobre las políticas sociales solo pueden hacerse sobre «las intenciones» de las políticas públicas, pero nunca sobre sus resultados. Así Rojas Bazail, menciona un índice de pobreza del 14.7% en las zonas urbanas, sobre todo en la zona oriental del país y no cita la fuente ni el año de ese estimado.¹⁰ Por otra parte elogia la tendencia al pleno empleo como «un logro» de la política de seguridad social en el país y oculta la precariedad de los salarios que no se han recuperado más que en un 28% en relación a la capacidad adquisitiva del salario en 1989, el año precrisis.¹¹

También el autor oculta la precariedad del monto de las pensiones y subsidios que producen en la práctica la exclusión social mayoritaria para los usufructuarios de la política social «universal». En otras palabras, de nada sirve una política diseñada para ser universalista de seguridad social, si no logra la integración social en la alimentación, el aseo personal, los medicamentos y la vivienda de los más vulnerables. Todos estos renglones son variables ampliamente incumplidas en la política de seguridad social del país. Lo que constata el autor es que fruto de las reformas se están dando procesos de reestratificación social en dependencia del territorio y cita otras investigaciones del 2006 y 2009.¹² Otros autores refieren un 20% de población urbana en el nivel de pobreza, pero lo refieren al año 1999.¹³ Es decir, que no se cuenta con ninguna investigación pública que analice los índices cuantitativos de pobreza en el país en los últimos diecisiete años. La ausencia de datos impide el conocimiento de los niveles de pobreza y de pobreza extrema en el país y la elaboración de una política pública que las contrarresten.

El Comité de los Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la ONU, no justifica la falta de recursos para monitorear la medida de realización, o no realización de los DESC.

Aunque el Estado carezca de recursos, esto no puede ser la justificación para no cumplir con sus obligaciones en torno a los DESC.

Aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de realización, o más especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción.¹⁴

Cuba incumple con este punto de partida, en el monitoreo del incumplimientos de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. También, de los civiles y políticos.

Cómo se cumplen e incumplen los Derechos Humanos económicos sociales y culturales en Cuba

Con la opacidad de la información sobre los resultados de las políticas públicas en Cuba, se puede hacer un análisis tomando datos dispersos de las publicaciones periódicas y sobre la base del amplio y profundo análisis del investigador Carmelo Mesa Lago en su libro del 2012, y otros trabajos más recientes del profesor.¹⁵

Las variables a medir son las que toma en cuenta el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales:¹⁶ Trabajo, vivienda adecuada, salud, educación, acceso al agua, seguridad social, tomar parte de la vida cultural.

Trabajo

Con relación al trabajo, varios aspectos presentan graves incumplimientos de acuerdo a los compromisos del gobierno cubano con la OIT. Todos los Convenios que ha que a continuación se mencionan, han sido ratificados por el gobierno cubano. El Convenio 87 sobre Libertad sindical y derecho de sindicación, el Convenio 122 sobre la política de empleo, el Convenio 94, 95 y 131, sobre la calidad de los salarios y el salario mínimo.

La política de empleo se plantea como el logro del pleno empleo, sin embargo, en el tiempo de las reformas desde el año 2007 sólo la pequeña propiedad privada es la generadora de empleos en el país. La meta desde el inicio de la reforma fue eliminar un millón ochocientos mil puestos de trabajo en las empresas estatales hasta el 2015.¹⁷ Hasta la fecha actual, el gobierno contabiliza 515.342 trabajadores autónomos entre empleadores y empleados, es decir, algo más de medio millón.¹⁸ El desfase entre ambas cifras puede ser interpretado como un desempleo muy superior al reconocido oficialmente de 2,4% en el 2015 con solo 119.000 desempleados.¹⁹ Por otra parte deja en cuestionamiento si la reducción de empleo en el sector estatal se aplicó verdaderamente o sólo se redujeron en un porcentaje muy inferior. El estimado del investigador Carmelo Mesa Lago es de un 28% de desempleo total de la PEA y la constatación de una reducción del empleo estatal sólo de 500.000 trabajadores para evitar una explosión social.²⁰

En relación a los salarios, la prensa oficial reporta un salario medio entre 20 y 27 dólares.²¹ Sin embargo, el estimado de varios economistas cubanos plantean que el salario mínimo para sobrevivir, resolviendo alimentos y productos de aseo personal ronda los 900 pesos cubanos, unos 36 dólares al cambio actual y según una evaluación del 2011. El incremento de la carestía de la vida en estos últimos cinco años elevaría este monto de salario mínimo indispensable individual al doble o triple de su monto actual.²³

El empleo no es libre en varios aspectos en Cuba. Los profesionales están excluidos de la posibilidad de trabajar en sus profesiones, en el sector no estatal de la economía que ofrece dos o tres veces más que los salarios estatales. Por otra parte, en el sector de las empresas mixtas de capital extranjero y cubano y en las empresas de capital extranjero, los trabajadores solo pueden ser contratados mediante una empresa estatal que les confisca mensualmente entre el 80% y el 96 % del salario. Esta confiscación de un alto porcentaje del salario ocurre también con los especialistas que colaboran en el extranjero mediante contrato entre gobiernos. A estos profesionales se les confisca entre el 67% y el 80% de su salario por el estado en dependencia del país adonde laboren. La confiscación del salario está penalizada en la Convención 95 de la OIT que el gobierno cubano ratificó en 1959 y por lo tanto es estado parte. A los profesionales que brindan sus servicios en el extranjero mediante contratos intergubernamentales, se les retira el pasaporte una vez en el país adonde colaboran, se les coloca en condiciones de albergue y de comida muy precarios, se les prohíbe relaciones intimas con los nacionales de esos países y se les castiga con ocho años de exilio, si deciden contratarse por su cuenta y fuera del convenio gubernamental. Los familiares de los profesionales quedan de rehenes en la isla sin posibilidades de salir con los profesionales en esas misiones de tres o más años. Recientemente el gobierno permite la estancia de tres meses de los familiares con sus profesionales y luego deben regresar a la isla para impedir la «deserción» de los profesionales en las «misiones».

La política impositiva del país, aunque imprescindible, parte de una base impositiva de 500 pesos cubanos, una base muy por debajo del salario mínimo indispensable de acuerdo a los precios de los alimentos y de los productos de aseo personal.

En Cuba no existe libertad sindical. El nuevo código de trabajo²³ reitera que existe una única Central de Trabajadores de Cuba, y de hecho, los intentos de crear sindicatos independientes a la paraestatal CTC, son reprimidos. Esta prohibición deja en la indefensión a los trabajadores cubanos que no son representados en sus intereses por una Central sindical alineada a los intereses de las administraciones del Estado. Es por ello también, que los tribunales laborales no representan los intereses de los trabajadores.

Profesionales y periodistas han sido expulsados de sus trabajos por críticas a las instituciones donde trabajan, por mantener actividades alternativas a su trabajo o desafiar la censura cultural del Ministerio de Cultura. Son casos recientes Juan Carlos Cremata, dramaturgo, Omar Everleny, economista, Yanelys Nuñez Leyva, historiadora del arte, Oscar Casanella y Ariel Ruiz Urquiola, bioquímico y biólogo respectivamente y José Ramírez Pantoja, periodista.²⁴ También el profesor Julio Antonio Fernández Estrada, por tener discrepancias con la visión oficial de la visita del presidente Barack Obama a Cuba.²⁵

El Derecho a huelga en Cuba no está prohibido por ley pero sí de facto. Las manifestaciones pacíficas tampoco están prohibidas por ley pero sí de facto. Los trabajadores que lo han intentado, en distintos sectores de la economía, son arrestados y/o acosados por la policía y los órganos de la seguridad del estado. Por lo tanto, en Cuba se incumple el derecho de la libertad de empleo y de huelga. El trabajo decente, según los parámetros de OIT, no se cumple por la precariedad de los salarios, y no existe libertad sindical. Los trabajadores cubanos están a merced de las arbitrariedades de funcionarios y burócratas de toda la función pública. La mayoría de los trabajadores estatales que son el 73% de la población ocupada estarían en situación de vulnerabilidad, cuando no de pobreza, frente a la carestía de una canasta básica individual y familiar que no se publica.

Vivienda adecuada

En este aspecto, Cuba tiene un déficit de alrededor de un millón de viviendas y de las existentes, más de la mitad están en estado regular o malo. La política actual es la