Rosario Piedra y el lastre de su cercanía con el poder
Envuelta en el escándalo desde su designación por el Senado como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra se acerca al año de su gestión con una notoria incapacidad para despojarse de su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que constitucionalmente está obligada a someter a escrutinio.
Renuncias de consejeros del organismo, acusaciones por despidos injustificados incluso durante la pandemia, acoso laboral, contrataciones de personajes involucrados en agresiones a mujeres y presunta corrupción, así como los tibios señalamientos sobre violaciones a derechos humanos y escasa productividad en recomendaciones a instancias gubernamentales, entre otros señalamientos, fueron coronadas con la toma de las oficinas de la CNDH en la calle de Cuba 60, en el centro de la Ciudad de México, por una expresión del movimiento feminista, cuyas integrantes habían sido tachadas de “terroristas” por Piedra Ibarra durante las movilizaciones para exigir verdad y justicia en casos de feminicidio, durante el primer trimestre del año.
Previo a la ocupación de las instalaciones, adonde Piedra había mudado sus oficinas, originalmente asignadas en San Jerónimo, las renuncias de los directores de las visitadurías primera y
