Inclusión educativa: Fundamentos y herramientas para transformar las escuelas

Por Julieta Zacharías Ponce

Este libro intenta distinguir cómo a través de las relaciones que se puedan establecer entre padres, docentes, escuelas, centros de capacitación, instituciones gubernamentales y sociedad civil, habrá de fortalecerse y extenderse el marco de atención hacia las personas con necesidades especiales según el concepto de la inclusión educativa. Es un texto dirigido principalmente a todos aquellos que enfrentan día a día el reto de comprender las necesidades de atención de las personas con discapacidades de atención de las personas con discapacidad en los ambientes escolares, y de generar las herramientas que les aseguren su plena participación, así como el respeto a sus derechos bajo los principios de equidad y justicia.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones SM
• Fecha de lanzamiento: 15 sept 2015
• ISBN: 9786072416031

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El movimiento de integración educativa

Una historia de discriminación

La discapacidad es una realidad que afecta a toda la sociedad, ya que más de dos millones de mexicanos que padecen alguna discapacidad enfrentan situaciones de discriminación (Moncada, 2002). La discapacidad no sólo afecta a quien la padece, sino a toda su familia y a su comunidad. Entre sus consecuencias están la demanda de servicios y el impacto sobre las estructuras legales, políticas y culturales que han de adaptarse a la realidad y a las necesidades de apoyo para las personas con capacidades diferentes, quienes presentan necesidades similares a las del resto de la población, aunque para satisfacerlas requieren, además, de atención médica, educación, reordenación urbana y generación de empleos adecuados, apoyo para obtener igualdad de oportunidades y alcanzar una mayor calidad de vida, factores que deben estar claramente definidos en el marco legislativo (Ríos, 2000).

De hecho, sabemos que para adaptarse a la sociedad son más las limitaciones que imponen la ignorancia, el abandono, la superstición, el miedo y, sobre todo, la indiferencia y la falta de información, que las limitaciones reales de una persona con discapacidad.

Así, a lo largo de las diferentes etapas de la vida difícilmente se le proporciona un sistema de apoyo. La perspectiva asistencial o de conmiseración ha generado actitudes que por siglos han mantenido en la segregación y marginación a esta población, limitando sus posibilidades de integración a la vida de la comunidad y perjudicando su inclusión en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en general. Por otra parte se han destacado sus necesidades e incapacidades en vez de resaltar sus fortalezas y aptitudes. El paradigma de dependencia y paternalismo, basado en etiquetas que estigmatizan, ha disminuido la capacidad para tomar decisiones propias o gozar con plenitud de sus derechos como personas (Saad, 2000).

Gobierno, familia, sociedad civil, y las propias personas con discapacidad, han decidido llevar a cabo acciones encaminadas a establecer políticas sociales que influyan de manera decisiva en la calidad de vida de quienes han sido marginados y excluidos, y es bien sabido que el bienestar de una sociedad requiere que todos su miembros sean integrados y aceptados como parte de su comunidad (Echeita, 1994).

Esto significa encontrar un medio para asegurar que todos sean ciudadanos participantes sin diferencias por causas de raza, sexo, origen étnico, religión o habilidad física o mental (Rioux, 1996). Las organizaciones civiles, como defensoras de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito internacional y nacional, se han propuesto trabajar como promotoras del cambio, no para que todos vivan del mismo modo, sino para que todos y cada uno puedan decidir por sí mismos cómo desean vivir y se les reconozca por lo que son como personas, no por el estigma de su discapacidad. La aspiración consiste en que la sociedad en general aprenda a aceptar a la población con discapacidad por lo que representa como personas y por lo que puede aportar al contexto social al que pertenece.

Cada vez más, las personas con alguna discapacidad desean vivir en comunidad como los demás ciudadanos, ir a la escuela más cercana a su domicilio, tener trabajo, casarse, ir de compras, tener amigos, residir en una vivienda propia con las adaptaciones necesarias para llevar una vida lo más independiente posible, y participar en actividades recreativas, culturales y sociales con los demás miembros de su comunidad. La sociedad mexicana poco a poco está tomando conciencia de la discriminación y segregación en la que han vivido los niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad motriz, intelectual o sensorial (visual o auditiva) y se está generando un cambio de enfoque para establecer políticas sociales, leyes, actitudes y prácticas que permitan detectar las barreras y eliminarlas, y así permitir la plena integración de la población mexicana con alguna discapacidad. El escenario ideal para gestar este cambio es la escuela.

Información básica sobre el movimiento de integración educativa en México y la participación de las organizaciones de la sociedad civil

De los programas y marcos legislativos internacionales y nacionales que han favorecido la evolución de nuestras ideas y actitudes hacia la integración de personas con discapacidad destacan los siguientes:

•Programa de Acción Mundial para los Impedidos. UNESCO , 1981.

•Declaración de Managua. Crecer Juntos en la Vida Comunitaria, 1993. Programa de Inclusión Internacional (36 países de América y el Caribe).

•Convención de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) sobre Rehabilitación Vocacional y Empleo para Personas con Discapacidad, 1983.

•Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades. ONU , 1994.

•Declaración de Salamanca. UNESCO , 1994. Representantes de 88 gobiernos (incluido México) y 34 organizaciones civiles proclamaron que:

a) Cada niño posee características, intereses y habilidades de aprendizaje propios y los programas educativos deben diseñarse y establecerse teniendo en cuenta dicha diversidad.

b) Quienes presentan necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas comunes, las cuales deben ofrecer una pedagogía centrada en el niño capaz de satisfacer esas necesidades.

c) Las escuelas comunes con orientación integradora son los medios más efectivos para combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, y lograr la educación para todos.

A los gobiernos se les solicitó:

•Dar prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas educativos y así lograr una educación para todos.

•Adoptar, con carácter de urgente, la ley, o como política social, el principio de educación incluyente o inclusiva que permita la inscripción de todos los niños en escuelas ordinarias o regulares.

•Desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países con experiencia en escuelas inclusivas.

•Promover escuelas incluyentes, flexibles y abiertas a la diversidad.

•Crear mecanismos descentralizados y participativos para la planificación, supervisión y evaluación de la enseñanza de personas con necesidades educativas especiales.

•Fomentar y facilitar la participación de padres, comunidad y organizaciones civiles en la planificación y toma de decisiones sobre la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

•Garantizar que los programas de formación del profesorado estén orientados a atender estas necesidades en todos los alumnos de la escuela, beneficiando así a toda la comunidad escolar.

Por último, a las organizaciones civiles se las exhortó a fortalecer su colaboración con los organismos oficiales nacionales e intensificar su participación en la planificación, ampliación y evaluación de la calidad de una educación integradora o inclusiva.

Como señala la UNESCO (cit. en Zacarías y Saad, 1994), hoy día se vislumbra un futuro que asume un compromiso real con la educación y un cambio verdadero, basado en el respeto fundamental por la condición humana, que establece:

•El derecho de todos los niños a aprender juntos.

•Los niños no deben ser discriminados ni separados sólo porque no ven, no caminan o no piensan igual.

•Los adultos con discapacidad ya no quieren educación especial, reclaman educarse con los demás.

•No existen razones legítimas para separar a los niños en el contexto educativo.

•Los niños interactúan con ventajas y beneficios para todos, no necesitan ser protegidos unos de otros.

De acuerdo con la UNESCO (1996) existen por lo menos tres razones para una educación incluyente de calidad. En primer término, la investigación demuestra que los niños obtienen provecho académico y social en ambientes integradores, no existe enseñanza o apoyo en una escuela segregada que no pueda realizarse en una escuela común o regular, y que cuando se garantizan la dedicación y el apoyo adecuados, la educación integradora se convierte en el empleo más eficiente de los recursos educativos.

Por otra parte, para obtener un buen sentido social se debe considerar que la segregación enseña a los niños a ser temerosos e ignorantes, y alimenta prejuicios y mitos. Asimismo, que todos los niños necesitan una educación que los ayude a relacionarse con los demás y los prepare para vivir en el seno de su comunidad y sociedad, y que sólo la integración posee el potencial para reducir el temor y construir la amistad, el respeto y la comprensión (UNESCO, op. cit.).

Con base en estas y otras razones, muchos de los niños y niñas que han pasado por aulas integradoras en varios países, incluyendo México, hoy son jóvenes adultos orgullosos de su calidad de vida, que se preocupan por su salud, tienen un empleo, son independientes de sus padres y se desarrollan en sus comunidades (Zacarías y Saad, 1994).

En México, entre los soportes legislativos y normativos destacan los que a continuación se detallan.

El artículo 41 de la Ley General de Educación en México (DEE/SEP, 1993) menciona que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, y su fin es atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. En cuanto a los menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará la integración en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren su integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva e incluirá orientación a los padres o tutores, así como a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por su parte, el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Gobierno Federal, 1995-2000) promovió leyes de integración social para personas con discapacidad en todos los estados de la República.

En la Conferencia Nacional Atención Educativa a Menores con Necesidades Educativas Especiales. Equidad para la Diversidad, celebrada en Huatulco, 1997, participó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Educación Pública y representantes de organizaciones de la sociedad civil en el país.

En los últimos años se destaca lo siguiente:

•Creación de la Oficina de la Presidencia para la Promoción e Integración Social de Personas con Discapacidad, 2001.

•Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa, 2002.

•Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, 2001-2006.

•Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades. Programa Nacional de Salud, 2001-2006.

•Programa de Universidad Incluyente, 2003.

•Normas de Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para escuelas primarias oficiales y particulares incorporadas al sistema nacional para el correspondiente ciclo escolar 2002-2003 ( SEP /Educación Primaria, 2002).

Respecto a este último documento, De la Peña (2002) dice: Sabemos que ante la discapacidad motriz, visual, auditiva y principalmente intelectual, las exigencias curriculares rebasan generalmente las posibilidades de aprendizaje de muchos alumnos a pesar del trabajo que realizan los maestros haciendo adecuaciones curriculares, elaborando materiales y usando técnicas didácticas especializadas. El profesorado se enfrentaba con una barrera en el momento de decidir cómo calificar o evaluar al alumno, ya que la exigencia del sistema educativo tradicional obligaba formas masivas de evaluación para todos los estudiantes con o sin necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Esta nueva normatividad es de observancia obligatoria para las personas que participan en el proceso de la administración escolar del nivel de educación primaria (p. 11, núm. 1).

Inscripción: en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, que ingresen a primaria regular, será responsabilidad del personal directivo, del personal docente, de los padres de familia y del personal de educación especial, en caso de que lo haya, realizar al inicio del ciclo escolar una evaluación psicopedagógica; y, con base en las fortalezas y necesidades identificadas, elaborar una propuesta curricular adaptada para estos alumnos (p. 14, núm. 4).

La evaluación psicopedagógica es el proceso que implica conocer las características del alumno y de su contexto para identificar las necesidades específicas que presenta (p. 66, núm. 14). La evaluación psicopedagógica debe realizarse de forma interdisciplinaria, contando de manera indispensable con la participación del maestro de grupo, el personal de educación especial y los padres de familia (p. 28, núm. 3).

Reinscripción: para las gestiones de reinscripción las decisiones serán tomadas en forma colegiada y bajo la responsabilidad del personal directivo, docente, padres de familia y personal de educación especial, con base en la información que vaya ofreciendo la propuesta curricular adaptada, cuidando de esta forma la autoestima del alumno, el que pueda seguir con su grupo de compañeros, decisiones respaldadas por la propuesta curricular que continuará su adaptación en los grados subsecuentes (p. 20, núm. 3).

Acreditación y evaluación: los aspectos que deben evaluarse son: el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar, el estilo de aprendizaje del alumno, sus intereses y motivación para aprender, y su nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas.

En caso de ser necesario también deberán evaluarse áreas específicas como la motriz, la intelectual, la de comunicación y la emocional.

Esta evaluación puede realizarse a través de diversas técnicas, entre ellas: la observación del alumno en los distintos contextos; la revisión de los trabajos; la entrevista del alumno, sus padres y maestros; la aplicación de pruebas informales, y la aplicación de pruebas formales estandarizadas (p. 28, núm. 3).

La escala oficial de calificaciones es numérica desde 5 hasta 10. Para los alumnos con necesidades especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas primarias regulares, los criterios de evaluación se establecerán de manera conjunta entre el director, el maestro de grupo, y el personal de educación especial, basados en el avance de los propósitos de la propuesta curricular adaptada. Se usarán los mismos criterios para calificar el rendimiento también en función de la propuesta adaptada (p. 29, núm. 5).

La redacción de este último punto se amplió con explicaciones que pretenden orientar al maestro sobre los objetivos y dimensiones de la norma, ya que ésta garantiza la inclusión educativa de calidad del alumnado con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, dentro de las escuelas regulares, permitiendo la flexibilidad, armonía y congruencia entre la exigencia de lo común y la convivencia con la diferencia. Afortunadamente, en el 2003 ya se publicó una norma semejante para las escuelas secundarias, de esta forma se garantiza una continuidad escolar en los niveles educativos obligatorios en México.

•Normas de Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para escuelas secundarias oficiales y particulares incorporadas al sistema nacional para el ciclo escolar 2002-2003 ( SEP /Educación Secundaria, 2003). En el 2004 se incluyó en esta normativa al preescolar.

El 10 de junio de 2005

fue aprobada en México

la Ley General

para Personas con Discapacidad

La sociedad mexicana, junto con los profesionales de la educación, están aprendiendo a convivir con la diversidad y a eliminar poco a poco la dicotomía entre el paradigma de