Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo I

Por Rodulfo Gonzalez

El Estado, conforme a la Constitución, es el garante de la vida de toda persona, independientemente de su condición social, política, cultural, religiosa, racial, etc.

En efecto, su artículo 43 consagra el derecho a la vida como derecho humano inviolable. Además, el artículo 55 señala; "Toda persona tiene derecho a la protección por parte

• Idioma: Español
• Editorial: Aussie Trading LLC
• Fecha de lanzamiento: 11 mar 2021
• ISBN: 9781088019344

Rodulfo Gonzalez

Eladio Rodulfo González, quien firma su obra en prosa o en verso con los dos apellidos, nació en el caserío Marabal, convertido después en parroquia homónima del Municipio Mariño, Estado Sucre, Venezuela, del matrimonio constituido por Guzmán Rodulfo y Nicomedes González, quien falleció cuando éste era un niño de corta edad y a la cual no conoció ni en retrato. Fue criado por la segunda esposa de su padre, Martina Salazar. Su nacimiento se produjo el 18 de febrero de 1935. Es licenciado en Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, trabajador social, poeta e investigador cultural. Con su esposa, Briceida Moya, procreó a Gabriela Lucila, Juan Ramón, Gustavo Adolfo y Katiuska Alfonsina, llamados así en honor a los poetas Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Gustado Adolfo Bécquer y Alfonsina Storni. En los primeros años de su vida fue dependiente en la bodega del padre, obrero petrolero de la empresa Creole Petroleum Corporation en Lagunillas, Estado Zulia, localidad donde inició el bachillerato en el Colegio Santa Rosa de Lima, que continuó en los liceos Alcázar y Juan Vicente González y la Escuela Nacional de Trabajo Social, ambas instituciones situadas en Caracas. También fue co-fundador de la División de Menores del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la Seccional Nueva Esparta del Colegio Nacional de Periodistas, donde integró el directorio en varias secretarías y además presidió el Instituto de Previsión Social del Periodista. En la extinta Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, transformada en Escuela de Comunicación Social después, el 9 de octubre de 1969 obtuvo el título de licenciado en Periodismo. Más tarde realizó un posgrado en Administración Pública, mención Organización y Métodos, y un curso de Investigación de Investigación Cultural. Asimismo, hizo cursos policiales en Washington, D.C. y en Fort Bragg, Carolina del Norte.

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Rodulfo González

Morir en el Socialismo del Siglo XXI

Tomo I

First published by Aussie Trading, LLC 2021

Copyright © 2021 by Rodulfo González

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First edition

Editing by Juan Rodulfo

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Contents

Preámbulo

I. LA MUERTE ESTA EN CUALQUIER LADO

Morir tratando de salvar vidas

Morir violentamente en la Vejez

Morir por el COVID-19 y otras Enfermendades

Morir de Hambre

Morir de Desnutrición y Paludismo

Morir por Intoxicación

Morir Linchado

Morir por negligencia criminal

Fallecen dos pemones por retraso en traslado a unidad de quemados en hospital de Bolívar

Morir por matar policías

Morir al desplomarse una pasarela

Morir al explotar bombonas de gas doméstico

Morir por suicidio

Morir preso

Morir en una protesta por gas doméstico

Morir en el mar

Morir en un asalto de carretera

Morir por denunciar a un vigilante y por hacer cola

Morir por turtura

Madre pide justicia por muerte de su hijo tras golpiza en calabozo del CICPC

About the Author

Also by Rodulfo González

Preámbulo

Caricatura de Marvin Figueroa

El Estado, conforme a la Constitución, es el garante de la vida de toda persona, independientemente de su condición social, política, cultural, religiosa, racial, etc.

En efecto, su artículo 43 consagra el derecho a la vida como derecho humano inviolable. Además, el artículo 55 señala; Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Por otro lado, afirma: Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

Igualmente establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. Sin embargo, La Guardia Nacional es el único cuerpo de las Fuerzas Armadas con funciones explícitas de cooperar en operaciones para mantener el orden interno del país, según artículo 329 de la norma constitucional.

El artículo 83 de la Carta Magna declara que La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. En consecuencia, "El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

La Constitución también garantiza el derecho a la alimentación en el artículo 305, pero con un menú alimenticio rico en proteínas animales y vegetales, inexistente en las cajas CLAP que contienen harina de maíz precocida, harina de trigo pasta, aceite, lentejas, arroz, productos de mala calidad e insuficientes para que el sector de la población que los adquiere pueda alimentarse adecuadamente.

En cuanto el derecho a la manifestación, el artículo 68 es claro y preciso al respecto: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.

Sobre la misma materia, el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa: Todos los habitantes de la república tienen derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes y el 38 obliga a Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones a participarlo con veinticuatro horas de participación, cuando menos, por escrito duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue. Este funcionario, en el mismo acto de recibo de la participación deberá estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora.

En lo que respecta al trato a los privados de libertad, el artículo 272 señala explícitamente: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos.

Y en cuanto a lo tocante a la tortura en los establecimientos penitenciarios, el artículo 46 de la Constitución es bien claro: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Además, desde el 22 de julio de 2013 entró en vigencia a Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta el 3 de enero de 2021 no se ha aplicado a ningún reo de tal delito, a pesar del largo historial de torturas que se producen en la Dirección General de Inteligencia Militar, la Policía Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar y en los centros penitenciarios, con saldo lamentables de muertes, a cuyos autores, cuando ello ha ocurrido se les ha aplicado el Código Penal.

Ninguno de estos preceptos, en la práctica, benefician a la ciudadanía porque quienes están obligados legalmente a hacerlos cumplir actúan más como funcionarios de la narcodictadura, que como agentes del pueblo en la defensa de sus derechos humanos.

Tanto el defensor del pueblo como el fiscal general de la República, que deberían velar por el respeto de la vida y de la libertad, se abstienen de cumplir las obligaciones y deberes que les impone la Constitución Nacional, conducta delictual que favorece la comisión, por parte de funcionarios policiales civiles y militares, de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso desproporcionado de armamentos