La Tortura en el Socialismo del Siglo XXI

Por Rodulfo Gonzalez y Juan Rodulfo (Editor)

En uno de sus pocos momentos de sinceridad el fallecido líder del Partido Socialista de Venezuela, Aristóbulo Istúriz reconoció que si el régimen del teniente coronel (retirado) eliminaba el control cambiario, fuente de la boliburguesía sería derrumbado.

Por analogía puede afirmarse que sin la tortura, la cual no es eventual sino política

• Idioma: Español
• Editorial: Aussie Trading LLC
• Fecha de lanzamiento: 14 abr 2025
• ISBN: 9798349287527

Rodulfo Gonzalez

Eladio Rodulfo González, der seine Prosa- und Lyrikwerke mit beiden Nachnamen signiert, wurde im Weiler Marabal, später eine gleichnamige Gemeinde in der Stadt Mariño, Bundesstaat Sucre, Venezuela, geboren. Seine Eltern waren Guzmán Rodulfo und Nicomedes González. Letztere starb, als er noch klein war; er hat sie nie gesehen, nicht einmal auf einem Porträt. Er wuchs bei der zweiten Frau seines Vaters, Martina Salazar, auf. Er wurde am 18. Februar 1935 geboren. Er hat einen Abschluss in Journalismus von der Zentraluniversität von Venezuela und arbeitet als Sozialarbeiter, Dichter und Kulturforscher. Mit seiner Frau Briceida Moya hat er die Kinder Gabriela Lucila, Juan Ramón, Gustavo Adolfo und Katiuska Alfonsina, die nach den Dichtern Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer und Alfonsina Storni benannt wurden. In seiner Jugend arbeitete er als Lagerarbeiter im Betrieb seines Vaters, der für die Creole Petroleum Corporation in Lagunillas im Bundesstaat Zulia arbeitete. Dort begann er seine Schulausbildung am Colegio Santa Rosa de Lima, die er an den Gymnasien Alcázar und Juan Vicente González sowie an der Nationalen Schule für Soziale Arbeit in Caracas fortsetzte. Er war Mitbegründer der Jugendabteilung des inzwischen aufgelösten Technischen Korps der Kriminalpolizei und der Sektion Nueva Esparta des Nationalen Journalistenkollegiums. In dieser Funktion war er in verschiedenen Vorständen tätig und leitete das Institut für soziale Sicherheit der Journalisten. Am 9. Oktober 1969 schloss er sein Journalismusstudium an der inzwischen aufgelösten Journalistenschule der Zentraluniversität von Venezuela ab, die später in Schule für Sozialkommunikation umbenannt wurde. Anschließend absolvierte er ein Aufbaustudium in öffentlicher Verwaltung mit Schwerpunkt Organisation und Methoden sowie einen Kurs in Kulturforschung. Er absolvierte außerdem Polizeiausbildungskurse in Washington, D.C., und Fort Bragg, North Carolina.

Vista previa del libro

PREÁMBULO

En uno de sus pocos momentos de sinceridad el fallecido líder del Partido Socialista de Venezuela, Aristóbulo Istúriz reconoció que si el régimen del teniente coronel (retirado) eliminaba el control cambiario, fuente de la boliburguesía sería derrumbado.

Por analogía puede afirmarse que sin la tortura, la cual no es eventual sino política de Estado, la narcodictadura se desvanecería, pues perdería su base de sustentación si se toma en cuenta que este crimen de lesa humanidad tiene como ejecutores a militares y policías de bajo, mediano y alto rango y esbirros cubanos, sin escrúpulos, deshumanizados, crueles, quienes actúan con la mayor impunidad, ya que ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo actúan contra los torturadores, y los jueces civiles y militares responden a intereses bastardos del régimen, apartándose de la Constitución y las leyes de la materia, convirtiéndose por lo tanto en cómplices de esos actos delictivos que nunca prescriben y son juzgados por la Corte Penal Internacional.

Y muy a pesar de la existencia de un Código Orgánico Penitenciario, que lleva las firmas de Diosdado Cabello, como presidente de la Asamblea Nacional, y el Ejecútese de Nicolás Maduro, publicado en la Gaceta Oficial número 6207 Extraordinario el 28 de diciembre de 2015, los recintos carcelarios de la DGCIM¹ del SEBIN², del CICPC³ son depósitos humanos infernales que por sí solos resultan inadecuados para la reclusión de presos políticos, como lo demostramos en este libro, a lo que hay que sumarles la tortura diaria que sufren, la escasa alimentación que reciben, la negativa de asistencia médica, etc.

Además, los familiares de los presos, en la visita que caprichosamente permiten sus verdugos, son sometidos a todo tipo de humillaciones y vejaciones a la dignidad humana.

Por otro lado, el informe oral que presentó Marta Valiñas, presidente de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, en el la 49° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demostró que la cadena de mando, empezando por Nicolás Maduro, era responsable de las torturas y tratos crueles y degradantes contra los presos políticos que ocurrían en la DGCIM, dirigido por Rafael Hernández Dala, quien es también jefe de la guardia presidencial del palacio de Miraflores.

Igualmente, esta misión suministró nombres de los responsables de tales actos violatorios de los derechos humanos de las víctimas, así como la gama de torturas a las que son sometidas estas.

En cuanto a las detenciones, los esbirros de los cuerpos de exterminio de la narcodictadura, que, al no encontrar en el sitio a la persona solicitada, proceden a llevarse detenidas a los familiares de estas, incluidos niños y mascotas.

También se roban dinero, computadoras, vehículos y cualquier objeto de valor.

Estos operativos son irregulares porque se realizan sin órdenes de allanamiento y sin la presencia de testigos, como lo establece la ley.

Hay presencia de torturadores cubanos en estos centros de tortura, que cobró las vidas del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, del concejal Fernando Albán, del general Raúl Isaías Baduel y del politólogo Vasco Manuel da Costa Corales.

En modo alguno pretendo cubrir toda la trama de crueldad que desarrollan los cuerpos de exterminio de la narcodictadura en contra de los presos políticos y sus familiares, muchos de los cuales han tenido que refugiarse en el exterior. Para esa compleja tarea se requeriría de un equipo de especialistas, que no poseo.

Mi propósito es dejar constancia en el ciberespacio y en formato papel de las violaciones a los derechos humanos de un régimen forajido que premia a sus esbirros con ascensos inmorales y propiedades muebles e inmuebles ajenos.

El mundo vio vía Internet el asalto perpetrado por funcionarios de la diabólica DGCIM al apartamento de Leopoldo López.

Un general, por su parte, despojó arbitrariamente de su vivienda y bienes de esta a la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien mientras estuvo en el cargo avaló la barbarie del narcodictador Nicolás Maduro.

Esta es mi contribución a la historia contemporánea de mi amada Venezuela, en los tormentosos momentos de mengua que sufre como consecuencia del socialismo del siglo XXI impulsado por el teniente coronel (retirado) Hugo Chávez y que ha convertido en migrantes externos a más de siete millones de sus hijos.

LA CADENA DE MANDO ES RESPONSABLE DE LAS TORTURAS A group of men in military uniforms AI-generated content may be incorrect.

El tercer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicado por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022, responsabilizó a la cadena de mando del régimen de Nicolás Maduro de los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los presos políticos civiles y militares.

Esta cadena la encabeza Maduro quien, de acuerdo con el referido documento, emite las órdenes de tortura por intermedio del general Rafael Hernández Dala, jefe de la guardia presidencial y de la siniestra Dirección General de Contrainteligencia Militar.

La continúa la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, a cuyo despacho está adscrito el infernal Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Al respecto Infobae, uno de los tantos medios nacionales e internacionales que reseñaron la noticia, reportó:

-La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó pruebas contundentes del plan sistemático para perseguir, encarcelar y torturar opositores. El informe es demoledor y deja en evidencia a quienes hacen silencio frente a la brutalidad del régimen chavista.

Y agregó:

-El dictador Nicolás Maduro lleva días intentando desacreditar el escalofriante informe sobre delitos de lesa humanidad de su régimen. Lo llamó panfleto y habló del uso político de los derechos humanos… Pero por más efusivo que fue su discurso, no pudo rebatir las pruebas: la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por las fuerzas de la dictadura chavista desde 2014 hasta la actualidad.

Después indicó:

-La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolas Maduro, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

De igual modo destacó que los métodos de tortura, la instalación de centros clandestinos de detención y el diseño de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Maduro recuerdan a las dictaduras latinoamericanas de los oscuros años 70.

Posteriormente identificó los actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas:

-Posiciones de tensión denominadas la crucifixión (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y el pulpo (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos)



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Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua.

Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes.

Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.

Amenazas de muerte o de violencia adicional.

Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares.

Desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.

Estar encadenado durante largos períodos de tiempo.

Seguidamente apuntó:

-Las pruebas son contundentes: los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del régimen para reprimir a la oposición, afirmó la ONU en un informe.

Por otro lado, la presidente de la Misión, Marta Valiñas, citada por Infobae, explicó:

-Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", denunció Valiñas, presidenta de la Misión.

En sus conclusiones el informe demostró el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos en la ejecución de un plan orquestado por… Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y señaló que las torturas tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.

Se refiere a la DGCIM, cuyo director, Rafael Hernández Dala, es igualmente jefe de la guardia presidencial

También demostró que las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual.

-Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad –precisó- fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados.

De igual modo indicó que estas casas de seguridad son administradas por Alexander Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM y la mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales-

-Fuentes de la Misión –citó Infobae- dijeron que Granko Arteaga, considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos, también depende directamente de Maduro.

Más adelante el medio destacó:

-Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a disidentes y opositores al régimen. En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, participaron en la selección de los objetivos.

El informe también cita a Diosdado Cabello, poderoso dirigente chavista, como autor de órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el SEBIN.

El documento también menciona a Iván Rafael Hernández Dala, quien se desempeña como Director General de la DGCIM desde 2014. Testigos que hablaron con la Misión afirmaron que desde que Hernández Dala dirige la DGCIM progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones internacionales por violaciones de los derechos humanos.



Iván Rafael Hernández Dala es Director General de la DGCIM, una de las fuerzas de tarea del régimen de Maduro



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En lo que respecta al SEBIN, el documento citado por Infobae revela que, en su sede de El Helicoide, principalmente, sus efectivos han torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos.

Seguidamente se lee:

-Ex detenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos tenían que orinar en botellas de plástico, porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas privilegiadas con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.

La misión, que ya presentó dos informes -en 2020 y en 2021- haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el SEBIN y la DGCIM, continúan hasta hoy.

Y han tenido lugar en un clima de casi total impunidad, apunta Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.

Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.

Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

Venezuela sigue enfrentada a una profunda crisis de derechos humanos, aseguró Valiñas.

Al final del reporte Infobae asentó:

-El demoledor informe de la ONU desenmascara al régimen de Maduro, lo desnuda frente al mundo, cuando varios actores regionales hablan de avances y parecen haber olvidado la brutalidad del chavismo.

Sobre el citado informe el 1 de octubre de 2022 Brian Fincheltub publicó en La Patilla un extenso y sustancioso artículo en el cual desenmascaró a los responsables materiales e intelectuales de las torturas y tratos crueles recibidos en sus sitios de reclusión por los prisioneros políticos de la narcodictadura.

-El pasado 20 de septiembre, -comenzó el articulista- la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó su tercer informe. Cumpliendo el mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 2019, el rol de la Misión se centra en investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

Y añadió:

-En su primer informe presentado en 2020, la Misión no dejaba lugar a dudas sobre la situación de los Derechos Humanos en el país: en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento, tortura, violaciones y desaparición forzada. El informe concluía afirmando que autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos y que jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos.

Aunque la Misión denunciaba la participación directa del Estado y reiteraba en su segundo informe publicado en septiembre 2021 un clima de total impunidad y ausencia de independencia judicial que animaba a los agentes estatales a seguir cometiendo posibles crímenes contra la humanidad, no fue hasta hace unos días que la Misión señaló con nombres y apellidos a quienes forman parte de la cadena de mando criminal que ha causado tanto dolor y sufrimiento entre los venezolanos.

Luego destacó:

-Dichos nombres, algunos conocidos y otros protegidos bajo el anonimato que les da la impunidad, ahora figurarán junto a los peores criminales de la humanidad tras ser señalados de ser participes de uno de los crímenes -junto al genocidio, los crimines de guerra y el crimen de agresión- de más graves trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Dada su gravedad, no es de extrañar que sean precisamente estos cuatro crímenes los que integren la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Quizás sea por esta razón que la dictadura se ha encargado de desaparecer del espectro mediático nacional el último informe de la Misión. Ningún canal de televisión ni emisora de radio osa informar sobre el tema. Quienes no lo hacen por complicidad y autocensura, reciben serias advertencias para que mejor no se atrevan. En la Venezuela donde ha desaparecido el interés por la política, lo que verdaderamente desapareció fue la información. La urgencia del día a día y la ausencia del debate público colocan a las grandes mayorías merced de lo que los censores decidan que miren y escuchen.

Posteriormente apuntó:

-Usted, por ejemplo, no verá en ninguna televisión ni escuchará en ninguna radio nacional que los funcionarios de la DGCIM y del SEBIN recurrían métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión contra sus detenidos. Tampoco que agentes pertenecientes a dichos entes represores perpetraron actos de violencia sexual o de género contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos. Mucho menos que la Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes al servicio de la dictadura.

Al final comentó:

-Dichos crímenes siguen ocurriendo. En medio de tanta cosmetología, nada ha cambiado en materia de Derechos Humanos y solo hace falta que la población despierte de su largo letargo para que el aparato de represión se active nuevamente de manera masiva. De allí que Venezuela necesita que la Misión continúe su trabajo y que en consecuencia su mandato sea renovado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En medio de tanta impunidad, hoy más que nunca la Misión es la voz de quienes no tienen justicia.

LOS TORTURADORES SON NAZISTAS Y CASTRISTAS



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Wikipedia, la enciclopedia libre registra que Sippenhaft o Sippenhaftung fue un concepto jurídico establecido en el Tercer Reich según el cual un acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes, de modo que tales familiares del acusado eran considerados igualmente culpables, arrestados y en algunos casos también condenados a muerte por el delito que cometió su pariente acusado.

Probablemente de la tiranía cubana de los hermanos Fidel y Raúl Castro tomó la narcodictadura de Nicolás Maduro esta perversa forma de causar daño tanto al perseguido como a sus familiares y mascotas. En uno de los casos conocidos el perro de raza de un preso en la cárcel militar de Ramo Verde, Estado Miranda, fue descuartizado y enviada la fotografía del macabro acto penalizado en la Ley de Maltrato Animal.

Sobre este patrón de tortura de la narcodictadura de Nicolás Maduro, Mayreth Casanova, el 2 de octubre de 2022, a raíz de la divulgación del Tercer Informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela por parte de la ONU, escribió un extenso reportaje en El Pitazo en el que comenzó señalando:

-Organismos de seguridad del Gobierno de Maduro detienen a padres, hermanos, hijos o algún familiar de presos políticos como forma de presión y tortura. La culpabilidad del parentesco, así se le conoce al Sippenhaft, el método usado por los nazis en el Tercer Reich que se aplica en Venezuela, según el último reporte de la ONU.

Luego indicó:

-El informe del año 2021 realizado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, evidenció, por primera vez, la aplicación del método de Sippenhaft.

En algunos casos documentados, agentes de seguridad o de inteligencia, presuntamente, utilizaron tácticas criminales, incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la DGCIM lo torturaron y le dijeron que aplicarían el ‘Sippenhaft’, una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis. Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en Boleíta durante 32 días, precisa el documento.

No se trata de presuntas detenciones de familiares de solicitados por los cuerpos de exterminio de la narcodictadura, sino de hechos reales, donde deberían actuar el fiscal general, el defensor del pueblo y la LOPNA, pero no lo hacen por ser cómplices del régimen

Posteriormente precisó:

-La detención de Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que es investigado por un presunto caso de corrupción, y la publicación del tercer informe de la Misión de la ONU, pusieron nuevamente en la palestra los abusos de los organismos de seguridad.

Sobre esta detención Rafael Ramírez había señalado el 19 de septiembre que la detención de su hermano, quien fue médico del fallecido Hugo Chávez, forma parte del patrón de actuación del gobierno de Maduro, denominado ‘Sippenhaftung’

En el tercer informe de la Misión de la ONU, publicado el 20 de septiembre, reiteran que esta es una práctica que constataron los observadores por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes buscan arrestar u organizar secuestros de familiares para presionar a los objetivos a entregarse.

Los testimonios de las víctimas, al menos 245, que fueron documentados por la Misión, dicen que han cometido actos como: Amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos si no proporcionaban determinada información y operaciones en las que se detuvo a miembros de la familia de personas seleccionadas, con el fin de presionar a los objetivos para que se rindieran.

El método nazista conocido como Sippenhaftung es también utilizado por el SEBIN y otros cuerpos de exterminio de la narcodictadura



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Sobre el tema la coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, aseguró, según reportó El Pitazo, que en Venezuela se cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

-Contamos –explicó- con registros de familias enteras perseguidas, incluyendo sus mascotas, que son llevadas a los centros de detención para maltratarlas frente a sus dueños y así infligirles mayor daño emocional.

Igualmente apuntó:

-En Venezuela la prisión política tiene otra arista que se extiende a los familiares y en los que pesa la mayor responsabilidad al ser los encargados de proveerles alimento, insumos médicos y de higiene personal en medio de la inflación y los altos costos para poder cubrir con sus necesidades básicas.

La activista en derechos humanos reiteró, además, que este patrón ha sido una práctica recurrente, ya que es una medida de presión o de tortura contra el perseguido para lograr el objetivo de que se entregue y que se incrimine o incriminen a un tercero, y aunque no hay registros públicos sobre estos casos y las víctimas, También precisó que muchas veces es por protección de los familiares que no se visibilizan, aunque sí se han reportado detenciones de corta duración por algunas horas de padres, hermanos o hijos.

-Es –indicó- un método de tortura blanda contra los presos políticos y sus familiares, en la que se les hostiga y presiona con sus familiares. Les envían fotos de sus parientes en sus casas, con sus padres, hijos o hermanas, le muestran la foto al preso político y le dicen que están ahí. Este material puede ser mostrado en sesiones de tortura.

Por su parte, la psicóloga con estudios en superación de traumas, Mariángela Reyes explicó al referido medio que la forma de presión emocional es la más dura para una persona a la que no se le garantiza la protección de sus derechos humanos.

-Una persona detenida –aseveró- es vulnerable, pero cuando utilizan a un familiar, eso lo hace doloroso. Al que buscan quizás sabe de lo que son capaces de hacer los responsables y que es una manera de doblegarlos y se peguen a sus decisiones, pero eso no lo hace menos traumático. Puede ser injusto, pero eso es una muestra desesperada de que buscan tener una reacción. Las emociones no se controlan y esto es un golpe difícil de superar, porque la persona se siente responsable y culpable de lo que atraviesa quizás una persona inocente por las decisiones de otros.

 A person's face with text and words AI-generated content may be incorrect. El 11 de octubre de 2022 Costa del Sol dio a conocer el caso del sargento mayor del ejército Larry Arcesio Osorio Chía, denunciado en el portal Infobae por la periodista Sebastiana Barráez, que detuvo funcionarios del SEBIN y acusado de traición a la patria, debido a no dar con el paradero de su hermano Rubén Darío, militar retirado, defensor de los derechos humanos en la ONG FUNDAREDES.

Está preso en la sede del SEBIN, en El Helicoide.

-El único delito del Sargento Mayor de Segunda del Ejército venezolano Larry Arcesio Osorio Chía –reveló Sebastiana Barráez- es ser hermano de Rubén Darío, un militar retirado que defendía los derechos humanos en la ONG FUNDAREDES, que debió huir hacia Colombia

Cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) desató una persecución contra el director de esa ONG, José Javier Tarazona Sánchez, a quien detuvo junto a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, fue tras la búsqueda de Rubén Darío, pero luego de varios días, al no dar con él, decidieron llevarse a su hermano Larry Arcesio, quien trabajaba en el Centro Pabellón Militar Núcleo Asistencial de Guasdualito, Estado Apure.

Luego indicó:

-Todos los que conocen a Larry aseguran que es el más tranquilo de los dos hermanos. Él no se metía en problemas, tiene seis hijos, pero con su esposa actual solo el más pequeño; ella es una teniente de la Aviación. A sus 40 años, Larry se dedicaba a su trabajo y aspiraba progresar en su carrera militar; todo eso se lo destruyeron el día que los funcionarios del SEBIN se lo llevaron, le dice a Infobae un compañero del militar preso.

Larry Osorio estaba residenciado en el Estado Táchira. Ese 6 de agosto del 2021 cumplía servicio en su trabajo en el Pabellón Militar en Guasdualito, Apure. Siete funcionarios del SEBIN llegaron con una orden de detención del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Le robaron todo lo que tenía ahí y se lo llevaron, en una avioneta, desde Apure hasta el SEBIN en Caracas, recluyéndolo en El Helicoide.

Asegura que amigos comunes le dijeron que a Larry le pusieron bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon y le preguntaron por Rubén. Esa familia la ha pasado muy mal porque para colmo unos abogados influyeron en que se enemistaran entre ellos. Larry trabajaba en el Hospital Militar de San Cristóbal cuando lo mandaron, en comisión de servicio, para Guasdualito y apenas tenía unas semanas cuando reventó ese problema con FUNDAREDES.

En seguida explicó:

-Ni siquiera la familia de Larry supo que él estaba detenido. Todos sabían que a quien estaban buscando era a su hermano Rubén Darío que trabajaba con FUNDAREDES y el profesor Tarazona. A la familia la llamó, al día siguiente, el superior de Larry para informarles que el SEBIN lo había detenido, pero cuando esa gente llegó a Caracas para verlo, no se lo permitieron. Después se enteraron de que le imputaban Terrorismo, Traición a la Patria e Instigación al Odio.

Los funcionarios del SEBIN pretendieron ejercer presión sobre Rubén Darío Osorio Chía, quien pertenecía a un componente distinto al de su hermano preso, porque formó parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hasta que, en el 2019, desertó de la Fuerza Armada en apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó.

Los funcionarios le decían a la familia que a Larry Arcesio lo dejarían en libertad si Rubén se entregaba. Pero nadie creyó que fueran a cumplir eso, porque no es la primera vez que detienen a un familiar para obligar a otro a que se entregue, así como pasó con la familia del teniente Alemán. Entre más gente tengan presa, más abultan los expedientes.

Un Tribunal de Terrorismo le imputó varios delitos a Larry Osorio.

Ni las en su momento terribles SS de la Alemania nazi lo hubieran hecho mejor que los efectivos del siniestro SEBIN. Resulta ocioso hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué ni la Fiscalía General de la República intervinieron para evitar esa arbitrariedad y castigar a los culpables, como reza la Constitución Nacional?

Un artículo publicado en 2007 por la Universidad de Cambridge definió al Sippenhaft como un método que utilizaron los nazis y se refiere a un castigo de responsabilidad, el cual se aplicó después del plan de asesinato contra Hitler en 1944.

-Se abogó por el uso de Sippenhaft –citó El Pitazo- contra las familias de los conspiradores involucrados en este complot y también contra miembros de las fuerzas armadas. En consecuencia, su implementación pasó a ser dominio personal del líder de las SS del Reich, Heinrich Himmler, así como de los comandantes del ejército local, los tribunales del ejército y el propio partido nazi. Su imposición fue compensada en gran medida por su eficacia como dispositivo del miedo.

Además, el investigador Roberto Loeffel, en su libro Castigo familiar en la Alemania nazi, precisó que el principio de Sippenhaft se utilizó para intimidar a los opositores políticos, amenazar a quienes habían huido de ese país y aterrorizar al público en general.

Víctimas de Tortura registrados por el Pitazo

A continuación, algunos de los casos registrados por El Pitazo, con apoyo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, en los que se evidencia el patrón de Sippenhaft, donde organismos de seguridad amenazan o detienen a familiares de presos políticos como forma de presión:

-Coronel (retirado) de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo, detenido el 27 de enero de 2019 en Barinas, acusado por los delitos de rebelión, asociación para delinquir, traición a la patria y vinculado a un ataque con drones contra Nicolás Maduro. Sus familiares denunciaron que fueron hostigados en el año 2018 por pocas horas.

General Raúl Isaías Baduel. Fue ministro de la Defensa del teniente coronel (retirado) Hugo Chávez y encabezó la mal llamada Operación Dignidad que el 13 abril de 2022 lo trasladaron desde la isla de La Orchila, donde fue liberado por las debilidades de quienes lo tenían preso tras la renunciaría que hiciera del cargo, según anuncio que hiciera el jefe del Estado Mayor Conjunto general Iván Rincón en la noche del 11 de ese mes, hasta el palacio de Miraflores. Su guardián en el sitio de reclusión, capitán Otto Gebauer Morales, le confió al profesor Agustín Blanco Muñoz que lo vio llorar.

Estuvo preso durante 12 años y falleció por Covid-19 al no recibir atención médica, el 12 de octubre de 2021.

 A group of men in military uniforms AI-generated content may be incorrect. Sus familiares denunciaron que fue víctima de tortura, ensañamiento y malas condiciones en una cárcel de máxima seguridad. Dos de sus hijos, Josnars y Raúl Iván Baduel, fueron detenidos. Su hermana, Andreina Baduel, denunció que han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos.

El 11 de octubre de 2022 la periodista Sofía Nederr, de TALCUAL, reportó:

-El general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa que falleció el 12 de octubre de 2021 mientras estaba detenido, fue víctima de un ensañamiento sostenido.

Esta es una de las conclusiones del informe especial La muerte lenta de Baduel presentado, este martes 11 de octubre, por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Nos planteamos hacer un ejercicio de construcción de memoria. La información verificada indica que Baduel fue sometido a un aniquilamiento, dijo el periodista Edgar López, especializado en derechos humanos e investigador de PROVEA.

López sostuvo que, este caso, pareciera que se buscó el sufrimiento prolongado, dilatado, de una persona que fue encarcelada por razones políticas.

Sus críticas al gobierno desde el mismo día que pasó a situación de retiro le costaron una persecución por el resto de su vida. En noviembre de 2007, cuando se pronunció contra la reforma constitucional promovida por el oficialismo, ocurrió la ruptura definitiva entre Baduel y Chávez, que habían comulgado en ideas políticas desde sus tiempos en la Academia Militar, fueron amigos entrañables y hasta compadres", señala el informe.

Más adelante Sofía Nederr destacó:

-El investigador López sostuvo que Baduel también sufrió el retardo procesal, una de las violaciones vinculadas con la persecución política. Añadió que, en el caso de presos políticos, esta práctica se convierte en una condena de facto.

El segundo proceso de Baduel quedó estancado, nunca avanzó en fase de juicio. El retardo procesal superó los 4 años, recordó.

Después apuntó:

-En el informe de PROVEA, a un año de la muerte del exministro castrense, se destaca también que la persecución judicial contra Baduel se extendió a tres de sus hijos: Raúl Emilio, Josnar Adolfo; Raúl Iván Baduel Oyoque, y a su yerno Gerardo Carrero. En el caso de Josnar Adolfo Baduel, el joven permanece detenido en El Helicoide acusado de participar en la llamada Operación Gedeón.



Raúl Baduel

Posteriormente precisó que en el referido informe PROVEA recordó que todavía el Ministerio Público no ha informado las causas reales del fallecimiento del militar y destacó que, pese a que la defensa y la familia de Baduel, solicitó durante meses asistencia médica para el general, el oficial, en una operación tipo comando, fue trasladado el 23 de diciembre de 2020, para ser operado de forma clandestina.

-Baduel –reveló el vocero de PROVEA- fue sometido a una intervención quirúrgica clandestina. 10 meses después fallece. La intervención a Baduel no se realizó en un hospital, fue en una carpa, cerca de un basurero. El anestesiólogo lo maltrató. La intervención duró 3 horas y fue trasladado a La Tumba, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar.

Según contaron dos de las hijas del militar, Nayesca y Andreína, tras la operación, el deterioro físico del general era evidente. Ambas narraron a PROVEA que cuando vieron al oficial, 10 días antes de su fallecimiento, Raúl Isaías Baduel estaba muy adolorido y edematizado.

Por su parte Cruz María de Baduel, esposa del exministro de la Defensa, dijo a PROVEA que el trato dado por el Estado conllevó al general Baduel a una muerte en cámara lenta y relató que, en dos años, solo pudo ver al militar seis veces en medio de encuentros controlados.

-Le pedí a los funcionarios –afirmó- que le permitieran a mi hija de 15 años ver a su papá, tenía tres años sin verlo y pudimos verlo el 29 de agosto de ese año, y prácticamente se despidió.

-General Héctor Hernández Da Costa fue detenido el 13 de agosto de 2018 detenido dentro de su vivienda sin que se le mostrara una orden judicial, sin información de por qué estaba siendo detenido, y en medio de un procedimiento ejecutado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Durante 40 días permaneció en desaparición forzosa en la sede de dicho organismo. Se le vinculó al presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro durante un desfile de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Caracas.

En la DGCIM fue víctima de malos tratos, entre ellos la negación de atención médica o de recibir alimentación adecuada para sus padecimientos de diabetes y enfermedades gastrointestinales.

Luego fue trasladado a la llamada Casa de los Sueños 2, como se conoce a la sede de la DGCIM ubicada dentro de Fuerte Tiuna. Allí sus familiares pudieron verlo por tan solo 10 minutos, sin ninguna privacidad y a través de un vidrio. A nosotros nos afectó mucho porque fue como si se tratara de un animal salvaje. La comunicación nunca fue clara, expresa su hija Loredana Hernández.

Regresó a la sede de ese siniestro organismo en Boleíta, donde persistieron las mismas malas condiciones de trato. Durante 11 meses a raíz de la epidémica de Covid-19 las visitas fueron suspendidas y cuando se retomaron solo se permitieron una o dos por mes, con la presencia de una persona de su entorno.

Por compartir una celda con una persona enferma con coronavirus, estuvo contagiado de covid-19 y no recibió atención médica durante ese periodo.

La visita es grabada y hay micrófonos en el sitio donde ésta se permite. Tal irregularidad afecta la estabilidad emocional de toda la familia.

 A person in a military uniform AI-generated content may be incorrect. La narcodictadura hace caso omiso de las recomendaciones de organismo internacionales en favor de los presos políticos.

En el caso del general Héctor Hernández Da Costa, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se han pronunciado en su caso.

El 15 de octubre de 2019, la CIDH le solicitó al régimen de Nicolás Maduro que adoptase las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal del prisionero, así como garantías de que las condiciones de su reclusión cumplan estándares internacionales.

Por su parte, el Grupo de Trabajo se pronunció en julio de 2020 para dejar en claro que la detención del militar fue totalmente arbitraria, y su privación de libertad incumplía la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, se estimó que en el contexto de la pandemia por el coronavirus y la amenaza que representa en los sitios de detención, se debe garantizar la inmediata liberación de este funcionario.

Al respecto, su hija Loredana Hernández aseveró haber ido a la Defensoría del Pueblo y hecho denuncias públicas para tratar de visibilizar la medida del Grupo de Detenciones Arbitrarias, lo mismo sus abogados, sin recibir respuesta.

-Ya la orden de mi papá –afirmó- tiene siete meses y sigue preso, la inmediatez no se la han dado.

Asimismo, señaló que se debía entregar una respuesta al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, con sede en Ginebra, pasados seis meses de emitida la orden. Sin embargo –apuntó- no se ha materializado la libertad, no se ha materializado ninguna de las recomendaciones que hacía la medida, pero seguimos insistiendo en organismos nacionales e internacionales. En esa medida se discutía punto por punto, incluso con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las razones por las cuales mi papá es considerado inocente y se solicitaba su libertad inmediata".

Una de las juezas de la narcodictadura, quien estaba encargada de la audiencia preliminar, tampoco respondió a la solicitud hecha por el Grupo de Trabajo de la ONU.

Ella, que ha sido señalada por organizaciones no gubernamentales de impartir justicia en base a razones políticas, fue reemplazada por la jueza Carolina López, de la misma calaña.

Loredana Hernández del mismo modo declaró que "Ese distanciamiento físico que nos han impuesto es algo inhumano, nos ha afectado mucho. Más ahorita en cuarentena porque las visitas son escasas, no hay intimidad familiar. Me afecta mucho verlo cómo está.

Luego apuntó:

-...hay militares honestos. Las personas que tienen medidas de la ONU tienen que cumplirse. Se deben caer todas las mentiras y así se está demostrando hasta el momento, y espero que todas las personas dentro del juicio hagan valer la inocencia de mi padre y del resto de los presos políticos que están en el caso.

Su hija Loredana fue apresada y ahora se encuentra en el exilio, después de la persecución a la que fue sometida, y su esposa, Lili Barboza, sigue en Venezuela y tiene prohibición de salida.

Son más los presos políticos militares.

Según la ONG Justicia Venezolana, hasta el 26 de marzo había de ese año había 140 militares presos por razones políticas, 35 de ellos en riesgo por su condición de salud.

Se les acusa de terrorismo, traición a la patria, sustracción de armamento militar, conspiración, entre otros.

Recordó, además, que, en su primera actualización oral, la Misión de Determinación de Hechos destacó el uso por parte del régimen venezolano del concepto de enemigo interno para justificar la persecución a la disidencia, y mostró su preocupación por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil.

Igualmente hizo mención particular de los casos del capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, quienes siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles.

También citó el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, debido a la anulación de la sentencia contra los dos presuntos responsables en 2020, concluyendo que la muerte del militar fue consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar.

Pero La nueva acusación del Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura. Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios de bajo rango por esta muerte.

El fiscal de la narcodictadura, Tarek William Saab, indigno del cargo que arbitrariamente le expidió la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, en ninguna de las muertes por tortura ha acusado a los autores intelectuales, convirtiéndose en cómplice de estos

La fuente citada agregó:

-Mientras que la Alta Comisionada Bachelet, desde su primer informe sobre el país en 2019, también ha puesto de manifiesto las violaciones contra los militares detenidos por razones políticas, incluyendo las detenciones arbitrarias y la utilización de torturas para someter y obtener información de los detenidos, así como pocas garantías para un juicio justo.

También se ha puesto de manifiesto el uso de instalaciones clandestinas y no oficiales por parte de los órganos de inteligencia militar (DGCIM) para detener a presos políticos, entre ellos los mismos funcionarios castrenses acusados de haber cometido algún delito.

Pero tampoco mencionó a la cadena de mando como responsables de tales violaciones de los derechos humanos

-Alberto Polo Díaz está detenido desde el 6 de agosto de 2017 en la cárcel militar de Ramo Verde, Estado Miranda.

Según testimonios que ofreció su madre de 69 años, a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, fue detenida por al menos 12 horas por el Conas en 2018, en Maracay.

 A person with a beard AI-generated content may be incorrect. Le quitaron su teléfono, la amenazaron con herir a sus hermanos, cuñada y sobrinas, además le mostraron fotos de donde estudiaban y trabajaban.

-Al teniente Richard Alemán Acosta lo acusa la narcodictadura de formar parte de una sublevación de varios militares retirados, quienes supuestamente serían responsables de un asalto al parque de armas del destacamento 441 de la Guardia Nacional, durante la madrugada del lunes 20 de abril de 2020. También fue acusado de participar en la presunta Operación Gedeón y en el supuesto atentado contra el narcodictador Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas durante los actos aniversarios de ese organismo militar.

El 12 de noviembre de 2021 Belén Tirado, del portal Núcleo Noticias, reportó:

-En octubre del año pasado, la periodista Sebastiana Barráez, logró tener acceso a algunas declaraciones de privados de la libertad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes entre muchas cosas contaron las torturas que vivieron tanto ellos como sus compañeros.

 A collage of people AI-generated content may be incorrect. La periodista describió que el teniente Richard Alemán fue brutalmente torturado. Ese teniente, durante las dos primeras semanas, después de su llegada a la Casa de Los Sueños, sangraba constantemente, reveló uno de los detenidos a la periodista en esa oportunidad.

Recuerda el entrevistado que varios custodios y presos decían que los gritos del teniente se oían en el sótano mientras era torturado. Lo amenazaron con atentar contra sus hermanas, también presas aquí.

Nadie sabía quién era él hasta que una noche oyeron que le pedían que entregara la Orden de Operaciones, por lo que los oficiales presos dedujeron que el torturado era un militar también. Después se supo que se llamaba Richard Alemán, que lo trajeron por el caso de Puerta Morocha.

Puerta Morocha fue una rebelión militar orquestada en abril del 2020 por funcionarios de la Guardia Nacional que tenía como objetivo tomar el parque de armas de un puesto de la GNB ubicado en el Estado Miranda, específicamente en la población de Los Teques en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana.

A esos muchachos los trataron muy duro. La familia de Alemán no sabe lo cerca que él estuvo de morir; aún está mal, aunque ya no habla tanto de suicidarse como antes, dijo el detenido entrevistado por Sebastiana Barráez.

Más adelante Belén Tirado recordó que En horas de la madrugada del día 23 de abril, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), llegó a la casa paterna de la familia Alemán Castellanos en Puerto Cabello, en cuyo operativo Fueron detenidos varios familiares del teniente, entre ellos sus dos hermanas Yolimar y Andreína Alemán Castellanos, el esposo de una de ellas el capitán Ericsson Alexander Chaya Barrueta y su primo Manuel Castellanos.

Luego indicó:

-El momento de la detención, según reseñó Entorno Inteligente fue denunciado por un hermano del oficial retirado, Orlando Alemán, que publicó un video en Twitter. La detención ocurrió tras declarar a los familiares como terroristas.

 A person in a military uniform AI-generated content may be incorrect. Desde ese momento, las mujeres habían permanecido recluidas en la sede del organismo de inteligencia militar en Boleíta, pese a los esfuerzos de hacer justicia por parte de sus abogados. Sin embargo, un año y 10 días luego de haber sido detenidas, fueron liberadas bajo medida cautelar mientras se iniciaba el juicio oral por el delito de terrorismo, imputado por el Ministerio Público.

El teniente Richard Alemán, por su parte, habría pasado a territorio colombiano tras la toma del comando de la GNB, pero la presión sobre su familia por parte de la DGCIM lo obligó a regresar; fue apresado, siendo recluido en la sede central de ese organismo en Boleíta, Caracas y allí permanece detenido.

Su cuñado el capitán Ericsson Alexander Chaya Barrueta y su primo Manuel Castellanos, también continúan detenidos en el mismo cuerpo de inteligencia militar.

En la misma fecha del reportaje anterior la periodista Luisa Quintero, de TALCUAL, reveló que, en la última audiencia de juicio por ese caso, dos de los detenidos denunciaron las torturas de las cuales fueron víctimas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Al respecto, la abogada Ana Leonor Acosta denunció que otros jueces y fiscales les han dicho que estos testimonios de torturas no forman parte del proceso de juicio de la operación Gedeón, lo cual viola la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 40.212 del 22 de julio de 2013, sin aplicarse nueve años después, a pesar de que los jueces están obligados a aplicarla cuando en sus declaraciones los prisioneros aseguren que han sido torturados.

La periodista agregó:

-Uno de los testimonios fue el del primer teniente (retirado) Richard Alemán, quien dijo -según el relato que hace la abogada Ana Leonor Acosta- que la torturas son tales que pierdes la sensibilidad de la vida. Uno solo quiere morir.

Alemán relató ante la jueza Hennit Carolina López que fue detenido el 24 de abril de 2020, y no en mayo como alegan los funcionarios de la DGCIM que participaron en su captura. Se encontraba en un hotel junto a otros compañeros cuando entraron a su habitación, lo golpearon y le taparon la cara con una carpeta y cintas adhesivas.

Al ser trasladado a Boleíta, la sede principal de la DGCIM al este de Caracas recibió una patada en la nariz que le ha ocasionado problemas respiratorios. Ha pedido atención médica para atender este padecimiento y se le ha negado.

Luego indicó:

-El militar retirado detalló que fue torturado durante 19 días seguidos. Me aplicaron asfixia mecánica con bolsas. Se montaban encima de mí, me dio un paro respiratorio. El 27 de abril fui a parar al hospital militar, donde con un procedimiento médico me revivieron. Ese mismo día a las 3 am me dieron de alta.

Asimismo, Richard Alemán denunció que cuando fue devuelto a la DGCIM prosiguieron las torturas.

-Otra vez –aseveró- me entraron a golpes, me desnudaron, me bañaron con agua fría. Y no sé qué me pasó porque no soy médico, pero me sacaron torcido para el servicio médico, me colocaron mantas calientes. Me tiraron en el piso durante 19 días Con las manos esposadas en la espalda. Ese era el mejor trato que podíamos tener. Todavía tengo las marcas de las esposas en mis muñecas desde esos días. Todos los días eran de torturas incesantes. Un mayor de la DGCIM nos golpeaba todos los días y nos grababa".

Igualmente informó que fue abusado sexualmente con un objeto por un mayor de la DGCIM, lo que le ocasionó nuevos problemas de salud, y además se le presionó para declararse culpable y algunos de sus familiares fueron perseguidos y detenidos como parte del hostigamiento trasladándolos de forma arbitraria hasta el Estado Falcón, donde fueron nuevamente detenidos para vincularlos a otro proceso legal. -Todo esto sucedió –refirió- desde el 20 de abril. Si yo no hubiese estado desaparecido desde el 20 de abril, mi papá no se hubiese sentado el 25 de abril en la sala de la casa con mi mamá a pedir una fe de vida. Nos han ido amenazando y torturando incesantemente.

Por otro lado, Alemán calificó la sede de la DGCIM como un lugar de horror, un sitio de tenebroso, terrorífico y denunció las condiciones de detención, donde no se les permiten llamadas, ver el sol, deben permanecer parados en un espacio de 2×2 totalmente cerrado y se les niega un sitio para hacer sus evacuaciones.

Además, señaló que, en la audiencia de presentación, el juez anterior les dijo a sus familiares que solo debía declararse culpable al igual que el resto de los detenidos para ser pasados a juicio y ahí los liberarán algún día.

También denunció que defensores públicos les solicitaron dinero a sus padres, pese a que la representación asignada por el Estado es gratuita. Richard Alemán insistió en que todavía es víctima de torturas, al igual que sus familiares.

Posteriormente la abogada Acosta comentó que Hennit Carolina López al final de los testimonios solicitó que sus intervenciones tengan que ver con lo que se está discutiendo en el proceso, no con otras cosas y en otra audiencia de juicio, la actitud de la jueza fue similar al enfrentarse a denuncias de torturas.

Hennit Carolina López es una de las indignas juezas al servicio de la narcodictadura

Igualmente señaló que otros jueces y fiscales les han dicho que estos testimonios no forman parte del proceso, y recordó que a pesar de que no sean los delitos discutidos en el juicio, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que cualquier funcionario que tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas.

También establece: 

-Los funcionarios que incumplan en esto, pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).

Incluso, el artículo 19 de la Ley dicta que cualquier funcionario público que colabore de cualquier forma o encubra los delitos de tortura o tratos crueles puede ser sancionado con penas similares entre los 13 y 25 años de prisión.

Del mismo modo recordó que Las torturas y tratos crueles, incluido el abuso y violencia sexual contra civiles y militares detenidos por razones políticas, ha sido documentada en diversos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la OEA y la Misión de Determinación de Hechos, quienes han coincidido que se tratan de prácticas recurrentes, especialmente cometidos por organismos de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela.

Al final del reporte la periodista Luisa Quintero explicó:

-Así también se detalla en el especial La república que tortura, hecho por TALCUAL, donde se evidencia que estos delitos, al igual que los tratos crueles, inhumanos y degradantes son poco investigados y sancionados por el Estado venezolano.

 A person with a beard AI-generated content may be incorrect. Juan Carlos Requesens Martínez. El 7 de agosto de 2018 el entonces diputado a la Asamblea Nacional fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la residencia de sus padres, ubicada en Terrazas del Club Hípico (este de Caracas), sin una orden judicial y de forma violenta. Se le acusó de estar involucrado en el presunto atentado con drones contra el narcodictador Nicolás Maduro, mientras participaba en los actos conmemorativos fundacionales de la Guardia Nacional. No se le respetó su inmunidad parlamentaria.

Efectivos de ese organismo represivo también apresaron a su hermana Rafaela Requesens, dirigente estudiantil universitaria, entonces, y luego politóloga de la Universidad Central de Venezuela, en su apartamento en Caracas. Fue liberada, después de que le tomaran fotos y amenazaran con contar lo ocurrido.

No está de más recordar que la Constitución señala que toda persona detenida debe ser puesta a la disposición de un juez dentro de las 48 horas de su detención, lo cual no se cumplió en este caso.

 A person standing on a sidewalk AI-generated content may be incorrect. Fue víctima de la violación de derechos humanos, que van desde haber sido detenido sin una orden judicial, estar incomunicado casi tres días y ser sometido a tratos crueles, hasta sufrir violaciones al debido proceso, como que el Tribunal Supremo de Justicia sentenciara su enjuiciamiento sin motivar su detención en flagrancia. Además, se le irrespetó la inmunidad parlamentaria de la que gozaba al momento de su arbitraria detención.

El estudiante Oswaldo Castillo Lunar fue detenido el 6 de octubre de 2018 y lo vinculan al ataque con dron contra Nicolás Maduro durante un acto presidencial en la avenida Bolívar de Caracas. Está condenado a 30 años de cárcel, un familiar contó a Justicia, Encuentro y Perdón que funcionarios le mostraron fotos de sus familiares como método de amenaza.

@ReporteYa escribió:

-#11ct Oswaldo Castillo Lunar es estudiante en proceso de entrega de tesis en Maracaibo. Fue secuestrado la noche del martes y presentado en Caracas por supuesto magnicidio. Está en la sede del DGCIM en Boleíta. ¡Exigimos su libertad!

La misma fuente señaló:

-#14Dic Oswaldo Castillo. Estudiante. Fue sometido a desaparición forzosa y tratos inhumanos al momento de su detención. Se encuentra en el Helicoide. Es acusado de delitos que no cometió. Exigimos que #LiberenAOswaldo . @accionlibertad.

Víctor Navarro. Fue detenido por funcionarios del siniestro Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la madrugada del 24 de enero de 2018 y recluido en sus mazmorras de El Helicoide. Para la fecha estaba trabajando en la preparación de la tesis para optar al grado de licenciado en Comunicación Social de la Universidad Monteávila.

-Me llevaron –declaró al portal argentino Todo Noticias- el 26 de septiembre de 2022- diciéndome que me iban a hacer una entrevista y estuve cinco meses aislado sin ver el sol, sin ver a mi familia y sin la posibilidad de tener un abogado".

Fue liberado en la noche del sábado 2 de junio en el segundo grupo de excarcelados por el narcodictador Nicolás Maduro.

El referido medio calificó a Navarro, también defensor de los derechos humanos, como un sobreviviente de la máquina del terror de Maduro.

El texto, reproducido por el portal La Patilla, indicó igualmente:



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-Hoy tiene 27 y en diálogo con TN narró su experiencia: Su relato se enmarca en los hallazgos que días atrás presentó la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela en su informe sobre los centros clandestinos de detención. Los investigadores concluyeron que las torturas no fueron actos aislados, sino parte de una maquinaria y un plan del gobierno para reprimir a la disidencia.

Lo que pasó en la última semana es que se dijo que Maduro es quien tortura en Venezuela. Maduro es un torturador y su círculo de confianza son torturadores y son los que asesinan. Son cientos de miles de víctimas que buscan justicia y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diga que son torturadores y asesinos es muy importante, afirmó Navarro al respecto.

Ahora están torturando gente en el Helicoide. Hay más de 100 presos políticos en este momento. El lunes se va a votar en la ONU porque siga la investigación y tienen la responsabilidad de hacerlo, remarcó sobre este punto.

Cabe señalar que el referido informe, según lo advirtió el portal Maduradas, fue calificado por la narcodictadura como panfleto, sin siquiera ordenar una investigación por las graves denuncias que allí aparecen reflejadas sobre crímenes de lesa humanidad.



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Josnars Adolfo Baduel Oyoque. Fue detenido el 4 de mayo de 2020 en las costas de Chuao, Estado Aragua, por su presunta participación en lo que la narcodictadura calificó como Operación Gedeón.

La mal llamada justicia del régimen lo acusó de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

El 1 de junio del mismo año TALCUAL se hizo eco de la denuncia de sus familiares respecto a las torturas que estaba sufriendo por parte de efectivos militares encargados de custodiarlo, habiendo sido ingresado varias veces al Hospital Vicente Salias, conocido comúnmente como el Hospitalito Militar de Fuerte Tiuna, debido a un cuadro de asfixia presuntamente producto de las torturas con agua que le habrían sido infligidas desde que fuera arrestado el pasado 4 de mayo en Chuao, Estado Aragua.

Dicha información fue publicada en su cuenta en Twitter por la periodista Beatriz Adrián, quien adicionó que los familiares están exigiendo fe de vida ya que no lo han podido ver desde que se produjo su detención.

El 29 de mayo habían denunciado que a la fecha tenían 27 días sin saber nada sobre el joven, ya que ni los abogados ni ellos conocen de su paradero ni de su estado de salud, pero sí denunciaron que se le están vulnerando sus derechos humanos y el derecho a la defensa privada.

-El pasado 4 de mayo, -recordó la fuente- en las costas del Estado Aragua, fue detenido un grupo de personas involucradas con el supuesto desembarco en Venezuela en la llamada Operación Gedeón, luego que en la víspera se registrara la muerte de ocho personas incluida la del capitán Robert Colina, alias Pantera.

Una embarcación fue sorprendida intentando ingresar al país por las playas de Chuao, encontrándose ocho personas en la lancha, incluido Josnars Adolfo Baduel, cuya identidad se conoció después. Los detenidos habrían sido llevados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas.

Entonces, Baduel dijo en un video que en su grupo venían dos ciudadanos estadounidenses que estarían trabajando con la asesoría de la seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, material que fue cuestionado por presentar fallas entre el audio de este y la boca del detenido.

El 21 de diciembre de 2021 la periodista Luna Perdomo, de Tal Cual, reportó:

-Por medio de Twitter la investigadora y politóloga venezolana Maibort Petit denunció que el preso político Josnars Adolfo Baduel, uno de los implicados en la operación Gedeón y quien ha estado recluido en Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fue trasladado este martes 21 de diciembre a las 9:00 am al hospital militar Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en Fuerte Tiuna, para hacerle intervenciones en un brazo y una pierna tras lesiones producidas por torturas.

Luego escribió:

-La abogada Yasnaía Villalobos, quien lleva el caso, dijo a TALCUAL que hasta horas de la tarde de este martes no tenía ninguna información al respecto. Yo como abogada no he sido notificada; de la misma manera indicó que para el pasado 20 de diciembre estaba prevista una audiencia que fue diferida para enero.

Villalobos también dijo que a la familia tampoco se le ha hecho llegar ninguna información por parte de las autoridades responsables de la vida de Josnars Baduel y están tratando de precisar lo que sucede.

Igualmente denunció que con motivo de la muerte del general Raúl Isaías Baduel, padre de Josnars, éste fue coaccionado para que grabara un video, con un libreto armado para eximir de culpa a las autoridades, y que Ante esta situación, solicitaron ante instancias internacionales la constitución de una comisión independiente que para investigar la muerte del exministro Raúl Isaías Baduel y medidas de protección a favor Josnars Baduel y su familia, quienes también han sido víctimas de amenazas por parte de las autoridades venezolanas.

En mayo de 2022, su hermana Andreína Baduel escribió en su cuenta en Twitter, según publicó La Prensa de Lara que Josnars lleva dos años secuestrado por el régimen, siendo víctima de torturas y violaciones de derechos humanos.

-Amerita –explicó- cuatro intervenciones quirúrgicas. Dos años en el que vivió la peor tortura: presenciar la agonía y muerte de nuestro padre Raúl Baduel por falta de atención médica.

Un recurso de hábeas corpus interpuesta por ésta ante el Tribunal Supremo de Justicia no solamente fue declarado improcedente, sino que le impuso una multa de cincuenta (50) unidades tributarias.

El prisionero sufrió desaparición forzosa, ahogamientos, golpizas y colgamientos.



Juan Pedro Lares

Juan Pedro Lares. Luisa Quintero periodista de TALCUAL, el 5 de agosto de 2022, se refirió a su caso en los siguientes términos:

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó el caso sobre desaparición y torturas cometidas contra Juan Pedro Lares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además de la privación de los derechos políticos de su padre, el exalcalde del Municipio Campo Elías (Mérida) Omar Lares.

Luego indicó:

-Según nota de prensa, el caso fue sometido el pasado 6 de julio. La CIDH recordó que, en julio de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) trataron de ingresar a la casa del exalcalde, pero sin una orden de allanamiento. En el operativo se llevaron detenido a Juan Pedro Lares, quien fue golpeado, amordazado y torturado para obtener el paradero de su padre.

Lares estuvo desaparecido forzosamente hasta el 15 de agosto de 2017, cuando se conoció que estaba en la sede del SEBIN conocida como El Helicoide, en Caracas. El joven fue liberado