Este lunes el Partido Popular y el PSOE pusieron fin a cinco años y medio de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de Gobierno de los jueces cuyos veinte miembros los eligen las Cortes por una mayoría cualificada. Esta anomalía, denunciada infinidad de veces en tanto que aniquila la independencia que debe presumirse al tercer poder, era con lo que el Partido Popular quería acabar. Venían desde finales de 2018 insistiendo en que había que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que el Consejo eligiese a sus vocales como sucede en la práctica totalidad de los países de Europa. La postura del PSOE era la contraria. Defendían que el Consejo emane del poder legislativo ya que, a su juicio, eso otorga naturaleza democrática a este órgano. Dos posturas irreconciliables que mantenían el consejo bloqueado desde hace tantos años.

El problema era acuciante porque hace tres años el Gobierno decidió que un Consejo con el mandato vencido no podía hacer nombramientos en la cúpula judicial. Con esto Sánchez trataba de presionar al PP para que accediese a la renovación en un momento en el que el PSOE gozaba de mayoría en ambas cámaras. Pero el Partido Popular, en aquel entonces presidido por Pablo Casado, no se prestaba al arreglo. Llegó entonces Alberto Núñez Feijóo e hizo una oferta, pero el PSOE no la aceptó y el bloqueo se mantuvo. Para complicar aún más las cosas, a finales de 2022 el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, dimitió con el objetivo de que eso sirviese como catalizador para un acuerdo que no se materializó, pero al menos sirvió para que la Comisión Europea tomase cartas en el asunto.

Al final ha sido la Comisión la que ha tenido que apadrinar el acuerdo a través de una mediación capitaneada por la vicepresidenta Vera Jourova. El compromiso final contempla que el PP proponga a diez vocales y el PSOE a otros diez que habrán de decidir entre ellos quien será el presidente del Consejo, que lo es también del Tribunal Supremo. Junto a eso han acordado unas medidas que, según aseguraron en la rueda de prensa celebrada tras la firma del acuerdo, persiguen reformar la independencia judicial. Se han comprometido a impulsar juntos una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que contemple que no pueda acceder al cargo de vocales del Consejo ni de fiscal general del Estado ningún candidato que haya ostentado cargo político alguno en los cinco años anteriores al nombramiento. Pretenden también que para ser magistrado del Tribunal Supremo sean necesarios 20 años de antigüedad.

El acuerdo prevé asimismo que en esa ley aún por aprobar se incluya una disposición en la que se dé un plazo de seis meses a los nuevos vocales para que presenten una propuesta de reforma que establezca la participación directa de los jueces en la elección de los doce vocales que, por mandato constitucional, han de provenir de la judicatura. Para ello deben estudiar otros sistemas y elaborar sobre ello su propuesta.

Las reacciones a este acuerdo in extremis, alcanzado sólo un par de semanas después de que Pedro Sánchez amenazase con cambiar el procedimiento para poder renovar el Consejo con una mayoría parlamentaria simple han sido inmediatas. Los socios del Gobierno no están a favor de lo pactado, tampoco VOX, aunque por razones diferentes. Para la opinión pública el cambalache ha dejado una sensación agria. Muchos se preguntan por qué han necesitado más de cinco años para regresar punto de partida. Otros tantos asumen que nada cambiará, que el Consejo General del Poder Judicial seguirá secuestrado por los dos principales partidos porque para ambos que esto sea así es de capital importancia.

Para hablar sobre este tema vuelve a La ContraCrónica Guadalupe Sánchez, abogada y comentarista en medios que ha seguido muy cerca este asunto durante los últimos años. Con ella desentrañaremos las claves de un acuerdo que no ha dejado contento a nadie pero que en el Partido Popular exhiben como el único posible.

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