La igualdad política: el significado actual de la participación ciudadana

Por Pedro Mujica

Este libro revisa el surgimiento, en la filosofía política y en la práctica política, de una nueva concepción de igualdad ciudadana, que tiene diversas manifestaciones en los hechos. En primer lugar, se expresa en el rechazo a la idea de que las preferencias y los intereses sean llevados a la esfera de la deliberación únicamente por los partidos políticos y por los representantes que han sido elegidos para ello. En segundo lugar se manifiesta en una concepción de la ciudadanía en un sentido más amplio que el concepto clásico, que la consideraba como receptor de derechos. Se trata ahora de ciudadanos que demandan igualdad en todos los ámbitos, pero en uno en especial: la igualdad política. Ello equivale a la aspiración de igualdad en la distribución inicial de los bienes y de los derechos de los cuales pueden gozar o que pueden ser garantizados por el Estado; pero además, refiere a la aspiración de ser incluidos, de ser parte, en la deliberación y en la consecuente decisión de los asuntos de interés público.

• Idioma: Español
• Editorial: RIL Editores
• Fecha de lanzamiento: 1 oct 2024
• ISBN: 9789562847346

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Pedro Mujica

La igualdad política

El significado actual

de la participación ciudadana

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La igualdad política.

El significado actual de la participación ciudadana

Primera edición: mayo de 2010

© Pedro Mujica Barrientos, 2010

Registro de Propiedad Intelectual

Nº 187.220

© RIL® editores, 2010

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Composición, diseño de portada e impresión: RIL® editores

Imagen de portada: escultura de Jorge Griño

Epub hecho en Chile • Epub made in Chile

ISBN 978-956-284-734-6

Derechos reservados.

Introducción

Hay cierto consenso en la teoría política en entender la democracia como un sistema caracterizado por un conjunto de reglas (otros hablan de instituciones) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones y bajo cuáles procedimientos. Esta concepción parte del supuesto que nos regimos por un sistema político de múltiples características, dentro de las cuales se encuentra la elección por la ciudadanía de los representantes que deben tomar las decisiones que a todos nos alcanzan.

Resulta bastante claro que en el sistema representativo (con algunas variaciones) se ha entendido tradicionalmente que la participación de los ciudadanos consiste básicamente en tomar parte de las elecciones de las autoridades y controlarlas a través de la eventual reelección.

El texto revisa este concepto, por cuanto hoy en día, tanto en la teoría política como en la práctica, el ciudadano se plantea progresivamente en términos más ambiciosos, buscando incidir en el poder.

Aparte de la crítica que existe desde la academia, existe una demanda de más democracia en los últimos años o, si se quiere enfocar desde otra perspectiva, la forma de ejercer la democracia ha variado, lo cual tiene como una de sus manifestaciones una demanda de mayor injerencia en el poder. En una posición más radical, algunos plantean que la democracia representativa debe ser complementada e incluso sustituida por la democracia directa¹. Hay posiciones intermedias que hablan de una nueva forma de hacer política: incorporar a los diferentes grupos de interés que aparecen en la escena política que no corresponden a los partidos políticos ni a las fuerzas sindicales o gremiales tradicionales y que además cada día son más activos. Esta aparición de nuevos actores trae aparejado un fenómeno del mayor interés: son más los actores que compiten por el poder y por lo mismo, las decisiones van escapando de las manos de unos pocos para ser compartidas progresivamente entre más.

Este fenómeno provoca un debate sobre las instituciones políticas, los partidos políticos, el debilitamiento de los Estados, pero más relevante aún para los efectos de este texto, cuestiona la forma de ejercer el poder, quiénes lo ejercen y los espacios en los cuales este es ejercido.

El presente texto revisa el surgimiento en la filosofía política y en la práctica política de una nueva concepción de igualdad ciudadana, que tiene diversas manifestaciones en los hechos: en primer lugar, se expresa en el rechazo a la idea de que las preferencias y los intereses sean llevados a la esfera de la deliberación únicamente por los partidos políticos y por los representantes que han sido elegidos para ello. En segundo lugar se manifiesta en una concepción de la ciudadanía en un sentido más amplio que el concepto clásico, que la consideraba como receptor de derechos. Se trata ahora de ciudadanos que demandan igualdad en todos los ámbitos, pero en uno en especial: la igualdad política. Ello equivale a la aspiración de igualdad en la distribución inicial de los bienes y de los derechos de los cuales pueden gozar o que pueden ser garantizados por el Estado; pero además, refiere a la aspiración de ser incluidos, de ser parte, en la deliberación y en la consecuente decisión de los asuntos de interés público. Desde la teoría política, se intenta revisar el debate sobre las bases de un ciudadano con nuevas características y atributos.

De esta manera, el presente texto sostiene que estamos frente a una concepción distinta de la igualdad del ciudadano, donde esta adopta una significación más amplia: es la igualdad política en un nuevo significado, con otra equivalencia, con otra forma de manifestarse y validarse, diversa del voto tradicional. Esta igualdad política se refiere a la implicación o imbricación de todos en el Gobierno o en el sistema político, lo que se ha entendido en el lenguaje tradicional republicano como el autogobierno, es decir, la participación ciudadana en la sociedad política.

No se trata de concebir a los ciudadanos solamente como personas morales, libres e iguales en la posesión de derechos o de potencialidades morales. Se trata de considerar a la persona también en relación con los valores políticos, es decir, aquellos valores que sólo se pueden realizar en sede política, en el ámbito del poder, en la inclusión de sus intereses en la suma política.

La crisis actual es opuesta a la crisis de la forma en que se ejercía la representación de los ciudadanos en el parlamento que ocurrió a principios del siglo xx y como consecuencia de la cual surgieron con fuerza los partidos políticos de masa. Los actores que han surgido en la esfera pública en las últimas décadas no buscan la representación tradicional a través de los partidos políticos sino que quieren manifestar sus intereses a través de otros mecanismos: surge una ciudadanía en su estado más natural, con distintos grados de organización, grupos difusos o latentes, con intereses diversos, más efímeros y circunstanciales.

Hay un hecho cierto: hoy la democracia no es simplemente la regla de la mayoría y la teoría de la democracia descansa cada vez más en el principio mayoritario moderado: la mayoría debe respetar los derechos y la libertad de las minorías. Por otro lado, los espacios de poder son cada vez más cuestionados, progresivamente van ingresando actores que ya no son liderados por las instituciones y grupos tradicionales; los actores que inciden e influyen han ido aumentando y representan intereses que no estaban incorporados dentro de los temas de debate público. Siguiendo la idea de Bobbio, la democracia ya no se mide por el número de personas que votan, sino por la extensión de las circunstancias o instancias en las cuales votan: «desde la escuela hasta la fábrica»². Hoy, los indicadores de democracia de los distintos organismos, no miden solo cuántos votan, sino también, quiénes votan y dónde votan, entendiendo el voto en el sentido más amplio posible.

Es en este contexto donde resulta pertinente preguntarse por las causas que pueden incidir en el escenario que describimos. Sostengo que un elemento esencial en esta materia es la evolución que ha experimentado el concepto de igualdad en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 50 años. Cabe preguntarse qué significa en nuestro actual contexto político, social y cultural que la igualdad exista, que exista para todos y cómo se relaciona esto con la crisis del concepto de representación y en consecuencia con los actuales conceptos de participación ciudadana.

Este libro entiende que presenciamos un fenómeno que sobrepasa el sistema tradicional representativo, que demanda nuevas maneras de formar consensos y de construir acuerdos distintos a las tradicionales, donde las preferencias buscan ser agregadas directamente por la ciudadanía y por la sociedad civil. El asunto cobra aún mayor relevancia cuando se refiere a aquellas personas y grupos que tradicionalmente han estado excluidos en el sistema político y social, puesto que en este ámbito no sólo se trata de la demanda por una forma distinta de hacer democracia, sino que se vincula con la posibilidad de la ciudadanía de ejercer los derechos que el sistema jurídico les reconoce, específicamente los derechos sociales y económicos que para estos grupos son de la mayor relevancia.

Se plantea que estamos frente a una forma distinta de entender el poder político, al poner a los ciudadanos en condiciones de igualdad política, buscando ser ejercido de una manera distinta, compartido por un mayor número de actores constituidos en una nueva forma de entender la ciudadanía y por tanto, derivando hacia una demanda por construir un nuevo diseño del sistema político. En este sentido, pareciera que no queda más que constatar que la oposición que se ha planteado entre el Estado y la sociedad civil, en la visión tradicional del contractualismo, ha ido perdiendo sentido y fundamento. En una estructura política donde las decisiones se formulan con la intervención de actores diferentes de los que han ocupado tradicionalmente ese rol en los sistemas representativos, no cabría sustentar una concepción de la sociedad fundada en el ciudadano esencialmente pasivo, receptor de derechos.

Con el objeto de sustentar lo anterior, el texto analiza la evolución que ha experimentado el concepto de participación ciudadana dentro de la historia de la teoría política, sin pretender hacer una revisión exhaustiva de las posiciones teóricas sobre el tema, sino que analizar algunos momentos y posiciones que resultan relevantes para entender la evolución del tema y la posición que adopta este texto. Tampoco se pretende proponer formas de arreglos institucionales para avanzar en esta línea. Fundamentalmente se trata de analizar la evolución que ha ido adoptando el concepto de ciudadanía en su acepción política, para así entender la forma que actualmente adquiere la participación ciudadana.

En el contexto señalado se analizan aspectos que entendemos deben ser tratados en forma conjunta: la crisis del sistema representativo entendida como falta de justificación del mismo, la igualdad de los ciudadanos entendida en su aspecto político y el significado que adquiere la participación ciudadana dentro de este contexto.

El texto termina describiendo lo que podemos entender por un concepto actualizado de la participación ciudadana, el cual no sólo se enfoca en el campo de lo que es justo y ético en un proceso de negociación de intereses privados, sino que en relación a los intereses públicos, a las demandas de reconocimiento público. El ciudadano no puede estar concebido únicamente en relación a la posesión de derechos o potencialidades morales, sino que además en la igualdad política que se manifiesta en diversas formas de carácter político.

1 Concepto que será desarrollado más adelante, refiriéndonos a la intervención, sin intermediarios, de la ciudadanía en los asuntos de interés público. En el significado menos radical del concepto, entendemos por tal la incidencia e intervención de la sociedad civil en los asuntos de interés público.

2 Bobbio, N. El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México D.F, 2001, p. 63.

I. Igualdad política

Hoy presenciamos un incipiente pero creciente proceso de democratización, entendiendo por tal la incorporación de actores pertenecientes a la sociedad civil, en espacios que tradicionalmente son dominados por organizaciones de tipo jerárquico o burocrático, tales como los partidos políticos, los sindicatos y la gestión pública. El reordenamiento de las fuerzas de la sociedad, la forma como se toman las decisiones, la agrupación en organizaciones instrumentales para fines específicos y el poder de las comunicaciones no sólo en lo que respecta a su rapidez sino que también en lo referente al uso masivo de las mismas, lleva a preguntarse por el cambio en la forma tradicional de entender la igualdad política. Una igualdad política en el contexto actual, supone que los intereses de cada individuo gozan de la misma importancia y consideración, lo cual trae consigo una serie de cambios o demandas en relación al sistema político, siendo la más relevante la constatación de una nueva forma de constituir el poder. Frente a ello es procedente cuestionarse si el sistema político es esencialmente el mismo o si estamos frente a un cambio en el tipo de democracia.

Por tanto, resulta oportuno preguntarse si realmente estamos frente a un modo distinto de ejercicio del poder. ¿Quiénes actúan como contraparte del Estado? ¿Son solo los representantes de la ciudadanía, personificados en los integrantes de los parlamentos y autoridades formalmente electas o designadas?

Ciertamente que una contraparte esencial del Estado está constituido por los representantes que la misma ciudadanía elige. Sin embargo, las elecciones más allá de representar el método democrático para designar a los representantes del pueblo y constituir una técnica de designación de los representantes, pueden no tener contenido democrático alguno, como por ejemplo la designación de representantes mediante sucesión, por oficio o por nombramiento. En este caso, las elecciones ni siquiera se pueden vincular con la existencia de las democracias. Ejemplos son el caso de Portugal bajo Salazar o Paraguay bajo Stroessner.

Por otra parte, la regla de la mayoría³ resulta ser una regla aparentemente irracional puesto que confía a un criterio cuantitativo una elección o decisión que es eminentemente cualitativa. Los argumentos que la justifican estiman que la regla permite, mejor que cualquier otra, el cumplimiento de algunos valores fundamentales como la libertad y la igualdad. Este es el clásico argumento de los escritores democráticos y consideran la regla de la mayoría como una característica especial aunque no exclusiva de la democracia como forma de gobierno.

La democracia en su actual forma representativa comienza a ser cuestionada en forma progresiva, restándosele validez y legitimidad, produciéndose la siguiente paradoja: a mayor extensión de la democracia, mayor es el descontento. Tamaña paradoja requiere de una explicación que es difícil de encontrar y que el presente texto no pretende solucionar. Sin embargo, en forma paralela a este cuestionamiento, surge un nuevo modo de agregar demandas e intereses que es lo que nos interesa esclarecer. En la medida que los sistemas políticos que han sido tradicionalmente autoritarios son presionados para que escuchen la voz de los ciudadanos, y que tímidamente van avanzando en medidas dirigidas a lograr una mayor democratización, es posible comprobar la ocurrencia del fenómeno del descontento progresivo con el sistema, una consecuencia difícil de explicar, puesto que es en ese contexto cuando se producen demandas de mayor democratización. Es decir, se abre un proceso de mayor demanda de democracia difícil de visualizar en sus límites. Sin embargo, no podemos afirmar que este proceso equivale a un desborde social, sino más bien, debe vincularse a un proceso de mayor conciencia de la ciudadanía de los derechos que tienen en relación a sus necesidades e intereses y del rol que les cabe en la sociedad, frente a lo cual al Estado, y al conjunto de la sociedad, sólo les cabe abrir los espacios para acoger esta demanda y evitar el desborde institucional que lleve a una situación de descontrol social. De este modo, por un lado se puede pensar en procesos de agitación social cuando movimientos sociales demandan al Gobierno mayor injerencia en los asuntos públicos, como puede ser el caso de algunos períodos históricos en Brasil, Bolivia o Perú. Por otro lado, también puede tenerse como marco de referencia países europeos donde los procesos de progresivo aumento de la participación ciudadana han sido conducidos con éxito, siempre dentro de canales institucionales especialmente creados al efecto, y donde el régimen político no es cuestionado en su legitimidad, como es el caso de Gran Bretaña, España, Italia y especialmente Suiza.

Hoy no cabe esperar que el Estado sea un agente unificador para la vida de la sociedad y la diversidad de sus actores.