Manual de Derecho y sociedad en América Latina

Por Rachel Sieder, Karina Ansolabehere y Tatiana Alfonso

Una comprensión del derecho y su eficacia en América Latina exige conceptos distintos a las nociones hegemónicas de ""estado de derecho"" que han dominado los debates sobre el derecho, la política y la sociedad, y que reconozcan la diversidad de situaciones y contextos que caracterizan a la región.
El Manual de derecho y sociedad en América Latina presenta un análisis de vanguardia de las áreas centrales de investigación teóricas y aplicadas en los estudios sociojurídicos en la región por figuras destacadas en el estudio del derecho y la sociedad de América Latina, América del Norte y Europa. Los autores sostienen que los estudios sobre América Latina han hecho contribuciones vitales a debates teóricos y metodológicos emergentes y de larga data sobre la relación entre el derecho y la sociedad.
Los temas clave examinados incluyen: la brecha entre la ley escrita y la ley en acción; las implicaciones del pluralismo jurídico y la globalización jurídica; los legados de las experiencias de justicia transicional; formas emergentes de movilización sociojurídica y política; y debates sobre la relación entre lo legal y lo ilegal.
El Manual de Derecho y Sociedad en América Latina establece nuevas agendas de investigación para estudios sociojurídicos interdisciplinarios y será de interés para quienes estudian derecho, sociología del derecho, política latinoamericana comparada, antropología jurídica y estudios de desarrollo.

• Idioma: Español
• Editorial: Siglo del Hombre Editores
• Fecha de lanzamiento: 23 ago 2024
• ISBN: 9789586658331

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Manual de derecho y sociedad en América Latina

Biblioteca universitaria

Ciencias Sociales y Humanidades

Colección

Derecho y Sociedad

Director

Libardo José Ariza Higuera

Universidad de los Andes/Facultad de Derecho

Bogotá, Colombia

Manual de derecho y sociedad en América Latina

Rachel Sieder

Karina Ansolabehere

Tatiana Alfonso

Editoras

David Ricardo Luna Vinueza

Traductor

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Sieder, Rachel, autora

Manual de derecho y sociedad en América Latina / Rachel Sieder [y otros] ; editoras, Rachel Sieder, Karina Ansolabehere, Tatiana Alfonso ; traductor David Ricardo Luna Vinueza. -- Bogotá : Siglo Editorial : Universidad de los Andes : Universidad del Rosario : Dejusticia, 2024.

páginas. -- (Biblioteca universitaria Ciencias Sociales y Humanidades. Derecho y sociedad)

Título original: Routledge Handbook of Law and Society in Latin America -- Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

ISBN 978-958-665-831-7 (impreso) -- 978-958-665-832-4 (pdf) -- 978-958-665-833-1 (epub)

1. Derecho - América Latina - Manuales 2. Instituciones públicas - América Latina - Manuales 3. Movimientos sociales - América Latina - Manuales 4. América Latina - Derecho constitucional - Manuales 5. América Latina - Política y gobierno - Manuales I. Ansolabehere, Karina, editora II. Alfonso, Tatiana, editora III. Luna Vinueza, David Ricardo, traductor

CDD: 349.8 ed. 23

CO-BoBN-00045

---

Traducción del Routledge Handbook of Law and Society in Latin America,

publicado en inglés en 2019 por Routledge, Nueva York

La presente edición, 2024

© Rachel Sieder, Karina Ansolabehere y Tatiana Alfonso, editores

© David Ricardo Luna Vinueza, traductor

© Siglo del Hombre Editores S.A.

Siglo Editorial

Carrera 31A n.° 25B-50, Bogotá, D. C.

pbx: 601 337 77 00

http://libreriasiglo.com

© Universidad de los Andes-Facultad de Derecho | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia

Cra. 1 n.° 18A-10, Bogotá, D. C.

pbx: 601 339 49 49, ext. 2382

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© Editorial Universidad del Rosario

Calle 12C n.° 8-40, piso 8, Bogotá, D. C.

Tel.: [phone], ext. 3113

https://editorial.urosario.edu.co

Imagen de portada de

Juan Pablo Velasco. El título de la imagen es: Promesas

Diseño de carátula

Alejandro Ospina

Diseño de la colección, armada electrónica y desarrollo de ePub

Precolombi eu-David Reyes

isbn: 978-958-665-831-7

isbn epub: 978-958-665-833-1

isbn pdf: 978-958-665-832-4

doi: http://dx.doi.org/10.51573/Andes.9789586658317.9789586658324

Hecho en Colombia-Made in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Contenido

Agradecimientos

Lista de recusos gráficos

Derecho y sociedad en América Latina Una introducción

Rachel Sieder, Karina Ansolabehere y Tatiana Alfonso

Momentos clave en el estudio del derecho en acción en la academia latinoamericana de derecho y sociedad

Tendencias contemporáneas en los estudios sobre derecho y sociedad en América Latina

Estructura del libro

Reflexiones finales

Referencias

Parte I

Derecho, política y sociedad

Capítulo 1. Las contribuciones latinoamericanas al constitucionalismo

Roberto Gargarella,

Introducción

Constitucionalismo experimental (1810-1850)

El período fundacional y la consolidación del (hiper)presidencialismo (1851-1917)

La era del constitucionalismo social (1917-1950)

Del antipresidencialismo a los derechos humanos (1980-2000)

Derechos multiculturales y derechos indígenas. Constitucionalismo en el siglo xxi

Conclusiones

Referencias

Capítulo 2. Estado y derecho en América Latina Una valoración crítica

Lisa Hilbink y Janice Gallagher

Introducción

Fuentes institucionales y barreras para la efectividad legal

Diseño institucional

Fuentes y barreras de la reforma institucional

Explicaciones de la conducta judicial

El arraigo del derecho y los tribunales

La movilización social por una mayor respuesta legal

El lugar de la sociedad civil en la promoción de la rendición de cuentas y la fijación de las agendas

La presión transnacional por la responsabilidad judicial

Las instituciones y procesos jurídicos estatales frente a las alternativas de la sociedad civil

Conclusiones

Referencias

Capítulo 3. Pluralismo jurídico y soberanías fragmentadasLegalidad e ilegalidad en América Latina

Rachel Sieder

Pluralismo jurídico y legalidades subalternas en América Latina

Estados jurídicamente plurales: de facto a de jure

Estudios sobre el pluralismo jurídico y el derecho indígena

Legalidad, ilegalidad y constelaciones plurales de gobierno

Formas plurales de gobierno: soberanías fragmentadas y traslapadas

Conclusiones

Referencias

Capítulo 4. La cultura del incumplimiento de reglas en América Latina

Mauricio García-Villegas

Perspectivas del incumplimiento en América Latina

Desobediencia estratégica

Desobediencia política

Desobediencia contextual

Conclusiones

Referencias

Capítulo 5. Derecho y violencia en América Latina

Julieta Lemaitre

Introducción

Civilización o barbarie

La inversión socialista de los términos

La Guerra Fría

El nuevo constitucionalismo y los nuevos bárbaros

Estudios sociojurídicos en contextos violentos

Conclusiones

Referencias

Capítulo 6. Etnografía, burocracias y conocimiento jurídico en las instituciones estatales latinoamericanasLas dimensiones materiales y técnicas del derecho

Leticia Barrera y Sergio Latorre

Introducción

El Estado y sus espectros: viejas preguntas y problemas emergentes

El derecho en los libros vs. el derecho en acción. Los tecnicismos jurídicos que se encuentran en esa brecha

Los archivos jurídicos como espacios de saber, agencia y autoridad

Las tecnologías jurídicas: relaciones de propiedad, saber jurídico y burocracia

Conclusiones: la compartimentación de la política y los instrumentos jurídicos en el ámbito del Estado

Referencias

Capítulo 7. Teoría jurídica feminista en América LatinaUna aproximación a múltiples formas de subordinación

Isabel C. Jaramillo Sierra

Esclavas de los esclavos: la reforma legal como estrategia en el feminismo solidarista

Feminismo radical a lo latinoamericana: los derechos humanos como significantes totales

Feminismo político: el análisis distributivo y la posibilidad de tomarnos un descanso del feminismo

Temas para una nueva agenda

Conclusiones

Referencias

Capítulo 8. Pueblos afrodescendientes, derecho y raza en América Latina

Tanya Katerí Hernández

Los límites de las reformas constitucionales multiculturales

Los límites del énfasis en el derecho penal para reparar las acciones discriminatorias

Reparaciones y acción afirmativa

La resistencia de los sistemas jurídicos a la aplicación de las leyes contra la discriminación: el caso de la violencia racial

Referencias

Capítulo 9. Una agenda para los proyectos de derecho y desarrollo en América Latina

Pedro Fortes

Más allá de la autoalienación

La educación legal y la profesión jurídica

Las enseñanzas de los estudios de derecho y desarrollo

Constitucionalismo, Estado de derecho y democracia

Mercados regulados, regímenes proteccionistas y desarrollo industrial

Conclusiones: concepciones de desarrollo e indicadores jurídicos

Referencias

Capítulo 10. Perspectivas marxistas sobre el derecho y el Estado en América Latina

Carlos Rivera Lugo

Las dos caras de la crisis actual

El nudo gordiano de la transición a una nueva sociedad

La normatividad de lo real del marxismo

Sobre la aparente autonomía relativa del Estado y el derecho

El impulso normativo alternativo de la forma comunal

El espectro del comunismo normativo

Referencias

Parte II

Nuevos modelos constitucionales y diseño institucional

Capítulo 11. Política judicial en América Latina

Juan F. González Bertomeu

Introducción

Conceptos

Empoderamiento

México

Toma de decisiones

Actitudes

Estrategias

Prudencia vs. asertividad

La utilidad de los jueces

La toma de decisiones y el derecho

El reinado de las altas cortes

El derecho

Factores ideacionales

Activación y cumplimiento

Conclusiones

Referencias

América Latina

Otros

Capítulo 12. Cortes Supremas y Cortes ConstitucionalesTendencias en el ámbito de la justicia constitucional

Francisca Pou Giménez

Introducción

El diseño institucional: una nueva mirada al mosaico

Las cortes latinoamericanas y la gente: la construcción de la legitimidad a través de la acción social y judicial

Las cortes latinoamericanas y sus pares: la comunidad judicial

Decisiones constitucionales, eficacia y transformación social

Conclusiones

Referencias

Capítulo 13. Las fiscalías en América Latina

Verónica Michel

¿Qué hay en un nombre? Los orígenes de los órganos fiscales en América Latina

Los órganos fiscales en la América Latina contemporánea

La importancia de los órganos fiscales

El impacto de las fiscalías sobre el Estado de derecho

Cuando todo falla, ¿cómo hacer que los fiscales rindan cuentas?

Comentarios finales y sugerencias para investigaciones futuras

Referencias

Capítulo 14. Las defensorías del pueblo en América Latina

Fredrik Uggla

La historia de las defensorías del pueblo en América Latina

¿Qué es la Defensoría del Pueblo?

La estructura de la Defensoría del Pueblo

¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?

Trabajo de protección

Promoción de los derechos humanos

Las defensorías del pueblo en la sociedad

Debates alrededor de las defensorías del pueblo

Cumplimiento y eficacia

Contribución

Temas para las futuras investigaciones

Conclusiones

Referencias

Capítulo 15. Captura de prisionerosBienestar, guerra jurídica y conflicto en las hacinadas cárceles latinoamericanas

Fiona Macaulay

Introducción

Las prisiones y los estudios sociojurídicos latinoamericanos

Captura de prisioneros por parte del Estado

El bienestar, la guerra jurídica y el conflicto

Detención preventiva ilegal

La discrecionalidad de los actores judiciales y burocráticos

La captura del espacio carcelario por parte de los presos

Conclusiones

Referencias

Capítulo 16. Los desafíos de la reforma policial en América Latina

Lucía Dammert

Introducción

La policía en América Latina

El populismo punitivo

Las reformas policiales

Modernización institucional

La militarización del trabajo policial

La creciente participación del sector privado en la provisión de seguridad

Reformas con resultados limitados

Las agendas futuras de investigación

Referencias

Páginas web

Capítulo 17. Profesionales del derecho en América Latina en el siglo xxi

Manuel A. Gómez

I. La influencia de los profesionales del derecho latinoamericanos

II. Profesionales del derecho en América Latina: Una definición plagada de obstáculos

III. Redibujando el paisaje de los profesionales del derecho en América Latina

Juristas académicos como profesionales del derecho

Estudiantes como profesionales del derecho

Abogados como profesionales del derecho

IV. Conclusión

Referencias

Capítulo 18. Las instituciones jurídicas como arenas para la promoción de los derechos humanos

Karina Ansolabehere

Introducción: las instituciones jurídicas como arenas para promover los derechos humanos

Los poderes judiciales como arenas para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos

Las condiciones que hicieron posible delimitar la arena: la recepción del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los poderes judiciales nacionales

Las consecuencias de la transformación de los poderes judiciales en arenas para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos

Las instituciones jurídicas y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos

¿Por qué fueron posibles los juicios? La creación de la arena

Las consecuencias de la arena: los efectos de los juicios de derechos humanos

Las instituciones jurídicas como arenas para la justicia social

Las condiciones que hacen posible la arena: la justiciabilidad de los derechos sociales

El funcionamiento de la arena: ¿cuánto contribuye a la judicialización de la transformación social?

Las lecciones de las tres agendas de investigación

Conclusiones

Referencias

Capítulo 19. Desglobalización y sistemas regionales de derechos humanos

Alexandra Huneeus

Los derechos humanos en la Guerra Fría y en la época de las dictaduras (1948-1990)

Globalización, democratización, judicialización (1990-2016)

Derechos humanos, nacionalismo y desglobalización (2017 en adelante)

Conclusiones

Referencias

Parte III

Derecho y movimientos sociales

Capítulo 20. La judicialización de la política en América Latina

Bruce M. Wilson y Camila Gianella

Introducción

La judicialización de la política

Explicaciones sobre el despertar de las altas cortes latinoamericanas

El lugar de la política en las cortes: pesos y contrapesos de la judicialización

El litigio en torno al derecho a la salud

El litigio en torno a los derechos sociales, económicos y culturales

El litigio en torno a los derechos

lgbti

Reacción

Conclusiones

Referencias

Capítulo 21. La sociedad, el Estado y el reconocimiento del derecho a la identidad de género

Laura Saldivia Menajovsky

Introducción

Sobre la Ley dig y algunas de sus insubordinaciones

El camino hacia el reconocimiento del derecho a la identidad de género

La identidad de género en América Latina

El carácter democrático del reconocimiento de los derechos lgbt

Reflexiones finales

Referencias

Constituciones

Páginas web

Capítulo 22. Derecho, género y movimientos sociales en América LatinaNegociaciones morales y victorias desiguales en la movilización legal feminista

Marta Rodriguez de Assis Machado, Ana Luiza Villela de Viana Bandeira y Fernanda Emy Matsuda

Movilización legal, encuadres, y política cultural

Dos subcampos de la movilización feminista: la violencia doméstica y el aborto

Una pendiente resbaladiza: de la protección a la mujer a la protección a la familia

El aborto: los usos contrapuestos del marco de la familia y el marco de protección

Conclusiones: encuadres, negociaciones estratégicas y ambivalencias

Referencias

Capítulo 23. La justicia transicional y la persecución de las graves violaciones de derechos humanos en América Latina

Elena Martínez Barahona y Martha Gutiérrez

Introducción

Tipos de transición y mecanismos de justicia transicional

El desarrollo de los estudios sobre justicia transicional en América Latina

1. Los dilemas de la transición

2. Justicia transicional, democracia y derechos humanos

3. La búsqueda de explicaciones

4. La contribución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Justicia Transicional

5. Justicia transicional y género

Los desafíos de los estudios sobre justicia transicional

Conclusiones

Referencias

Parte IV

Temas emergentes

Capítulo 24. La regulación urbanística y las ciudades latinoamericanas

Rodrigo Meneses Reyes

La regulación de los espacios residenciales urbanos

La regulación de las calles

Conclusiones

Referencias

Capítulo 25. Territorios de la propiedadPerspectivas sociojurídicas desde América Latina

Tatiana Alfonso

Introducción

El primer territorio: derecho, desarrollo y derechos de propiedad

El segundo territorio: la dicotomía formalidad-informalidad

El tercer territorio: no es informalidad; es un sentido diferente de la propiedad

El cuarto territorio: la propiedad como un espacio y una institución liminar en medio de la globalización económica

Los derechos territoriales colectivos como una herramienta de redistribución en medio de la violencia jurídica sobre los derechos de propiedad

Territorios fragmentados y lagunas empíricas: pistas para futura agendas de investigación

Referencias

Capítulo 26. Los nuevos desafíos de la legalidad y la justicia en América LatinaLa corrupción y el crimen organizado

Linn Hammergren

Lo que sabemos sobre las nuevas tendencias del crimen y la corrupción

Cómo han abordado estos temas las investigaciones sobre América Latina

Los impactos de la corrupción y el crimen organizado sobre la legalidad, el buen gobierno y la justicia: las nuevas agendas de investigación

Referencias

Páginas web y bases de datos digitales

Capítulo 27. El nuevo militarismo y el Estado de derecho en las democracias latinoamericanas

Julio Ríos-Figueroa

Las fuerzas armadas en las constituciones y en los Gobiernos

La jurisdicción militar

La supervisión judicial de las fuerzas armadas

Conclusiones

Referencias

Constituciones

Documentos jurídicos

Capítulo 28. Drogas y derecho en América LatinaLos costos jurídicos, institucionales y sociales de la política de drogas

Alejandro Madrazo Lajous y Catalina Pérez Correa

Introducción

El régimen jurídico de las drogas en América Latina: la criminalización de los usuarios, la centralización y los regímenes excepcionales

Las leyes y las instituciones de la política de drogas en la práctica

Los esfuerzos para reducir la oferta

La criminalización de los usuarios de drogas: el derecho penal como primera respuesta

Las leyes en materia de drogas y el uso de las cárceles

La prohibición de las drogas y las mujeres

Las violaciones al debido proceso y la aplicación selectiva de la legislación sobre drogas

Conclusiones

Referencias

Índice

Sobre los autores

AGRADECIMIENTOS

La traducción de este libro al español fue posible gracias al apoyo económico de LawTransform, el Centro para el Derecho y Transformación Social y el Chr. Michelsen Institute, de Bergen, Noruega, y el Consejo Noruego de Investigación. Las editoras agradecen a la profesora Siri Gloppen, directora de LawTransform, por su apoyo constante para este proyecto editorial. También agradecen a David Ricardo Luna Vinueza, por su excelente traducción al español, y a Magnolia Prada Rivas, de la Universidad de los Andes, por su apoyo con el proceso editorial.

LISTA DE RECURSOS GRÁFICOS

Gráfico 8.1. El derecho como un fenómeno cultural complejo

Gráfico 17.1 Porcentaje que está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas deben combatir el crimen, 2014

Gráfico 28.1. Participación de los militares en el Gobierno, 1978-2013

Gráfico 28.2. Alcance de jure de la jurisdicción militar, 1978-2013

Tabla 8.1. Esclavas de las esclavas

Tabla 14.1. Comparación de los sistemas inquisitivos y acusatorios

Tabla 14.2. Diversidad en el diseño institucional de los órganos fiscales latinoamericanos

Tabla 14.3. Fallas sistémicas de la justicia penal en la etapa de instrucción

Tabla 15.1. Nombre, fecha de creación y estatus ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (cic) (2014) de las defensorías del pueblo latinoamericanas

Tabla 15.2. Derechos y temas más frecuentes en las quejas que reciben las defensorías latinoamericanas (porcentajes entre paréntesis)

Tabla 15.3. Confianza popular (en una escala de 1-7) en la Defensoría del Pueblo, el sistema judicial y la Policía Nacional (desviaciones estándar entre paréntesis)

Tabla 15.4. Explicaciones para la confianza en la Defensoría del Pueblo. Los datos son coeficientes no estandarizados de una regresión lineal múltiple (desviaciones estándar entre paréntesis)

Tabla 16.1. Niveles y tasas de encarcelamiento en América Latina, 1992-2017

Tabla 19.1 Tensiones y desafíos de los poderes judiciales como escenarios para la promoción de los derechos humanos

Tabla 21.1. Ejemplos de estudios que analizan la judicialización de la política en América Latina

Tabla 23.1. Variaciones entre los mecanismos de justicia transicional

Tabla 29.1. Tipificación del consumo o posesión de sustancias ilícitas

Tabla 29.2. Número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas, porcentaje de personas encarceladas por delitos de drogas en la población carcelaria total, aumento del encarcelamiento por delitos de drogas y aumento de la población carcelaria total

Tabla 29.3. Malos tratos por tipo de delito

Derecho y sociedad en América Latina

Una introducción

*

Rachel Sieder, Karina Ansolabehere y Tatiana Alfonso

Las investigaciones sobre derecho y sociedad en América Latina comparten con los estudios de otras regiones la preocupación por la relación entre el derecho (entendido en términos generales como normas, instituciones y prácticas) y los patrones de desarrollo a largo plazo, el ambiente político, las formas institucionales y las especificidades culturales. Sin embargo, como argumentamos en esta introducción, aunque es imposible caracterizar una región tan diversa, podemos delimitar los contornos distintivos de la investigación sociojurídica en América Latina a partir de los cambios que tuvieron lugar en la academia sociojurídica y a partir de la identificación de coyunturas políticas e históricas claves¹. Como era de esperar, los estudios sobre derecho y sociedad a finales del siglo xx estuvieron marcados por los cambios en la historia política de la región: desde el optimismo que generaban los trasplantes jurídicos durante el período de la Alianza para el Progreso, pasando por el pesimismo durante los años de dictaduras en los que se consolidaron regímenes jurídicos autoritarios, hasta el papel que han jugado los derechos humanos y las reformas constitucionales en los contextos de transición a la democracia. Recientemente, los estudios se han concentrado en temas como la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la relación entre el derecho, las instituciones jurídicas y el cambio social, o la judicialización de la corrupción gubernamental, que ha llevado a fuertes confrontaciones entre las ramas del poder público en muchos países de la región.

Aunque es más pequeña y está menos institucionalizada que la academia sociojurídica estadounidense y europea, la academia sociojurídica latinoamericana también se ha desarrollado durante las últimas décadas. Sus miembros tienden a involucrarse de forma más directa en las iniciativas que buscan un cambio social progresista a través del derecho dentro de sus países (y cada vez más en toda la región). La academia latinoamericana también se caracteriza por un alto grado de heterogeneidad metodológica, así como por los diálogos interdisciplinarios entre el derecho, la filosofía del derecho, la sociología, la ciencia política, la historia, la antropología y los estudios culturales. En comparación con Estados Unidos y Europa, se llevan a cabo menos investigaciones cuantitativas de gran escala como resultado de las limitaciones en la financiación y la relativa falta de expertos en análisis jurídicos cuantitativos interregionales². A pesar de que la división entre los enfoques marxistas y liberales no ha estado presente en la historia de los estudios de derecho y sociedad en América Latina, las investigaciones sociojurídicas empíricas se desarrollan alrededor de temas o problemas concretos, en lugar de partir de tendencias teóricas o metodológicas específicas (como sucede con sus contrapartes europeas y estadounidenses); por ejemplo, la discriminación de género o la violencia policial han sido objeto de numerosos estudios en los últimos años. Los enfoques multidisciplinarios, que incluyen análisis históricos, teórico-jurídicos, etnográficos e institucionales, son cada vez más una característica estándar de estos estudios. Este libro tiene como objetivo mapear los contornos emergentes de la investigación de derecho y sociedad en América Latina y sostiene que comprender cómo se ha estudiado el derecho en la región puede contribuir a una comprensión más amplia del derecho.

Derecho y sociedad es un campo de estudio con fronteras móviles; por esa razón, cualquier intento de definir sus límites y contornos es una empresa intrincada y controversial. En Estados Unidos y Europa las trayectorias históricas del desarrollo del campo han estado asociadas a algunas organizaciones, universidades y centros de investigación, tales como la Law and Society Association en Estados Unidos³, la University of Wisconsin, el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati en el País Vasco⁴, el Center for Social Studies (ces) en Coimbra y programas de derechos humanos en el Institute of Latin American Studies en Londres o el Chr. Michelsen Institute en Noruega. Por el contrario, en América Latina el campo no ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de organizaciones particulares, aunque, como señalamos en esta introducción, una diversidad de instituciones en diferentes países ha jugado un papel clave en su formación en distintos momentos⁵.

Usamos dos criterios para identificar el campo de los estudios de derecho y sociedad en América Latina. El primero es pragmático: América Latina como lugar de interés y lugar de producción de los estudios. El segundo criterio pretende superar el hecho de que los contornos del campo son difusos en la región, principalmente porque no existe una asociación o publicación que articule la producción académica. De ese modo, consideramos que hacen parte del campo los estudios que comparten un interés por el derecho en acción. Más allá de perspectivas metodológicas o teóricas específicas, esto es lo que define los estudios de derecho y sociedad en la región. Así, contribuciones muy diferentes comparten la preocupación por entender cómo funciona el derecho en la práctica: cómo diferentes grupos lo representan e imaginan, las distintas formas en que el derecho se usa y se invoca, y los efectos que produce. Como consecuencia de estos dos puntos de partida, y en contraste con intentos anteriores de examinar el campo de los estudios sociojurídicos en la región (véase la importante contribución de García Villegas y Rodríguez Garavito 2003), no intentamos caracterizar el derecho o el derecho y la sociedad en América Latina. La diversidad de trayectorias legales, sociales y políticas de 17 países hace que esta sea una tarea inabarcable y, en última instancia, con un poder analítico limitado, pues muchas características del derecho (entendido como una construcción social) en América Latina ahora son comunes al derecho en todas partes. Aunque uno de nuestros puntos de partida es la profunda brecha entre el derecho en acción y el derecho en los libros en toda la región, no podemos dejar de destacar que la idea de que las normas jurídicas regulan de hecho la vida social o pueden llegar a hacerlo es cuestionada en la mayoría de los estudios sociojurídicos. Adicionalmente, no solo en el Sur Global, sino en todo el Globo se desdibujan las fronteras entre lo legal y lo ilegal (Comaroff y Comaroff 2006, 2016). América Latina ha sido caracterizada por mucho tiempo como una región que fetichiza la ley al otorgarle un gran poder simbólico, al mismo tiempo que ofrece el panorama de un Estado de derecho débil o incluso de ausencia de ley. Ahora bien, incluso si estas características estuvieran presentes de manera uniforme en toda la región, actualmente parecen definir las realidades sociojurídicas en la mayor parte del mundo.

Dada la diversidad antes mencionada, nuestra revisión es necesariamente parcial. Por lo tanto, en esta revisión pretendemos mapear las tendencias. Las tendencias que identificamos no son factores causales, sino el producto de un contexto histórico compartido específico, el cual está definido por dos elementos. El primero de ellos es la superposición de nuevas realidades constitucionales, el pluralismo jurídico, la espiral de violencia y el aumento de la importancia de las narrativas de derechos humanos. El segundo consiste en la consolidación tanto en América Latina como fuera de ella de una academia sociojurídica cada vez más profesionalizada y conectada internacionalmente. Esto se traduce en una agenda en la cual el interés clásico por la eficacia simbólica del derecho se combina con una preocupación por las instituciones jurídicas y las convergencias entre legalidad e ilegalidad en una región con desigualdades socioeconómicas, raciales y de género agudas y duraderas. ¿Qué procesos históricos de formación del Estado explican las violaciones persistentes de los derechos humanos y los niveles extremadamente altos de violencia? ¿Cuál es el papel del derecho y las instituciones jurídicas en perpetuar o transformar estos patrones? ¿Es posible hacer valer nuevos derechos constitucionales de tal manera que alteren patrones históricos arraigados de desigualdad socioeconómica y racial? Estas preguntas han sido el núcleo de la reciente expansión de las investigaciones sociojurídicas en América Latina, la cual ha tomado forma gracias a la tensión entre la imperfección e indeterminación de la ley y las instituciones jurídicas, por un lado, y el uso cada vez mayor de esas instituciones por parte de una gran gama de actores, por el otro.

En el siguiente apartado mostramos los momentos clave en el desarrollo de los estudios de derecho y sociedad en la región y trazamos sus principales focos temáticos y perspectivas. Como mostraremos, el campo se ha vuelto más complejo y rico en los últimos años, y se caracteriza actualmente por una gran diversidad de temas y una masa crítica de estudios sobre problemas específicos.

Momentos clave en el estudio del derecho en acción en la academia latinoamericana de derecho y sociedad

Aunque no es fácil identificar todos los estudios sobre el derecho en acción en América Latina, existe un consenso en la literatura que indica que el movimiento de Derecho y Desarrollo, vinculado a la Alianza para el Progreso en la década de los sesenta del siglo pasado, marcó el punto de partida de un interés creciente en el vínculo entre el derecho y el cambio social en la región (García Villegas y Rodríguez Garavito 2003). Un camino largo se ha recorrido desde ese momento; podemos identificar cambios a largo plazo en las perspectivas que signaron estas preocupaciones. En primer lugar, se pasó de pensar en el derecho en acción como el incumplimiento o la falta de cumplimiento de unas normas jurídicas susceptibles de t­ransformación por medio de reformas ­apropiadas a pensarlo como un proceso complejo en el que la brecha entre el derecho en acción y el derecho en los libros es una característica ­constitutiva del derecho mismo. Este cambio en la ­perspectiva también ha permitido reconocer que los efectos benevolentes de las reformas judiciales dependen de una multitud de procesos jurídicos, políticos y sociales. En segundo lugar, las investigaciones se han alejado de los enfoques que conciben al Estado como un actor unificado y homogéneo para abrazar una comprensión en la que se lo piensa como un espacio fragmentado que contiene múltiples legalidades y poderes. En tercer lugar, mientras en los años sesenta se pensaba que la producción del derecho estaba centrada en el Estado, con el tiempo ha sido entendida como un fenómeno cada vez más internacional y subnacional que involucra, por un lado, diferentes dinámicas entre las estructuras estatales formales, los organismos internacionales y una gran variedad de actores políticos y sociales y, por el otro, procesos de disputa que ocurren en diferentes escalas espaciales. Además, podemos observar que la academia se ha vuelto más robusta a medida que aumentan tanto el número de estudios realizados por académicos que trabajan en América Latina y fuera de la región como los vínculos entre ellos. Temáticamente, el campo de estudio en sí también se ha ampliado: el derecho en general, los profesionales del derecho y la reforma legal ya no están en el centro del análisis y las agendas más específicas se han multiplicado. Podemos mencionar como ejemplos los diferentes estudios relacionados con la movilización legal en torno a una variedad de temas o el crecimiento de las investigaciones sobre actores e instituciones judiciales. A continuación presentamos una breve descripción general de los momentos y temas clave.

Los orígenes de la preocupación por el derecho en acción en América Latina se remontan a la década de los sesenta con el surgimiento del movimiento de Derecho y Desarrollo (Trubek y Santos 2006). Este movimiento, que estaba comprometido con modernizar los países considerados subdesarrollados, entendió al derecho como una herramienta privilegiada para transformar lo tradicional en moderno; en particular, los trasplantes jurídicos y la reforma de la profesión jurídica eran el núcleo de la transformación que promovían. De este modo, el Estado (concebido como una entidad unitaria) tendría las herramientas necesarias para lograr el desarrollo económico y la modernización política. Las categorías binarias tradición/modernidad y cumplimiento/incumplimiento de normas y leyes constituyeron el marco analítico de un movimiento cuyo objetivo central era establecer los fundamentos jurídicos del Estado desarrollista a través de medidas como las reformas agrarias, entre otros ejemplos. Los estudios críticos que cuestionaron la supuesta relación entre las reformas legales, la profesión jurídica y su influencia en el desarrollo fueron realizados en gran parte fuera de América Latina, específicamente por los fundadores del movimiento de Derecho y Sociedad en Estados Unidos, David Trubek y Marc Galanter (1974).

Otro momento importante en la evolución temática de las perspectivas sobre el derecho en acción en América Latina estuvo relacionado con el surgimiento de regímenes autoritarios desarrollistas. Las influyentes publicaciones de Guillermo O’Donnell Modernización y autoritarismo (1972) y El Estado burocrático autoritario (1982) cuestionaron la relación entre democracia y desarrollo que asumía la teoría de la modernización (que era el paradigma que sustentaba el movimiento de Derecho y Desarrollo) y se centraron en las formas de dominación estatal que se creaban para restringir la participación política popular en favor de los intereses económicos. Estos estudios postularon que tales tendencias eran constitutivas de las dinámicas sociopolíticas y económicas modernas en América del Sur, especialmente en Argentina y Brasil. Sin embargo, las dimensiones jurídicas del gobierno autoritario no fueron tan centrales para las teorías regionales del Estado como lo fueron, por ejemplo, en Asia (Ginsburg 2003). En el contexto latinoamericano, los estudios sobre derecho y sociedad se organizaron en torno a dos cuestiones o ejes: por un lado, el (no) funcionamiento de las instituciones jurídicas y el poder judicial y, por otro, el inicio de la tradición marxista de estudios jurídicos críticos, que cuestionó el poder del derecho para transformar la sociedad y enfatizó, en cambio, su naturaleza como mecanismo de dominación.

Con las medidas de independencia judicial y control constitucional de Estados Unidos como estándares de comparación, el primer grupo de estudios se concentró en analizar las deficiencias en la independencia y funcionamiento judicial en la región. Estos estudios descriptivos y comparativos fueron realizados por académicos de Estados Unidos, como Carl Schwarz (1973), Joel Verner (1984) y David Clark (1975), y se destacaron por no contextualizar históricamente la relación entre el poder judicial y el poder político en América Latina. El segundo grupo de estudios fue desarrollado por abogados marxistas latinoamericanos que buscaron desafiar las perspectivas jurídicas hegemónicas y promover usos alternativos del derecho. Bajo el nombre de Crítica jurídica, estas perspectivas fueron promovidas por académicos mexicanos, brasileños y argentinos, como Óscar Correas (un argentino que desarrolló su carrera académica en México) y Carlos Cárcova (también de Argentina). Aunque sus estudios fueron en gran medida teóricos y filosóficos en lugar de empíricos, no debe subestimarse la importancia de este movimiento que cuestionaba la naturaleza progresista del derecho. Por ejemplo, estas perspectivas críticas contribuyeron al concepto de derecho alternativo, que estuvo en la base de la fundación del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ilsa) en Colombia en 1978. Esta entidad ha impulsado hasta la actualidad la investigación-acción colaborativa con movimientos sociales y populares con la finalidad de apoyar acciones jurídicas contrahegemónicas desde abajo. Estos grupos de académicos del derecho estaban compuestos, en gran parte, por profesores universitarios que capacitaron a generaciones futuras comprometidas con estas perspectivas críticas; también crearon espacios para el intercambio y la difusión intelectual, como la revista marxista Crítica Jurídica, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), y publicaciones como El otro Derecho o Beyond Law en el caso del ilsa. Esta corriente de investigación construyó una crítica mordaz al derecho estatal y también priorizó formas alternativas de entender y concebir el derecho. En este sentido, su preocupación por el incumplimiento se canalizó hacia prácticas y formas de regulación social o derecho alternativo.

Las transiciones hacia regímenes democráticos en el Cono Sur y Centroamérica marcaron el tercer momento en la trayectoria histórica de los estudios de derecho y sociedad en la región. En un contexto en el que era latente el desafío de responder a las violaciones masivas de derechos humanos que cometieron los regímenes anteriores, la preocupación por el Estado de derecho y la relación entre democracia y desarrollo planteó nuevas expectativas y preguntas sobre el papel que el derecho y las instituciones jurídicas podrían desempeñar en las nuevas democracias. Las transiciones a la democracia también les dieron un nuevo impulso a las reformas legales para fortalecer el Estado de derecho, el cual fue entendido en dos registros: como seguridad jurídica para la inversión y como igualdad ante la ley y búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos autoritarios. Los académicos legales y los intelectuales públicos, como Carlos Nino en Argentina, desempeñaron un papel central en el desarrollo de una agenda legal progresista en el contexto de la transición que inspiró a una generación de académicos de derecho y sociedad en toda la región. A partir de este período, los regímenes internacionales de derechos humanos desempeñaron un papel cada vez más importante a medida que los actores locales invocaban instrumentos internacionales para presionar por un cambio en sus países (Keck y Sikkink 2001). Al mismo tiempo, la agenda por la reforma judicial fue apoyada por agencias multilaterales, lideradas por el Banco Mundial. En este marco, incluso se habló de una segunda ola del movimiento de Derecho y Desarrollo, preocupada por consolidar la transición hacia economías de mercado abierto a través del Estado de Derecho (Dezalay y Garth 2002). En ese momento, un conjunto relativamente homogéneo de trasplantes jurídicos fue promovido en toda la región, entre los que se incluyen los consejos de la judicatura para la selección de jueces y las escuelas de capacitación judicial para profesionalizar a los abogados en la carrera judicial (Carothers 2001). Simultáneamente, se produjeron los primeros enjuiciamientos contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos, entre ellos el juicio emblemático a los exlíderes de la junta militar en Argentina, junto con los primeros intentos de revocar democráticamente las leyes de amnistía que impidieron el enjuiciamiento de los responsables de violaciones graves de derechos humanos, como fue el caso de Uruguay en 1989. En los años posteriores, los procesos de justicia por las violaciones graves de derechos humanos que tuvieron lugar después de las transiciones tanto en el Cono Sur como en América Central se convirtieron en un campo clave de estudio comparativo y aumentaron el interés académico en las instituciones jurídicas y las movilizaciones sociojurídicas en América Latina. Fue tal la importancia de la experiencia regional que se estima que más de la mitad de todos los juicios de derechos humanos que se han llevado a cabo en el mundo han sucedido en América Latina (Payne et al. 2015). Posteriormente, el campo de los estudios de justicia transicional, como parte de la agenda global de derecho y sociedad, creció exponencialmente. Dentro de él, ha sido indiscutible el papel protagónico que han desempeñado los estudios sobre América Latina, muchos de ellos realizados por académicos que trabajan en la región. Este tipo de investigaciones se preguntan principalmente por las relaciones entre los procesos de justicia transicional, la democracia y los derechos humanos y por la combinación más adecuada de mecanismos de justicia transicional para lograr condenas efectivas por violaciones de derechos humanos, la verdad y las reparaciones para las víctimas (véanse el capítulo de Martínez y Gutiérrez en este volumen y Skaar, García-Godos y Collins 2016). Esta área de investigación está marcada por un intercambio particularmente fluido entre académicos de la región y sus contrapartes en Estados Unidos y Europa, como también por un alto grado de colaboración y el diálogo entre la academia, organizaciones no gubernamentales (ong) y centros de pensamiento. En la siguiente sección identificamos un cuarto momento en el campo, aquel que da forma a las diferentes agendas presentadas en este volumen.

Tendencias contemporáneas en los estudios sobre derecho y sociedad en América Latina

El cuarto momento que identificamos en el campo de los estudios sobre derecho y sociedad en América Latina está anclado en la crítica a la gobernanza y el desarrollo neoliberal, que cobró fuerza a finales de la década de 1990. El momento está marcado por la tensión (productiva) entre un gran número de estudios que se preocupan por el funcionamiento óptimo de las instituciones jurídicas y aquellos que se centran en las formas en que las desigualdades socioeconómicas y raciales, que son sistémicas en la región, se relacionan con los fenómenos sociojurídicos.

Una primera ola de reformas constitucionales expandió las cartas de derechos, aumentó la autonomía y el poder de las instituciones jurídicas y consagró las expectativas crecientes de la comunidad sobre el derecho y las instituciones legales (véanse los capítulos de Gargarella, Pou, González-Bertomeu, Uggla y Michel en este volumen). El llamado nuevo constitucionalismo se extendió por toda América Latina en los años que siguieron a la reforma constitucional de 1988 en Brasil. Al incorporar amplias declaraciones de derechos y revisar, en muchos casos, la estructura del Estado, la mayoría de las nuevas cartas buscaban instaurar ordenamientos jurídicos que reflejaran los proyectos sociopolíticos que resultaron de los procesos de transición (Negretto 2013). De esta forma, la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas merece una mención especial dentro de los nuevos reconocimientos. Esto se dio como respuesta a las demandas del movimiento indígena de todo el continente, que comenzó a desarrollarse en la década de 1980. Las transformaciones de mayor alcance en este sentido ocurrieron en Ecuador y Bolivia con la aprobación de las llamadas constituciones plurinacionales en 2008 y 2009, respectivamente. Estas constituciones aparentemente tenían como objetivo reconocer las especificidades y reclamos de los pueblos indígenas y —en menor medida en el caso de Ecuador— afrodescendientes, con lo que introdujeron perspectivas diferentes sobre la política, el derecho y la sociedad en los ordenamientos jurídicos de esos Estados nacionales (Sousa Santos 2005; Yrigoyen 2011). La ola regional de ingeniería constitucional multicultural y plurinacional implicó el reconocimiento formal del pluralismo jurídico y de espacios de autonomía para el gobierno indígena, lo que representa una ruptura radical con las tradiciones republicanas monistas. Las redes de activistas y académicos como la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (Relaju) desempeñaron un papel fundamental en la circulación regional de las investigaciones locales alrededor del constitucionalismo multicultural y la jurisprudencia innovadora sobre los derechos de los indígenas (Chenaut, Gómez, Ortiz y Sierra 2011), al mismo tiempo que académicos de Europa y Estados Unidos desarrollaban estudios comparativos relevantes sobre estos temas (Van Cott 2000, 2008; Sieder 2002; Schilling-Vacaflor y Kuppe 2012; Yashar 2005).

Muchas de las nuevas constituciones incorporaron el derecho internacional de los derechos humanos en el bloque de constitucionalidad, con lo que abrieron oportunidades sin precedentes para la innovación judicial y propiciaron relaciones más estrechas entre los tribunales nacionales e internacionales (el doble movimiento de constitucionalización del derecho internacional e internacionalización del derecho constitucional). Además, estas reformas constitucionales fortalecieron, al menos en el papel, el poder de los tribunales constitucionales de la región al generar las condiciones de posibilidad para su desarrollo institucional y su participación en la resolución de conflictos políticos y sociales (Helmke y Ríos-Figueroa 2011). Sin embargo, así como el giro hacia modelos más democráticos de organización estatal parecía generar nuevas expectativas sobre el derecho, también reveló, por un lado, las inmensas dificultades para construir fuerzas de seguridad y sistemas jurídicos respetuosos de los derechos humanos y, por otro, los desafíos que un aumento masivo en la violencia social y criminal representa para una forma de gobierno democrática. Aunque las desapariciones en masa, ejecuciones y masacres cometidas por los regímenes militares autoritarios quedaron atrás, el giro a un gobierno elegido democráticamente sucedió en un contexto signado por una persistente debilidad institucional, la pobreza generalizada y la aguda desigualdad socioeconómica y racial. En ese contexto, tanto ese giro como la promesa de las constituciones liberales y protectoras de derechos fallaron en garantizarle a la mayoría de los ciudadanos sus derechos humanos ­fundamentales. Los agentes del Estado persistieron en sus ­prácticas autoritarias, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Además, los niveles consistentemente altos de violencia social afectan a grandes sectores de la población. Aproximadamente un tercio de todos los homicidios que se registran en el mundo ocurre en América Latina y algunas de las peores tasas de homicidios en el mundo aparecen entre los jóvenes urbanos, pobres y no blancos en ciudades como San Salvador, Río de Janeiro o Caracas. Las actitudes sociales predominantes refuerzan el mensaje de que ciertos sectores no merecen la protección de la ley. Además, la arraigada discriminación racial y de clase desem­peña un papel central en el debilitamiento de los lazos sociales, la solidaridad y el sentido de obligación moral de los ricos y poderosos hacia los pobres y excluidos (Vilhena Vieira 2011; Méndez, O’Donnell y Pinheiro 1999). Al mismo tiempo, estos sectores a menudo son vistos por las élites como poblaciones peligrosas que es necesario contener, y, por lo tanto, son penalizados desproporcionadamente por el derecho penal; de hecho, el sistema penal funciona en gran medida para proteger a las élites de los pobres. Si bien este no es un fenómeno puramente latinoamericano y ha sido ampliamente documentado en Estados Unidos por los estudios de derecho y sociedad, el uso excesivo de la fuerza y los asesinatos ilegales por parte de las fuerzas policiales, junto con los altos niveles de violencia social que desembocan en el vigilantismo y la llamada limpieza social, constituyen una preocupación central para los estudios de derecho y sociedad en la región (Brinks 2006; Snodgrass Godoy 2006).

En los años que siguieron a las transiciones y la promulgación de nuevas constituciones, gran parte de los estudios sobre el derecho en acción en América Latina se han centrado en la violencia, las relaciones entre legalidad e ilegalidad, así como en la responsabilidad de los actores estatales, en general, y las fuerzas militares y de seguridad, en particular. También los estudios críticos de raza que han sido centrales para las investigaciones sobre la violencia institucional en Estados Unidos son un área de interés creciente en América Latina y su influencia es cada vez más visible en los análisis de derecho y sociedad en la región.

Las nuevas constituciones no solo han sido estudiadas como procesos de reforma institucional, sino también como cambios doctrinales que le plantearon complejos dilemas jurídicos al poder judicial (Negretto 2013). Los diferentes procesos de transformación constitucional y su influencia en la doctrina jurídica emergente llevaron a los estudiosos del derecho a pasar de su enfoque tradicional en el derecho civil (y penal) a una nueva preocupación por el estudio del derecho constitucional (Couso et al. 2010). Por ejemplo, los estudios sobre el constitucionalismo en acción han sido dominados por dos preguntas: cómo incorporar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las decisiones internas y cómo los actores judiciales se apropian de las normas internacionales y las traducen al lenguaje jurídico local (véase el capítulo de Pou en este volumen). Muestra de esto es el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (Sela). Este seminario, que es auspiciado por la Escuela de Derecho de Yale y se celebra anualmente desde mediados de la década de 1990, ha sido un importante centro para los estudios regionales de derecho y sociedad sobre el nuevo constitucionalismo⁶. El interés se refleja, también, en un número creciente de estudios de derecho constitucional comparado a partir de la década de 1990 no solo en América Latina, sino también entre los países del Sur Global (Bonilla 2013). Esto, a su vez, implicó una transformación en las comunidades sociojurídicas y una ampliación de las conversaciones e interacciones; ambos efectos trajeron nuevas perspectivas al análisis del cambio constitucional en la región. Lo anterior se evidencia por la circulación de la preocupación por el constitucionalismo progresista o el rol de los tribunales activistas que actúan en favor de los derechos sociales (Yamin y Gloppen 2011; Langford, Rodríguez-Garavito y Rossi 2017).

Al concentrarse en la reforma y el diseño de las instituciones jurídicas, así como en su funcionamiento y consecuencias políticas y sociales, muchos académicos tradujeron las nuevas dinámicas sociopolíticas de América Latina en agendas de investigación de derecho y sociedad. A principios de la década de 1990, gran parte de los estudios tenía un carácter marcadamente normativo e instrumentalista; en efecto, los estudios participaban en la construcción ideológica del Estado, el efecto Estado descrito tan incisivamente por Timothy Mitchell (1991). Nociones abstractas como el Estado de derecho y el dictum weberiano del monopolio estatal sobre los medios de coerción fueron invocadas por los académicos para contrastar, en todos los casos, las formas de derecho idealizadas en el Norte con su ausencia en el Sur (Rodríguez Garavito 2011a, 13). A raíz de una ola inicial de estudios que se enfocaba en la reforma judicial y señalaba los vínculos entre el derecho, la democracia y la promoción internacional del Estado de derecho (Domingo y Sieder 2001; Dakolias 1996; Pásara 2007), una línea de investigación, cuyos métodos se identifican con los de la ciencia política norteamericana, desarrolló estudios empírico-causales sobre las instituciones estatales existentes. Al concentrarse en el diseño institucional y el comportamiento judicial (inspirándose, de hecho, en los estudios sobre el comportamiento judicial en Estados Unidos), estos estudios fortalecieron el campo de la política judicial comparada (Ansolabehere 2007; Hilbink 2007; Helmke 2005; Finkel 2008; Domingo 2000; Ríos-Figueroa y Staton 2012; Kapiszewski 2012). El legado de los estudios pioneros que examinaron la relación entre la justicia y la política en contextos de autoritarismo y en las democracias emergentes se observa en las nuevas investigaciones que se centran en los factores que explican los diferentes roles que asumen las instituciones judiciales y su capacidad para generar transformaciones sociales mediante la (re)distribución del poder y los recursos (Gloppen et al. 2010; Gauri y Brinks 2010). El poder judicial ha sido concebido como un foro para los reclamos de justicia social y responsabilidad, particularmente con respecto a los estándares y normas internacionales de derechos humanos (véase el capítulo de Ansolabehere en este volumen). Las particularidades de la política internacional, la difusión de las ideas jurídicas y las relaciones entre las instituciones jurídicas, la sociedad civil y los movimientos sociales que promueven ciertas causas se constituyeron como temas centrales en el campo de estudio. En términos generales, estos temas fueron abordados desde dos perspectivas: la de la movilización legal y la del cambio constitucional, entendido este como un proceso de movilización legal (véanse los capítulos de Saldivia, Wilson y Gianella y Machado et al. en este volumen). El derecho a la salud y la movilización en favor de los derechos sexuales y reproductivos han sido algunos de los temas que han generado una gran cantidad de estudios comparativos y de caso en la región (Albarracín 2011; Bergallo y Michel 2016; Yamin y Gloppen 2011). La asistencia regular de académicos latinoamericanos a los congresos de redes académicas estadounidenses como la Asociación de Estudios Latinoamericanos (lasa, por sus siglas en inglés) o la American Political Science Association (apsa) ha hecho que los estudios circulen⁷. Además, junto con los estudios sobre el funcionamiento de las cortes, también han aumentado las investigaciones sobre las instituciones jurídicas, su reforma y los desafíos que enfrentan. En particular, han aumentado los trabajos sobre los órganos de investigación penal (véase el capítulo de Michel en este volumen), la policía (véase el capítulo de Dammert en este volumen), las cárceles (véase el capítulo de Macaulay en este volumen) y las instituciones nacionales de derechos humanos creadas en la década de 1990 como resultado de un proceso de difusión e innovación legal (véase el capítulo de Uggla en este volumen). Como la ciencia política y la sociología, la antropología jurídica también ha proporcionado análisis etnográficos críticos sobre las instituciones penales, las burocracias judiciales y los procesos de reforma legal —por ejemplo, el trabajo de académicos argentinos y brasileños como Sofía Tiscornia, María Victoria Pita, María José Sarrabayrouse, Josefina Martínez y Roberto Kant de Lima (Tiscornia 2004; Tiscornia, Kant de Lima y Eilbaum 2009)—. Lo anterior refleja una tendencia en los estudios sobre derecho y sociedad hacia una investigación que ya no tiene por centro al Estado, sino que se enfoca en la micropolítica, las subjetividades y las prácticas materiales que sustentan la realización del derecho (véase el capítulo de Barrera y Latorre este volumen)⁸. Dado que las perspectivas constructivistas les han ganado terreno a los enfoques prescriptivos en las investigaciones de derecho y sociedad en América Latina, la preocupación por el pluralismo jurídico se ha extendido más allá del interés inicial en los pueblos indígenas. Mientras las aproximaciones iniciales defendían el carácter emancipatorio del pluralismo jurídico, los nuevos trabajos analizan la naturaleza fragmentada del poder estatal explorando, por ejemplo, el papel de las organizaciones paramilitares y paraestatales en las formaciones estatales contemporáneas. En términos generales, los enfoques etnográficos y antropológicos para el estudio del derecho y la justicia en América Latina están ganando terreno (Brunnegger y Faulk 2016).

Sin embargo, a pesar de la tendencia hacia una comprensión descentrada del Estado y la preocupación creciente de la antropología jurídica y la sociología por los procesos de formación y transmutación del Estado, el eje sociedad civil/Estado (o movimientos sociales/Estado) sigue siendo fundamental para los estudios de derecho y sociedad en América Latina, incluso más que para los estudios que se llevan a cabo en otras regiones. Junto con el análisis de las instituciones jurídicas señaladas anteriormente, se ha producido un gran número de investigaciones sobre los procesos de movilización legal por parte de diferentes movimientos sociales. A su vez, estas investigaciones están vinculadas a un cuerpo de literatura más amplio que analiza el papel de los diversos grupos de la sociedad civil en el logro de mayores garantías de derechos y responsabilidad estatal (Mainwairing y Welna 2003; Peruzzotti y Smulovitz 2006; Isunza y Olvera 2010). En América Latina, los movimientos sociales han enmarcado sus demandas en el lenguaje de los derechos y han usado la reforma legal y el litigio estratégico como herramientas centrales en sus esfuerzos para lograr transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales. Los académicos de derecho y sociedad han analizado la naturaleza y los efectos de estas estrategias, a menudo con referencia a una literatura internacional de derecho y sociedad que se centra en los procesos, prácticas y subjetividades a través de los cuales se produce la transnacionalización de los derechos humanos (Keck y Sikkink, 1998; Risse, Ropp y Sikkink 1999; Merry 2006; Merry y Goodale 2007; en Colombia véase Sousa Santos y García Villegas 2001; en México véase Hernández 2016). La teoría de los movimientos sociales ha moldeado los estudios regionales de derecho y sociedad con un énfasis teórico y metodológico en conceptos y herramientas como el enmarcamiento, el análisis del discurso, el análisis de redes, los estudios de caso y los estudios causales comparativos (véase Lemaitre y Sandvik 2015 para una crítica a la aplicación de la teoría de los movimientos sociales a contextos violentos). De particular interés ha sido el análisis de los procesos emancipatorios o contrahegemónicos de movilización sociojurídica, lo que Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez-Garavito (2005) llamaron globalización legal desde abajo.

En comparación con lo que sucedía a principios de la década de los noventa, la movilización sociojurídica vinculada a cuestiones de gobernanza y justicia social ocupa ahora un lugar más destacado en las agendas de investigación en América Latina. Muchos académicos son intelectuales públicos, figuras importantes en los debates nacionales, los procesos de reforma legal y la promoción de una comprensión de lo jurídico basada en los derechos humanos, liberal y emancipatoria. Aunque la educación legal en toda la región sigue siendo muy formalista, existen centros importantes que fomentan el litigio en derechos humanos y la perspectiva del derecho en acción, por ejemplo, la Universidad de los Andes en Bogotá o el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam) (véanse los capítulos de Fortes y Gómez en este volumen). También le han dado forma al campo varias ong y organizaciones de la sociedad civil que participan en el litigio estratégico y la investigación sociojurídica, tales como Dejusticia en Colombia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) en Argentina, Fundar en México o el Instituto de Defensa Legal en Perú. De esa manera, las investigaciones de derecho y sociedad en América Latina se caracterizan por un diálogo constante en el que la academia, la sociedad civil y (cada vez más) las instituciones jurídicas nacionales y regionales participan conjuntamente en la producción de conocimiento. Para proporcionar solo un ejemplo de este tipo de diálogo: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (iccpg) fue fundado por exalumnos de Alberto Binder, académico argentino y activista de derechos humanos, a principios de la década de 1990. El iccpg ha llevado a cabo investigaciones sociojurídicas empíricas aplicadas en Guatemala y ha desempeñado un papel clave en la promoción de una reforma al sistema de justicia penal guatemalteco que se adecúe a los estándares internacionales de derechos humanos. La exdirectora del iccpg, Claudia Paz y Paz Bailey, encabezó la lucha nacional contra la impunidad durante su cargo como fiscal general y, posteriormente, como parte del grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa (México). Se pueden encontrar ejemplos similares en muchos países de la región. Del mismo modo, las pasantías y prácticas en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, junto con el trabajo de organizaciones tales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), que se involucra en el litigio estratégico en el Sistema Interamericano, y otras que trabajan desde Estados Unidos, como el Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York, han desempeñado un papel vital en la consolidación de comunidades epistémicas transregionales de derecho y sociedad caracterizadas por la perspectiva del litigio internacional.

Por último, pero no menos importante, todos estos cambios en el papel del derecho y las relaciones entre política y derecho, combinados con la diversificación de las aproximaciones académicas que se interesan por comprender el derecho en acción, implican una revisión de los marcos y presupuestos teóricos. La incorporación de perspectivas históricas a largo plazo, las reflexiones sobre las fronteras entre lo legal y lo ilegal, el interés en la tensión constitutiva entre derecho, civilización y barbarie en América Latina, los estudios de derecho y raza y derecho y género, las relaciones internacionales y el cumplimiento legal son importantes para reteorizar las aproximaciones al estudio del derecho y la sociedad en la región y otros lugares del Globo. La primera parte de este libro se dedica precisamente a ello. Subrayamos la necesidad de cuestionar las dicotomías persistentes en el estudio del derecho, tales como cumplimiento/incumplimiento, legal/ilegal o estatal/no estatal. Cuestionar estas dicotomías tan asentadas a la luz de los nuevos desarrollos en América Latina y el diálogo con académicos de otras regiones del mundo abre la posibilidad de nuevas agendas críticas para los estudios sobre derecho y sociedad.

Estructura del libro

Los capítulos que siguen se dividen en cuatro partes: Parte i: Derecho, Política y Sociedad; Parte ii: Nuevos modelos constitucionales y diseño institucional; Parte iii: Derecho y movimientos sociales; y Parte iv: Temas emergentes. En conjunto, los capítulos proporcionan una visión general de las preocupaciones de larga data y las innovaciones recientes en los estudios de derecho y sociedad en América Latina. Los capítulos también evidencian la rica tradición interdisciplinaria del campo, que va desde la filosofía del derecho, la política comparada y los enfoques sociológicos hasta las aproximaciones etnográficas y de pequeña escala usadas en las investigaciones de derecho y sociedad en Estados Unidos y Europa para analizar la realización del derecho. Al mismo tiempo, muchos de los problemas que han analizado los estudios regionales de derecho y sociedad, tales como la indeterminación del derecho y las fronteras entre lo legal y lo ilegal o las dimensiones sociales y políticas de la eficacia y el cumplimiento, están siendo estudiados cada vez más por la academia global de derecho y sociedad. A medida que el campo de los estudios de derecho y sociedad adquiere una naturaleza más global, las dicotomías Norte-Sur, que han sido alimentadas por el perenne provincianismo de la academia del Norte Global, se vuelven cada vez más difíciles de sostener.

Los capítulos de la parte i de este libro, Derecho, Política y Sociedad, presentan una serie de debates teóricos y conceptuales que han tomado protagonismo en las investigaciones de derecho y sociedad en América Latina. Entre esos debates se incluyen discusiones sobre la naturaleza del Estado y la relación entre la formación del Estado, el derecho y el cambio legal; el papel que juega la cultura en el cumplimiento o el incumplimiento del derecho; las relaciones entre el derecho, las arraigadas y complejas desigualdades de raza, género y clase y los niveles persistentemente altos de violencia social que caracterizan a la región; el pluralismo jurídico y la relación entre legalidad e ilegalidad. Desde una perspectiva de larga duración, el teórico jurídico argentino Roberto Gargarella reflexiona en su capítulo sobre las especificidades del desarrollo constitucional en América Latina y destaca lo que la experiencia regional tiene para ofrecerle a la teoría política y constitucional en general. Identifica cinco fases distintas en el constitucionalismo latinoamericano desde la fundación de las repúblicas, que se reflejan en las relaciones cambiantes entre el derecho, la política y las diferentes configuraciones institucionales y normativas. A partir de allí, concluye que en las constituciones latinoamericanas las estructuras del poder del Estado (lo que el autor llama la sala de máquinas) siguen estando altamente concentradas, a pesar de las declaraciones de derechos relativamente amplias y una larga tradición en el constitucionalismo de los derechos sociales. El análisis de Gargarella se opone, entonces, a los análisis optimistas sobre el neoconstitucionalismo que sobrestiman el poder transformador del derecho.

En su capítulo sobre derecho y Estado en América Latina, las politólogas Lisa Hilbink y Janice Gallagher revisan las tendencias recientes en la literatura y evalúan sus implicaciones para futuras investigaciones. Identifican dos enfoques generales que estudian el problema de los Estados débiles y del Estado de derecho débil en la región: por un lado, aquellos que se centran en las barreras institucionales, como la falta de independencia judicial o acceso a la justicia y la falta de integración entre el Estado y la sociedad; y, por otro, aquellos que enfatizan el papel que juegan actores externos al poder judicial en la configuración del Estado y el derecho. Aunque estos dos enfoques están estrechamente relacionados y son complementarios para nuestra comprensión actual del derecho y el Estado, han alcanzado niveles de especialización altos por sí mismos y, en cierta medida, un nivel de independencia importante⁹. De hecho, la revisión de Hilbink y Gallagher y el capítulo de González-Bertomeu muestran que el análisis de las características institucionales tiende a teorizar sobre los factores internos que explican cómo funcionan los tribunales. Por el contrario, como lo muestra el capítulo de Wilson y Gianella, para el caso de los movimientos sociales, los académicos que analizan los procesos de judicialización tienden a prestarle más atención al papel de los actores fuera de los tribunales. Hilbink y Gallagher destacan que entre las tendencias recientes se encuentran un interés creciente en el estudio de los tribunales inferiores, un aumento en los estudios que comparan unidades, instituciones y temas subnacionales y un análisis sobre las actitudes de los ciudadanos frente al derecho y, en general, su experiencia con el Estado. Su capítulo señala la creciente complejidad y riqueza de la investigación comparativa sobre derecho y Estado en América Latina.

En su capítulo, Rachel Sieder analiza el concepto y la práctica del pluralismo jurídico —una preocupación central de los estudios de derecho y sociedad— y hace dialogar a la literatura regional sobre el pluralismo jurídico (que ha tendido a centrarse principalmente en los pueblos indígenas y las luchas para reconocer formalmente sus derechos y su autonomía) con la extensa literatura