La gobernanza criminal y el Estado: Entre la rivalidad y la complicidad

Por Roberto Briceño-León y Olga Avila

Organizaciones criminales de reciente data han pasado a convertirse en una amenaza novedosa al monopolio de la fuerza y la soberanía del Estado nacional. Son los grupos armados no estatales, surgidos durante el cambio de siglo y cuyo accionar ha llevado a la creación de un nuevo concepto para su estudio: el de gobernanza criminal. Dichas agrupaciones delictivas han adquirido nombres muy diversos: maras en Centroamérica; carteles en México; bacrim, combos o guerrillas en Colombia; facções en Brasil; bandas, sindicatos o colectivos en nuestro país.
En Venezuela, los grupos armados no estatales actúan en estrecha relación con funcionarios del gobierno. La fuerza que han ido cobrando les ha permitido diversificarse en actividades, objetivos y formas de funcionamiento, algunos respetando lealtades políticas, otros no, lo que ha generado conflictos y rivalidades por esos espacios de poder que parece haber perdido el Estado.
Este libro busca comprender la diversidad de grupos armados no estatales que han surgido en Venezuela, los vínculos de conflicto o cooperación que establecen con la población y con el Estado, así como las contradicciones que existen entre ellos y que devienen en un conjunto de ilegalidades que afectan el Estado de derecho, la democracia y la legitimidad de las instituciones.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Alfa
• Fecha de lanzamiento: 19 jul 2023
• ISBN: 9788412731828

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© LACSO, 2023

© Editorial Alfa, 2023

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ISBN

Edición impresa: 978-84-127318-1-1

Edición digital: 978-84-127318-2-8

Co­rrec­ción de estilo

Magaly Pérez Campos

Maquetación

Editorial Alfa

Imagen de portada

Lisbeth Salas

Cementerio General del Sur, Caracas, 2015

Di­se­ño de co­lec­ción

Uli­ses Mi­lla Lacurcia

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de cada uno de sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

La gobernanza criminal y el Estado

Entre la rivalidad y la complicidad

Roberto Briceño-León

Olga Avila

Editorial Alfa

143 | Colección Trópicos

Índice

Sobre los autores

Prólogo

Las seis dimensiones de la gobernanza criminal y los grupos armados no estatales

Los colectivos: brazo ejecutor del gobierno bolivariano en Venezuela

Los colectivos armados en el estado Lara: cambios y continuidades de la violencia política en el siglo XXI

Legitimidad y opinión pública de los colectivos en Venezuela: una comparación entre las fuerzas armadas estatales y no estatales

Los grupos armados no estatales: pérdida de soberanía, impunidad y usurpación de territorios zulianos

De mafias carcelarias a bandas criminales. Las gobernanzas en el estado Guárico, Venezuela

De la cárcel al barrio: el control territorial del Tren de Aragua

Grupos armados no estatales en Venezuela: ¿complicidad o rivalidad?

Sobre los autores

Roberto Briceño-León

Sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidade Federal do Ceará, Brasil. Director del Laboratorio de Ciencias Sociales. Director nacional del Observatorio Venezolano de Violencia.

Olga Avila

Licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Psicología por la Universidad Simón Bolívar. Investigadora del Laboratorio de Ciencias Sociales. Profesora de pregrado y postgrado en Metodología de la Investigación. Coordinadora y supervisora de diferentes niveles en investigaciones, lo que la ha dotado de experiencia y conocimiento en el campo.

Carlos Meléndez Pereira

Sociólogo. Magíster en Desarrollo Social. Profesor y director de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Lara.

Roberto Briceño-Rosas

Sociólogo. Magíster en Ciencias Sociales y Políticas Empíricas de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Investigador científico de GESIS Institute for the Social Sciences en Mannheim, Alemania, en el Departamento de Diseño y Metodología de Encuestas. Miembro del Core Scientific Team del European Social Survey (ESS).

Jorge Govea Cabrera

Abogado, licenciado en Ciencia Política y licenciado en Filosofía. Magíster en Ciencia Política. Egresado del Segundo Programa en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica Andrés Bello y la George Washington University. Profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad del Zulia. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Zulia.

Ana María Castellano

Licenciada en Trabajo Social. Doctora en Ciencias Humanas. Profesora titular y emérita de la Universidad del Zulia (LUZ). Investigadora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ y del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Zulia.

Raima Rujano

Licenciada en Trabajo Social. Magíster en Desarrollo Social. Profesora y directora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la Universidad del Zulia.

Johel Salas

Licenciado en Trabajo Social. Magíster en Desarrollo Social. Profesor e investigador adscrito al Centro de Investigaciones de Trabajo Social y director de la Escuela de Trabajo Social, Universidad del Zulia.

Adrián González

Ingeniero agrícola. Doctor en Ecología y Gerencia de Recursos. Profesor de la Universidad Rómulo Gallegos. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Guárico.

Astrid Márquez

Economista. Doctora en Ecología y Gerencia de Recursos. Profesora de la Universidad Rómulo Gallegos. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Guárico.

Iris Terán

Médica cirujana. Especialista y doctora en Salud Pública. Profesora titular del Departamento de Salud Pública, adscrita a la Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública de la Universidad de Carabobo. Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Aragua.

Prólogo

Durante la segunda mitad del siglo XX no se mencionaba ni usaba el concepto de gobernanza criminal, pues fue solo a finales de siglo, a partir de los años ochenta, cuando los organismos internacionales y públicos empezaron a emplear el concepto de gobernanza en sus documentos y propuestas para referirse al proceso real de gobierno de una población, organización o empresa. Por otro lado, tampoco podía combinarse con la criminalidad, pues la actuación de los grupos armados no estatales estaba restringida a unas modalidades que no pretendían gobernanza territorial, sino el lucro inmediato por depredación o la conquista del poder político.

La violencia en América Latina tuvo dos formas principales en el siglo XX: las pequeñas bandas delincuenciales o juveniles y los grupos guerrilleros. Las bandas podían ser de dos tipos: el primero estaba integrado por personas de bajos ingresos y tenía un propósito económico: se dedicaba al hurto, al robo o al comercio minorista de la droga. El segundo estaba formado por jóvenes de ingresos bajos o medios y tenía un objetivo identitario, de afirmación de la masculinidad y de control territorial con propósitos más simbólicos que pecuniarios, aunque estos también podían estar presentes.

La otra forma de violencia estaba representada por los grupos guerrilleros, quienes tenían un propósito político de alcanzar el poder luego de derrocar a los gobiernos por medio de las armas en una guerra no convencional. La actuación de estos grupos guerrilleros se daba fundamentalmente en las áreas rurales de los países y estos podían tener sus orígenes en las organizaciones armadas que surgieron de las luchas sociales de los campesinos, o ser el resultado de sectores de la clase media politizados, estudiantes o profesionales urbanos, quienes rechazaban los procedimientos electorales e, inspirados en las guerras anticoloniales de África o en el triunfo de la Revolución cubana, iniciaron las organizaciones guerrilleras como una estrategia política que consideraba la violencia una expresión de la lucha de clases.

La contraparte de estos grupos era la violencia que ejercía el Estado, fuera para reprimir las bandas delincuenciales o juveniles, en el contexto de un combate al hampa y la defensa del Estado de derecho, fuera para el combate a las guerrillas, no solo como grupo subversivo, sino como una expresión de la confrontación internacional entre los bloques de poder conocida como la Guerra Fría, la cual oponía el bloque occidental o capitalista, encabezado por Estados Unidos de América, contra el bloque oriental o comunista, liderado por la Unión Soviética. Esa confrontación llevó a que las luchas sociales de los campesinos o de los trabajadores urbanos quedase entrampada en la confrontación de aquella guerra y facilitó la instauración y la violencia de los gobiernos militares en la región.

Las bandas delincuenciales o juveniles tenían una actuación fundamentalmente urbana, mientras que la guerrilla actuaba en el campo. El Estado tenía el dominio y el monopolio de la fuerza en las ciudades, pero lo perdía en las zonas rurales, donde actuaban las guerrillas. Sin embargo, las tácticas militares de la guerrilla no permitían permanecer en un lugar por un tiempo prolongado y, por lo tanto, no les era posible constituirse en una forma de gobierno, pues su actuación se basaba en el continuo movimiento que les permitía atacar y replegarse y, en tal sentido, no podían pretender el ejercicio de una gobernanza local.

Hacia finales del siglo XX esa situación cambió de una manera importante y permitió el surgimiento de un nuevo tipo de grupos armados no estatales. La persistente migración rural-urbana y los cambios en la economía agrícola llevaron a un incremento notable de la urbanización y la población de las ciudades, pasando la población urbana de los 63 millones de habitantes que vivían en las ciudades de Sur y Centroamérica en 1950, a 370 millones en el año 2000 —un incremento de 307 millones de nuevos habitantes, casi seis veces más, en un período de cincuenta años—. Millones de personas llegaron con grandes expectativas a la vida urbana y construyeron su ciudad informal al lado de la formal.

En ese mismo período se incrementaron los gobiernos democráticos en los países de América Latina y aumentaron las formas de participación ciudadana. La Guerra Fría se acabó con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, y todo hacía pensar que se habían acabado las tensiones entre Oriente y Occidente, por lo que se aceleró el intercambio, se abrieron las fronteras y se expandió la globalización del comercio a nivel mundial.

Paralelo a este proceso se estaban dando unas transformaciones importantes en el mercado de las drogas ilícitas. Lo que había sido un comercio y tráfico local o fronterizo adquirió dimensiones mundiales y la dispersión previa entre muchos productores y comercializadores se redujo a favor de unos pocos grupos, cada vez más poderosos, quienes empezaron a monopolizar el comercio mayorista y el tráfico internacional de las drogas ilegales obteniendo fabulosas ganancias que les permitieron tanto la construcción de una red de apoyo en el mundo de la legalidad, como la capacidad de organizar y financiar grandes grupos armados que protegieran sus intereses.

La oportunidad de un lucro tan grande impulsó la transformación de las organizaciones criminales, pues tanto las bandas delincuenciales como las guerrillas terminan cooperando o integrándose en el creciente negocio internacional de la droga. Surgió entonces una nueva organización criminal híbrida, donde se confunden las metas económicas y las políticas. Los grupos de narcotraficantes buscan obtener poder político apoyando y financiando candidatos a las alcaldías o gobernaciones; y las organizaciones guerrilleras buscan obtener mayores recursos financieros y se involucran primero con el negocio de las drogas protegiendo áreas de cultivos o rutas de transporte y luego, directamente, en la producción y tráfico internacional.

Ese nuevo tipo de organizaciones requiere el ejercicio de una gobernanza territorial, pues el delito depredador pierde importancia y la captura de rentas ilegales pasa a ser la fuente principal de ingresos, por medio de la extorsión y el control de mercados. Esas nuevas modalidades de organizaciones criminales pasan a representar una amenaza novedosa al monopolio de la fuerza y la soberanía del Estado nacional.

Los nuevos grupos armados no estatales que surgen en el cambio del siglo y que llevan a la creación del concepto de gobernanza criminal tienen nombres y simbologías muy diversas, pues están adaptados a los contextos económicos locales y a la historia política y criminal de cada país. Pueden llamarse maras en Centroamérica, "carteles en México, bacrim, combos o guerrillas en Colombia, bandas, sindicatos o colectivos" en Venezuela o facções en Brasil. Todas por igual buscan ejercer una gobernanza en el territorio donde pretenden implantar su dominación de una manera permanente y representan una amenaza importante para la democracia y la libertad.

Este libro es el resultado de una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) entre los años 2021 y 2022 buscando comprender la diversidad de grupos armados no estatales que han surgido en Venezuela y los vínculos de conflicto o cooperación que establecen con la población y con el Estado. El estudio consistió en entrevistas realizadas a víctimas, vecinos, actores criminales, funcionarios policiales y expertos en ocho estados del país. Adicionalmente, llevamos a cabo una encuesta nacional aplicada cara a cara en mil doscientos hogares, seleccionados a partir de una muestra nacional en la cual indagamos sobre la percepción de la población. Y, por último, la presencia permanente de equipos de investigación del OVV en diferentes entidades del país y el seguimiento realizado por estos a los eventos por medio de la prensa local permitieron realizar una triangulación entre diferentes fuentes de información y opinión que pasaron a formar parte de los informes que se elaboraron y de la selección de capítulos que se realizó para este libro.

Esta investigación es el fruto de la cooperación entre los profesores e investigadores de once universidades nacionales, públicas y privadas, que integran al OVV y fue realizada bajo la coordinación del Instituto de Investigación Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y la Universidad Central de Venezuela (UCV). La revisión y edición del libro estuvo a cargo del profesor Gustavo Páez, de la Universidad de Los Andes (ULA) e investigador del LACSO, a quien agradecemos ampliamente su dedicación y esmero.

La investigación y publicación de este libro fue posible por el apoyo financiero recibido del programa de cooperación en defensa de los derechos humanos de la Unión Europea en Venezuela y de CALAS, el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, con apoyo del Ministerio de Educación e Investigación (BMBF) de Alemania. Las interpretaciones de los resultados de esos estudios y las opiniones aquí expresadas no comprometen ni les pueden ser atribuidas a los donantes, pues son de la absoluta responsabilidad de cada uno de sus autores.

Roberto Briceño-León

Fortaleza, mayo 2023

Las seis dimensiones de la gobernanza criminal y los grupos armados no estatales

Roberto Briceño-León

Los grupos armados que actúan en la sociedad contemporánea pueden ser estatales o no estatales.

Los grupos estatales son los que regularmente conocemos como los ejércitos y policías de un país, quienes actúan por delegación del poder de un Estado que ejerce el dominio en ese territorio o nación y se arroga para sí el monopolio de la violencia legítima. Esos grupos armados responden a los intereses de ese Estado y su actuación está regulada por las leyes que autorizan y regulan el uso de la fuerza. Por lo tanto, para que sea considerada legítima, debe estar enmarcada y ejercerse dentro de los límites del Estado de derecho, del Rechsstaat. La capacidad de usar la violencia por medio de estos grupos armados es, como lo sostenía Weber (1964), si no la única, sí la más importante característica del Estado.

Los grupos armados no estatales, como su nombre lo indica, son agrupaciones de individuos con capacidad de desplegar la fuerza de una manera sistemática y organizada, y que no cuentan con la autorización formal para ejercerla por parte del Estado. Al asumir el monopolio de la violencia, el Estado ha negado a cualquier otro actor diferente de sí mismo el ejercicio de la fuerza, les ha expropiado a estos grupos la posibilidad de portar armas y actuar con violencia. Por lo tanto, en su desempeño, estos grupos armados no estatales portan armas y aplican la fuerza fuera de la legalidad dominante en ese territorio.

Si bien en el sistema de Estados-nación imperante lo único permitido y posible son los grupos armados estatales, la presencia de grupos armados no estatales está muy difundida en países de diversos continentes. En América Latina, se ha calculado que el 13 % de la población puede estar en zonas con presencia de gobernanza criminal, lo cual representaría unos setenta millones de personas (Lessing, 2021; Feldman y Luna, 2022).

Los grupos armados no estatales a los cuales nos vamos a referir aquí son de tres tipos: a) las organizaciones con forma de ejército, como los grupos guerrilleros; b) las organizaciones del crimen organizado, que pueden combinar la estructura de una sociedad secreta, una burocracia empresarial y un ejército. Y, por último, y en el menor nivel de complejidad y tamaño, c) las bandas delictivas o juveniles armadas.

Las diferencias entre las tres modalidades de grupos armados no estatales son variadas y se refieren a su tamaño, al número de sus miembros activos, pues pueden estar integradas por entre seis y diez participantes, o llegar a constituir una agrupación de varios cientos o miles de individuos. Si bien, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional —el llamado Protocolo de Palermo sobre el crimen organizado (Naciones Unidas, 2004)—, pudieran considerarse como tales a las organizaciones que tengan cuatro o más miembros que actúen de manera recurrente para cometer delitos, nos parece que para los propósitos de la definición de un grupo armado no estatal se debe pensar en un número mayor de pie de fuerza —pensamos que superior a los veinte miembros— y debe mostrar una organización jerárquica, con distribución de tareas y funciones entre sus miembros y un armamento y capacidad de fuego importantes. Por lo tanto, las bandas locales y juveniles que, de acuerdo con el Protocolo de Palermo, pudieran ser consideradas como crimen organizado, sin embargo, para los propósitos de este texto quedan excluidas, con lo cual tendríamos fundamentalmente dos modalidades centrales: los ejército-guerrillas y las bandas criminales, aunque también pueden encontrarse formas híbridas de los dos modelos, como los colectivos de Venezuela o las guerrillas de Colombia (Giraldo-Ramírez, 2014).

Esas dos modalidades tienen varias semejanzas y una diferencia que se considera fundamental para comprender su dinámica de actuación: las metas finales que cada una de estas organizaciones se propone. En el caso de las bandas criminales, como lo sería también de las bandas juveniles o locales, el propósito de su actuación es el lucro económico, el enriquecimiento de sus miembros a partir de la depredación o la captación de rentas ilegales. En las organizaciones tipo ejército o guerrilla, las metas están orientadas a la obtención del poder político, el dominio político a partir de la derrota o desplazamiento de las fuerzas del Estado. Esa meta está, por lo regular, asociada al prestigio que deriva de la posición de dominador y a las prebendas económicas (bienes y servicios) o sociales (respeto, privilegios sexuales) que pueden obtenerse.

La manera como se vinculan las metas primarias que definen al grupo —el lucro o el poder político— con las metas secundarias que establezcan determinan las diferencias en la actuación de los grupos armados no estatales. La banda criminal busca el lucro económico y puede que,