Los países centroamericanos y Colombia: historia, relaciones y desencuentros

Por Universidad Nacional de Colombia

Este libro constituye un esfuerzo interdisciplinario por entender el pasado, el presente y el futuro de una región que podríamos denominar como el Caribe suroccidental, que incluye a los países centroamericanos y Colombia en su relación tanto con un contexto caribeño más amplio como con los Estados Unidos y su despliegue imperial en la zona. La obra conjuga artículos de carácter multidisciplinario que ofrecen una mirada regional y transnacional que permite comprender similitudes y diferencias entre los casos de estudio. Los ejes temáticos se refieren a tres aspectos importantes: primero, los conflictos y acercamientos diplomáticos en el proceso de relacionamiento entre los países; segundo, el impacto ecológico, económico y humano de la inserción en el mercado mundial y la explotación de los recursos naturales y, por último, el impacto social y comunitario de las desiguales formas de despliegue imperial en variadas zonas del Caribe suroccidental. Así mismo, se analizan los límites del modelo de nación multicultural a la hora de garantizar derechos territoriales y culturales en Colombia.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Nacional de Colombia
• Fecha de lanzamiento: 1 may 2020
• ISBN: 9789587945638

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PRIMERA PARTE

Conflictos internos y relaciones internacionales en Colombia y Centroamérica

El Estado Federal de Panamá: la guerra de 1875 y su relación con el Gobierno central de Colombia

¹

Maritza Maldonado Niño y Juan Alberto Rueda Cardozo

Introducción

En este capítulo se busca mostrar la relación político-militar que existió entre los gobernantes del Estado Soberano de Panamá y los del Gobierno central de los Estados Unidos de Colombia en medio de la crisis política y militar acaecida en 1875, denominada por la élite política colombiana como la Rebelión de la costa. Por tanto, los principales actores sujetos de estudio son el presidente del Estado Soberano de Panamá, general Gregorio Miró, y el presidente de Colombia, Santiago Pérez. El relato se centrará en el período administrativo del gobernante panameño y se enfocará en sus relaciones con la élite nacional antes de esta crisis y en los cambios políticos generados hasta el final del conflicto.

Con el ánimo de mostrar la relación político-militar de los Gobiernos vigentes en medio de la Rebelión de la costa en 1875 se aborda la historia en común entre Panamá y Colombia, así como la instauración del federalismo en el primero, seguida de una presentación de su situación económica y política en la década del setenta del siglo

XIX

. Por último, nos enfocaremos en el período del general Gregorio Miró, quien debió asumir la crisis de desorden público en su territorio en 1875.

Las relaciones entre el Gobierno nacional y el panameño durante el siglo

XIX

se caracterizaron por una fragilidad económica, política, ideológica y militar agudizada por la distancia geográfica entre el primero, instalado en la helada Bogotá, y el segundo, en la ciudad de Panamá. Dicha vulnerabilidad dependía en especial de los lazos de apoyo ideológico hacia los gobiernos de turno y la necesidad del reconocimiento de legalidad y legitimidad hacia el otro.

Panamá compartió su historia con la República de Colombia desde 1821, fecha en que fue políticamente anexada como parte del proyecto unificador de Simón Bolívar, adhesión que se extendió hasta su proceso independentista en 1903². El proceso de vinculación a la entonces denominada Gran Colombia fue realizado en forma espontánea el 28 de noviembre de 1821, fecha en que se proclamó la independencia del istmo de Panamá de España.

Sin embargo, no tardaron en producirse dentro del territorio movimientos separatistas del Gobierno colombiano. En 1826 se presentaron las primeras tentativas autonomistas; en 1830, bajo la dirección de los militares José Domingo Espinar y Juan Eligio Aizpuru (quien sería fusilado el 29 de agosto de 1831), se llevaron a cabo los primeros levantamientos en armas para la defensa de Simón Bolívar ante los Gobiernos de Venezuela, Ecuador y el propio Panamá. Finalmente, el 18 de noviembre de 1840 los municipios del istmo reunidos en convención proclamaron la primera República de Panamá, de la que fue presidente el entonces coronel y luego general Tomás Herrera, quien poco después, el 31 de diciembre de 1841, accedió a la reincorporación del territorio a la Gran Colombia que, tras la separación de Venezuela y Ecuador, pasó a denominarse República de Nueva Granada.

Luego de este período de agitación política en el territorio panameño siguió un espacio de relativa tranquilidad y conformidad hacia el Gobierno central por parte de sus dirigentes, especialmente durante el establecimiento del Estado Federal de Panamá en 1855³, con el cual se dio rienda a la tan anhelada autonomía administrativa, comercial, jurídica y militar⁴. No obstante, la incipiente calma solo fue un espejismo, pues las divisiones políticas y los conflictos por ocupar el poder administrativo del Estado de parte de los líderes regionales no se hicieron esperar, bien fuera con el uso de las armas o con la manipulación electoral.

Ahora bien, es preciso destacar que durante el siglo

XIX

se evidenció la ausencia de incentivos económicos y sociales de parte del Gobierno nacional colombiano al panameño; por el contrario, aquel se encargó de instaurar serias restricciones administrativas y jurídicas, en contra de los privilegios consolidados durante la autonomía económica que proporcionó el Estado soberano a los políticos y lugareños. Esto se debió en gran medida a la distancia geográfica entre el Gobierno nacional y el local panameño.

Para finales de la década del cincuenta del siglo

XIX

el cambio era la consigna política y, por qué no decirlo, militar de la nación. Los primeros avances se lograron a partir de 1845 bajo la primera presidencia de Mosquera, quien promovió la abolición de la esclavitud, la división de los resguardos indígenas, la ampliación de las libertades civiles y de prensa, la abolición de la pena de muerte por delitos políticos, la descentralización de la administración y de los impuestos, un mayor control de los Gobiernos locales sobre la Iglesia y la supresión de los tribunales eclesiásticos especiales⁵. El objetivo era la organización de una sociedad moderna a partir del desarrollo de la democracia y de la ciudadanía política.

A la par se consideró el sistema federal como la mejor opción para impulsar y garantizar la modernidad, el progreso y el ejercicio de un Gobierno autónomo regional. Con este objetivo, el célebre Justo Arosemena logró el reconocimiento por parte del Gobierno central del territorio panameño como Estado Federal en 1855⁶. Su surgimiento fue visto como un logro político regional capaz de proporcionar las herramientas para el establecimiento de una administración autónoma, soberana y con libertades amplias para incentivar el comercio panameño, además de la facultad para la organización de un cuerpo militar propio apoyado, de ser necesario, por la Guardia Nacional, y todo el amparo de la Constitución Nacional decretada en 1863, en la que se instaura el federalismo a escala nacional⁷.

Sin embargo, el federalismo permitió que se acentuaran conflictos locales que revelaron guerras regionales. En ocasiones, dichas tensiones lograron proyectarse al ámbito nacional. Para el caso del Estado Soberano de Panamá, durante la segunda mitad del siglo

XIX

las guerras que predominaron sobre su territorio fueron las de tipo local, promovidas por una intensa lucha que pretendía el control y el dominio administrativo y político del Estado, con el favorecimiento de los intereses de particulares y de grupos políticos. Este conflicto logró alterar el orden constitucional, administrativo y militar del territorio mediante una sustitución súbita de los líderes políticos en el poder Legislativo y Ejecutivo por parte de los vencedores del conflicto.

La década del setenta del siglo

XIX

En el transcurso de esta década, las divergencias ideológicas dentro del Estado Soberano de Panamá fueron un móvil para el conflicto permanente entre los líderes gubernamentales y militares en su lucha por el poder representado en cargos públicos. Dicha tensión se gestó especialmente entre dos facciones del partido Liberal: una de corte conciliadora o moderada contra otra de corte más radical; lucha en la que el partido Conservador se encontraba cada vez más segregado de la representación y participación en la administración del Estado.

En este contexto, vale la pena señalar que en 1873⁸ las tensiones políticas del territorio panameño llegaron a su máximo punto de agitación con el golpe de Estado efectuado por los opositores al Gobierno el 5 de abril, con el que lograron revocar de su cargo al entonces presidente legítimo, el general Gabriel Neira, quien, no obstante, retomó el poder al poco tiempo al alzarse en armas y realizar un contragolpe, tras del cual se encargó de consolidar su programa de gobierno de marcada tendencia moderada, que fue acogido por su sucesor, el general Gregorio Miró. Sin embargo, este legado de liberalismo moderado cayó tras la finalización del gobierno de Miró y la instauración en el poder de líderes liberales radicales.

La economía panameña en la década del setenta

La geografía del istmo panameño favoreció el impulso de una economía interoceánica capaz de estimular el desarrollo capitalista mercantil y el posterior afianzamiento de las relaciones de producción capitalistas en Europa y los Estados Unidos. Esta situación le permitió al liberalismo mayor aceptación y representación en las bases de la sociedad panameña. Sin embargo, es pertinente señalar que, a pesar de su excelente ubicación geográfica y su naturaleza innata para el comercio exterior, el territorio panameño se caracterizó por una población rural, un Gobierno con déficit fiscal a causa de las continuas luchas armadas en su territorio y las guerras civiles nacionales, además de una élite que buscaba consolidar un producto de exportación que estimulara el crecimiento económico.

La década del setenta del siglo

XIX

evidenció una crisis económica a causa de la finalización del período de la fiebre de oro en California, la crisis mundial del sector cafetero y la escasa inversión por parte de los Gobiernos nacional y local en proyectos económicos de vías de comunicación. El autor Pantaleón García⁹ demuestra que durante el período de la fiebre del oro en California el istmo de Panamá tuvo importantes ingresos económicos como resultado de la inmensa cantidad de pasajeros y tesoro que cruzaba por él en dirección a California. Había un negocio próspero, los residentes del interior vendían sus productos y los hoteles tenían una clientela permanente.

Sin embargo, este acontecimiento acarreó repercusiones negativas para el istmo, pues se afianzó aún más la dependencia hacia el sector servicios, descuidando las inversiones y proyectos en los sectores agropecuario e industrial. Por ello, al finalizar la actividad minera en California a Panamá solo le quedaron la miseria, las enfermedades, la corrupción y el desempleo. Para completar la crisis se inauguró el Ferrocarril Transcontinental en los Estados Unidos, lo que representó una disminución dramática del uso del Ferrocarril de Panamá como ruta obligatoria.

El inusitado desarrollo tecnológico del mundo, que abarrotó los mercados europeos, contribuyó a promover hacia 1873 la crisis de la actividad económica en el istmo. Además de la pérdida de créditos con las casas comerciales inglesas y norteamericanas, algunos estados de la Unión colombiana que tradicionalmente se abastecían de mercancías por los puertos de Panamá y Colón optaron por importarlos directamente desde las casas matrices, sin utilizar la ruta istmeña.

Otro factor causante de la disminución comercial panameña fue la depresión comercial que en ese momento experimentó el Perú, cuyas casas comerciales eran grandes usuarias del Ferrocarril de Panamá. Por otro lado, el oro mexicano, que anteriormente llegaba a Colón para ser redespachado a Londres, fue remitido en adelante hacia San Francisco, desde donde se enviaba directamente a la China.

Por lo tanto, el istmo de Panamá, entendido como una zona de tránsito interoceánico, experimentó las crisis económicas cíclicas que afectaban al mundo, obligando a los comerciantes panameños a esforzarse por encontrar un producto motor, como las perlas, el caucho, las maderas, los mangos, los plátanos, el algodón y los limones, sin que ninguno de ellos pudiese sacarlo de la crisis económica en que se encontraba.

Durante esta década llegaron al istmo las compañías de vapores europeas, de los Estados Unidos y de la América del Sur, además de la inversión de una nueva compañía de navegación al puerto de Colón, con la que se esperó colocar una mayor cantidad de productos del istmo de Panamá en New York, debido a la rapidez en el transporte y a la baja de los fletes. Esto confirmó la importancia estratégica que proporcionaba su ubicación geográfica y que lo convertía en lugar de tránsito. Sin embargo, el déficit fiscal dificultó el crecimiento económico de la región.

Política y gobierno en la década del setenta

En cuanto a la situación política, en el territorio panameño se establecieron dos bandos ideológicos; de una parte, una facción conservadora que pretendió mantener el estatus económico, administrativo y social heredado de la Colonia, y de otra, una nueva tendencia que buscó modificar su entorno social mediante proyectos librecambistas o progresistas para su época, los cuales se consagraron en la figura de dos partidos políticos tradicionales: el Conservador y el Liberal, respectivamente.

De estas, las políticas liberales tuvieron mayor acogida en la cultura panameña, pues se ajustaron perfectamente a las rápidas transformaciones económicas y sociales por las que atravesaba el istmo a mediados del siglo

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¹⁰. En especial, el liberalismo panameño se distinguió por adoptar tesis políticas relacionadas con el tránsito a la organización federal, la concesión de la soberanía de los Estados, los principios librecambistas en la administración aduanera, la institucionalización del principio habeas corpus, la introducción del matrimonio civil y la igualdad jurídica de los hijos, la abolición del Ejército permanente y la celebración de una actitud bipartidista para la selección de los empleados públicos¹¹.

Con la instauración del federalismo, las diferencias y tensiones entre el partido Conservador y el Liberal se hicieron cada vez mayores y se caracterizaron por el conflicto constante en torno al control del poder Ejecutivo¹²; esto generó una tensión política que otorgó el poder administrativo y representativo del territorio panameño al partido Liberal por medio de las urnas y en ocasiones a través de las armas.

A su vez, el liberalismo panameño afrontó una división interna entre independientes o moderados y radicales. Por una parte, los independientes promovían un liberalismo con flexibilidad, al permitir la participación de la Iglesia en asuntos estatales, promover un Gobierno central con liderazgo y soberanía fiscal, esto con el claro objeto de mejorar el orden social, el orden público y la regulación de las relaciones entre el Estado y sus contendientes políticos. Por otra, los radicales eran partidarios de un laicismo extremo en la administración del Estado, defendían el federalismo como sistema de gobierno y su preocupación fundamental fue organizar la educación pública¹³.

Sumadas a la inestabilidad política del partido Liberal se mantenían la continua pugna electoral, la búsqueda de consolidar una economía regional y la existencia de un conflicto armado de carácter local. Finalmente, el conflicto local se retroalimentaba con el de orden nacional. De esta manera, la región panameña del siglo

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se caracterizó por mantener una estrecha dinámica entre la política y la guerra, que permitía la consolidación del orden constitucional, político, económico y militar regional, orientado especialmente bajo los parámetros federales establecidos desde 1863. En medio de esta interacción se pueden identificar tres componentes panameños recurrentes: 1) el marcado interés de los líderes panameños por fomentar la autonomía de su región y así hacer uso de las riquezas del territorio; 2) un evidente conflicto de orden interno por el control y dominio del poder del Estado entre grupos políticos panameños; y 3) la involucración directa o indirecta del Gobierno panameño en las diversas guerras civiles nacionales, sin que ello significara un conflicto de orden interno en territorio panameño.

Por lo tanto, en el transcurso de la década del setenta del siglo

XIX

las divergencias ideológicas liberales dentro del Estado Soberano de Panamá fueron un móvil para el permanente conflicto entre los diferentes líderes gubernamentales y militares en su lucha por el poder. Dicho conflicto se gestó especialmente entre dos facciones del partido Liberal: una de corte conciliador o moderado contra otra de corte más radical; lucha en la que el partido Conservador se encontraba cada vez más segregado de la representación y participación en la administración del Estado.

Agitaciones en el Gobierno panameño que definieron la presidencia del general Gregorio Miró

En el transcurso de la década del setenta del siglo

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las divergencias ideológicas en el Estado Soberano de Panamá fueron un móvil para el permanente conflicto entre los diferentes líderes gubernamentales y militares en su lucha por el poder. En 1873 las tensiones políticas del territorio panameño llegaron a su máximo punto de agitación con el golpe de Estado efectuado por los opositores al Gobierno el 5 de abril, con el que lograron revocar de su cargo al entonces presidente legítimo, el general Gabriel Neira, quien no obstante retomó el poder al poco tiempo al alzarse en armas y dar un contragolpe con el cual consolidó su programa liberal de marcada tendencia moderada. La ejecución de esta política de gobierno sería adoptada y prolongada por el jefe militar Gregorio Miró, sucesor del general Neira en el poder Ejecutivo del Estado Soberano panameño.

Conocidos los sucesos en el istmo, el Gobierno nacional en cabeza del presidente Manuel Murillo decidió apoyar el regreso del destituido general Neira al poder Ejecutivo, convencido de la simpatía profesada por el Gobierno provisorio instaurado por las armas y presidido por el señor Dámaso Cervera y su grupo de apoyo hacia el candidato por la presidencia de la República, el general Julián Trujillo, en oposición a su abanderado para este cargo, el doctor Santiago Pérez; Murillo acordó con su sobrino, el coronel Diego Uscátegui¹⁴, intervenir en el restablecimiento del Gobierno legítimo panameño de Neira y partidario de sus planes y políticas¹⁵.

Esta situación pone en evidencia la influencia de los intereses políticos e ideológicos personales en la definición de la administración pública del Estado panameño, pues aunque el presidente provisional Dámaso Cervera fue simpatizante del liberalismo radical, su inclinación por la candidatura del general Julián Trujillo como liberal independiente para la presidencia de la República le costó la intervención del Gobierno central nacional. En esta perspectiva, el papel del entonces presidente Manuel Murillo demostró su intención por establecer en el Gobierno local un partidario afín a sus políticas de corte radical, que le permitiera la elección de Santiago Pérez como su sucesor en la presidencia.

Así, los sucesos acaecidos en mayo de 1873 se desenvolvieron en medio de un ambiente hostil entre la fuerza pública representada por el Batallón del Istmo n.° 1, partidarios del Gobierno provisorio de Dámaso Cervera y la Guardia colombiana encabezada por el Batallón Pichincha n.° 8, a favor de la restitución en el poder del general Neira¹⁶.

Tras la presencia hostil de sus opositores y la necesidad de reforzar las relaciones entre su grupo político, el presidente Neira convocó la realización de una asamblea constituyente¹⁷. Esta se efectuó el 1.° de octubre de 1873¹⁸ y estuvo organizada de la siguiente manera: como presidente ejerció Mateo Iturralde, diputado por el distrito capital; en el cargo de vicepresidente estuvo Ramón Vallarino Brájino, diputado del departamento de Panamá; como funcionario encargado se nombró a Juan José Miró, diputado por el departamento de Veraguas, y en el puesto de secretario ejerció Don José de Alba.

Como resultado de esta asamblea se dictó acto constitucional transitorio por medio del cual se determinó que la convención constituyente en nombre del pueblo de Panamá asumiría desde ese momento y hasta la modificación de la carta constitucional el mando de la soberanía estatal. Por ende, la convención constituyente, en calidad de asamblea legislativa, tomó como primera medida la designación de los cinco sustitutos que ejercerían provisionalmente en el poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 1873. Dicha elección se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Nombre de los cinco sustitutos del poder Ejecutivo en caso de falta absoluta o temporal de la figura presidencial ¹⁹

Fuente: Mateo Iturralde. Acto Constitucional transitorio: Organizando el Gobierno del Estado, Estados Unidos de Colombia, Gaceta de Panamá, n.° 131, Panamá (18 de octubre de 1873).

El 13 de noviembre el general Neira se dirigió a la Asamblea en busca de su renombramiento, pero debió enfrentarse al rechazo de los propios oficiales de la Fuerza Pública, quienes decidieron organizar un golpe de cuartel para desplazarlo del cargo. Hecho penoso ante el cual la convención de la Asamblea Constituyente respondió relevándolo de su puesto y designando en su remplazo a Gregorio Miró Arosemena.

Gregorio Miró llega a la presidencia del Estado Soberano de Panamá

Este fue un personaje público de alta estima en las esferas militares y políticas del Estado; acreedor del rango de general, fue partidario y defensor de las ideologías independientes del liberalismo. Su cargo como presidente del Estado Soberano de Panamá fue designado directamente por la Asamblea Legislativa²⁰. Si bien tomó posesión el 14 de noviembre de 1873 con expectativas de culminar su trabajo, luego de dos años de gestión, el 30 de septiembre de 1875, las convulsionadas relaciones políticas dentro del territorio propiciaron el desarrollo de nuevos conflictos que acabaron con su gobierno en condiciones bastante confusas, pero que acarrearon la caída del liberalismo independiente y el ascenso del radical²¹.

Durante su período como presidente panameño, debió entablar relaciones con la administración nacional de Manuel Murillo Toro²² y su sucesor Santiago Pérez²³, aspecto importante para entender que las relaciones entre los Gobiernos de los Estados soberanos y el Gobierno central estaban íntimamente relacionadas con sus quereres ideológicos encarnados en los diversos políticos nacionales en turno en los cargos administrativos del territorio.

La noticia del nombramiento del general Miró a finales de 1873 como presidente panameño fue recibida con agrado desde la administración en Bogotá, la cual trabajó junto con sus diplomáticos en la consecución de buenas relaciones políticas y económicas con el Gobierno nacional²⁴. La administración del presidente Miró demandó de él un trabajo largo y arduo, pues no solo debió hacer frente a las tensiones políticas y la crisis monetaria producto de la inestabilidad política vivida en el territorio durante la mayor parte de 1873, sino la crisis económica internacional²⁵. Principalmente, intentó dar solución a las falencias en las dinámicas comerciales propiciadas por el mal funcionamiento de las vías del ferrocarril, sumadas a las imperiosas necesidades de reactivar el comercio interoceánico y garantizar la fluidez monetaria para hacer frente a los pagos y obligaciones básicas del Gobierno²⁶. Una de sus prioridades fue la estimulación de la producción agrícola como alternativa para la reactivación económica del territorio.

Para Miró, la solución a las dificultades fiscales por las que atravesaba el Estado panameño no debía buscarse en el aumento e instauración de más contribuciones, pues las altas cuantías que ya eran solventadas por los ciudadanos convertirían esta medida en un problema mayor dentro de su administración. Por esta razón, su propuesta económica se basó en un correcto y moderado manejo de los recursos y se centró en la inversión sobre proyectos de renovación y construcción pública, por medio de los cuales se buscó dinamizar la economía y beneficiar a la población. Sin embargo, las proyecciones del tesoro público fueron inciertas ante un territorio propenso a las confrontaciones y desgastes a causa de las contiendas políticas.

La Rebelión de la costa de 1875

El aumento de las tensiones a lo largo del país, sustentadas en la división política producto de las futuras elecciones presidenciales nacionales y la rivalidad entre los candidatos pertenecientes al partido Liberal, se intensificó y llegó a su punto más álgido con el surgimiento de los conflictos de orden público en los Estados costeros de Magdalena, Bolívar y Panamá en 1875, denominados como la Rebelión de la costa. Este levantamiento, que amenazó con el rompimiento temporal del pacto de la Unión, fue visto por el Gobierno nacional como un arrebato en la lucha electoral por la presidencia nacional²⁷.

La Rebelión de la costa plasmó las diferencias políticas y económicas entre los políticos regionales y nacionales. A su vez, hizo parte de una predominante lucha local por el dominio de la administración del Estado Federal, registrada como golpes de Estado, motines y rebeliones, que de manera imprevista alteraron el orden público. Las divergencias políticas y económicas se lograron encarnar en las figuras de los candidatos a la presidencia nacional Aquileo Parra y Rafael Núñez, el primero liberal radical, que gozaba de los favores y amistad del presidente nacional Santiago Pérez y de sus generales más destacados, como Sergio Camargo y Daniel Delgado. Y el segundo candidato era señalado como un audaz representante del liberalismo independiente (o moderado para otros), de origen cartagenero y que prometía mejores condiciones económicas para la costa.

La efervescencia del proceso electoral permitió que los intereses políticos y económicos fueran ejes para la organización de asociaciones y agrupaciones de diversos líderes políticos y militares de esa región, quienes se organizaron y confrontaron por medio de las armas para, una vez más, reñir por el control administrativo e impulsar proyectos económicos en favor de sus propios intereses²⁸.

Cabe recordarle al lector que a lo largo de la historia del período federal se mantuvieron presentes los siguientes rasgos: la ya mencionada lucha constante entre los líderes políticos por obtener el control administrativo, un recurrente fraude electoral y una multipresencia de cuerpos armados como la Guardia Nacional, los Ejércitos de cada Estado soberano y grupos armados en oposición a los Gobiernos locales o nacionales en turno, así como un despilfarro de las riquezas de la nación ocasionado por los gastos extraordinarios asumidos por las guerras.

Por último, los sucesos de la costa fueron una amenaza que representaba el rompimiento temporal del pacto de la Unión, lo que significó un conflicto de intereses diplomáticos, militares y políticos entre los dirigentes regionales y los del Gobierno nacional. En el caso del Estado Soberano de Panamá, este se organizó para la guerra contra el Gobierno nacional en pro de la defensa de sus intereses autónomos, soberanos y políticos.

La Rebelión de la costa en Panamá

El inicio de estos conflictos encontró su origen en el apoyo brindado por dirigentes políticos en los Estados de la costa a la candidatura de Rafael Núñez, en quien buscaron el desarrollo de una política conciliadora entre los partidos que trajera tranquilidad a sus territorios. Dicho respaldo se manifestó desde mediados de 1874, tiempo en el cual un grupo de dieciséis congresistas pertenecientes a cada uno de los Estados efectuó una reunión en la ciudad de Bogotá, que tuvo por resultado la organización de la Sociedad de Representantes Costeños, encargada de apoyar a los políticos de la República con intereses claros hacia la costa atlántica.

Este respaldo manifiesto hacia Rafael Núñez motivó el armamento de sus opositores dentro de cada Estado y se convirtió en el pretexto perfecto para la explosión del caos. El Estado Soberano de Magdalena fue el primer espacio en que se gestaron los movimientos violentos y de allí se extendieron a los Gobiernos de Bolívar y Panamá²⁹. En el Estado Soberano de Magdalena el enfrentamiento entre los sectores simpatizantes de Aquileo Parra y los allegados a la candidatura de Rafael Núñez se tradujo en el estallido de un conflicto violento en el cual participó la Guardia colombiana tomando posición a favor de las fuerzas rebeldes al Gobierno del Magdalena y cercanas a la figura política de su preferencia, Aquileo Parra, lo que aumentó la inconformidad existente.

La intromisión de la Guardia colombiana en apoyo a este candidato, preferido por el gobierno de Manuel Murillo y su sucesor, Santiago Pérez, prendió las alarmas en los Estados de Bolívar y Panamá que, previendo el avance de las tropas hacia sus territorios, se prepararon para la defensa de su autonomía y de los principios consagrados por el sistema federal, especialmente aquellos referidos a la libertad del proceso electoral en cada una de sus jurisdicciones.

Es preciso señalar que la prevención asumida por estos Estados halló sustento en el aumento del pie de fuerza de la Guardia colombiana en más de 3000 hombres, ordenado por el Gobierno central tras el estallido de los primeros enfrentamientos y so pretexto de garantizar la navegabilidad del río Magdalena, promover la protección de las aduanas de la nación presentes en la zona y evitar la propagación del ánimo rebelde por el resto del territorio.

Las acciones asumidas por el Gobierno central y el proceder de la Guardia colombiana ante la situación fueron vistos por los presidentes de los Estados de Panamá y Bolívar, Gregorio Miró y Eugenio Baena, como anticonstitucionales y violatorias del pacto de la Unión. En razón de esto arguyendo la defensa del orden constitucional y amparados bajo la protección de sus cuerpos armados se declararon en estado de rebeldía permanente contra el Gobierno nacional.

Para el presidente Miró, esta decisión de participar activamente en el conflicto encontró justificación en el cumplimiento de los principios de la carta constitucional, específicamente los consignados en sus artículos segundo³⁰ y noveno³¹, en los cuales se habló sobre la obligación del auxilio y cooperación entre los territorios amenazados en su autonomía, y del goce de los derechos acordados en el pacto de la Unión. En este sentido, las cuestionables acciones del Gobierno central, representadas en cabeza de sus Fuerzas Armadas, otorgaron los argumentos suficientes para la organización en defensa de la soberanía estatal y del sistema federal.

En el Estado Soberano de Magdalena, el presidente Miró no solo acudió en auxilio del presidente Joaquín Riascos por medio de la venta de armas y municiones, sino que además procedió a la organización y preparación del cuerpo militar en pie de lucha. El primer envío de armamentos y municiones hacia el territorio del Magdalena fue ordenado el 30 de abril de 1875, y el intermediario para esta operación fue Clemente Cayón, hombre de confianza del general Riascos, a quien se hizo entrega de 94 rifles tipo Peadboby, 76 bayonetas y 32 000 cápsulas embostadas, por un valor de 2500 pesos, cancelados el 1.° de julio del mismo año. De igual forma, se efectuó un segundo envío a través del mismo canal, compuesto por 50 rifles y 12 000 cápsulas, avaluadas en 1200 pesos el 30 de julio.