Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI: Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV

Por AAVV

Estudiosos del sistema televisivo autonómico español analizan la situación de las televisiones públicas en España, así como el impacto del cese de las emisiones de la Radiotelevisión Valenciana. Dividido en dos grandes bloques, en la primera parte se recogen investigaciones sobre algunas de las radiotelevisiones públicas españolas: País Vasco (EITB), Cataluña (CCMA), Galicia (CRTVG), Madrid (Telemadrid), Andalucía (Canal SurTV) o Asturias (RTPA). El segundo bloque de este libro aborda el estudio de la crisis de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con cinco trabajos dedicados a profundizar sobre las causas y consecuencias de su cierre: el génesis del modelo RTVV, las consecuencias del cierre para el sector audiovisual valenciano, el caso de TeleElx, el caso de la delegación territorial de Castellón de RTVV y finalmente el debate surgido en Twitter a raíz del cierre de RTVV.

• Idioma: Español
• Editorial: Publicacions de la Universitat de València
• Fecha de lanzamiento: 2 feb 2016
• ISBN: 9788437097558

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Introducción

JAVIER MARZAL FELICI

UNIVERSITAT JAUME I

1.El progresivo deterioro de las radiotelevisiones públicas en España

Desde que cerramos la edición del libro La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza, también publicado por la colección Aldea Global, hasta la redacción de la presente introducción, apenas han transcurrido pocos meses (entre noviembre de 2014 y febrero de 2015), en los que han tenido lugar algunos hechos informativos destacables.

Por un lado, el deterioro de la función de servicio público de Radiotelevisión Española (RTVE) ha conocido en estos últimos tiempos un avance muy significativo. En efecto, desde 2011 a 2014, RTVE ha pasado de ser la cadena líder de España, especialmente en programas informativos, a una modesta tercera posición, tras Tele 5 y Antena 3. En apenas tres años la cadena pública estatal ha perdido buena parte de la credibilidad informativa cosechada, con mucho esfuerzo, entre 2006 y 2011. En el caso de Radio Nacional de España el descalabro ha sido bastante considerable, con la pérdida de más de 800.000 oyentes en este periodo. La pérdida de confianza de una buena parte de la audiencia hacia RTVE ha coincidido con un agravamiento de la situación financiera de la corporación que acumula en 2014 más de 750 millones de euros. Entre las principales causas del déficit se pueden destacar la ausencia de una financiación adecuada por parte del estado y la depreciación patrimonial de la corporación, sufrida en estos años de profunda crisis, pero también cabe explicar esta importante crisis de RTVE por la progresiva gubernamentalización y desprofesionalización de la gestión de la corporación.

Cabe recordar que en virtud de los cambios introducidos por el Gobierno de España del Partido Popular, mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, en 2012, que modificaba el régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), volvía a ser posible que el nombramiento del presidente de la Corporación fuera designado por mayoría absoluta en el Parlamento, sin necesidad de alcanzar la mayoría cualificada que la Ley 17/2006 exigía. De este modo, en estos últimos años se ha podido constatar el regreso a viejas prácticas en la forma de dirigir y gestionar la cadena pública estatal, basadas mucho más en la instrumentalización política de los informativos, en tanto que herramienta esencial del poder político para moldear la opinión pública, a lo que hay que sumar un modelo de gestión de la programación de la cadena y de la dirección de programas que no se basa en criterios estrictamente profesionales. Desde 2012, con la llegada del Partido Popular al poder, la gestión del nuevo presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, que dimitió por sus discrepancias con el Gobierno estatal sobre la infrafinanciación de la radiotelevisión pública, ha sido clave para el deterioro de la corporación. Entre sus decisiones más polémicas destacó el nombramiento de Julio Somoano como director de los Servicios Informativos, cuya gestión en estos últimos años provocó el rechazo de una amplia mayoría de trabajadores de la corporación, así como denuncias reiteradas del Consejo de Informativos de TVE.

Hace pocas semanas, en el mes de octubre de 2014, tomó posesión como nuevo presidente de la Corporación de RTVE José Antonio Sánchez Domínguez, procedente de la cadena Telemadrid, fuertemente controlada desde muchos años atrás por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular. La noticia del nombramiento encendió, desde el principio, todas las alarmas entre los trabajadores de RTVE, y también en asociaciones profesionales de periodistas, partidos políticos de la oposición, sindicatos, entidades cívicas, etc. En efecto, en apenas un par de meses, el Consejo de Informativos de TVE ha denunciado la existencia de «purgas» o «caza de brujas» de los trabajadores no afines ideológicamente a la dirección de los Servicios Informativos, así como la contratación de periodistas externos sin proceso selectivo público (con la excusa de reforzar la cobertura de los procesos electorales previstos en 2015), o la no menos escandalosa renuncia a ocupar un puesto de representación en la Unión Europea de Radiodifusión –nada menos que la presidencia de la Asamblea de Informativos de la UER/EBU–. Esta decisión, comunicada por la dirección de los Servicios Informativos el pasado 30 de enero de 2015, no argumentada, solo puede entenderse como una estrategia para reducir la influencia del Consejo de Informativos de TVE en este importante organismo internacional, en el que participan, entre otros, todas las radiotelevisiones públicas del viejo continente. En pocas semanas, la nueva dirección de RTVE ha cesado a directivos, jefes de sección, adjuntos y responsables de áreas, sin alegar razones profesionales, lo que ha provocado una respuesta masiva de numerosos trabajadores de la casa y del Consejo de Informativos, expresión del hartazgo de una plantilla de periodistas y profesionales que asisten al deterioro continuado de la radiotelevisión pública estatal.

No deja de resultar sorprendente, cuando menos, que haya terminado pareciendo «normal» que los máximos responsables de las radiotelevisiones públicas –presidentes, miembros de sus consejos de administración, directores de departamentos y de servicios, etc.– recaigan sobre personas que trabajan en medios de comunicación del sector privado o cuya profesión está directamente relacionada con la actividad política, siempre ligada al partido que tiene responsabilidades de gobierno en cada momento. Esta «puerta giratoria» entre cargos políticos y puestos de responsabilidad en RTVE y en otras radiotelevisiones públicas autonómicas responde a una concepción democrática cuyos principales valores han sido pervertidos, donde se ha primado la «representatividad» de las formaciones políticas en detrimento de otros valores, como hemos analizado extensamente (Fitó y Marzal, 2015; Soler y Marzal, 2015).

El segundo hecho que cabe destacar es el caso de la privatización de la radiotelevisión pública de la Comunidad de Murcia, donde gobierna desde hace muchos años el Partido Popular. Al amparo de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley 6/2012, de 1 de agosto, reformada por el Gobierno español del Partido Popular, en este caso la llamada «externalización», eufemismo de «privatización», afectará a la oferta completa de la cadena. En efecto, como se hizo público el pasado 28 de enero de 2015, Murcia será la primera comunidad autónoma cuya cadena de radiotelevisión pública será gestionada de forma íntegramente privada, incluidos los servicios informativos. El concurso público ha sido ganado por el grupo Secuoya, por un importe total de 72.362.999 euros, impuestos incluidos, para una gestión de tres años, prorrogable otros tantos. Aunque está pendiente de la ratificación definitiva del ejecutivo murciano, cabe destacar que la adjudicación ha sido ganada por una empresa fuerte, radicada fuera de la Comunidad de Murcia, que tiene su negocio repartido en diferentes territorios de España y está especializada en la producción de contenidos para otras televisiones públicas como IB3, la Radiotelevisión Canaria o Telemadrid, y para cadenas privadas como Antena 3 y TVE, así como en otros países latinoamericanos como Perú, Chile y Estados Unidos. La radiotelevisión pública murciana 7RM será, pues, gestionada íntegramente por el grupo Secuoya, que ya ha anunciado que subcontratará los servicios de otras productoras y televisiones locales de la propia región de Murcia –un total de 34 empresas del sector, según han anunciado–, hasta un 60% de contenidos que deberán tener un marcado carácter local. El grupo Secuoya cuenta entre sus consejeros con Miguel Ángel Rodríguez, actual tertuliano en varios programas de televisión de infoentretenimiento, y fue el primer director de comunicación del Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura. Otro gran grupo de comunicación especializado en la producción de contenidos para cadenas de televisión y productoras, Vértice 360, ha tenido, hasta 2012, como presidente de su consejo de administración a Josep Piqué, exministro de industria también en los gobiernos de Aznar (entre 1996 y 2003). Se constata así la relación entre medios de comunicación públicos, privados y política, entre los que se han venido tejiendo durante décadas intrigas de poder con la única excepción del caso de RTVE en el periodo 2006-2011, como ya se ha referido.

El caso de la externalización de la radiotelevisión pública de Murcia constituye la primera iniciativa de privatización completa en el estado de las autonomías, que pone en jaque la concepción de servicio público que hemos conocido hasta la fecha, y es un paso más respecto al modelo de Aragón RTV, radiotelevisión pública que también se basa en ese modelo, aunque en este último caso, la empresa pública mantiene una mínima plantilla de trabajadores públicos, que gestionan, entre otros, los servicios informativos, así como la coordinación de toda la producción externalizada. No está de más recordar que la privatización de las radiotelevisiones públicas autonómicas, en particular de RTVV, era una propuesta que aparecía recogida en el programa de gobierno del Partido Popular ya en 1995.

De este modo, estos dos casos que acabamos de referir representan una nueva «vuelta de tuerca», gracias a los cambios legislativos producidos en 2012, en el proceso de degradación de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación. Creemos importante dirigir nuestra mirada, siquiera brevemente, hacia el resto de la Unión Europea, con el fin de determinar si somos realmente una excepción en el panorama de las radiotelevisiones públicas en nuestro continente.

2.La crisis del concepto de servicio público y la expansión del pensamiento neoliberal

Podría creerse que el debate sobre el papel de las radiotelevisiones públicas, acerca de su legitimidad, de su modelo de gestión, del problema de su instrumentalización política, etc., es exclusivamente una problemática que solo alcanza a países como España y a los del sur de Europa, quedando así libres de estas amenazas los países del centro y del norte europeos.

Sin embargo, cabe afirmar que esta creencia tan extendida está realmente lejos de estar ajustada a la realidad, siempre más compleja y heterogénea de lo que cabe pensar a priori. En efecto, son bastante numerosos los estudiosos de esos países que llevan años alertando sobre la progresiva privatización de los servicios públicos de radiotelevisión, y de la pérdida de relevancia de los medios de comunicación públicos en los sistemas comunicativos nacionales, desde un punto de vista estructural.

Los órganos de gobierno de la Unión Europea han creado una enorme maquinaria burocrática, mediante el desarrollo de directrices, normativas, líneas de ayudas y leyes regulatorias que no siempre han dado los mejores resultados. El desarrollo de las políticas de medios de comunicación públicos europeos ofrece una extensa complejidad que ha terminado dibujando un escenario confuso en la Unión Europea, no siempre favorable a los medios de comunicación de servicio público. En este sentido, la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (adaptación realizada en 2007 de la antigua Directiva «Televisión sin fronteras», de 1989), y otras sobre la alfabetización mediática («media literacy») y el pluralismo informativo (de 2008) se enfrenta a su aplicación en 28 jurisdicciones nacionales y subnacionales (Donders, Pauwels y Loisen, 2014). Existen además otras iniciativas como el programa «Media» que puede considerarse la más importante de la Comisión Europea para el desarrollo de las industrias del cine y de la televisión de la UE, a través del estímulo de la producción y distribución de films, series y programas de TV que, no obstante, no ha servido para fortalecer una industria audiovisual europea que pueda medirse al gigante estadounidense. Y en el nuevo panorama digital, que ha precipitado la transformación de los servicios públicos de radiodifusión (SPR) en servicios públicos de comunicación (SPC), los operadores de radio y televisión públicos, llamados a ser mucho más que radio y teledifusores, han tropezado con los intereses de los principales grupos de comunicación privados de todo el continente.

En esta misma línea se manifestaba Karen Donders cuando señalaba que la acción de la Comisión Europea hacia los SPC, en estos últimos años, está mucho más centrada en vigilar los aspectos de carácter económico en detrimento de los intereses públicos que los SPC están obligados a proteger. De este modo, la Comisión Europea ha invertido muchos esfuerzos en analizar y vigilar, por ejemplo, el problema de la competencia en la financiación de las radiotelevisiones públicas mediante subvenciones públicas y contratación de publicidad, simultáneamente, como respuesta a la fuerte presión de los lobbies o grupos de interés que representan los operadores privados (Donders, 2011), donde también son importantes actores las grandes empresas de telecomunicaciones. En España, la eliminación de la publicidad en RTVE ha tenido como efecto inmediato el incremento, de forma muy considerable, de la cuenta de resultados de los operadores privados, acentuando así la consolidación del duopolio televisivo, dominado por los grupos Atresmedia y Mediaset, que actualmente tenemos en España. Con frecuencia se suele olvidar que la publicidad es información comercial de interés público que, de manera proporcionada, puede tener mucho sentido también en las cadenas de radiotelevisión públicas, y constituye, además, una fuente de financiación secundaria nada desdeñable, especialmente en plena crisis financiera. Precisamente, las radiotelevisiones públicas autonómicas en España han sido objeto de fuertes críticas, en estos últimos años, por parte de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto –UTECA–, que se empecinan en justificar la reducción del peso de las radiotelevisiones públicas autonómicas, mediante su fusión en un tercer canal, y en la eliminación de la publicidad como fuente de financiación, como se expone en el conocido Informe encargado a una consultora internacional (Deloitte/UTECA, 2011).

La multiplicación de la oferta de radios y televisiones comerciales es un fenómeno que trasciende las fronteras de España y ha sido constante en las últimas décadas, especialmente en Europa occidental. Debemos recordar, en este sentido, que su nacimiento y expansión, en los años ochenta y noventa, se justifica en la necesidad de respetar «el libre mercado, en dar mayor soberanía al consumidor, satisfacer al individuo, terminar con una programación elitista y con los monopolios de control estatal» que representaron las televisiones públicas durante muchos años (Donders, Pauwels y Loisen, 2013: 13). En efecto, en los años ochenta la Comisión Europea dictaminó una serie de directrices generales que facilitaron el proceso de liberalización y desregulación del mercado de la radiodifusión en Europa, puesto que se consideraba que la aparición de un escenario competitivo era, en sí mismo, una garantía de pluralismo y diversidad.

Más de treinta años después de aquellas directrices de la CE, el escenario radiotelevisivo europeo ha sufrido una transformación radical, y ha caminado hacia una progresiva pérdida de relevancia del servicio público de radiodifusión. En efecto, Ferrell y Steemers constatan que nos hallamos ante una situación alarmante, puesto que el cuestionamiento de la necesidad de contar con medios de comunicación de servicio público (SPC) está alcanzando incluso a países como el Reino Unido, donde parecía que esto no podía ocurrir, con una institución tan consolidada como la BBC, en la que el canon ha sido congelado hasta 2017, o Alemania, donde las radiotelevisiones públicas han tenido que reducir su oferta on line por la presión de los operadores privados, o Finlandia, donde también se cuestiona la participación del Estado en la financiación de la radiotelevisión pública (Ferrell y Steemers, 2012).

En realidad, se trata de una corriente de pensamiento que circula por todo el mundo, desde países como Estados Unidos, donde los SPC (aparecidos muy tardíamente, hacia 1967) nunca han sido aceptados por la derecha política, hasta las jóvenes democracias del sur y este de Europa o Centroamérica, entre otros, donde en general la ciudadanía nunca ha percibido o sentido con suficiente consistencia la necesidad de contar con medios de comunicación públicos (algo que se puede relacionar con el bajo nivel cultural medio de la ciudadanía). Este pensamiento ha ido calando entre los ciudadanos y la clase política, hasta el punto de que, como subrayan Ferrell y Steemers, la organización y gestión de las radiotelevisiones públicas no se entiende si no es desde una óptica principalmente comercial, es decir, debe responder a criterios tales como la respuesta de las audiencias o la rentabilidad económica, lo que lleva a asumir en sus programaciones ofertas de infoentretenimiento, telerrealidad, infoshows y otras fórmulas que desvirtúan profundamente su propia naturaleza de servicio público (Steemers, 2003). Es evidente que asistimos a una suerte de «tormenta perfecta», en tanto que a la extensión del escepticismo hacia los medios de comunicación públicos (y hacia todo tipo de servicios públicos) se ha unido una crisis financiera global que ha llevado a nuestros responsables políticos a la adopción de fuertes medidas de austeridad económica, que están asfixiando e incluso poniendo en peligro la propia supervivencia de las radiotelevisiones públicas, tal y como las conocemos.

La crisis de legitimidad de las radiotelevisiones públicas, en el contexto actual, debe ponerse en relación especialmente con la expansión del pensamiento neoliberal, que está en la base de la economía global (digital). Como afirma Sean Phelan, «el neoliberalismo representa cómo las lógicas de la economía han colonizado la lógica de lo social, convirtiendo la vida social, humana y planetaria en algo subordinado, crecientemente, a la racionalidad instrumental del mercado» (Phelan, 2014: 3). En definitiva, el neoliberalismo debe contemplarse como la ideología del capitalismo global, uno de cuyos principios, repetido infinitamente, es que «la gestión privada siempre es mejor y más eficaz que la pública», una máxima que ha sido expandida y amplificada, muy especialmente en los últimos años. Para la expansión de este tipo de creencias, sin duda, cumplen un papel esencial los medios de comunicación –privados y públicos (especialmente si estos últimos están gubernamentalizados, esto es, son un instrumento político como ocurre con muchas radiotelevisiones públicas en España, en mayor o menor medida)–, a menudo utilizando técnicas de propaganda clásicas, como las que enunciara el propio ministro Goebbles en la Alemania nazi: mediante la simplificación maniquea de la realidad política, social y cultural; la adopción de ideas únicas; la repetición de ideas, aunque sean falsas; la exageración; la vulgarización; la contrainformación para distraer la atención del público; la ocultación de información; la construcción de argumentos verosímiles a partir de fragmentos, o la creación de una impresión de unanimidad, invocándose el «sentido común», «lo que piensa todo el mundo» o «lo que dios manda».

Los medios de comunicación de servicio público se enfrentan a un reto extraordinario en el momento actual, dado que el «espacio comunicativo» se ha convertido en un «mercado comunicativo», fuertemente competitivo, en el que las radiotelevisiones públicas se ven abocadas a competir en inferioridad de condiciones, puesto que sus competidores no son radiotelevisiones, sino grandes grupos de comunicación que tienen intereses comerciales en la mayoría de industrias culturales y otros sectores (prensa, libro, publicidad, música, etc., pero también telecomunicaciones, energía, etc.). No es fruto del azar que, en la última década, grandes corporaciones mediáticas europeas (Bouygues, Vivendi y Lagardère –Francia–, Bertelsmann, ProSiebenSat.1 Media y Alex Springer –Alemania–, Reed Elssevier Group, Daily Mail and General Trust e ITV –Reino Unido–, Wolters Kluwer y Reed Elssevier –Países Bajos–, RCS Mediagroup y Mediaset –Italia–, etc.) hayan incrementado notablemente sus beneficios, posible gracias al contexto de la crisis económica, además de a la gestión política de diferentes gobiernos de derechas, centro-derecha e, incluso, de gobiernos socialdemócratas, cuya acción política está impregnada por la ideología neoliberal.

De este modo, parece evidente que no solo es necesario que se revisen en profundidad las políticas de comunicación que se vienen impulsando desde las diferentes instancias de la Unión Europea (Comisión y Parlamento Europeos), sino que, además, es imprescindible que haya una auténtica renovación de las propias prácticas de la gestión y organización empresarial de los servicios públicos de radiotelevisión. Para ello, es imprescindible garantizar la pluralidad política, social y cultural, lo que implica una más que necesaria separación entre el poder político y la gestión de estas empresas públicas. Esto no será posible sino a través de la introducción de formas de gobernanza que permitan avanzar hacia democracias de calidad, para lo que se necesita una profunda desgubernamentalización, con unos medios de comunicación que no tengan ningún temor a someterse al control político, económico y social de los órganos externos e internos correspondientes, donde se garantice la participación ciudadana y una gestión de los medios públicos que esté en manos, sobre todo, de los propios profesionales del medio (Sarikakis, 2012; García-Marzá, 2015; Soler y Marzal, 2015; Fitó y Marzal, 2015).

No podemos finalizar esta reflexión sin hacer referencia a un aspecto que nos parece que debería ser objeto de reflexión. Cabe destacar que en los últimos años el «management» se ha convertido en una suerte de disciplina que, por sí misma, parecería ser capaz de resolver todos los problemas que sufren, entre otros, las cadenas públicas de radio y televisión. De este modo, es frecuente escuchar que es necesario profesionalizar la gestión de las radios y televisiones públicas porque, como ha sucedido en España sin duda, la falta de una gestión eficiente (y «honrada», nos atrevemos a añadir) ha sido una de las causas que explican el endeudamiento económico, el deterioro de la credibilidad y la pérdida de calidad de sus producciones. Ya hemos manifestado nuestro acuerdo con este diagnóstico. Pero, además, es necesaria cierta cautela a la hora de abrazar, acríticamente, las bondades del «management empresarial», como si este fuera inocente. Parece obvio que no existe una única manera, sino muchas, de gestionar profesionalmente una empresa, y el campo de las empresas de comunicación no es una excepción. Creemos que en estos tiempos que corren es imprescindible la lectura de ensayos como el de Thomas Klikauer, Managerialism. A Critique of an Ideology, en el que este estudioso, con una gran perspicacia, va desgranando cómo el gerencialismo, tan de moda gracias a las escuelas de negocios y a los posgrados universitarios, parece vender unas técnicas de gestión empresarial, y de organización de los recursos materiales y técnicos, que se autoinvisten de infalibilidad. En definitiva, Klikauer postula que el gerencialismo encierra una ideología de tintes claramente conservadores y autoritarios, que ha terminado impregnando la sociedad, el arte, la economía, las instituciones públicas y privadas, las vidas privadas y la propia democracia. En este sentido, el gerencialismo sería también una forma de expresión de la ideología neoliberal.

De este modo, aunque ahora mismo es necesario reivindicar un modelo de gestión de las radiotelevisiones públicas (estatal y autonómicas) que apueste firmemente por la gestión profesional, hecha por profesionales de las propias cadenas públicas, y no por personas ajenas a estas organizaciones que funcionen a manera de «comisarios políticos», nos parece necesario advertir que la gerencia de las radiotelevisiones públicas, en el marco de los modernos sistemas democráticos, debe promover el trabajo horizontal, colaborativo y sometido constantemente a la rendición de cuentas a la sociedad que es, en suma, quien sostiene el sistema público.

Como queda de manifiesto en el presente libro, Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV, en el contexto de las radiotelevisiones públicas en España, los problemas son claramente estructurales, en la medida en que ni siquiera hemos alcanzado una etapa de normalidad gerencial. Por el contrario, la gestión de nuestras radiotelevisiones públicas autonómicas está salpicada por fuertes escándalos políticos que han derivado en complejos procesos judiciales. En este contexto, la gestión de RTVV, cuyo cierre de emisiones se produjo el 29 de noviembre de 2013, es un caso de estudio que merece la máxima atención de la comunidad académica nacional e internacional, por ser la expresión, de forma casi caricaturesca e hiperbólica, de todos los vicios y errores que se pueden cometer en la dirección y organización de una radiotelevisión pública que debería haber sido de proximidad.

3.El caso de RTVV en el contexto de la crisis de la radiotelevisión pública

También en este caso, desde el cierre de la edición de La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Marzal, Izquierdo y Casero, 2015), la actualidad informativa no ha perdido intensidad en los últimos meses en lo que respecta a la aparición de noticias, escándalos e informaciones sobre los procesos judiciales en curso, que resulta imposible resumir en unas pocas páginas.

Por un lado, los tribunales de justicia han desarrollado una intensa actividad en el último año, consecuencia de las denuncias realizadas, entre otras, por distintas fuerzas políticas y sindicatos. Así pues, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSPV contra el Decreto Ley 4/20132, de 27 de noviembre, del cierre, la formación política Compromís denunció al antiguo equipo directivo de RTVV por una «supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial», esto es, por la comisión de «los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos», denuncia que fue admitida a trámite por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Paterna (Valencia), el pasado mayo de 2014, y que imputa a los principales exdirectivos de la cadena. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras denunció a los directores generales de RTVV desde 2000 hasta su cierre (con la excepción de la última directora general, que dimitió al conocer la noticia del cierre), pero también a todos los miembros del Consell de la Generalitat y al Consejo de Liquidación de la sociedad pública, ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana (por la existencia de aforados entre los denunciados). Las imputaciones han alcanzado, asimismo, a cargos directivos, como exdirectores de la televisión y de la radio públicas, y otros puestos de responsabilidad intermedios. Poco a poco, las investigaciones de los jueces instructores van deshaciendo una compleja madeja de relaciones muy estrechas entre el Consell de la Generalitat, presuntas tramas de corrupción como el conocido caso Gürtel y el despilfarro en la gestión de la radiotelevisión pública de los valencianos. Por ejemplo, en las últimas semanas están apareciendo incluso informaciones sobre presuntos gastos de representación del director general de RTVV, que solo entre 2010 y 2011 se elevaron a más de 100.000 euros. Este tipo de noticias ayudan a comprender el grado de «saqueo» de que ha sido objeto RTVV durante los últimos 13 años especialmente.

Y resulta inevitable no volver la vista hacia la clase política y, más concretamente, hacia el Gobierno valenciano del Partido Popular, cuando se constata que algunos de los directores generales y directores de la radio y de la televisión públicas han ocupado cargos políticos de alta responsabilidad en el propio Gobierno valenciano. De este modo, se puede afirmar que la existencia de una «puerta giratoria» entre el poder político y la dirección o gerencia de la radiotelevisión pública parece estar en el origen de esta suerte de «pesadilla» en la que se ha convertido el caso de RTVV. Precisamente, el desapego de la ciudadanía hacia la radiotelevisión pública de los valencianos tiene su origen en los escándalos que han acompañado a la cadena (son famosos los episodios de la retransmisión de la visita del Papa en 2006, relacionados con la trama Gürtel, o el accidente de metro –en el que murieron 43 personas, además de 47 heridos– que RTVV silenció, entre otros). Así pues, a la desafección de los valencianos/as por su radiotelevisión pública, se unía una generalizada falta de conciencia ciudadana y de una parte importante de la clase política sobre la relevancia de lo público (desprestigiado por la extensión propagandista del pensamiento neoliberal), una profunda crisis económica que ha provocado la reducción de los servicios públicos, así como la explosión de numerosos casos de corrupción política, que todavía contribuye a profundizar la fractura entre sociedad civil y medios de comunicación públicos, de tintes dramáticos en la Comunidad Valenciana.

Otro de los hechos informativos más sobresalientes de las últimas semanas (de enero de 2015), objeto de continuas portadas en la prensa regional y estatal, es el del proceso de liquidación de RTVV, en cumplimiento de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat Valenciana. En la «Introducción» a La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Marzal, Izquierdo y Casero, 2015), nos hacíamos eco de las dificultades con las que se están encontrando los liquidadores de las dos sociedades públicas (RTVV S.A. y la Corporación RTVV S.A.U.) para proceder a la extinción definitiva de la empresa, que está sujeta a la resolución de los procedimientos judiciales abiertos y de los contratos aún en vigor, y que puede durar muchos años. Al parecer, la comisión liquidadora de la empresa, algunos de cuyos miembros han dimitido por razones personales en los últimos meses (asunto que ha ralentizado su labor), se ha tropezado con un problema que parece irresoluble en estos momentos y es el de la absorción por la Generalitat de la deuda de 1.300 millones de euros (de la antigua RTVV), que las entidades financieras se niegan a aceptar, con lo que si dicha deuda no es extinguida, el cierre de RTVV S.A.U. es sencillamente imposible. Cabe destacar que hasta este momento, el Gobierno valenciano ha reconocido oficialmente haber gastado 200 millones de euros en el proceso de liquidación (otras fuentes elevan esta cifra a 250 millones). Vale la pena recordar que el presupuesto anual de RTVV S.A.U. era, en 2013, de solo 78 millones de euros, lo que no deja de ser paradójico. Con lo que se lleva gastado en poco más de un año de liquidación se podrían haber financiado tres años de radiotelevisión pública.

También en estas últimas semanas hemos podido conocer cómo ha avanzado la gestión parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) que consiguió reunir en cuatro meses cerca de 90.000 firmas de ciudadanos para la restitución del servicio público de radiotelevisión, de calidad y en valenciano. El 19 diciembre de 2014 la ILP para una nueva RTVV recibió el apoyo para su tramitación parlamentaria con el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Parlamento Valenciano, incluso con el voto favorable del Partido Popular, que un año antes había cerrado RTVV. En el momento de tramitar la aprobación de la ILP, el grupo parlamentario popular ha presentado un total de catorce enmiendas que suponen en la práctica una enmienda a la totalidad de la ILP, desvirtuando así completamente el texto original, en especial en tres aspectos esenciales: en primer lugar, ante la exigencia de restituir urgentemente el servicio público de RTV, el PP pone una serie de condiciones como «que no suponga un incremento de la deuda pública, ni un incumplimiento de los criterios de estabilidad y déficit público; que no implique una minoración de las partidas para sanidad, educación y bienestar social, ni subir los impuestos a los ciudadanos», y que antes de restituir el servicio se hayan liquidado completamente las antiguas sociedades de RTVV; en segundo lugar, algunas enmiendas abren la puerta a cualquier modalidad de gestión privada y exigen la resolución de los procedimientos judiciales abiertos (lo que supone alargar todo lo posible una futura reapertura); en tercer lugar, que las emisiones de la futura cadena sean «preferentemente en idioma valenciano» y no íntegramente en valenciano, como recogía el texto original de la ILP. Estas enmiendas no son una simple matización del texto de la ILP sino una profunda distorsión que modifica profundamente su sentido original. Ante la presión ciudadana por restituir la radiotelevisión pública, y ante la tesitura de rechazar esta iniciativa ciudadana en pleno periodo preelectoral, el Gobierno valenciano ha optado por pervertir el sentido del texto hasta convertirlo en otra cosa, eso sí, sin dejar de declarar ante los medios de comunicación que sus enmiendas no solo no traicionan el sentido de la ILP, sino que lo respetan profundamente. Una práctica comunicativa de carácter propagandista que, por desgracia, solo persigue confundir a la ciudadanía. La aprobación de la ILP ha quedado aplazada hasta la celebración del último pleno de les Corts Valencianes, previsto para finales de marzo, antes de su disolución por las elecciones de mayo de 2015.

No obstante, lo más sobresaliente de este proceso de debate sobre la ILP es que ha puesto de manifiesto que el cierre de RTVV ha dejado un enorme vacío en la Comunidad Valenciana, y que todas las formaciones políticas, incluido el partido que ordenó su cierre, coinciden en constatar la necesidad de restituir este servicio público. Si bien es cierto que en el momento de la decisión del cierre de RTVV, hasta el 5 de noviembre de 2013, cerca de un 80% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana estaban a favor del cierre de la radiotelevisión pública, según los sondeos encargados por el propio Consell de Govern de la Generalitat Valenciana, ya en enero de 2014, un estudio realizado por Emer GFK mostraba que un 67,2% de los ciudadanos encuestados manifestaban su desacuerdo con el cierre, tanto en la forma como en el fondo sobre cómo se había realizado.

Por ello, no puede extrañarnos que el presidente de la Diputación de Valencia haya encabezado una iniciativa para tratar de llenar el vacío dejado por RTVV. Para ello, esta institución ha sacado a concurso un contrato para la emisión de contenidos relacionados con la propia institución y la actividad social y cultural de los pueblos de la provincia de Valencia. No deja de resultar sorprendente que el presidente de la Diputación declarara ante los medios que ese servicio audiovisual serviría para «hablar de lo nuestro, […], del folclor, la vida diaria, la pilota, los bous al carrer, las bandas de música, el tiempo, […], y de lo que haga la Diputación» y que, por supuesto, no podría hablar mal de la institución que financia esta iniciativa. El contrato ha sido concedido a la cadena privada Beovisión, por un total de 3,242 millones de euros para 2015, empresa que ha arrendado una de las dos licencias de TDT de carácter autonómico, Las Provincias TV S.A.U. Este concurso ha sido ya recurrido por el PSPV y Compromís. Al parecer, dificultades técnicas y administrativas retrasarán el comienzo de sus emisiones hasta después de las elecciones de mayo de 2015. Cabe recordar que el mapa de la TDT local de la Comunidad Valenciana está sumido en el más absoluto caos, en el que muchos operadores adjudicatarios no prestan el servicio de TV, otros incumplen la legalidad vigente, y en el que la adjudicación de las licencias de 2006 ha sido anulada por el Tribunal Supremo.

Podríamos seguir relatando más hechos recientes (el asunto de la venta por lotes de la Ciudad de la Luz de Alicante, la imposibilidad de rescindir el contrato de alquiler del solar en el que se construyó la sede de RTVV en Alicante, etc.) que harían palidecer el relato más surrealista de cineastas como Buñuel, Fellini o el propio Berlanga, el más internacional de los directores de cine valencianos.

Creemos que este intenso repaso pone de manifiesto que nos hallamos ante una forma de entender el ejercicio de la política que responde mucho más a un estado totalitario que a una democracia, por lo que es imprescindible que se produzca una profunda renovación de esta manera de concebir la acción política que no es exclusiva ni mucho menos del territorio valenciano, y que podemos ver reflejada en la propia acción política del Gobierno estatal. Nos encontramos en un momento en el que las incertidumbres sobre la restitución del servicio público de radiotelevisión en la Comunidad Valenciana se concentran en el cuándo y el cómo se puede reabrir la radiotelevisión, problemas que no son fáciles de resolver.

En estos momentos hay muchas personas en la Comunidad Valenciana que están trabajando seriamente por hacer posible volver a contar con una renovada radiotelevisión valenciana, que evite los errores cometidos en el pasado para que responda realmente a la misión de servicio público. Existe actualmente un intenso debate sobre el modelo de radiotelevisión pública de proximidad que debe responder a los retos y necesidades de la sociedad valenciana. De las muchas iniciativas en curso, podemos destacar el trabajo desarrollado por el Col·lectiu Ricard Blasco, en el que participan los estudiosos Josep Lluís Gómez Mompart, Toni Mollà, Mònica Parreño, Manuel S. Jardí y Rafael Xambó, que en un trabajo colectivo, Reset RTVV. Per unes polítiques de comunicació al servei de la societat, exponen las bases para un nuevo modelo de radiotelevisión pública adaptada a las condiciones actuales.

Sin duda, la iniciativa más importante ha sido la constitución de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV), nacida el 3 de marzo de 2014, plataforma que agrupa a la mayoría de asociaciones profesionales, entidades e instituciones del campo de la comunicación de la Comunidad Valenciana (asociaciones de trabajadores, actores, dobladores, productores, directores, periodistas, centros universitarios, centros de formación profesional, etc.), que persigue el restablecimiento del servicio público de radiotelevisión de la Comunidad Valenciana y la reactivación del sector empresarial y profesional del audiovisual, y en la que participa el editor de esta obra. Tras meses de debate sobre el futuro modelo de radiotelevisión pública para la Comunidad Valenciana, la MESAV presentó el documento Hacia un nuevo espacio audiovisual (disponible en línea: <http://mesav.es/cap-a-un-nou-espai-audiovisual/>) en un acto público en el Teatro Olympia de Valencia al que asistieron cerca de un millar de personas, y que fue la puesta en escena de un espíritu de consenso y de cordialidad que hacía muchos años que no se había visto en la Comunidad Valenciana (solo comparable a los años tras el fin de la dictadura). Este informe presenta las bases para una nueva radiotelevisión pública, muy alejada de lo que fue históricamente RTVV, con un modelo de gestión más horizontal y profesional, libre del control gubernamental, que sirva a la promoción del valenciano y de la cultura autóctona, reflejo de la pluralidad política, social y cultural de la Comunidad Valenciana, que contribuya con firmeza al desarrollo de las industrias culturales valencianas, abierta a la participación ciudadana, al servicio de la ciudadanía, y con un modelo organizativo transmedia, adaptado a la realidad del escenario digital actual. El citado documento está en continua revisión con el fin de convertirse en una herramienta útil para todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones de mayo de 2015, de las que habrá de nacer un nuevo gobierno valenciano.

Ya hemos señalado que los medios de comunicación públicos de proximidad (radios y televisiones públicas) son un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades avanzadas, que vertebran y son los motores de las llamadas industrias culturales y creativas que, en territorios como el valenciano, donde tenemos una lengua y cultura propias, son absolutamente esenciales. En este punto, merece la pena destacar la reciente publicación